Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 16 de julio de 2026 (*)
« Recurso de casación — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la agresión militar contra Ucrania — Decisión 2014/145/PESC — Artículos 1, apartado 1, in fine, y 2, apartado 1, in fine — Medidas restrictivas impuestas a una persona física asociada a otra persona física sujeta a su vez a medidas restrictivas — Concepto de “asociación” en el caso de dos personas unidas por un vínculo familiar — Artículo 21 TFUE — Artículo 45, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Ciudadanía de la Unión Europea — Libertad de circulación — Medidas restrictivas que afectan a la libertad de circulación y de residencia de un ciudadano de la Unión »
En el asunto C‑399/25 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 13 de junio de 2025,
Elena Petrovna Timchenko, con domicilio en Moscú (Rusia), representada por los Sres. S. Bonifassi y T. Bontinck y por las Sras. E. Fedorova y J. Goffin, avocats,
parte recurrente en casación,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Consejo de la Unión Europea, representado por la Sra. M.‑C. Cadilhac y el Sr. V. Piessevaux, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
Comisión Europea, representada por la Sra. M. Carpus-Carcea y el Sr. C. Giolito, en calidad de agentes,
parte coadyuvante en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente) y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra y N. Fenger, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su recurso de casación, la Sra. Elena Petrovna Timchenko solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 2 de abril de 2025, Timchenko/Consejo (T‑298/23, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2025:353), por medio de la cual el citado Tribunal desestimó su recurso mediante el que había solicitado, por un lado, que se anulasen la Decisión (PESC) 2023/572 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 134), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/571 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos»), y, por otro lado, la reparación del daño moral que estima haber sufrido como consecuencia de la adopción de dichos actos.
Marco jurídico y antecedentes del litigio
2 El contexto fáctico y jurídico del presente asunto se expone en los apartados 2 a 24 de la sentencia recurrida. A efectos del presente procedimiento, puede resumirse y completarse como sigue.
3 El presente asunto se inscribe en el contexto de las medidas restrictivas que la Unión Europea lleva adoptando desde 2014 en respuesta a las acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
4 La demandante es la esposa del Sr. Gennady Nikolayevich Timchenko, empresario. Ambos tienen las nacionalidades rusa y finlandesa.
5 El 17 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2014/145/PESC, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16).
6 En esa misma fecha, el Consejo adoptó, sobre la base del artículo 215 TFUE, apartado 2, el Reglamento (UE) n.º 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6).
7 A raíz de la invasión de Ucrania por las fuerzas armadas de la Federación de Rusia el 24 de febrero de 2022, el Consejo adoptó, el 25 de febrero de 2022, la Decisión (PESC) 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 50, p. 1). Ese mismo día, dicha institución adoptó el Reglamento (UE) 2022/330, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 51, p. 1).
Directiva 2004/38/CE
8 La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35), fue adoptada sobre la base del Tratado CE, en particular de los artículos 12, 18, 40, 44 y 52 de este.
9 El considerando 2 de la Directiva 2004/38 tiene la siguiente redacción:
«La libre circulación de personas constituye una de las libertades fundamentales del mercado interior, que implica un espacio sin fronteras interiores en el que esta libertad estará garantizada con arreglo a las disposiciones del Tratado.»
10 El artículo 1 de dicha Directiva, titulado «Objeto», estipula lo siguiente:
«La presente Directiva establece:
a) las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia;
b) el derecho de residencia permanente en el territorio de los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia;
c) las limitaciones a los derechos establecidos en las letras a) y b) por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.»
11 El artículo 27 de esta misma Directiva, titulado «Principios generales», al principio del capítulo VI de esta, titulado «Limitaciones del derecho de entrada y del derecho de residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública», está redactado en los siguientes términos:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros podrán limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Estas razones no podrán alegarse con fines económicos.
2. Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas.
La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general.
[…]»
12 A tenor del artículo 42 de la citada Directiva, los destinatarios de esta son los Estados miembros.
Decisión 2014/145
13 El artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, entre otras, por la Decisión 2022/329 (en lo sucesivo, «Decisión 2014/145»), exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por ellos, en particular, de las personas físicas que reúnan los criterios establecidos, sobre todo, en sus letras a) y b), mientras que el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145 dispone la inmovilización de los fondos y recursos económicos de las personas físicas que respondan a los criterios establecidos, en particular, en sus letras a) y d), criterios que son, en esencia, idénticos a los establecidos en las letras a) y b) del artículo 1, apartado 1, de dicha Decisión. Por otra parte, los artículos 1, apartado 1, in fine, y 2, apartado 1, in fine, de la referida Decisión establecen que tales medidas restrictivas también pueden imponerse, en particular, a las personas físicas asociadas a las personas físicas que estén sujetas a su vez a medidas restrictivas con arreglo a los criterios antes mencionados.
14 El artículo 1 de la misma Decisión, en su versión aplicable al presente litigio, disponía lo siguiente:
«1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por ellos a:
a) personas físicas responsables de acciones o políticas que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o seguridad en Ucrania, o que apoyen o ejecuten esas acciones o políticas, o que obstaculicen la labor de las organizaciones internacionales en Ucrania;
b) personas físicas que apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o que se beneficien de ellos;
[…]
y a personas físicas asociadas a ellos, y que se enumeran en el anexo.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no obligará a los Estados miembros a prohibir a sus propios nacionales la entrada en su territorio.
3. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de aquellos casos en los que un Estado miembro esté obligado por una disposición de derecho internacional, es decir:
a) como país anfitrión de una organización internacional intergubernamental;
b) como país anfitrión de una conferencia internacional convocada o auspiciada por las Naciones Unidas;
c) por un acuerdo multilateral que atribuya privilegios e inmunidades; o
d) por el Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) [y la República Italiana].
4. El apartado 3 también se considerará de aplicación cuando un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
5. Se informará debidamente al Consejo en todos los casos en que un Estado miembro conceda una excepción de conformidad con los apartados 3 o 4.
6. Los Estados miembros podrán conceder exenciones de las medidas impuestas con arreglo al apartado 1 en los casos en que el viaje esté justificado por razones humanitarias urgentes o por razones de asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales, y las promovidas o celebradas por la Unión, o las celebradas en un Estado miembro que ocupe la Presidencia en ejercicio de la OSCE, en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente los objetivos políticos de las medidas restrictivas, incluido el apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
[…]»
15 El artículo 2, apartado 1, letras a) y d), e in fine, de la Decisión 2014/145 tiene el siguiente tenor:
«Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
a) personas físicas responsables de acciones o políticas que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o seguridad en Ucrania, o que apoyen o ejecuten esas acciones o políticas, o que obstaculicen la labor de las organizaciones internacionales en Ucrania;
[…]
d) personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o se beneficien de ellos;
[…]
y de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociad[o]s a ellos, y que se enumeran en el anexo.»
Reglamento n.º 269/2014
16 El artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, entre otros, por el Reglamento 2022/330 (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 269/2014»), enumera los criterios que rigen, entre otros aspectos, la inclusión, en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014, de personas físicas cuyos fondos y recursos económicos hayan sido inmovilizados de conformidad con su artículo 2, apartado 1. Los criterios a los que hace referencia el artículo 3, apartado 1, letras a) y d), e in fine, del Reglamento n.º 269/2014 son, en esencia, idénticos a los mencionados en el apartado precedente.
Actos controvertidos
17 El 13 de marzo de 2023, el Consejo, mediante los actos controvertidos, mantuvo, por los motivos siguientes, las medidas restrictivas adoptadas inicialmente contra la recurrente mediante su Decisión (PESC) 2022/582, de 8 de abril de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 110, p. 1), y mediante su Reglamento de Ejecución (UE) 2022/581, de 8 de abril de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 110, p. 3):
«[La Sra.] Timchenko es la esposa del [Sr.] Timchenko, un conocido del Presidente Vladimir Putin desde hace mucho tiempo y uno de sus confidentes.
Realiza actividades empresariales, conjuntamente con su marido, por medio de la sociedad inmobiliaria Sci Ruth y la sociedad Maples S.A., y adquirió bienes inmuebles junto con este, lo que demuestra la existencia de importantes vínculos patrimoniales entre ellos.
Además, participa en los asuntos públicos de su marido a través de la Timchenko Foundation, que cofundaron juntos, en la que desempeña un papel importante, y está estrechamente vinculada a su marido. Por otra parte, esta fundación ejerce algunas de sus actividades en conexión con el grupo de inversiones Volga Group, que contribuye considerablemente a la economía de Rusia y a su desarrollo y fue fundada por [el Sr.] Timchenko, que es uno de sus accionistas. Por lo tanto, [la Sra.] Timchenko se beneficia de su marido, en particular en lo referente a la situación social y financiera. […] Está vinculada, por consiguiente, [al Sr.] Timchenko, incluido en la lista en virtud de la Decisión [2014/145] debido, entre otros motivos, a que es responsable [del apoyo a] las acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y [del apoyo] financiero y material, y a que se beneficia de los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.»
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
18 Mediante demanda de 24 de mayo de 2023, la recurrente interpuso un recurso ante el Tribunal General por el que solicitaba, en particular, la anulación de los actos controvertidos. A tal efecto, invocaba seis motivos, el primero de los cuales se basaba en un error manifiesto de apreciación cometido por el Consejo y el quinto en la vulneración de su derecho fundamental a la libre circulación consagrado en el artículo 21 TFUE, así como en la infracción del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en la vulneración de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.
19 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el primer motivo, mediante el cual la recurrente afirmaba que el Consejo había incurrido en error manifiesto de apreciación al considerar que estaba «asociada» a su marido en virtud del criterio previsto en los artículos 1, apartado 1, in fine, y 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, así como en el artículo 3, apartado 1, in fine, del Reglamento n.º 269/2014 (en lo sucesivo, «criterio de la asociación»). Tras haber recordado, en el apartado 74 de dicha sentencia, que el concepto de «asociación», en el sentido de este criterio, se refiere, en particular, a los miembros de una misma familia vinculados por intereses comunes que van más allá de la relación familiar que los une, el Tribunal General, a la vista de las pruebas aportadas por el Consejo, declaró, en los apartados 81 a 83 de la citada sentencia, que el Consejo podía considerar válidamente que la recurrente estaba asociada a su marido dentro de una estructura jurídica común —concretamente, una fundación—, debido a que ambos ejercían en ella funciones institucionales y se involucraban en su funcionamiento, porque tal participación común iba más allá del simple vínculo familiar que los unía.
20 El Tribunal General también desestimó el quinto motivo invocado por la recurrente. En los apartados 95 a 97 de la sentencia recurrida, consideró, en esencia, que las limitaciones al ejercicio del derecho de libre circulación y de residencia de los ciudadanos de la Unión consagrado en el artículo 21 TFUE y en el artículo 45, apartado 1, de la Carta podían imponerse mediante las decisiones en materia de política exterior y de seguridad común (PESC) adoptadas sobre la base del artículo 29 TUE. También consideró, en los apartados 98 a 106 de dicha sentencia, que las limitaciones al ejercicio de ese derecho, como las impuestas por las medidas restrictivas de que era objeto la recurrente, cumplían los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, en virtud del cual tales limitaciones deben ser establecidas por la ley, respetar el contenido esencial del derecho de que se trate y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, ser necesarias y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
21 Por lo demás, al haber desestimado los restantes motivos invocados por la recurrente, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad en el apartado 136 de la sentencia recurrida.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
22 Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
– Anule la sentencia recurrida, también en la medida en que la condenó a cargar con sus propias costas y con las del Consejo.
– Resuelva definitivamente el asunto en cuanto al fondo y anule los actos controvertidos en la medida en que la afectan.
– Condene al Consejo a cargar con las costas de ambas instancias.
23 En su escrito de réplica, la recurrente solicita, además, al Tribunal de Justicia que acepte la adaptación de sus pretensiones, de modo que, en caso de que se anule la sentencia recurrida, se devuelva el asunto al Tribunal General para que este se pronuncie sobre la pretensión de indemnización que había formulado en primera instancia.
24 El Consejo y la Comisión Europea solicitan al Tribunal de Justicia que:
– Desestime el recurso de casación.
– Condene en costas a la recurrente.
25 En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca cuatro motivos, el primero basado en un error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General al adoptar una interpretación arbitraria y abusivamente amplia del criterio de la asociación y en el incumplimiento de la obligación de motivación; el segundo, en un error de Derecho por parte del Tribunal General en la interpretación del criterio de la asociación a la luz del objetivo perseguido por las medidas restrictivas, así como en el incumplimiento de la obligación de motivación; el tercero, en que el Tribunal General consideró erróneamente que el artículo 29 TUE confiere competencia al Consejo para restringir la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión, y, el cuarto, en un error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General al declarar que la prohibición impuesta a la recurrente de entrar en el territorio de Estados miembros distintos de la República de Finlandia y de transitar por ellos era conforme con el principio de proporcionalidad y respetaba el contenido esencial de la libertad de circulación y de residencia de que goza como ciudadana de la Unión, así como en el incumplimiento de la obligación de motivación.
Primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
26 Mediante su primer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber acogido, al definir el criterio de la asociación en el apartado 74 de la sentencia recurrida, en contra del principio de seguridad jurídica, una interpretación demasiado amplia e imprevisible del concepto de «asociación», al exigir únicamente, en el caso de dos personas unidas por un vínculo familiar, la presencia de intereses comunes que vayan más allá de la mera relación familiar que une a las dos personas asociadas, sin que sea necesario un vínculo mediante una actividad económica. Aun reconociendo que procede tomar en consideración el contexto y las circunstancias de cada caso concreto, la recurrente estima que el Tribunal General debería haber precisado en qué medida, por su naturaleza, por su calidad y por su cantidad, tales intereses comunes podían superar la mera comunidad de intereses inherente a toda relación familiar y debería haber acreditado la existencia objetiva de intereses comunes entrelazados. La recurrente precisó en su escrito de réplica que tal enfoque sería conforme con lo declarado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo (C‑703/23 P, EU:C:2025:608).
27 La recurrente añade que, en el presente asunto, el Tribunal General no identificó, en los apartados 81 a 83 de la sentencia recurrida, qué intereses compartían su esposo y ella en la fundación en la que ambos ejercían una actividad benéfica, viciando así su razonamiento con una falta de motivación o, al menos, con una motivación insuficiente. En particular, la presencia de los cónyuges en dicha fundación, así como la amplitud de tal fundación y de las actividades caritativas que esta lleva a cabo, al igual que la intervención única de una sociedad del Sr. Timchenko en la misma fundación durante la pandemia de COVID‑19, no permiten demostrar, a su parecer, habida cuenta de los objetivos filantrópicos perseguidos por la fundación de que se trata, un interés común que exceda del marco habitual de una relación familiar. En el mismo orden de ideas, a su juicio, el Tribunal General no explica, en el apartado 83 de la sentencia recurrida, cómo el papel de la recurrente en dicha fundación podía contribuir a proporcionar una buena imagen de los cónyuges ni por qué tal situación iba más allá de un proyecto familiar natural.
28 El Consejo y la Comisión rebaten el fundamento de las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
29 Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación de la recurrente de que el Tribunal General, en la definición del concepto de «asociación» dada en el apartado 74 de la sentencia recurrida, vulneró el principio de seguridad jurídica al interpretar este concepto, debe recordarse que, en dicho apartado, el Tribunal General consideró, en esencia, que el citado concepto, cuyo significado depende siempre del contexto y de las circunstancias del asunto, se refiere, en particular, a personas que, de manera general, están vinculadas por intereses comunes a una persona sujeta a medidas restrictivas y que ese vínculo no debe traducirse necesariamente en una actividad económica, sino que, cuando las personas afectadas están unidas por una relación familiar, debe ir más allá de tal relación.
30 El Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo (C‑703/23 P, EU:C:2025:608), de pronunciarse sobre una definición del concepto de «asociación» sustancialmente idéntica a la dada por el Tribunal General en el apartado 74 de la sentencia recurrida. A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, en los apartados 29 a 34 de la citada sentencia de 1 de agosto de 2025, que este concepto debe interpretarse de manera amplia en función del contexto y de las circunstancias de que se trate y que, dado que la existencia de intereses comunes que van más allá de la relación familiar que une a los miembros de la familia en cuestión debe determinarse de manera objetiva, la definición de dicho concepto dada por el Tribunal General no adolecía de error de Derecho y era conforme con el principio de seguridad jurídica, en virtud del cual las normas jurídicas deben ser claras y precisas y su aplicación previsible para los justiciables.
31 En particular, el Tribunal de Justicia precisó, en el apartado 34 de la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo (C‑703/23 P, EU:C:2025:608), que esta definición no vulneraba el principio de seguridad jurídica, porque el Tribunal General había identificado una serie de criterios suficientemente claros y precisos para aplicar el concepto de «asociación» en el caso de dos personas unidas por un vínculo familiar. También indicó que, de conformidad con este principio, el Tribunal General no estaba obligado a mencionar detalladamente los supuestos en los que dicho concepto podía aplicarse.
32 Por consiguiente, no cabe considerar que, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, el Tribunal General vulnerase el citado principio al adoptar una definición demasiado amplia o imprevisible del concepto de «asociación» y al no exponer, en la citada sentencia, en qué medida, por su naturaleza, por su calidad y por su cantidad, los intereses comunes podían superar la mera comunidad de intereses inherente a toda relación familiar.
33 En segundo lugar, en cuanto al supuesto incumplimiento, en los apartados 81 a 83 de la sentencia recurrida, de la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General, debe recordarse que la motivación de una sentencia o de un auto de dicho Tribunal General debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de este, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. Sin embargo, la obligación de motivación que se impone al Tribunal General no lo obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes en el litigio y, por tanto, dicha motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 101 y jurisprudencia citada).
34 A este respecto, ha de subrayarse que, en los apartados 81 a 83 de la sentencia recurrida, el Tribunal General realizó, en particular, una serie de calificaciones jurídicas sobre la base de las apreciaciones fácticas efectuadas en los apartados 76 a 80 de dicha sentencia, respecto de las cuales la recurrente no ha alegado desnaturalización alguna. Por consiguiente, el supuesto incumplimiento de la obligación de motivación del Tribunal General debe examinarse a la luz de todos los fundamentos de Derecho que figuran en los apartados 76 a 83 de esa misma sentencia.
35 Además, es preciso señalar que el análisis efectuado por el Tribunal General en esos apartados 76 a 83 se refiere a la motivación de los actos controvertidos, según la cual la recurrente «participa en los asuntos públicos de su marido a través de la Timchenko Foundation, que cofundaron juntos, en la que desempeña un papel importante, y está estrechamente vinculada a su marido», «esta fundación ejerce algunas de sus actividades en conexión con el grupo de inversiones Volga Group, que contribuye considerablemente a la economía de Rusia y a su desarrollo y fue fundada por [el Sr.] Timchenko, que es uno de sus accionistas» y la recurrente «se beneficia de su marido, en particular en lo referente a la situación social y financiera» y «está vinculada, por consiguiente, a [su marido]», quien ha sido objeto de medidas restrictivas en virtud, en particular, de los criterios establecidos en los artículos 1, apartado 1, letras a) y b), y 2, apartado 1, letras a) y d), de la Decisión 2014/145 y en el artículo 3, apartado 1, letras a) y d), del Reglamento n.º 269/2014.
36 En este contexto, el Tribunal General declaró, en los apartados 76 a 80 de la sentencia recurrida, por una parte, que el matrimonio Timchenko estaba implicado personalmente en una estructura jurídica común, concretamente, una fundación benéfica que lleva su nombre y que realiza numerosas actividades en el ámbito de la Federación de Rusia, en la que disponían, en su condición de miembros fundadores, de funciones institucionales y de facultades significativas. Por otra parte, el Tribunal General declaró que ambos cónyuges Timchenko se involucraban en el funcionamiento de dicha fundación, ya que la recurrente era miembro de su patronato y su marido había hecho sinergias, al prestar a dicha fundación apoyo financiero y logístico y proporcionarle contactos a través de un grupo del que era el único accionista. A la luz de estos elementos de hecho, el Tribunal General dedujo, en esencia, en los apartados 81 y 83 de la sentencia recurrida, que la participación del matrimonio Timchenko en la fundación epónima iba más allá del vínculo familiar que los unía y que la recurrente podía ser calificada válidamente de persona «asociada» a su marido, en el sentido del criterio de la asociación.
37 De este modo, el Tribunal General, en plena conformidad con la obligación de motivación que le incumbe, así como con la definición del concepto de «asociación» dada en el apartado 74 de la sentencia recurrida, explicó que el Consejo podía aplicar válidamente el criterio de la asociación a la recurrente. En efecto, de los apartados 81 y 83 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General consideró, en esencia, que las funciones desempeñadas por los dos esposos en una fundación creada por ellos, la importancia de su participación en ella y la magnitud de dicha fundación constituían elementos o criterios que, en su conjunto, permitían demostrar de manera objetiva que existían, a través de tal fundación, intereses comunes entre esos cónyuges que iban más allá de la relación familiar que los unía.
38 Por lo que respecta a la imputación relativa a las dos últimas frases del apartado 83 de la sentencia recurrida, mediante las cuales el Tribunal General consideró que tal dimensión extrafamiliar se veía corroborada por el hecho de que dicha fundación contribuía a proporcionar una buena imagen pública del matrimonio Timchenko, ha de estimarse, además de que se trata de una imputación dirigida contra fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida formulados a mayor abundamiento, que no pueden dar lugar a la anulación de esta y que, por tanto, son inoperantes (sentencia de 2 de octubre de 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P y C‑153/18 P, EU:C:2019:810, apartado 68 y jurisprudencia citada), que el Tribunal General no incumplió su obligación de motivación, puesto que de las explicaciones que figuran en estas dos últimas frases se desprende que debe considerarse que los intereses comunes que van más allá de la mera esfera privada de los miembros de la familia de que se trata, hasta el punto de servir a la comunicación pública de estos, van objetivamente más allá de la relación familiar que une a dichos miembros.
39 En cuanto al apartado 82 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General indicó que carecía de importancia que la fundación Timchenko no tuviera ánimo de lucro y que la actividad del matrimonio Timchenko fuera benéfica, es preciso señalar que ese apartado 82 hace referencia expresa al apartado 74 de dicha sentencia, que contiene la definición del concepto de «asociación» resumida en el apartado 29 de la presente sentencia. Así, la recurrente podía comprender que, dado que, en el caso de dos personas unidas por una relación familiar, este concepto exige únicamente la presencia de intereses comunes que vayan objetivamente más allá de tal relación, sin que haya necesidad de acreditar un vínculo mediante una actividad económica, carecía de importancia, a efectos de calificar a la recurrente de persona asociada a su marido, el hecho de que los intereses que compartía con él tuvieran una dimensión económica. Por consiguiente, no puede considerarse que el Tribunal General haya incumplido, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, la obligación de motivación que le incumbe.
40 A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar el primer motivo de casación por infundado.
Segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
41 Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General que considerara, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, que no era necesario acreditar un vínculo entre las actividades de la recurrente en la fundación Timchenko y la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia puesto que el criterio de la asociación no contempla que se acredite tal vínculo. Así, alega que el Tribunal General vició su razonamiento con un error de Derecho y con un incumplimiento de su obligación de motivación, ya que siempre ha de demostrarse que la adopción de medidas restrictivas contra una persona como la recurrente es necesaria para lograr los objetivos perseguidos por esas medidas restrictivas, objetivos que, en el presente asunto, consisten en ejercer presión sobre el Gobierno de la Federación de Rusia e incrementar el coste de las acciones de esta en relación con Ucrania.
42 El Consejo considera que el segundo motivo de casación es inadmisible porque el apartado 82 mencionado por la recurrente no es el de la sentencia recurrida, sino el de la sentencia de 6 de septiembre de 2023, Timchenko/Consejo (T‑361/22, EU:T:2023:502), examinada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo (C‑703/23 P, EU:C:2025:608). En cuanto al fondo, el Consejo rebate las alegaciones de la recurrente.
43 La Comisión solicita, asimismo, al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad del segundo motivo de casación, puesto que la recurrente impugna en realidad las apreciaciones fácticas realizadas por el Tribunal General o pretende obtener un nuevo examen de las pruebas. En cuanto al fondo, la citada institución rebate las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
44 Por lo que respecta a la admisibilidad del segundo motivo de casación, rebatida tanto por el Consejo como por la Comisión, debe recordarse que del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate. No cumple este requisito y debe declararse inadmisible el motivo cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales en los que se base el motivo no resulten de manera suficientemente coherente y comprensible del texto de dicho recurso de casación, formulado de manera oscura y ambigua a este respecto (sentencia de 18 de diciembre de 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, apartados 54 y 55 y jurisprudencia citada).
45 En el presente asunto, como indica acertadamente el Consejo, el apartado 82 al que se refiere la recurrente en el marco de su segundo motivo de casación no es el apartado 82 de la sentencia recurrida. Este apartado 82 es el de la sentencia de 6 de septiembre de 2023, Timchenko/Consejo (T‑361/22, EU:T:2023:502), examinada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo (C‑703/23 P, EU:C:2025:608). Además, la argumentación desarrollada por la recurrente en apoyo de este motivo de casación se dirige contra el razonamiento seguido por el Tribunal General en el apartado 82 de la sentencia de 6 de septiembre de 2023, Timchenko/Consejo (T‑361/22, EU:T:2023:502).
46 Habida cuenta de que ningún apartado de la sentencia recurrida contiene un razonamiento idéntico al contenido en el apartado 82 de la sentencia de 6 de septiembre de 2023, Timchenko/Consejo (T‑361/22, EU:T:2023:502), y a falta de explicaciones de la recurrente a este respecto en su escrito de réplica, procede considerar que el segundo motivo de casación no se refiere ni a un apartado ni a un razonamiento claramente identificables de la sentencia recurrida, de modo que, sin que sea necesario pronunciarse sobre el motivo de inadmisibilidad invocado por la Comisión, debe declararse inadmisible con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 44 de la presente sentencia.
Tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
47 Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General, en los apartados 95 y 96 de la sentencia recurrida, incurrió en error de Derecho al declarar que el Consejo podía, mediante una decisión adoptada sobre la base del artículo 29 TUE, restringir la libertad de circulación de la que goza en el territorio de la Unión en virtud del artículo 21 TFUE y del artículo 45 de la Carta como ciudadana de la Unión debido a su nacionalidad finlandesa. A su juicio, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General, las limitaciones a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión por parte de los Estados miembros, que son de interpretación estricta, solo son posibles, como se desprende del artículo 27 de la Directiva 2004/38, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, limitaciones que, por lo demás, deben ser proporcionadas y basarse en la conducta personal del interesado.
48 Señala que ni del tenor del artículo 29 TUE ni de los Tratados se desprende que esta libertad de circulación pueda limitarse mediante medidas restrictivas adoptadas sobre la base de dicho artículo. A su parecer, el Tribunal General debería haber examinado en el presente asunto si el Consejo, como institución de la Unión que reúne a todos los Estados miembros, había comprobado que la conducta personal de la recurrente constituía una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública de los Estados miembros. Así, el Consejo no puede utilizar, a su juicio, la PESC para introducir restricciones a la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión al margen de los requisitos y de las garantías procedimentales que normalmente les son aplicables cuando los Estados miembros establecen tales restricciones en virtud de la Directiva 2004/38. La recurrente precisa en su escrito de réplica que tal enfoque se ve respaldado por el artículo 40 TUE.
49 El Consejo y la Comisión rebaten el fundamento de las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
50 En los apartados 95 y 96 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, en esencia, que, según el artículo 21 TFUE, apartado 1, la libertad de los ciudadanos de la Unión para circular y residir en el territorio de los Estados miembros se ejerce con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación, lo que incluye las decisiones en el ámbito de la PESC adoptadas sobre la base del artículo 29 TUE. Pues bien, el tenor de este último artículo, que está redactado en términos amplios, atribuye al Consejo competencia, a efectos de alcanzar los objetivos contemplados en el artículo 21 TUE, apartado 2, para adoptar medidas restrictivas al objeto de limitar la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos de la Unión fuera del Estado miembro del que son nacionales, con independencia de las normas previstas al respecto en la Directiva 2004/38.
51 Al actuar así, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho.
52 A este respecto, es preciso recordar que los ciudadanos de la Unión —esto es, en virtud del artículo 9 TUE y del artículo 20 TFUE, apartado 1, toda persona física que tenga la nacionalidad de un Estado miembro— tienen el derecho, conferido directamente por los artículos 20 TFUE, apartado 2, letra a), y 21 TFUE, apartado 1, a circular y residir libremente en el territorio de los demás Estados miembros. Esta última disposición establece que las limitaciones y condiciones relativas a este derecho están previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.
53 De ello se deduce que, como el Tribunal General declaró acertadamente en el apartado 95 de la sentencia recurrida, el derecho de libre circulación y de residencia de los ciudadanos de la Unión puede limitarse y condicionarse sobre la base tanto del Tratado FUE como del Tratado UE.
54 Como el Tribunal General recordó en el apartado 96 de la sentencia recurrida, en el ámbito de la PESC, el Consejo puede, sobre la base del artículo 29 TUE, adoptar decisiones que definan el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático, enfoque que puede incluir medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales. En ese contexto, es el Consejo el que definirá o precisará, contando a este respecto con gran libertad y pronunciándose por unanimidad, el objeto de las medidas restrictivas que adopte la Unión en el ámbito de la PESC. Esta gran libertad se explica por la amplitud enorme de las finalidades y de los objetivos de la Unión en este ámbito, que se expresan en los artículos 3 TUE, apartado 5, y 21 TUE y en las disposiciones específicas relativas a la PESC, concretamente los artículos 23 TUE y 24 TUE (sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartados 269 y 270 y jurisprudencia citada).
55 Pues bien, habida cuenta del amplio margen de apreciación de que dispone el Consejo para alcanzar estos objetivos en el ámbito de la PESC y del hecho de que ni el tenor del artículo 29 TUE ni, de manera más general, el de las disposiciones del Tratado UE y del Tratado FUE relativas a la PESC prescriben ni prohíben, como tales, la adopción de medidas restrictivas específicas, ha de considerarse, al igual que el Tribunal General en los apartados 95 y 96 de la sentencia recurrida, que el Consejo es competente, en principio, sobre la base del artículo 29 TUE, para decidir que las personas físicas, aunque sean nacionales de un Estado miembro de la Unión y, por tanto, ciudadanos de la Unión, no puedan entrar en los demás Estados miembros de la Unión ni transitar por ellos cuando dichas personas respondan a criterios que pongan de manifiesto un vínculo objetivo entre la categoría a la que pertenecen y el tercer país sobre el que la Unión pretende ejercer presión de este modo (véase, a este último respecto, la sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 273). En estas circunstancias, el artículo 29 TUE permite, en principio, al Consejo adoptar medidas restrictivas que tengan por efecto limitar, en el sentido del artículo 21 TFUE, apartado 1, el derecho de libre circulación y de residencia de tales ciudadanos en el territorio de los Estados miembros y obligar a los Estados miembros a hacer que se respete tal limitación.
56 Por consiguiente, como declaró correctamente el Tribunal General al final del apartado 96 de la sentencia recurrida, poco importa que tales limitaciones no se correspondan con las previstas en la Directiva 2004/38, que, con arreglo a sus artículos 1, letra c), y 27, en relación con su artículo 42, tiene por objeto establecer, en particular, normas en virtud de las cuales los propios Estados miembros —y no una institución de la Unión como el Consejo— pueden imponer estas limitaciones.
57 Además, tal interpretación no queda desvirtuada por el artículo 40 TUE, párrafo segundo, mencionado por la recurrente. A tenor de dicha disposición, la ejecución de las políticas mencionadas en los artículos 3 TFUE a 6 TFUE no afecta a la aplicación de los procedimientos y al alcance respectivos de las atribuciones de las instituciones establecidos en los Tratados para el ejercicio de las competencias de la Unión en virtud de la PESC. En estas circunstancias, el hecho de que la Directiva 2004/38 regule, como se desprende de su considerando 2, la libertad de circulación de las personas como libertad fundamental del mercado interior respecto del cual la Unión dispone de una competencia compartida con los Estados miembros en virtud del artículo 4 TFUE no puede afectar al alcance de la competencia de que dispone el Consejo en materia de PESC según el artículo 29 TUE.
58 Por lo demás, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el hecho de que, al adoptar, sobre la base del artículo 29 TUE, medidas restrictivas al objeto de limitar la libre circulación en el territorio de los Estados miembros de personas físicas, incluso si son ciudadanos de la Unión, el Consejo no esté vinculado por las normas y las garantías procedimentales establecidas en la Directiva 2004/38 no implica que dicha institución disponga a este respecto de una facultad que no esté limitada por el Derecho de la Unión.
59 En efecto, en primer término, como indicó el Tribunal General en los apartados 96 y 101 de la sentencia recurrida, la adopción de tales medidas debe efectuarse teniendo en cuenta el principio de Derecho internacional, reafirmado en el artículo 3 del Protocolo n.º 4 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, según el cual un Estado miembro no puede denegar a sus propios nacionales el derecho a acceder a su territorio y a residir en él. Los Estados miembros están vinculados por este principio [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, A (Cruce de fronteras en embarcación de recreo), C‑35/20, EU:C:2021:813, apartado 69 y jurisprudencia citada]. Por tanto, el artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2014/145 garantiza que dicha Decisión no imponga a un Estado miembro la obligación de prohibir la entrada en su territorio a sus propios nacionales.
60 En segundo término, es preciso recordar que cualquier decisión que adopte tales medidas sobre la base del artículo 29 TUE, con vistas, como señaló el Tribunal General en el apartado 97 de la sentencia recurrida, a ejercer presión sobre un tercer país con el fin de alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 21 TUE, apartado 2, letras b) y c) —esto es, consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional y mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional—, debe definir y delimitar el objetivo de presión perseguido, los criterios jurídicos que permiten imponer medidas restrictivas y las categorías de personas o entidades sobre las que recaerán dichos criterios, de modo que las medidas restrictivas impuestas con arreglo a ello estén en condiciones de conseguir, de una manera que no sea manifiestamente inadecuada, el objetivo perseguido (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartados 272 y 273 y jurisprudencia citada).
61 En tercer término, en vista de que el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros es también un derecho fundamental en la medida en que se garantiza en el artículo 45, apartado 1, de la Carta, el obstáculo al que someten a este derecho las decisiones adoptadas sobre la base del artículo 29 TUE constituye una «limitación del ejercicio» de este, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, de modo que, como indicó acertadamente el Tribunal General en el apartado 98 de la sentencia recurrida, debe cumplir los requisitos previstos en esta última disposición.
62 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el tercer motivo de casación por infundado.
Cuarto motivo de casación
Alegaciones de las partes
63 Mediante su cuarto motivo de casación, dividido en dos partes, la recurrente reprocha, en esencia, al Tribunal General haber incurrido en errores de Derecho y haber incumplido su obligación de motivación al considerar que la limitación, impuesta por las medidas restrictivas de que es objeto, del derecho de libre circulación y de residencia del que goza como ciudadana de la Unión era conforme con el principio de proporcionalidad (primera parte del cuarto motivo de casación) y con la exigencia de que tal limitación debe respetar el contenido esencial de ese derecho (segunda parte del cuarto motivo de casación).
64 Por lo que respecta a la primera parte, la recurrente alega que, al examinar el carácter proporcionado de la limitación de su derecho de libre circulación y de residencia, el Tribunal General incurrió en error de Derecho e incumplió su obligación de motivación, ya que no identificó, en el caso de la recurrente, una conducta personal grave para el orden público, la seguridad pública o la salud pública de los Estados miembros, como exige el artículo 27 de la Directiva 2004/38, o una amenaza grave para un interés de la Unión ni explicó cómo tal limitación era adecuada para alcanzar los objetivos perseguidos por el Consejo, tal como habían sido identificados por el Tribunal General en el apartado 97 de la sentencia recurrida.
65 En cuanto a la segunda parte, la recurrente impugna el razonamiento seguido por el Tribunal General en los apartados 101 y 104 de la sentencia recurrida. Señala que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General, la amplitud de la restricción de su derecho de libre circulación y de residencia que suponen las medidas restrictivas de las que es objeto es particularmente significativa, puesto que afecta al territorio de veintiséis de los veintisiete Estados miembros. Además, ninguna de las excepciones previstas en el artículo 1 de la Decisión 2014/145 tiene en cuenta el estatuto de ciudadano de la Unión ni la situación específica de ciudadanos de la Unión que tienen vínculos con varios países de esta. A ello se añade el hecho de que, a pesar de su carácter supuestamente temporal, las medidas restrictivas pueden mantenerse contra una persona durante muchos años. Por último, a su parecer, la jurisprudencia citada por analogía por el Tribunal General en el apartado 101 de la sentencia recurrida no es pertinente.
66 Por lo que a la primera parte del cuarto motivo de casación se refiere, el Consejo solicita que se declare la inadmisibilidad de esta parte, debido a que la recurrente no identifica los pasajes de la sentencia recurrida que impugna. La Comisión considera que dicha parte es inadmisible debido a que la recurrente formula una alegación nueva que el Tribunal General no examinó. En cuanto al fondo, tanto el Consejo como la Comisión rebaten las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
– Sobre la admisibilidad de la primera parte del cuarto motivo de casación
67 En primer término, es cierto que, como alega el Consejo, la recurrente no identifica con precisión los pasajes de la sentencia recurrida a los que se refiere mediante las alegaciones formuladas en apoyo de esta primera parte del cuarto motivo de casación. Ahora bien, habida cuenta de que la recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, haber incurrido en errores de Derecho en su análisis de la proporcionalidad de las medidas restrictivas dirigidas a limitar su derecho de libre circulación y de residencia como ciudadana de la Unión, de sus alegaciones se desprende con suficiente claridad que se refiere a los apartados 103 a 106 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General llevó a cabo este análisis. Además, el propio Consejo ha identificado esos apartados 103 a 106 en su escrito de contestación. En estas circunstancias, ha de considerarse que la primera parte del cuarto motivo de casación es admisible a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 44 de la presente sentencia.
68 En segundo término, cabe recordar que, según jurisprudencia reiterada, permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo y unas alegaciones que no ha invocado ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia se limita al examen de la solución jurídica que se ha dado a los motivos y alegaciones objeto de debate ante los primeros jueces (sentencia de 17 de octubre de 2024, PT Pelita Agung Agrindustri y PT Permata Hijau Palm Oleo/Comisión, C‑112/23 P, EU:C:2024:899, apartado 67 y jurisprudencia citada). No obstante, según jurisprudencia igualmente reiterada, un recurrente puede interponer un recurso de casación invocando motivos derivados de la propia sentencia recurrida y por los que se pretenda criticar sus fundamentos jurídicos (sentencia de 3 de julio de 2025, Parlamento/TC, C‑529/23 P, EU:C:2025:521, apartado 82 y jurisprudencia citada).
69 A la luz de estas líneas jurisprudenciales, es preciso considerar que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, la recurrente no pretende formular, en el marco de la primera parte del cuarto motivo de casación, una alegación nueva que no haya sido examinada por el Tribunal General. En efecto, al sostener, en esencia, que, cuando analizó la proporcionalidad de la injerencia en su derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, el Tribunal General debería haber comprobado si el Consejo había determinado, de conformidad con las normas de la Directiva 2004/38, una conducta personal por su parte constitutiva de una amenaza real, actual y suficientemente grave que afectara a un interés fundamental de la sociedad, la recurrente critica el razonamiento jurídico seguido por el Tribunal General, extrayendo la consecuencia del error de Derecho supuestamente cometido por el citado Tribunal al considerar, en esencia, en el apartado 96 de la sentencia recurrida, que el Consejo no estaba vinculado por la referida Directiva. En estas circunstancias, la recurrente formula una alegación derivada de la propia sentencia recurrida, que, por consiguiente, es admisible.
70 De ello se deduce que la primera parte del cuarto motivo de casación es admisible en su totalidad.
– Sobre el fondo
71 Por lo que respecta a la primera parte del cuarto motivo de casación, es preciso desestimar, en primer término, la alegación de la recurrente de que, en los apartados 103 a 106 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, erróneamente, no examinó a la luz de las normas de la Directiva 2004/38 la proporcionalidad de la injerencia en su derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros con arreglo al artículo 45, apartado 1, de la Carta.
72 En efecto, procede recordar, por una parte, que, de conformidad con los apartados 56 a 61 de la presente sentencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho cuando declaró, en esencia, que, al adoptar, sobre la base del artículo 29 TUE, medidas restrictivas al objeto de limitar el derecho de libre circulación y de residencia de personas físicas que poseen la ciudadanía de la Unión, el Consejo no estaba vinculado por las normas y las garantías procedimentales establecidas en la Directiva 2004/38.
73 Por otra parte, para determinar si la injerencia en un derecho fundamental como el garantizado en el artículo 45, apartado 1, de la Carta debido a limitaciones de ese derecho por un acto de la Unión es proporcionada, de conformidad con lo exigido por el artículo 52, apartado 1, segunda frase, de la Carta, ha de comprobarse, primero, si esas medidas responden a un objetivo de interés general reconocido por la Unión; segundo, si no son manifiestamente inadecuadas a la luz de ese objetivo, es decir, si no carecen manifiestamente de idoneidad para alcanzarlo, y, tercero, si la limitación de que se trata no va manifiestamente más allá de lo necesario para conseguir el referido objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 233 y jurisprudencia citada). Pues bien, tal análisis se realiza al margen de las disposiciones establecidas en la Directiva 2004/38.
74 Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho ni incumplió su obligación de motivación al no examinar el carácter proporcionado de la limitación del derecho de libre circulación y de residencia de la recurrente a la luz de las normas y de las garantías procedimentales establecidas en dicha Directiva.
75 En segundo término, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incumplido la obligación de motivación que le incumbía al no haber comprobado, en su análisis de la proporcionalidad de la injerencia en su derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio de otros Estados miembros distintos de la República de Finlandia, si la prohibición de entrada y de tránsito controvertida era adecuada para alcanzar el objetivo consistente, como se desprende de los apartados 97 y 102 de la sentencia recurrida, no rebatidos a este respecto en la fase de casación, en presionar a las autoridades de la Federación de Rusia para que pusieran fin a sus acciones y a sus políticas de desestabilización de Ucrania.
76 Esta alegación también debe desestimarse, en la medida en que, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 33 de la presente sentencia, el examen del carácter apropiado de esta prohibición se deriva de los apartados 105 y 106 de la sentencia recurrida. En efecto, al indicar, en esos apartados 105 y 106, que, habida cuenta de la importancia del objetivo que persiguen las medidas restrictivas impuestas a la recurrente, la limitación que afecta a su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros no constituye una limitación desproporcionada, el Tribunal General partió, implícita pero necesariamente, de la conclusión de que dicha prohibición no era manifiestamente inadecuada para alcanzar ese objetivo (véase, por analogía, la sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 237).
77 Mediante la segunda parte del cuarto motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 101 y 104 de la sentencia recurrida, que la limitación introducida en su derecho de libre circulación y de residencia en el territorio de los Estados miembros, garantizado en el artículo 45, apartado 1, de la Carta, respetaba el contenido esencial de ese derecho.
78 A este respecto, es preciso señalar que el apartado 104 de la sentencia recurrida se refiere al carácter necesario de esta limitación a la luz del principio de proporcionalidad y que solo el apartado 101 de la citada sentencia se refiere a la cuestión del respeto del contenido esencial de dicho derecho. En estas circunstancias, ha de considerarse que la segunda parte del cuarto motivo de casación solo se refiere a este último apartado.
79 Debe recordarse que, en virtud del artículo 52, apartado 1, primera frase, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos reconocidos en ella debe, en particular, respetar el contenido esencial de dichos derechos.
80 En el apartado 101 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la limitación que afectaba al derecho fundamental de la recurrente a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros respetaba el contenido esencial de ese derecho, en la medida en que esa prohibición, por una parte, no impedía a la recurrente desplazarse al Estado miembro del que es nacional y residir en él, de conformidad con el principio de Derecho internacional recordado en el apartado 59 de la presente sentencia y reafirmado en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2014/145, y, por otra parte, no era de carácter permanente, ya que el mantenimiento de las medidas restrictivas de que es objeto la recurrente y, por tanto, de esta prohibición debe revisarse periódicamente en virtud del artículo 6 de dicha Decisión.
81 Sin que sea necesario examinar la pertinencia de la jurisprudencia a la que se refirió el Tribunal General en el apartado 101 de la sentencia recurrida, ha de considerarse que el segundo de los elementos mencionados en dicho apartado 101, relativo al artículo 6 de la Decisión 2014/145, es suficiente para concluir que los actos controvertidos no menoscaban el contenido esencial del derecho fundamental de la recurrente a la libre circulación (véase, por analogía, la sentencia de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, apartados 78 y 79). En efecto, de la exigencia de revisión periódica de las medidas restrictivas adoptadas contra la recurrente se desprende que los actos controvertidos no tienen ni por objeto ni por efecto poner fin a los derechos conferidos a esta por su ciudadanía de la Unión ni afectar, de manera permanente, al alcance de tales derechos.
82 Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho, indicado por la recurrente, de que las excepciones y exenciones previstas en el artículo 1, apartados 3, 4 y 6, de la Decisión 2014/145 se refieren, en gran medida, a personas que se encuentran en situaciones muy específicas relacionadas, en particular, con obligaciones internacionales. A este respecto, basta con señalar que esta circunstancia no afecta en absoluto al alcance de la exigencia de revisión periódica mencionada en el apartado 101 de la sentencia recurrida.
83 A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar el cuarto motivo de casación por infundado.
Sobre la solicitud de adaptación de las pretensiones de la recurrente
84 Como se desprende del apartado 23 de la presente sentencia, la recurrente solicitó al Tribunal de Justicia, en su escrito de réplica, que aceptara la adaptación de sus pretensiones, de modo que, en caso de que se anulara la sentencia recurrida, se devolviera el asunto al Tribunal General para que este se pronunciara sobre la pretensión de indemnización que había formulado en primera instancia.
85 Dado que esta hipótesis no se ha materializado, ya que se han desestimado los cuatro motivos invocados por la recurrente en apoyo de su recurso de casación, no procede pronunciarse sobre dicha solicitud.
86 Por tanto, se desestima íntegramente el recurso de casación.
Costas
87 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación con arreglo al artículo 184, apartado 1, de este, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
88 Al haber solicitado el Consejo y la Comisión la condena en costas de la recurrente y haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por esta, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar en costas a la Sra. Elena Petrovna Timchenko.
Firmas
* Lengua de procedimiento: francés.