C-228/97 P61997O02280013.000160481605811CJAUTO DE 8.10.1998 — ASUNTO C-228/97 PKUCHLENZ-WINTER / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Cuarta)</P><P>de <DATE ISO="19981008">8 de octubre de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: alemán.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto C-228/97 P,

Hedwig Kuchlenz-Winter, cónyuge divorciada de un antiguo funcionario del Parlamento Europeo, con domicilio en Kehlen (Luxemburgo), representada por el Sr. Dieter Rogalla, Abogado de Sprockhövel, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M es Decker, Braun & Wagner, 16, avenue Marie-Thérèse,

parte recurrente,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) el 16 de abril de 1997 en el asunto Kuchlenz-Winter/Comisión (T-66/95, Rec. p. II-637), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Julian Currall, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Bertrand Wägenbaur, Abogado de Hamburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por los Sres.: P. J. G. Kapteyn, Presidente de Sala, H. Ragnemalm (Ponente) y K. M. Ioannou, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Léger;

Secretario: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de junio de 1997, la Sra. Kuchlenz-Winter interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, contra la sentencia de 16 de abril de 1997, Kuchlenz-Winter/Comisión (T-66/95, Rec. p. II-637; en lo sucesivo, sentencia impugnada), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso que tenía por objeto que se declarase que la Comisión estaba obligada, con carácter principal, por una parte, a seguir garantizando a la demandante la cobertura del régimen común del seguro de enfermedad de las Instituciones de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, régimen común) y, por otra parte, a hacer uso de su derecho de iniciativa frente al Consejo, con el fin de dar a las personas que se hallan en su situación la posibilidad de disfrutar de la cobertura del régimen común y, con carácter subsidiario, que se llamase la atención del Gobierno alemán sobre la laguna existente en la normativa nacional en materia de seguro de enfermedad, así como que se le requiriese para que adoptase las medidas adecuadas para remediarla.2Los hechos del asunto, tal como resultan de la sentencia impugnada, pueden resumirse de la siguiente forma.3En 1957, la interesada, de nacionalidad alemana, cuando contrajo matrimonio con el Sr. Kuchlenz, también de nacionalidad alemana, era funcionaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en Luxemburgo. En 1958, fue trasladada a Bruselas, a la Comisión de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Entretanto, su marido, que había pasado a ser funcionario del Parlamento Europeo, fue trasladado en 1963 a Luxemburgo. Después de algo más de siete años al servicio de las Comunidades, la Sra. Kuchlenz-Winter abandonó entonces sus funciones y dejó de estar afiliada en su propio nombre al régimen común del seguro de enfermedad, si bien siguió estando asegurada a cargo de su marido (apartados 1 y 2 de la sentencia impugnada).4Mediante sentencia de 10 de diciembre de 1993, que se hizo definitiva el 1 de abril siguiente, la cour d'appel de Luxemburgo declaro el divorcio entre la demandante y el Sr. Kuchlenz. A raiz de esta sentencia, los esposos se pusieron de acuerdo, en cumplimiento de las disposiciones del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán), que prevén un reparto compensatorio de los derechos a pensión en caso de divorcio, para compartir la pensión de jubilación que el Sr. Kichlenz recibe de las Comunidades. El juge de paix de Luxemburgo ratificó el citado acuerdo (apartado 3).5De conformidad con el apartado 1 ter del artículo 72 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Estatuto), el cual prevé que, concurriendo determinadas condiciones, el cónyuge divorciado de un funcionario podrá continuar disfrutando de la cobertura contra los riesgos de enfermedad durante un período máximo de un año a partir de la fecha en que el divorcio haya adquirido carácter definitivo, la demandante siguió disfrutando de las prestaciones del régimen común durante un año (apartado 4).6La Sra. Kuchlenz-Winter tiene derecho también a estar afiliada al régimen legal de Seguridad Social luxemburgués por el hecho de residir en Luxemburgo (apartado 5).7Por el contrario, dado que no ha cumplido en Alemania los períodos de seguro necesarios, no tiene derecho a estar afiliada al régimen legal de Seguridad Social alemán. Tampoco cumple los requisitos establecidos para afiliarse voluntariamente a dicho régimen y, dado que padece una enfermedad grave, las cajas privadas de seguro de enfermedad se niegan a asegurarla (apartado 5).8El 7 de febrero de 1994, la Sra. Kuchlenz-Winter presentó al Parlamento y a la Comisión varias peticiones en las cuales les requería para que adoptaran una decisión que permitiera que siguiera cubierta por el régimen común una vez que hubiera transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 72 del Estatuto. Dado que la petición dirigida a la Comisión fue objeto de una denegación presunta, la demandante presentó, el 26 de julio de 1994, una reclamación contra dicha decisión, que la Comisión desestimó mediante escrito de 11 de enero de 1995 (apartados 6 a 8).9El 24 de febrero de 1995, la demandante interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.<TI><P>La sentencia impugnada</P></TI>10En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia desestimó una excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión según la cual el recurso debía haberse interpuesto contra el Parlamento y no contra la Comisión. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia se fundó, por una parte, en el hecho de que la Comisión, en su escrito de 11 de enero de 1995, no había invocado que era incompetente y, por otra parte, en la importante participación de la Comisión en la gestión del régimen común (apartados 28 a 33).11En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia consideró que procedía declarar la admisibilidad de la pretensión que tiene por objeto que se declare que la demandante tiene derecho a la cobertura del régimen común (apartado 35).12Dado que los órganos jurisdiccionales comunitarios no pueden dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones comunitarias, el Tribunal de Primera Instancia interpretó, no obstante, que dicha pretensión tiene por objeto la anulación de los actos de la Comisión por los que se deniega la pretensión de la demandante de permanecer afiliada al régimen común (apartado 24).13En apoyo de dicha pretensión, la demandante había invocado ante el Tribunal de Primera Instancia cuatro motivos basados en la violación del deber de asistencia y protección, del principio de libre circulación de personas, del principio de igualdad de trato y de la existencia de un derecho propio a pensión.14Por lo que se refiere al primer motivo, el Tribunal de Primera Instancia recordó que el deber de asistencia y protección debe tener su límite en la observancia de las normas en vigor y que, en particular, no puede permitir a un demandante conseguir de las Instituciones un resultado diferente del que resulta de unas disposiciones cuyo sentido es claro. Dada la claridad del apartado 1 ter del artículo 72 del Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia decidió que la demandante no podía conseguir el mantenimiento de su cobertura por el régimen común una vez expirado el plazo previsto en dicha disposición invocando el deber de asistencia y protección (apartado 43). En consecuencia, desestimó el primer motivo.15Mediante su segundo motivo, la Sra. Kuchlenz-Winter había alegado que su derecho a circular libremente en la Comunidad estaba seriamente limitado por el hecho de que, si abandonaba Luxemburgo, perdería la única cobertura contra el riesgo de enfermedad de la que disfrutaba.16A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recordó que, con arreglo al artículo 8 A del Tratado CE, la libre circulación de personas estaba sujeta a las limitaciones y condiciones previstas, entre otras disposiciones, por el Derecho derivado. El Tribunal de Primera Instancia señaló que, en el caso de personas que, como la Sra. Kuchlenz-Winter, no son trabajadores en activo, la existencia de un seguro de enfermedad no era, como afirmaba la demandante, una consecuencia del derecho de libre circulación (apartados 47 y 48).17El Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que la cuestión de la cobertura de la demandante por un régimen de seguro de enfermedad del que podría disfrutar residiendo en su país de origen no puede vincularse al principio de libre circulación, en la forma en que se halla consagrado en el Tratado y es aplicado por el Derecho derivado (apartado 50). Por ello, dicho motivo también fue desestimado por el Tribunal de Primera Instancia.18Mediante su tercer motivo, la Sra. Kuchlenz-Winter había afirmado que la negativa a concederle el disfrute de la cobertura de los riesgos de enfermedad en el marco del régimen común constituía una violación del principio de igualdad de trato, en la medida en que los antiguos miembros de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Cuentas siguen disfrutando de dicha cobertura cuando ya no están cubiertos por otro régimen público de seguro de enfermedad [Reglamento (CECA, CEE, Euratom) n° 2426/91 del Consejo, de 29 de julio de 1991, que modifica el Reglamento n° 422/67/CEE-n° 5/67/Euratom, por el que se establece el régimen pecuniario del Presidente y de los miembros de la Comisión, del Presidente, los Jueces, los Abogados Generales y el Secretario del Tribunal de Justicia, así como del Presidente, los miembros y el Secretario del Tribunal de Primera Instancia, y el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 por el que se establece el régimen pecuniario de los miembros del Tribunal de Cuentas (DO L 222, p. 1)].19Sobre este punto, el Tribunal de Primera Instancia recordó que se violaba el principio de igualdad de trato cuando a dos categorías de personas, cuyas situaciones jurídica y fáctica no presentan diferencias esenciales, se les aplica un trato diferente (apartado 55). En el presente caso, consideró que, dado que la vinculación a las Instituciones de los funcionarios no está limitada en el tiempo, la situación de los funcionarios era diferente de la de las personas a las que se refiere el Reglamento n° 2426/91, cuyo mandato está limitado en el tiempo (apartados 56 y 57). El Tribunal de Primera Instancia concluyó, por ello, que no existía violación del principio de igualdad de trato.20Mediante el cuarto y último motivo, la Sra. Kuchlenz-Winter había afirmado que su derecho a la mitad de la pensión de jubilación de su antiguo cónyuge, derivado de la Ley alemana en materia de divorcio, le confería un derecho propio a pensión, por lo que la Comisión estaba obligada a concederle el disfrute de la cobertura del régimen común.21El Tribunal de Primera Instancia señaló que el ámbito de aplicación del régimen común era competencia del legislador comunitario y que una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no puede tener por efecto atribuir una calidad cuyos requisitos de adquisición son establecidos por actos comunitarios (apartado 64). Dado que la Sra. Kuchlenz-Winter no cumplía los requisitos de adquisición de una pensión previstos en el Estatuto (apartados 61 a 63), se desestimó este último motivo.<TI><P>El recurso de casación</P></TI>22En su recurso de casación, la Sra. Kuchlenz-Winter solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y condene a la Comisión al pago de las costas de los dos recursos. Afirma que el Tribunal de Primera Instancia ha apreciado incorrectamente las cuestiones de Derecho planteadas por los cuatro motivos del recurso.23La Comisión solicita al Tribunal de Justicia, con carácter principal, que declare la inadmisibilidad manifiesta del recurso de casación con arreglo al artículo 119 de su Reglamento de Procedimiento y, con carácter subsidiario, que lo declare manifiestamente infundado. La Comisión solicita también al Tribunal de Justicia que condene a la parte recurrente al pago de las costas del presente recurso.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Justicia</P></TI>24En virtud del artículo 119 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, desestimarlo mediante auto motivado, sin abrir la fase oral.25Además, a tenor del párrafo primero del artículo 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limitará a las cuestiones de derecho y deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades de procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia. La letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento precisa que el recurso de casación contendrá los motivos y fundamentos jurídicos invocados.26De las dos disposiciones citadas se desprende que todo recurso de casación deberá indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia así como los fundamentos jurídicos invocados en apoyo de la pretensión de anulación de ésta.27Según reiterada jurisprudencia, no cumple este requisito aquel recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por este órgano jurisdiccional; en efecto, tal recurso de casación es, en realidad, una demanda destinada a obtener un mero examen de la presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto-(CE) del Tribunal de Justicia (auto de 26 de septiembre de 1994, X/Comisión, C-26/94 P, Rec. p. I-4379, apartado 13).28Por lo que se refiere al primer motivo, relativo a la violación del deber de asistencia y protección, la recurrente estima que el Tribunal de Primera Instancia incumplió la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales comunitarios de hacer que evolucione el Derecho. Sin embargo, no indica el fundamento de dicha supuesta obligación ni expone claramente su contenido. Por una parte, la recurrente afirma que la obligación hubiera debido inducir al Tribunal de Primera Instancia a modificar la normativa comunitaria en vigor para brindarle la posibilidad de disfrutar del régimen común. Por otra parte, afirma que los órganos jurisdiccionales comunitarios deberán, en virtud de dicha obligación, llamar la atención de las Instituciones comunitarias sobre las lagunas e imperfecciones de la normativa comunitaria con el fin de inducirlas a modificarla.29A este respecto, basta señalar que las Instituciones y los órganos comunitarios están obligados a actuar dentro de los límites de las competencias que les confieren los actos comunitarios y que no corresponde a los órganos jurisdiccionales comunitarios modificar la normativa comunitaria vigente. Además, los órganos jurisdiccionales comunitarios no están obligados a manifestar su opinión sobre la oportunidad de modificar dicha normativa. El primer motivo es, pues, manifiestamente infundado.30Mediante su segundo motivo, la recurrente alega que el derecho a circular y a residir libremente en el territorio de los Estados miembros es incondicional y que dicho derecho no puede ser limitado por el hecho de que el legislador comunitario no haya adoptado aún normativa alguna relativa à la categoría de personas de la que forma parte. Además, la recurrente afirma que una limitación del derecho de que se trata constituye una discriminación directa o indirecta contra las mujeres.31A este respecto, procede señalar que, según se desprende del apartado 44 de la sentencia impugnada, la recurrente se limita fundamentalmente a repetir las alegaciones que formuló ante el Tribunal de Primera Instancia. Además, no invoca ninguna alegación para demostrar que este último incurrió en un error de Derecho al declarar que no podía invocar el principio de libre circulación de personas para seguir disfrutando del régimen común, máxime cuando no cumplía ya los requisitos de afiliación. De ello se desprende que el segundo motivo es manifiestamente inadmisible.32Por lo que respecta al tercer motivo, relativo a la violación del principio de igualdad de trato, la recurrente señala que no existe diferencia fundamental entre los funcionarios y las personas a las que se refiere el Reglamento n° 2426/91, dado que los vínculos que unen a esta última categoría de personas con las Instituciones pueden acortarse por diversos motivos y que lo mismo sucede con los funcionarios.33Sobre este punto, procede señalar que la alegación formulada por la recurrente no desvirtúa la apreciación del Tribunal de Primera Instancia según la cual la situación de los funcionarios no es la misma que la de las personas a las que se refiere el Reglamento n° 2426/91, cuyo mandato está limitado en el tiempo y que no existe, por tanto, violación del principio de igualdad de trato. De lo antedicho se deduce que este motivo es manifiestamente infundado.34Por último, mediante su cuarto motivo, basado en la existencia de un derecho propio a pensión, la recurrente señala que el Tribunal de Primera Instancia se fundó erróneamente en las decisiones adoptadas en el marco de su divorcio, mientras que el fundamento del derecho de que se trata es el reparto compensatorio de los derechos a pensión previsto por el Bürgerliches Gesetzbuch. Además, la recurrente afirma que la Comunidad ya ha reconocido dicho derecho, al continuar abonándole una parte de la pensión de jubilación de su antiguo cónyuge.35A este respecto, procede señalar que la cuestión de si el reparto compensatorio de los derechos a pensión resulta de una decisión de un órgano jurisdiccional nacional, de un acuerdo entre los cónyuges o si se deriva directamente de la legislación nacional no es determinante para apreciar el motivo invocado. Dicho reparto de la pensión no podría tener por efecto atribuir a la recurrente un derecho a pensión que está en función de los requisitos establecidos por el Estatuto. El hecho de que la pensión sea abonada directamente a la recurrente por las Instituciones de la Comunidad no da lugar a otra conclusión. El cuarto motivo es, por tanto, manifiestamente infundado.36En estas circunstancias, procede declarar el recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado, con arreglo al artículo 119 del Reglamento de Procedimiento.<TI><P>Costas</P></TI>37A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por las razones indicadas por el Tribunal de Primera Instancia, a saber, que el recurso tiene por objeto la anulación de un acto que pone fin a unos derechos que el Estatuto confería a la demandante, los cuales derivan del hecho de haber estado casada con un funcionario, el litigio se halla comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 70 del citado Reglamento, a tenor del cual, en los recursos de funcionarios, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido. No obstante, en virtud del párrafo segundo del artículo 122 del citado Reglamento, el artículo 70 no es aplicable a los recursos de casación interpuestos por un funcionario u otro agente de una Institución contra ésta. Por no haber prosperado la acción entablada por la parte recurrente, procede condenarla al pago de las costas del presente recurso.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

resuelve:

1)Desestimar el recurso de casación.2)Condenar a la parte recurrente al pago de las costas del presente recurso.

Dictado en Luxemburgo, a 8 de octubre de 1998.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Cuarta

P. J. G. Kapteyn