I. Marco jurídico y antecedentes de los litigios

A. Decisión 2022/329

B. Decisión 2014/145, en su versión modificada, en particular, por la Decisión 2022/329

C. Reglamento n.o 269/2014

D. Decisión y Reglamento controvertidos (asuntos C‑696/23 P y C‑35/24 P)

E. Actos controvertidos (asuntos C‑704/23 P, C‑711/23 P y C‑111/24 P)

1. Actos controvertidos iniciales (asuntos C‑704/23 P, C‑711/23 P y C‑111/24 P)

2. Primeros actos controvertidos de mantenimiento (asuntos C‑704/23 P, C‑711/23 P y C‑111/24 P)

3. Segundos actos controvertidos de mantenimiento (asuntos C‑704/23 P y C‑711/23 P)

II. Recursos ante el Tribunal General y sentencias recurridas

A. Recurso ante el Tribunal General y primera sentencia recurrida (C‑696/23 P)

B. Recurso ante el Tribunal General y segunda sentencia recurrida (asunto C‑704/23 P)

C. Recurso ante el Tribunal General y tercera sentencia recurrida (asunto C‑711/23 P)

D. Recurso ante el Tribunal General y cuarta sentencia recurrida (asunto C‑35/24 P)

E. Recurso ante el Tribunal General y quinta sentencia recurrida (asunto C‑111/24 P)

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes en los recursos de casación

A. Sobre la acumulación de asuntos

B. Sobre las demandas de intervención

C. Pretensiones de las partes en los recursos de casación

1. Pretensiones de las partes en el asunto C‑696/23 P

2. Pretensiones de las partes en el asunto C‑704/23 P

3. Pretensiones de las partes en el asunto C‑711/23 P

4. Pretensiones de las partes en el asunto C‑35/24 P

5. Pretensiones de las partes en el asunto C‑111/24 P

D. Sobre las solicitudes de reapertura de la fase oral del procedimiento

1. Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento en el asunto C‑696/23 P

2. Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento en el asunto C‑711/23 P

IV. Sobre los recursos de casación

A. Sobre los motivos basados en la infracción del criterio g) por parte del Tribunal General

1. Sobre las alegaciones basadas en una interpretación errónea, por parte del Tribunal General, de la expresión «que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia», en el sentido del criterio g)

a) Sobre el segundo motivo y la primera parte del tercer motivo en el asunto C‑711/23 P y sobre el segundo motivo y la primera parte del tercer motivo en el asunto C‑35/24 P

1) Alegaciones de las partes

2) Apreciación del Tribunal de Justicia

b) Sobre la segunda imputación de la segunda parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P, sobre las partes primera a tercera del cuarto motivo en el asunto C‑711/23 P, sobre la primera imputación de la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑35/24 P y sobre el séptimo motivo en el asunto C‑111/24 P

1) Alegaciones de las partes

2) Apreciación del Tribunal de Justicia

2. Sobre los motivos basados en una interpretación errónea, por parte del Tribunal General, del concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g)

a) Alegaciones de las partes

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

1) Sobre la admisibilidad del primer motivo en el asunto C‑696/23 P

2) Sobre el fondo

i) Sobre el primer motivo en el asunto C‑696/23 P, sobre la tercera parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P y sobre la cuarta parte del primer motivo en el asunto C‑35/24 P

ii) Sobre las imputaciones primera y segunda de la primera parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P y sobre el segundo motivo y la primera parte del cuarto motivo en el asunto C‑111/24 P

B. Sobre los motivos basados en la violación del principio de proporcionalidad y en la infracción del artículo 52, apartado 1, de la Carta, por parte del Tribunal General, y sobre la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑111/24 P

1. Sobre el tercer motivo en el asunto C‑696/23 P, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, primera frase, de la Carta

a) Alegaciones de las partes

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

2. Sobre el cuarto motivo en el asunto C‑696/23 P y sobre el tercer motivo en el asunto C‑704/23 P, basados en la infracción del artículo 52, apartado 1, segunda frase, de la Carta, y sobre la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑704/23 P, basada en la violación del principio de proporcionalidad

a) Alegaciones de las partes

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

1) Sobre la admisibilidad de las partes primera, segunda y cuarta del cuarto motivo en el asunto C‑696/23 P

2) Sobre el fondo

i) Observaciones preliminares

ii) Análisis

3. Sobre la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑111/24 P

a) Alegaciones de las partes

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

C. Sobre los motivos basados en errores de Derecho en que se afirma que incurrió el Tribunal General en el marco de su análisis de las excepciones de ilegalidad del criterio g)

1. Sobre el tercer motivo en el asunto C‑111/24 P

a) Alegaciones de las partes

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

2. Sobre la segunda parte de los motivos terceros respectivos en los asuntos C‑711/23 P y C‑35/24 P

a) Alegaciones de las partes

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

D. Sobre los motivos basados en errores de Derecho en que se afirma que incurrió el Tribunal General en su análisis del principio de igualdad de trato

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

E. Sobre los motivos basados en errores de Derecho y en la desnaturalización de elementos de hecho y pruebas en que se afirma que incurrió el Tribunal General en cuanto a si se cumplían los elementos constitutivos del criterio g) con respecto a los cinco recurrentes

1. Sobre los errores de Derecho y desnaturalización en que supuestamente incurrió el Tribunal General en su análisis de si los sectores económicos en los que operan u operaban los recurrentes segundo a quinto proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia

a) Sobre el segundo motivo en el asunto C‑704/23 P y la primera parte de los motivos primeros respectivos en los asuntos C‑711/23 P y C‑35/24 P

1) Alegaciones de las partes

2) Apreciación del Tribunal de Justicia

i) Sobre la admisibilidad del segundo motivo en el asunto C‑704/23 P y de la primera parte del primer motivo en el asunto C‑35/24 P

ii) Sobre el fondo

b) Sobre la primera imputación de la segunda parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P, sobre la segunda parte del primer motivo y las partes cuarta a sexta del cuarto motivo en el asunto C‑711/23 P, sobre las partes segunda y tercera del primer motivo, la primera parte y la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑35/24 P y sobre los motivos quinto y sexto en el asunto C‑111/24 P

1) Sobre la primera imputación de la segunda parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P

i) Alegaciones de las partes

ii) Apreciación del Tribunal de Justicia

2) Sobre la segunda parte del primer motivo y sobre las partes cuarta a sexta del cuarto motivo en el asunto C‑711/23 P

i) Alegaciones de las partes

ii) Apreciación del Tribunal de Justicia

3) Sobre las partes segunda y tercera del primer motivo y sobre la primera parte y la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑35/24 P

i) Alegaciones de las partes

ii) Apreciación del Tribunal de Justicia

4) Sobre los motivos quinto y sexto en el asunto C‑111/24 P

i) Alegaciones de las partes

ii) Apreciación del Tribunal de Justicia

2. Sobre los errores de Derecho y la desnaturalización en que supuestamente incurrió el Tribunal General en cuanto a la «principalidad» del segundo recurrente y a si los recurrentes primero y quinto ejercían una «actividad», en el sentido del criterio g)

a) Sobre la primera parte del segundo motivo en el asunto C‑696/23 P

1) Alegaciones de las partes

2) Apreciación del Tribunal de Justicia

b) Sobre la tercera imputación de la primera parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P

1) Alegaciones de las partes

2) Apreciación del Tribunal de Justicia

c) Asunto C‑111/24 P

1) Alegaciones de las partes

2) Apreciación del Tribunal de Justicia

i) Sobre la admisibilidad

ii) Sobre el fondo

F. Sobre la segunda parte del primer motivo y sobre el quinto motivo en el asunto C‑696/23 P, sobre la tercera pretensión en el asunto C‑704/23 P, sobre la quinta parte del primer motivo en el asunto C‑35/24 P y sobre el primer motivo en el asunto C‑111/24 P

1. Sobre la segunda parte del primer motivo y sobre el quinto motivo en el asunto C‑696/23 P

a) Sobre la segunda parte del primer motivo

1) Alegaciones de las partes

2) Apreciación del Tribunal de Justicia

b) Sobre el quinto motivo

2. Sobre la tercera pretensión en el asunto C‑704/23 P

3. Sobre la quinta parte del primer motivo en el asunto C‑35/24 P

4. Sobre el primer motivo en el asunto C‑111/24 P

a) Alegaciones de las partes

b) Apreciación del Tribunal de Justicia

V. Conclusión

VI. Costas

1

Mediante el recurso de casación interpuesto en el asunto C‑696/23 P, el Sr. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (en lo sucesivo, «primer recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de septiembre de 2023, Pumpyanskiy/Consejo (T‑270/22, en lo sucesivo, «primera sentencia recurrida», EU:T:2023:490), por la que este desestimó el recurso mediante el que interesaba la anulación de la Decisión (PESC) 2022/397 del Consejo, de 9 de marzo de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 80, p. 31), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/396 del Consejo, de 9 de marzo de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 80, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «Decisión y Reglamento controvertidos»), en la medida en que la Decisión y el Reglamento controvertidos incluyen su nombre en las listas anexas a ellos.

2

Mediante el recurso de casación interpuesto en el asunto C‑704/23 P, el Sr. Tigran Khudaverdyan (en lo sucesivo, «segundo recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de septiembre de 2023, Khudaverdyan/Consejo (T‑335/22, en lo sucesivo, «segunda sentencia recurrida», EU:T:2023:500), por la que este desestimó el recurso mediante el que interesaba la anulación, en primer lugar, de la Decisión (PESC) 2022/429 del Consejo, de 15 de marzo de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 87 I, p. 44), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/427 del Consejo, de 15 de marzo de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 87 I, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos iniciales»); en segundo lugar, de la Decisión (PESC) 2022/1530 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 149), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «primeros actos controvertidos de mantenimiento»), y, en tercer lugar, de la Decisión (PESC) 2023/572 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 134), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/571 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «segundos actos controvertidos de mantenimiento» y, junto con los actos controvertidos iniciales y los primeros actos controvertidos de mantenimiento, «actos controvertidos»), en la medida en que los actos controvertidos incluyen y mantienen su nombre en las listas anexas a ellos.

3

Mediante el recurso de casación interpuesto en el asunto C‑711/23 P, el Sr. Viktor Filippovich Rashnikov (en lo sucesivo, «tercer recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2023, Rashnikov/Consejo (T‑305/22, en lo sucesivo, «tercera sentencia recurrida», EU:T:2023:530), por la que este desestimó el recurso mediante el que interesaba la anulación de los actos controvertidos, en la medida en que dichos actos incluyen y mantienen su nombre en las listas anexas a ellos.

4

Mediante el recurso de casación interpuesto en el asunto C‑35/24 P, el Sr. Dmitry Arkadievich Mazepin (en lo sucesivo, «cuarto recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2023, Mazepin/Consejo (T‑282/22, en lo sucesivo, «cuarta sentencia recurrida», EU:T:2023:701), por la que este desestimó el recurso mediante el que interesaba la anulación de la Decisión y del Reglamento controvertidos, en la medida en que dichos actos incluyen su nombre en las listas anexas a ellos.

5

Mediante el recurso de casación interpuesto en el asunto C‑111/24 P, el Sr. German Khan (en lo sucesivo, «quinto recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2023, Khan/Consejo (T‑333/22, en lo sucesivo, «quinta sentencia recurrida», EU:T:2023:758), por la que este desestimó el recurso mediante el que interesaba la anulación de los actos controvertidos iniciales y de los primeros actos controvertidos de mantenimiento, en la medida en que dichos actos incluyen y mantienen su nombre en las listas anexas a ellos.

6

El contexto fáctico y jurídico de los litigios se expone en los apartados 2 a 17 de la primera sentencia recurrida, en los apartados 2 a 18 de la segunda sentencia recurrida, en los apartados 2 a 25 de la tercera sentencia recurrida, en los apartados 2 a 15 de la cuarta sentencia recurrida y en los apartados 2 a 18 de la quinta sentencia recurrida. A efectos del presente procedimiento, puede resumirse y completarse como sigue.

7

Los presentes asuntos se inscriben en el contexto de las medidas restrictivas que la Unión Europea lleva adoptando desde 2014 en respuesta a las acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

8

Los recurrentes primero, tercero y cuarto son empresarios de nacionalidad rusa, el segundo recurrente es un empresario de nacionalidad armenia y el quinto recurrente es un empresario con las nacionalidades rusa e israelí.

9

El 17 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2014/145/PESC, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16).

10

En esa misma fecha, el Consejo adoptó, sobre la base del artículo 215 TFUE, apartado 2, el Reglamento (UE) n.o 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6).

11

A raíz de la invasión de Ucrania por las fuerzas armadas de la Federación de Rusia el 24 de febrero de 2022, el Consejo adoptó, el 25 de febrero de 2022, la Decisión (PESC) 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 50, p. 1). Ese mismo día, dicha institución adoptó el Reglamento (UE) 2022/330, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 51, p. 1).

12

Según los considerandos 5 y 8 a 11 de la Decisión 2022/329:

[…]

13

El artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329 (en lo sucesivo, «Decisión 2014/145»), obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias, sin perjuicio de las exenciones que se precisan en los apartados 2, 3 y 6 de dicho artículo 1, para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por ellos, entre otras, a las personas físicas que reúnan los criterios previstos, en particular, en sus letras a), b), d) y e).

14

El artículo 2, apartado 1, letras a), d), f) y g), de la Decisión 2014/145 establece la inmovilización de los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de, en particular, las personas físicas que reúnan los criterios definidos en dichas letras, criterios que, en esencia, son idénticos a los establecidos en el artículo 1, apartado 1, letras a), b), d) y e), de dicha Decisión. El tenor de dicha disposición es el siguiente:

«Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:

[…]

[…]

[…]

y de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociadas a ellos, y que se enumeran en el anexo.»

15

En su versión inicial, el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145 era del tenor siguiente:

«Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de personas físicas responsables de acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas, que se incluyan en la lista del anexo.»

16

El artículo 2, apartados 3 a 5, 7 y 8, de la Decisión 2014/145 establece, en esencia, que las autoridades competentes de los Estados miembros podrán, en determinadas circunstancias y condiciones, autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados y autorizar pagos a determinadas entidades, y que las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo de dicha Decisión podrán realizar pagos adeudados en virtud de un contrato concluido antes de la fecha de su inclusión en dicha lista.

17

El artículo 6, párrafo tercero, de la referida Decisión dispone que esta estará sujeta a revisión continua y deberá prorrogarse o modificarse, según proceda, en caso de que el Consejo considere que no se han cumplido sus objetivos.

18

El artículo 3, apartado 1, letras a), d), f) y g), del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330 (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 269/2014»), enumera los criterios que rigen, entre otras cosas, la inclusión, en la lista que figura en el anexo I de dicho Reglamento, de personas físicas cuyos fondos y recursos económicos se inmovilizan de conformidad con su artículo 2, apartado 1. Esos criterios son, en esencia, idénticos a los mencionados en el apartado 14 de la presente sentencia.

19

Los artículos 4 a 6 ter de ese mismo Reglamento reproducen, en esencia, las disposiciones que figuran en los apartados 3 a 5, 7 y 8, respectivamente, del artículo 2 de la Decisión 2014/145.

20

El artículo 14, apartado 4, del Reglamento n.o 269/2014 dispone que la lista del anexo I de dicho Reglamento se revisará periódicamente y, al menos, cada doce meses.

21

El 9 de marzo de 2022, en vista de la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo adoptó la Decisión y el Reglamento controvertidos. Mediante dichos actos, se añadieron los nombres de los recurrentes primero y cuarto, respectivamente, a la lista anexa a la Decisión 2014/145 y a la del anexo I del Reglamento n.o 269/2014, por los siguientes motivos:

«[El primer recurrente] es el presidente del Consejo de Administración de la PJSC Pipe Metallurgic Company [(en lo sucesivo, “TMK”)] y presidente y miembro del Consejo de Administración del Grupo Sinara. En consecuencia, apoya a las autoridades de la Federación de Rusia y a empresas públicas como los Ferrocarriles Rusos, Gazprom y Rosneft, y se beneficia de su cooperación con ellas. Por tanto, está implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la agresión rusa contra Ucrania, [el primer recurrente] y otros treinta y seis empresarios se reunieron con el presidente Vladímir Putin y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano de Vladímir Putin y que está apoyando o llevando a cabo acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania. También demuestra que es uno de los principales empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

[…]

[El cuarto recurrente] es propietario y director ejecutivo de la empresa de abonos minerales Uralchem. El Grupo Uralchem es un fabricante ruso de gran variedad de productos químicos, entre ellos abonos minerales, amoníaco y nitro. Según la empresa, Uralchem es el mayor productor de nitrato de amonio y el segundo mayor productor de abonos a base de amoníaco y de nitrógeno de Rusia. Por tanto, [el cuarto recurrente] está implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la agresión rusa contra Ucrania, [el cuarto recurrente] y otros treinta y seis empresarios se reunieron con el presidente Vladímir Putin y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano de Vladímir Putin y que está apoyando o llevando a cabo acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania. También demuestra que es uno de los principales empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

En diciembre de 2021 [el cuarto recurrente] modificó el registro de Uralchem Holding y CI-Chemical Invest —sus empresas con sede en Chipre que controlan “Uralchem”— para que quedaran bajo jurisdicción rusa en un distrito administrativo especial de la isla de Oktyabrsky, en la provincia de Kaliningrado.»

22

El 15 de marzo de 2022, en vista de la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo adoptó los actos controvertidos iniciales. Mediante dichos actos, se añadieron los nombres de los recurrentes segundo, tercero y quinto a la lista anexa a la Decisión 2014/145 y a la del anexo I del Reglamento n.o 269/2014, por los siguientes motivos, redactados de manera idéntica en ambas listas:

«[El quinto recurrente] es accionista mayoritario del conglomerado Alfa Group, que incluye Alfa Bank, uno de los mayores contribuyentes de Rusia. Se le considera una de las personas más influyentes de Rusia. Al igual que otros propietarios de Alfa Bank (Mikhail Fridman y Petr Aven), mantiene una estrecha relación con Vladímir Putin y sigue negociando con él importantes favores. Los propietarios de Alfa Group obtienen beneficios empresariales y jurídicos de esta relación. La hija mayor de Vladímir Putin, Maria, dirigió un proyecto benéfico llamado Alfa-Endo, financiado por Alfa Bank. Vladímir Putin recompensó la lealtad de Alfa Group a las autoridades rusas ofreciendo ayuda política a los planes de inversión en el extranjero de Alfa Group.

Por lo tanto ha apoyado activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se ha beneficiado de ellos. Es también uno de los empresarios rusos de primer orden implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

[…]

[El tercer recurrente] es un destacado oligarca ruso, propietario y presidente del Consejo de Administración de la empresa Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK es uno de los mayores contribuyentes de Rusia. La presión fiscal sobre la empresa aumentó en los últimos tiempos, lo que originó unos ingresos considerablemente más elevados para el presupuesto estatal ruso.

Por lo tanto, es un empresario ruso de primer orden implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

[…]

[El segundo recurrente] es el director ejecutivo de Yandex [NV], una de las principales empresas tecnológicas de Rusia, especializada en productos y servicios inteligentes que funcionan gracias al aprendizaje automático. El antiguo jefe de prensa de Yandex acusó a dicha empresa de ser “un elemento clave en la ocultación de información” sobre la guerra en Ucrania a la población rusa. Además, la compañía ha venido publicando en su buscador avisos para los usuarios rusos que buscaban información sobre la guerra de Ucrania de que la información en Internet no era fiable, a partir de que el gobierno ruso amenazara a los medios en relación con lo que publicaban.

El 24 de febrero de 2022, [el segundo recurrente] asistió en el Kremlin a la reunión de oligarcas con Vladímir Putin para debatir las consecuencias de la situación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano de oligarcas próximos a Vladímir Putin y que está apoyando o llevando a cabo acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania. Además, es uno de los empresarios más destacados de sectores de la economía que suponen una fuente sustancial de ingresos para la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania.»

23

Según el considerando 5 del Reglamento de Ejecución 2022/427, que es uno de los dos actos controvertidos iniciales:

«El 25 de febrero de 2022, el Consejo adoptó el Reglamento [2022/330], por el que se modificaron los criterios de inclusión en la lista para incluir a las personas y entidades que apoyen al Gobierno de la Federación de Rusia y que se beneficien de él, a las personas y entidades que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia y a las personas físicas o jurídicas asociadas a personas o entidades incluidas en la lista.»

24

El 14 de septiembre de 2022, el Consejo adoptó los primeros actos controvertidos de mantenimiento, mediante los que mantuvo la inclusión de los nombres de los recurrentes segundo, tercero y quinto en la lista anexa a la Decisión 2014/145 y en la del anexo I del Reglamento n.o 269/2014 sobre la base de la misma motivación que la reproducida en el apartado 22 de la presente sentencia, puntualizándose que, por lo que atañe al segundo recurrente, la motivación precisaba ahora que era el «ex» director ejecutivo de Yandex.

25

El 13 de marzo de 2023, el Consejo adoptó los segundos actos controvertidos de mantenimiento, mediante los que mantuvo la inclusión de los nombres de los recurrentes segundo y tercero en las listas anexas a la Decisión 2014/145 y al Reglamento n.o 269/2014. Mientras la motivación de dicha inclusión no variaba en lo que respecta al tercer recurrente, la de la inclusión del segundo recurrente era ahora del tenor siguiente:

«[El segundo recurrente] es ex director ejecutivo y consejero delegado de Yandex NV, cargos de los que dimitió tras su designación por parte de la Unión Europea. Sigue siendo uno de los principales dirigentes de Yandex, que determina las actividades de la empresa.

Yandex es la mayor empresa tecnológica de Rusia. Aporta unos ingresos fiscales considerables al Gobierno de la Federación de Rusia. Bancos rusos de propiedad estatal, como Sberbank y VTB, son accionistas de Yandex y han invertido en la empresa. En 2019, Yandex aceptó una reestructuración que otorgó una “acción de oro” a una fundación de interés general recién creada para “defender los intereses de la Federación de Rusia”. A través de la fundación de interés general, el Gobierno de la Federación de Rusia puede ejercer su veto por lo que respecta a una lista definida de cuestiones.

Desde el inicio de la guerra de agresión contra Ucrania, Yandex ha seguido la política de información y ha aplicado la censura del Gobierno de la Federación de Rusia. Los resultados de la búsqueda del motor de búsqueda Yandex han cumplido las exigencias de las autoridades rusas mostrando únicamente las fuentes relacionadas con la propaganda rusa en favor de la guerra. Además, Yandex ha ayudado a que sitios web que vierten acusaciones falsas y favorables a Rusia sobre la invasión de Ucrania obtengan beneficios a través de publicidad digital.

El 24 de febrero de 2022, [el segundo recurrente] asistió en el Kremlin a una reunión de oligarcas con Vladímir Putin para debatir las consecuencias de la situación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano de oligarcas próximos a Vladímir Putin y que apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania.

Es un destacado empresario implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, y ha prestado apoyo material o financiero al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Es responsable de apoyar activamente o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o la seguridad en Ucrania.»

26

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 17 de mayo de 2022, el primer recurrente interpuso un recurso de anulación de la Decisión y del Reglamento controvertidos en la medida en que le afectan. En su recurso de anulación, impugnaba, en particular, la apreciación del Consejo según la cual su situación respondía al criterio contemplado en los artículos 1, apartado 1, letra e), y 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145 y en el artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento n.o 269/2014 [en lo sucesivo, «criterio g)»]. Consideraba que, al actuar así, dicha institución había incurrido en un error manifiesto de apreciación y que, además, había vulnerado sus derechos fundamentales y violado el principio de proporcionalidad.

27

Mediante la primera sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso del primer recurrente. Por lo que atañe al criterio g), el Tribunal General declaró, en esencia, en los apartados 51, 56 y 58 de dicha sentencia, que el Consejo había aportado un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que estaban en condiciones de poner de manifiesto, por un lado, que el primer recurrente era uno de los principales empresarios a causa de los cargos que ejercía en TMK y en el Grupo Sinara y, por otro lado, que, habida cuenta de dichos cargos y de los numerosos sectores de actividad en los que actuaban ambas empresas, su actividad estaba unida a sectores económicos que proporcionaban una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia. En el apartado 57 de la citada sentencia, el Tribunal General precisó que el concepto de «fuente sustancial de ingresos», en el sentido del criterio g), remitía a una fuente de ingresos significativa y no desdeñable proporcionada por sectores económicos.

28

El Tribunal General consideró, por otra parte, en el apartado 62 de la primera sentencia recurrida, que el hecho de que el recurrente hubiera dimitido de los cargos que ejercía en las dos sociedades de que se trata el mismo día de la adopción de la Decisión y del Reglamento controvertidos no era pertinente a fin de apreciar la legalidad de dichos actos, en la medida en que, en la fecha de su adopción, todavía ocupaba esos cargos. En el apartado 63 de dicha sentencia, declaró asimismo que tampoco era pertinente el hecho de que el primer recurrente hubiera cedido supuestamente las acciones que ostentaba en ambas sociedades unos días antes de la adopción de los citados actos, puesto que la motivación de estos no descansaba ni sobre el control de las citadas sociedades por el recurrente ni sobre su condición de accionista. El Tribunal General consideró, además, en el apartado 65 de la citada sentencia, que cargos como los ejercidos por el primer recurrente en TMK y en el Grupo Sinara permitían, por sí solos, entender que era uno de los «principales empresarios», en el sentido del criterio g), con independencia del control ejercido por dicho recurrente sobre dichas sociedades.

29

En el apartado 66 de la primera sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que el tenor del criterio g) no dejaba lugar a dudas sobre el hecho de que la «fuente sustancial de ingresos» a que se refiere dicho criterio no debía proceder de «los principales empresarios», sino de «sectores económicos». El Tribunal General también desestimó, en el apartado 67 de dicha sentencia, la alegación del primer recurrente según la cual el Consejo no podía basarse en la mera circunstancia de que TMK y el Grupo Sinara pagaran impuestos en Rusia, pues dicha alegación carecía de fundamento fáctico.

30

Por lo que atañe al motivo basado en la violación del principio de proporcionalidad y la vulneración de los derechos fundamentales, el Tribunal General consideró, en el apartado 79 de la primera sentencia recurrida, que, en el caso de autos, concurrían los cuatro requisitos contemplados en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). En particular, declaró, en el apartado 80 de dicha sentencia, que las medidas restrictivas que la Decisión y el Reglamento controvertidos imponían al primer recurrente estaban «establecidas por la ley», dado que se enunciaban en actos que tenían un alcance general y que disponían de una base jurídica clara en el Derecho de la Unión.

31

Por otra parte, el Tribunal General recordó, en el apartado 86 de la referida sentencia, que únicamente puede afectar a la legalidad de una medida adoptada en un ámbito en el que el legislador de la Unión dispone de una amplia facultad de apreciación el hecho de que sea manifiestamente inadecuada para alcanzar el objetivo perseguido por la institución competente. En ese marco, el Tribunal General declaró, en los apartados 87 a 95 de esa misma sentencia, que las restricciones de los derechos fundamentales del primer recurrente que se derivaban de dichas medidas restrictivas no eran desproporcionadas.

32

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 7 de junio de 2022, el segundo recurrente interpuso un recurso de anulación de los actos controvertidos en la medida en que le afectan. En su recurso de anulación, impugnaba, en particular, la apreciación del Consejo según la cual su situación respondía al criterio g). Consideraba que, de ese modo, dicha institución había incurrido en un error manifiesto de apreciación y que, además, había vulnerado sus derechos fundamentales y violado el principio de proporcionalidad.

33

Mediante la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó dicho recurso. Por lo que atañe al criterio g), el Tribunal General precisó, en los apartados 79 a 81 de dicha sentencia, que, habida cuenta, en particular, del objetivo perseguido por las medidas restrictivas establecidas en la Decisión y en el Reglamento controvertidos, el concepto de «principales empresarios» comprendía a los empresarios importantes en función, según el caso, de su situación profesional, de la magnitud de sus actividades económicas o de sus titularidades de capital societario, o incluso en función de los cargos que ocupan en una o varias empresas, ya que el Consejo pretendía, mediante dicho criterio, aprovechar la influencia que esos empresarios están en condiciones de ejercer sobre el régimen ruso.

34

El Tribunal General declaró asimismo, en los apartados 82 y 83 de la segunda sentencia recurrida, que del objetivo de dichas medidas restrictivas se desprendía que los ingresos que contempla el criterio g) no eran los de los principales empresarios, sino los de los sectores económicos de estos. En los apartados 105 y 106 de dicha sentencia, consideró, en esencia, que el concepto de «fuente sustancial de ingresos», en el sentido de dicho criterio, remitía a una fuente de ingresos significativa y no desdeñable, proporcionada directa o indirectamente por sectores de actividad como, en el caso de autos, el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

35

El Tribunal General estimó, por otra parte, en los apartados 90, 107 y 108 de la segunda sentencia recurrida, que, por lo que respecta a los actos controvertidos iniciales, el Consejo había aportado un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que estaban en condiciones de poner de manifiesto, por un lado, que el segundo recurrente era uno de los principales empresarios a causa de la importancia de su situación y sus cargos en Yandex y de la importancia económica de dicha sociedad y, por otro lado, que, habida cuenta de dichos cargos y de las actividades de la referida sociedad, su actividad estaba unida a sectores económicos que proporcionaban una fuente sustancial de ingresos al el Gobierno de la Federación de Rusia.

36

Por lo que atañe a los primeros y segundos actos controvertidos de mantenimiento, el Tribunal General declaró, en el apartado 125 de la segunda sentencia recurrida, que el Consejo había considerado acertadamente que el segundo recurrente seguía manteniendo una vinculación importante con Yandex, de modo que estaba justificado el mantenimiento de su nombre en las listas en cuestión.

37

Al pronunciarse sobre el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato, el Tribunal General consideró, en particular, en los apartados 137 a 139 de la segunda sentencia recurrida, que, debido a que no se refiere a la nacionalidad de las personas designadas, no podía considerarse que el criterio g) violara el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad. Recordando, además, que los principios de igualdad de trato y de no discriminación deben conciliarse con el principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar en su provecho una ilegalidad cometida en favor de otro, declaró que, en el caso de autos, el Consejo no había incurrido en error de apreciación al adoptar medidas restrictivas contra el segundo recurrente.

38

En cuanto al motivo basado en la violación del principio de proporcionalidad, el Tribunal General lo desestimó, en los apartados 151 y 166 de la segunda sentencia recurrida, arguyendo, en particular, en los apartados 143 y 145 de dicha sentencia, que las medidas restrictivas instauradas frente al segundo recurrente eran idóneas para alcanzar los objetivos perseguidos debido a que las consecuencias negativas resultantes de la aplicación de dichas medidas a dicho recurrente no eran manifiestamente desmesuradas y a que no se le habían impuesto las referidas medidas porque hubiera desempeñado un papel directo en las acciones llevadas a cabo por la Federación de Rusia contra Ucrania.

39

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 24 de mayo de 2022, el tercer recurrente interpuso un recurso de anulación de los actos controvertidos en la medida en que le afectan. En dicho recurso, impugnaba, en particular, la apreciación del Consejo según la cual su situación respondía al criterio g). Consideraba que, de ese modo, dicha institución había incurrido en un error manifiesto de apreciación y que, además, había violado el principio de igualdad de trato. Durante el procedimiento, el tercer recurrente alegó, asimismo, la ilegalidad de dicho criterio sobre la base del artículo 277 TFUE.

40

Mediante la tercera sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el referido recurso. Por lo que atañe al criterio g), el Tribunal General, al mismo tiempo que conservaba la interpretación de los conceptos de «principales empresarios» y de «fuente sustancial de ingresos» que había realizado en la segunda sentencia recurrida, declaró, en el apartado 78 de la tercera sentencia recurrida, que el Consejo había entendido acertadamente que el tercer recurrente era uno de «los principales empresarios», extremo que este no impugnaba y que podía asimismo deducirse de la importancia económica de MMK, de la que era propietario y presidente del Consejo de Administración. Además, el Tribunal General consideró, en los apartados 79 a 90 de dicha sentencia, que el Consejo había aportado un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que estaban en condiciones de poner de manifiesto que la actividad del tercer recurrente estaba unida a un sector económico, a saber, el sector de la metalurgia, que proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia.

41

En el apartado 81 de la tercera sentencia recurrida, el Tribunal General precisó que la contribución de MMK al presupuesto de la Federación de Rusia no era un elemento determinante para comprobar si el sector económico en el que el tercer recurrente estaba implicado proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de ese tercer país, en la medida en que, a efectos de la aplicación del criterio g), se trataba de comprobar la contribución de los sectores económicos en su globalidad y no la de empresas en particular. Precisó asimismo, en el apartado 98 de dicha sentencia, que, a efectos de la aplicación de dicho criterio, tampoco se contemplaba por sí misma la contribución fiscal de los principales empresarios o de las empresas en las que estos ejercen una actividad, ya que el citado criterio se refería a la totalidad de los ingresos generados por el sector de actividades en el que están implicados dichos empresarios.

42

Por otra parte, el Tribunal General desestimó, en los apartados 104 a 109 de la tercera sentencia recurrida, la excepción de ilegalidad del criterio g) que había propuesto el tercer recurrente. A ese respecto, a la vez que subrayaba que dicho criterio no había establecido una presunción de vinculación entre la condición de ser uno de los principales empresarios y el Gobierno de la Federación de Rusia, señaló que el citado criterio respondía a la voluntad del Consejo de ejercer presión sobre las autoridades rusas para que renunciaran a sus acciones y políticas que desestabilizaban Ucrania. En el apartado 108 de dicha sentencia, el Tribunal General dedujo de ello que existía una vinculación lógica entre, por un lado, el hecho de seleccionar a los principales empresarios que ejercen sus actividades en sectores económicos que proporcionan ingresos sustanciales a la Federación de Rusia, en vista tanto de su propia importancia como de la que revisten dichos sectores para la economía rusa, y, por otro lado, el objetivo de las medidas restrictivas en el caso de autos, que es aumentar la presión sobre la Federación de Rusia y el coste de sus acciones por menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. El Tribunal General concluyó que el criterio g) incluía requisitos relativos al comportamiento personal de las personas afectadas, a saber, su principalidad, debida a sus actividades económicas en determinados sectores, que permitía, así pues, acreditar una vinculación suficiente y subjetiva entre dichas personas y el tercer país de que se trata, a saber, la Federación de Rusia.

43

En cuanto al motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato, el Tribunal General lo desestimó, en los apartados 143 a 146 de la tercera sentencia recurrida, por las mismas razones, en esencia, que se enuncian en el apartado 37 de la presente sentencia.

44

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 18 de mayo de 2022, el cuarto recurrente interpuso un recurso de anulación de la Decisión y del Reglamento controvertidos en la medida en que le afectan. En su recurso de anulación, impugnaba, en particular, la apreciación del Consejo según la cual su situación respondía al criterio g). Consideraba que, al actuar así, dicha institución había incurrido en un error manifiesto de apreciación y que, además, había violado el principio de igualdad de trato. Durante el procedimiento, el cuatro recurrente alegó, asimismo, la ilegalidad de dicho criterio sobre la base del artículo 277 TFUE.

45

Mediante la cuarta sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó dicho recurso. Por lo que atañe al criterio g), el Tribunal General, al mismo tiempo que conservaba la interpretación de los conceptos de «principales empresarios» y de «fuente sustancial de ingresos» a que se refieren los apartados 33 y 34 de la presente sentencia, declaró, en el apartado 66 de la cuarta sentencia recurrida, que el Consejo había concluido correctamente que el cuarto recurrente era «uno de los principales empresarios», extremo que este no impugnaba y que podía asimismo deducirse de la importancia económica de Uralchem, sociedad de la que era propietario y director ejecutivo. En los apartados 67 a 76 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró, además, que el Consejo había aportado un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que estaban en condiciones de poner de manifiesto que la actividad del cuarto recurrente estaba unida al sector económico de los abonos, el cual proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. A ese respecto, y como sucede en el caso de las consideraciones que figuran en el apartado 81 de la tercera sentencia recurrida, el Tribunal General recordó, en el apartado 69 de la cuarta sentencia recurrida, que, si bien la propia contribución del Grupo Uralchem al presupuesto de la Federación de Rusia podía ser útil para determinar su importancia económica en el sector de que se trata o que el cuarto recurrente era uno de los principales empresarios, no era determinante a fin de contestar a la cuestión de si podía concluirse que este era «uno de los principales empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia», en la medida en que, a efectos de la aplicación del criterio g), es el sector económico de que se trate, y no una persona física o una empresa en particular, el que debe proporcionar una fuente sustancial de ingresos a dicho Gobierno.

46

El Tribunal General desestimó asimismo, en los apartados 84 a 92 de la cuarta sentencia recurrida, la excepción de ilegalidad del criterio g) que había propuesto el cuarto recurrente. A ese respecto, adoptó el mismo razonamiento que se resume en el apartado 42 de la presente sentencia.

47

En cuanto al motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato, el Tribunal General lo desestimó, en los apartados 126 a 131 de la cuarta sentencia recurrida, por las mismas razones, en esencia, que se enuncian en el apartado 37 de la presente sentencia. Añadió, en el apartado 128 de la cuarta sentencia recurrida, que el Consejo no estaba obligado a incluir en las listas de personas sujetas a medidas restrictivas a todas las personas que satisfacen un criterio como el criterio g). En efecto, el Tribunal General consideró que el Consejo disponía de una amplia facultad de apreciación que le permite, en su caso, no someter a determinadas personas a medidas restrictivas si estima que, habida cuenta de los objetivos perseguidos por esas medidas, no es oportuno hacerlo.

48

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 6 de junio de 2022, el quinto recurrente interpuso un recurso de anulación de los actos controvertidos iniciales y de los primeros actos controvertidos de mantenimiento en la medida en que le afectan. En su recurso de anulación, impugnaba, en particular, la apreciación del Consejo según la cual su situación satisfacía el criterio g). El quinto recurrente consideraba que, de ese modo, dicha institución había incurrido en un error manifiesto de apreciación. Alegaba, asimismo, la ilegalidad de dicho criterio por falta de base legal y violación del principio de proporcionalidad.

49

Mediante la quinta sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso. Al pronunciarse sobre la excepción de ilegalidad del criterio g) por falta de base legal, el Tribunal General recordó, en el apartado 37 de dicha sentencia, que, cuando existe una decisión adoptada conforme a lo dispuesto en el capítulo 2 del título V del Tratado UE en la que estén contenidas medidas restrictivas, el artículo 215 TFUE, apartado 2, permite al Consejo tomar tales medidas contra cualesquiera personas, entidades o grupos, en particular contra destinatarios que no tengan ninguna vinculación con el régimen dirigente de un tercer país.

50

El Tribunal General precisó, por otra parte, en el apartado 45 de la referida sentencia, que, debido a que se remite a la totalidad de los ingresos generados por el sector de actividades en el que están implicados los principales empresarios de que se trata, el criterio g) afecta al conjunto de impuestos generados por el sector económico en cuestión, incluso a los que no hubieran sido pagados por dichas personas.

51

Por lo que atañe a la excepción de ilegalidad del criterio g) por violación del principio de proporcionalidad, el Tribunal General la desestimó, en los apartados 50 a 63 de la quinta sentencia recurrida, por motivos análogos a los que se resumen en el apartado 42 de la presente sentencia. En el apartado 58 de la quinta sentencia recurrida, declaró que el hecho de dirigirse contra las personas cuya situación satisficiera el criterio g), con independencia de su tributación fiscal en Rusia, respondía, dado que dichas personas están implicadas en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, al objetivo perseguido, y no resultaba, por tanto, manifiestamente inadecuado. El Tribunal General desestimó asimismo, en el apartado 60 de la referida sentencia, la alegación del quinto recurrente basada en el considerando 11 de la Decisión 2022/329, debido a que un considerando no puede establecer excepciones a las propias disposiciones del acto de que se trate.

52

Por lo que respecta a la aplicación del criterio g) al quinto recurrente, el Tribunal General, en los apartados 88 a 93 y 106 de la quinta sentencia recurrida, conservó la interpretación de los conceptos de «principales empresarios» y de «fuente sustancial de ingresos» que se ha expuesto en los apartados 33 y 34 de la presente sentencia, al mismo tiempo que recordaba que no incumbía al Consejo demostrar la existencia de una vinculación estrecha o de interdependencia entre los principales empresarios y el Gobierno de la Federación de Rusia. En particular, en los apartados 92 y 93 de la quinta sentencia recurrida, precisó, por un lado, que la interpretación del concepto de «principales empresarios» no quedaba desvirtuada por el hecho de que determinadas versiones lingüísticas del criterio g) utilizaran el adjetivo «principal», mientras que otras empleaban el adjetivo «influyente», y, por otro lado, que, si bien los cargos que un empresario ocupa pueden sustentar la idea de que posee «principalidad», en el sentido de dicho criterio, no son el único elemento que el Consejo puede tener en cuenta a tal fin.

53

Por lo que respecta al fundamento de los actos controvertidos iniciales, el Tribunal General declaró, en el apartado 105 de la quinta sentencia recurrida, que, habida cuenta de todas las pruebas, el Consejo había podido considerar, sin incurrir en error de apreciación, que el quinto recurrente era uno de los «principales empresarios» en la fecha de adopción de dichos actos. En los apartados 106 a 111 de dicha sentencia, el Tribunal General declaró que el Consejo había podido decidir válidamente, sobre la base de un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes, que Alfa Group, que incluye a Alfa Bank y del que el quinto recurrente es uno de los mayores accionistas, estaba implicado en un sector económico, a saber, el sector bancario, que proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

54

Por lo que respecta a los primeros actos controvertidos de mantenimiento, el Tribunal General declaró, en el apartado 125 de la quinta sentencia recurrida, que el Consejo no había incurrido en error de apreciación al declarar la inexistencia de cambios en la situación individual del quinto recurrente y que se había basado en los mismos elementos para mantener las medidas restrictivas adoptadas contra dicho recurrente.

55

El 5 de junio de 2024, el Presidente del Tribunal de Justicia invitó a las partes a pronunciarse sobre la posible acumulación de los asuntos C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P a efectos de la continuación del procedimiento.

56

Mediante escritos de 20 de junio de 2024, los recurrentes segundo, tercero y cuarto informaron al Tribunal de Justicia de que no se oponían a la acumulación de dichos asuntos. Mediante cinco escritos de fecha 27 de junio de 2024, 3 de julio de 2024, 1 de julio de 2024, 28 de junio de 2024 y 1 de julio de 2024, respectivamente, el Consejo informó al Tribunal de Justicia de que tampoco veía objeción alguna a la acumulación de esos cinco asuntos. Mediante escritos de 20 de junio de 2024 y 19 de junio de 2024, respectivamente, los recurrentes primero y quinto indicaron que se oponían a la acumulación de los referidos asuntos a efectos de la continuación del procedimiento.

57

El 5 de julio de 2024, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió que no procedía acumular los asuntos en aquella fase del procedimiento.

58

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de abril de 2024, la República Checa solicitó intervenir en el asunto C‑35/24 P en apoyo de las pretensiones del Consejo. Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 2024, se admitió dicha intervención.

59

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de mayo de 2024, la Comisión solicitó intervenir en el asunto C‑35/24 P en apoyo de las pretensiones del Consejo. Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 31 de mayo de 2024, se admitió dicha intervención.

60

El primer recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

61

El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

62

El segundo recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

63

El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

64

El tercer recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

65

El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

66

El cuarto recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

67

El Consejo, apoyado por la República Checa, la República de Letonia y la Comisión Europea, solicita al Tribunal de Justicia que:

68

El quinto recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

69

El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

70

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de junio de 2025, el primer recurrente solicitó la reapertura de la fase oral del procedimiento en el asunto C‑696/23 P, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

71

En apoyo de su solicitud, alega, por un lado, que, contrariamente a lo indicado por la Abogada General, en esencia, en el punto 32 de sus conclusiones presentadas en dicho asunto, él afirma, en su recurso de casación, que no puede entenderse que sea uno de los «principales empresarios», puesto que cedió las participaciones que ostentaba en TMK y en el Grupo Sinara y que dimitió de los cargos que ocupaba en dicha sociedad y en dicho Grupo. Por otro lado, argumenta que el Consejo afirmó erróneamente, en la vista ante el Tribunal de Justicia, sin que él tuviera la posibilidad de replicar, que él había sido objeto de medidas restrictivas debido a que era «director ejecutivo de una sociedad», mientras que, en realidad, su inclusión estaba motivada por el hecho de ser presidente del Consejo de Administración de TMK y presidente y miembro del Consejo de Administración del Grupo Sinara.

72

Con arreglo al artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede ordenar, en cualquier momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

73

En el caso de autos, en cuanto a la mala comprensión que se dice que la Abogada General tuvo del recurso de casación del primer recurrente en el punto 32 de sus conclusiones presentadas en el asunto C‑696/23 P, procede recordar que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni su Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad de que las partes interesadas presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el abogado general. En virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, la función del abogado general consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. A este respecto, el Tribunal de Justicia no está vinculado ni por las conclusiones del abogado general ni por la motivación que este desarrolla para llegar a ellas. Por consiguiente, el hecho de que una parte no esté de acuerdo con las conclusiones del abogado general, cualesquiera que sean las cuestiones que examine en dichas conclusiones, no constituye en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral del procedimiento (sentencia de 5 de marzo de 2024, Public.Resource.Org y Right to Know/Comisión y otros, C‑588/21 P, EU:C:2024:201, apartados 47 y 48 y jurisprudencia citada).

74

Por otra parte, en cuanto al error en que supuestamente incurrió el Consejo en la vista ante el Tribunal de Justicia, es evidente que no se trata de un «argumento» que no fuera debatido entre las partes, en el sentido del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento, sino de un error material que se asemeja a un lapsus linguae o una abreviación.

75

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia estima, tras oír a la Abogada General, que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento en el asunto C‑696/23 P.

76

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de junio de 2025, el tercer recurrente solicitó la reapertura de la fase oral del procedimiento en el asunto C‑711/23 P, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento.

77

En apoyo de su solicitud, alega que la Decisión 2014/145 y el Reglamento n.o 269/2014 han sido modificados mediante la Decisión (PESC) 2025/904 del Consejo, de 13 de mayo de 2025 (DO L, 2025/904), y el Reglamento (UE) 2025/903 del Consejo, de 13 de mayo de 2025 (DO L, 2025/903), respectivamente. Pues bien, a su juicio, estos dos actos de la Unión contienen elementos que contradicen la posición adoptada por el Consejo en la vista ante el Tribunal de Justicia por lo que respecta a la interpretación y legalidad del criterio g) y a la supuesta provisionalidad de las medidas restrictivas. A su juicio, se trata, así pues, de un hecho nuevo que las partes desconocían en el momento de dicha vista, celebrada el 11 de febrero de 2025, y que, habida cuenta, asimismo, de que determinadas disposiciones de los referidos actos tienen efecto retroactivo por lo que respecta a los actos controvertidos, puede influir decisivamente en la resolución del Tribunal de Justicia.

78

En el caso de autos, procede señalar que la Decisión 2025/904 y el Reglamento 2025/903 no son aplicables ratione temporis al asunto C‑711/23 P. Pues bien, la legalidad de los actos controvertidos en el marco de dicho asunto debe apreciarse a la luz de la situación que existía en la fecha de su adopción, de modo que la eventual contradicción que pudiera existir entre el contenido de la Decisión y del Reglamento antes mencionados y la posición adoptada por el Consejo en la vista del referido asunto no puede influir decisivamente en la resolución del Tribunal de Justicia. Por otra parte, aun cuando determinadas disposiciones de los referidos actos tuvieran efectos retroactivos sobre la situación del tercer recurrente y los actos controvertidos, tal consecuencia no justificaría la reapertura de la fase oral del procedimiento, ya que, incluso en caso de desestimación del recurso de casación en el referido asunto, el tercer recurrente no se vería privado de la posibilidad de hacer uso de las vías de recurso ofrecidas por el Derecho de la Unión, o incluso por el Derecho nacional, para impugnar dichas disposiciones y sus eventuales efectos e implicaciones.

79

Además, no resulta evidente que el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fuera debatido entre las partes, de modo que el Tribunal de Justicia dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse.

80

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia estima, tras oír a la Abogada General, que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento en el asunto C‑711/23 P.

81

Habida cuenta de su conexidad, procede acumular los presentes asuntos a efectos de la sentencia, de conformidad con el artículo 54, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

82

En apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑696/23 P, el primer recurrente alega cinco motivos. Mediante su primer motivo, sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al entender que él era uno de los «principales empresarios», en el sentido del criterio g). Mediante su segundo motivo, alega que el Tribunal General consideró erróneamente que estaba «implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia», en el sentido de dicho criterio. Mediante su tercer motivo, el primer recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la base jurídica de la Decisión y del Reglamento controvertidos venía «establecida por la ley», en el sentido del artículo 52, apartado 1, primera frase, de la Carta. El cuarto motivo se basa en el error de Derecho de que afirma que adolece la primera sentencia recurrida, por cuanto aduce que el Tribunal General declaró erróneamente que las medidas restrictivas de las que él es objeto eran proporcionadas. En el marco de su quinto motivo, el primer recurrente declara reiterar todas las alegaciones que invocaba en primera instancia relativas al segundo criterio en el que se fundamentaron las medidas restrictivas tomadas contra él, a saber, el criterio previsto, en particular, en el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Decisión 2014/145, y solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre ellas en caso de que estime su recurso y no devuelva el asunto al Tribunal General.

83

En el marco de su recurso de casación en el asunto C‑704/23 P, el segundo recurrente invoca cuatro motivos, el primero, basado en un error de Derecho en que afirma que incurrió el Tribunal General al interpretar y aplicar el criterio g), y, el segundo, en que el Tribunal General pasó por alto el alcance de su control jurisdiccional. Los motivos tercero y cuarto se basan en la apreciación errónea, por parte del Tribunal General, de los motivos que él había formulado en apoyo de su recurso en primera instancia, y que se sustentaban en la violación del principio de proporcionalidad y la vulneración de sus derechos fundamentales.

84

El tercer recurrente formula cinco motivos en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑711/23 P. Mediante su primer motivo, alega que el Tribunal General obvió el alcance de su control jurisdiccional e incurrió, de ese modo, en varios errores de Derecho y la desnaturalización de los hechos. Los motivos segundo y tercero se basan, en esencia, en la infracción del criterio g); el tercer recurrente alega, con carácter subsidiario, en el marco de su tercer motivo, la ilegalidad e inaplicabilidad de dicho criterio sobre la base del artículo 277 TFUE. Mediante su cuarto motivo, sostiene que el Tribunal General violentó los conceptos de «fuente […] de ingresos» y de «fuente sustancial de ingresos», en el sentido del criterio g), desnaturalizó hechos y pruebas, incurrió en vicios sustanciales de forma, incumplió su obligación de motivación y aplicó erróneamente dicho criterio. Mediante su quinto motivo, el tercer recurrente alega que el Tribunal General violó los principios de igualdad de trato y de no discriminación en relación con el referido criterio.

85

Los cinco motivos planteados por el cuarto recurrente en el marco de su recurso de casación en el asunto C‑35/24 P están redactados de manera idéntica a los cinco motivos planteados por el tercer recurrente, a excepción del cuarto motivo, mediante el que el cuarto recurrente no reprocha al Tribunal General la aplicación errónea del criterio g), sino la inversión de la carga de la prueba.

86

En el marco de su recurso de casación en el asunto C‑111/24 P, el quinto recurrente formula ocho motivos. Mediante su primer motivo, reprocha al Tribunal General no haber respondido a sus imputaciones sobre la materialidad del criterio establecido, en particular, en el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, según el cual se deberán inmovilizar los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, entre otros, de personas físicas que apoyen financieramente a los políticos rusos o que se beneficien de ellos [en lo sucesivo, «criterio d)»]. Mediante su segundo motivo, imputa al Tribunal General haber violentado el concepto de «principales empresarios», en el sentido del criterio g), y, mediante su tercer motivo, haber declarado erróneamente que el artículo 215 TFUE, apartado 2, había dejado obsoleta la exigencia de una vinculación suficiente entre las personas sujetas a medidas restrictivas y el tercer país de que se trate. Su cuarto motivo se basa en un error de Derecho, por cuanto afirma que el Tribunal General realizó una interpretación del criterio g) que, a su juicio, viola el principio de seguridad jurídica y vulnera el derecho de propiedad y la libertad de emprendimiento. Mediante su quinto motivo, el quinto recurrente reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado el sentido y alcance de una prueba y no haber respondido a una de sus alegaciones y, mediante su sexto motivo, no haber aplicado correctamente el criterio g) o haber razonado mediante presunción para concluir que el sector bancario, en su globalidad, proporcionaba una fuente de ingresos sustanciales al Gobierno de la Federación de Rusia. El séptimo motivo se basa en que se violentó el concepto de sectores económicos que proporcionen «una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia», en el sentido del criterio g), y, el octavo motivo, en la violación de los principios de juicio justo y de igualdad de armas.

87

Habida cuenta de la conexidad, o incluso identidad, entre numerosos motivos invocados por los cinco recurrentes en apoyo de sus respectivos recursos de casación, el Tribunal de Justicia procederá a un análisis agrupado de estos antes de abordar los que son propios de determinados recursos de casación. Además, habida cuenta de la necesidad de aclarar el alcance del criterio g) antes de examinar su legalidad, los motivos relativos a la interpretación de dicho criterio serán examinados antes que los referidos a la desestimación de la excepción de ilegalidad del citado criterio.

88

Es preciso examinar conjuntamente los motivos, partes de motivos e imputaciones mediante los cuales los cinco recurrentes critican, en esencia, la interpretación del criterio g) realizada por el Tribunal General. Se trata del primer motivo y de la segunda parte del segundo motivo formulados por el primer recurrente en el asunto C‑696/23 P, de las imputaciones primera y segunda de la primera parte del primer motivo, de la segunda imputación de la segunda parte del primer motivo y de la tercera parte del primer motivo formuladas por el segundo recurrente en el asunto C‑704/23 P, del segundo motivo, de la primera parte del tercer motivo y de las partes primera a tercera del cuarto motivo formulados por el tercer recurrente en el asunto C‑711/23 P, de la cuarta parte del primer motivo, del segundo motivo, de la primera parte del tercer motivo y de la primera imputación de la segunda parte del cuarto motivo formulados por el cuarto recurrente en el asunto C‑35/24 P y del segundo motivo, de la primera parte del cuarto motivo y del séptimo motivo formulados por el quinto recurrente en el asunto C‑111/24 P.

89

Ha recordarse que, según establece, el criterio g), se inmovilizarán los fondos y recursos económicos que pertenezcan a «los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania».

90

El examen de los motivos, partes de motivos e imputaciones mencionados en el apartado 88 de la presente sentencia se dividirá a continuación en dos epígrafes, que tratan, respectivamente, de la interpretación de la expresión «que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia» y de la del adjetivo «principales», el cual califica a los empresarios a los que se refiere el criterio g).

91

Con carácter preliminar, procede subrayar que, aunque la segunda parte del segundo motivo invocado por el primer recurrente en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑696/23 P tiene por objeto criticar la interpretación de esta expresión realizada por el Tribunal General, su tratamiento requiere una apreciación de conjunto del criterio g), de modo que esta parte será examinada de manera diferenciada con posterioridad.

92

Mediante su segundo motivo en el asunto C‑711/23 P, el tercer recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar, en esencia, en los apartados 68 a 70 de la tercera sentencia recurrida, que los «ingresos sustanciales» facilitados al Gobierno de la Federación de Rusia debían proceder de «sectores económicos», mientras que, en realidad, a su juicio, deberían proceder de los «principales empresarios» a los que se refiere el criterio g). En este contexto, el tercer recurrente alega que siete versiones lingüísticas del criterio g), a saber, las versiones en lengua búlgara, danesa, estonia, letona, lituana, eslovena y finesa, indican claramente que los ingresos deben proceder de dichos empresarios. Afirma que, además, del considerando 11 de la Decisión 2022/329 y del considerando 5 del Reglamento de Ejecución 2022/427 se desprende que la intención del legislador de la Unión era dirigirse contra los principales empresarios que proporcionaran, por sí mismos, una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Por lo tanto, a su juicio, el Tribunal General no identificó correctamente el objetivo perseguido por el criterio g), de modo que la interpretación teleológica que dicho Tribunal realizó en los apartados 68 a 70 de la tercera sentencia recurrida es jurídicamente errónea.

93

En su escrito de réplica, el tercer recurrente expone que la interpretación que propone no reduciría al absurdo la parte del tenor del criterio g) según la cual los principales empresarios deben estar implicados en sectores económicos. A su juicio, esa precisión sirve para distinguir a los empresarios que desempeñan un papel continuo y activo en tales sectores de los que solo tienen un papel pasivo en ellos mediante la tenencia de participaciones importantes. Añade que dicha interpretación no supondría ningún solapamiento entre el criterio g) y otros criterios previstos en los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145 y en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014. Afirma que, en cualquier caso, siempre pueden existir solapamientos entre varios criterios de inclusión en las listas anexas a dichos actos de la Unión.

94

En el marco de la primera parte de su tercer motivo, el tercer recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar, en esencia, sobre todo en los apartados 69 y 70 de la tercera sentencia recurrida, que los ingresos sustanciales facilitados al Gobierno de la Federación de Rusia debían proceder únicamente de sectores económicos, mientras que, en realidad, debían proceder también de los principales empresarios. A ese respecto, el tercer recurrente se apoya de nuevo en el considerando 11 de la Decisión 2022/329 y en el considerando 5 del Reglamento de Ejecución 2022/427, al mismo tiempo que subraya que el Tribunal General incurrió en una incoherencia al no conceder ningún valor a dichos considerandos, mientras que sí se basó en varios considerandos más para motivar su razonamiento en otros apartados de la tercera sentencia recurrida. Añade que, habida cuenta de que el Tribunal General reconoció, en el apartado 109 de dicha sentencia, que el criterio g) marca requisitos relativos al comportamiento personal de las personas, entidades y organismos contra los que se dirige, solo la interpretación que propone a la luz de ambos considerandos permite tener en cuenta el comportamiento personal del empresario de que se trate, a saber, su contribución al sector económico en cuestión, debiendo precisarse que su principalidad en dicho sector económico no puede, como tal, considerarse un comportamiento personal.

95

El segundo motivo invocado por el cuarto recurrente en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑35/24 P se refiere a los apartados 56 y 57 de la cuarta sentencia recurrida y descansa sobre las mismas alegaciones expuestas por el tercer recurrente en apoyo del segundo motivo de su recurso de casación en el asunto C‑711/23 P, incluidas las que desarrolló en su escrito de réplica. El cuarto recurrente añade, no obstante, que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación al no proceder a analizar las diferentes versiones lingüísticas del criterio g).

96

En el marco de la primera parte de su tercer motivo, que se refiere sobre todo a los apartados 56 y 57 de la cuarta sentencia recurrida, en relación con el apartado 92 de dicha sentencia, el cuarto recurrente formula las mismas alegaciones expuestas por el tercer recurrente en apoyo de la primera parte del tercer motivo de su recurso de casación en el asunto C‑711/23 P.

97

El Consejo, apoyado por la República Checa, la República de Letonia y la Comisión en el asunto C‑35/24 P, rebate el fundamento de las alegaciones de los recurrentes tercero y cuarto.

98

El tercer recurrente, mediante su segundo motivo y mediante la primera parte de su tercer motivo, y el cuarto recurrente, mediante su segundo motivo y la primera parte de su tercer motivo, sostienen, en esencia, que de varias versiones lingüísticas del criterio g) y del contexto en el que se inscribe dicho criterio se desprende que el legislador de la Unión pretendió que la fuente sustancial de ingresos facilitada al Gobierno de la Federación de Rusia, en el sentido del citado criterio, procediera de los «principales empresarios» a los que se refiere el mismo criterio y no de «sectores económicos», como afirman que declaró erróneamente el Tribunal General en los apartados 69 y 70 de la tercera sentencia recurrida y en los apartados 56 y 57 de la cuarta sentencia recurrida, respectivamente. El cuarto recurrente alega, además, el incumplimiento de la obligación de motivación, por cuanto afirma que el Tribunal General no procedió a comparar las versiones lingüísticas del criterio g), olvidando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

99

A ese respecto, es preciso destacar que, conforme a reiterada jurisprudencia, para la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta no solo el tenor de esta, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck,292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 26 de abril de 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Duración máxima de los controles en las fronteras interiores), C‑368/20 y C‑369/20, EU:C:2022:298, apartado 56 y jurisprudencia citada]. El Tribunal de Justicia ha precisado que los actos de la Unión que establezcan medidas restrictivas deben interpretarse a la luz del contexto histórico en el que se inscriben las disposiciones adoptadas por la Unión y en las que se inscriben dichos actos (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2016, National Iranian Oil Company/Consejo,C‑440/14 P, EU:C:2016:128, apartado 78 y jurisprudencia citada).

100

Además, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de esta disposición; tampoco se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Este enfoque sería incompatible con la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho de la Unión, ya que sus disposiciones deben interpretarse y aplicarse de manera uniforme a la luz de las versiones redactadas en todas las lenguas de la Unión. En caso de divergencia entre versiones lingüísticas, la norma de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (véanse las sentencias de 25 de marzo de 2010, Helmut Müller,C‑451/08, EU:C:2010:168, apartado 38, y de 20 de noviembre de 2025, Lolach,C‑327/24, EU:C:2025:901, apartado 29).

101

Por otra parte, procede recordar que la motivación de una sentencia o de un auto del Tribunal General debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. Sin embargo, la obligación de motivación que se impone al Tribunal General no le obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes en el litigio y, por tanto, dicha motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (sentencia de 18 de enero de 2024, Jenkinson/Consejo y otros, C‑46/22 P, EU:C:2024:50, apartado 131 y jurisprudencia citada).

102

Por lo que respecta, en primer lugar, al incumplimiento de la obligación de motivación aducido por el cuarto recurrente, por cuanto afirma que el Tribunal General no procedió, en los apartados 56 y 57 de la cuarta sentencia recurrida, a un análisis de las diferentes versiones lingüísticas del criterio g), mientras que se había referido, en el apartado 52 de dicha sentencia, a una jurisprudencia análoga a la que se ha recordado en el apartado 99 de la presente sentencia, es preciso subrayar que las partes en primera instancia no invocaron la existencia de una divergencia entre las versiones lingüísticas de dicho criterio por lo que respecta a la cuestión del origen de la fuente sustancial de ingresos, de modo que el Tribunal General no estaba obligado a responder a tal alegación, no formulada en el caso de autos. De ello se deduce que dicho órgano jurisdiccional no incumplió su obligación de motivación.

103

En segundo lugar, por lo que atañe a las alegaciones de los recurrentes tercero y cuarto según las cuales la interpretación teleológica del criterio g) realizada por el Tribunal General, en los apartados 69 y 70 de la tercera sentencia recurrida y en los apartados 56 y 57 de la cuarta sentencia recurrida, es incorrecta por el hecho de los objetivos identificados por el Tribunal General entren en contradicción con el tenor de dicho criterio y con el contexto en el que este se inscribe, ha de comprobarse, a la luz de las reglas interpretativas que se recuerdan en los apartados 99 y 100 de la presente sentencia, si el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el criterio g) en el sentido de que la «fuente sustancial de ingresos» facilitada al Gobierno de la Federación de Rusia no debe proceder de «los principales empresarios», sino de «sectores económicos».

104

Por lo que atañe, en primer término, al tenor del criterio g), para determinar el origen de la fuente sustancial de ingresos facilitada al Gobierno de la Federación de Rusia, ha de examinarse, en función de las diferentes versiones lingüísticas de dicho criterio, cuál es el antecedente del pronombre relativo «que» en la expresión «que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia», o bien a qué término de dicho tenor se refiere la expresión «proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia».

105

Con carácter preliminar, es preciso subrayar que es pacífico entre las partes que la expresión «implicados en sectores económicos» se refiere a todo el grupo nominal «los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos». En estas circunstancias, la expresión «que proporcionen/proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia» puede referirse, bien al grupo nominal «los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos», bien únicamente al grupo nominal «sectores económicos».

106

A ese respecto, ha de señalarse que, contrariamente a lo que afirman los recurrentes tercero y cuarto, la expresión «que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia» solo puede referirse, en las versiones en lengua danesa, estonia, letona, lituana y finesa del criterio g), a los «sectores económicos». En efecto, los pronombres relativos «der» en danés, «mis» en estonio y «kas» en letón tienen necesariamente como antecedentes, en las lenguas respectivas, los términos o expresiones «økonomiske sektorer», «majandussektoritega» y «ekonomikas nozarēs» (sectores económicos). Del mismo modo, en lituano, la palabra «užtikrinančiais» (los cuales proporcionen) solo puede referirse al grupo nominal «ekonomikos sektoriais» (sectores económicos). En cuanto a la expresión «sellaisilla talouden aloilla, jotka» (en aquellos sectores económicos que), utilizada en finés, indica sin ambigüedad que son los sectores económicos los que deben proporcionar una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

107

En cambio, existe una ambigüedad, constatada por dichos recurrentes, en las versiones en lengua búlgara y eslovena, en la medida en que, respectivamente, los pronombres relativos «които» y «ki» (que) pueden referirse tanto a las expresiones «видни бизнесмени или юридически лица, образувания или органи y vodilni poslovneži ali pravne osebe, subjekti ali organi» (empresarios distinguidos/dominantes o personas jurídicas, entidades u organismos) como a las expresiones «икономически сектори» y «gospodarske sektorje» (sectores económicos). La misma ambigüedad aparece, además, en las versiones en lengua española, maltesa, rumana y eslovaca. En cuanto a las demás versiones lingüísticas del criterio g), incluidas las mencionadas en el apartado anterior, enuncian claramente que los ingresos deben proceder de sectores económicos.

108

De ello se deduce que seis de dichas versiones lingüísticas, a saber, las versiones en lengua búlgara, española, maltesa, rumana, eslovaca y eslovena, pueden leerse de las dos maneras que se contemplan en el apartado 105 de la presente sentencia, contrariamente a las otras dieciocho versiones, en las que la expresión «que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia» solo puede referirse al grupo nominal «sectores económicos».

109

De lo anterior resulta que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se ha recordado en el apartado 100 de la presente sentencia, el tenor del criterio g) puede interpretarse de manera uniforme en todas las lenguas de la Unión en el sentido de que la «fuente sustancial de ingresos» facilitada al Gobierno de la Federación de Rusia debe proceder de «sectores económicos». En estas circunstancias, no existe divergencia entre dichas versiones lingüísticas, de modo que procede desestimar la alegación de los recurrentes tercero y cuarto, según la cual la interpretación teleológica realizada por el Tribunal General en los apartados 69 y 70 de la tercera sentencia recurrida y en los apartados 56 y 57 de la cuarta sentencia recurrida entra en contradicción con el tenor del criterio g) en determinadas versiones lingüísticas.

110

Por lo que atañe, en segundo término, al contexto en el que se inscribe el criterio g), ha de señalarse, para comenzar, que, en el supuesto de que la fuente sustancial de ingresos que se facilita al Gobierno de la Federación de Rusia no debiera proceder de «sectores económicos» como tales, sino de «los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos», el alcance y el efecto útil del criterio g) quedarían anulados o, al menos, debilitados. En efecto, dicho criterio supondría entonces en gran medida, si no por completo, una duplicación del criterio establecido en el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Decisión 2014/145, añadiendo al mismo tiempo requisitos que no figuran en este último.

111

En efecto, la disposición que se acaba de mencionar establece que se deberán inmovilizar todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, en particular financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia.

112

Pues bien, resulta obligado observar que tal criterio ya permite imponer medidas restrictivas a personas físicas, incluidos, en su caso, los principales empresarios, y a personas jurídicas, entidades y organismos por el mero hecho de que apoyen financieramente al referido Gobierno, y ello sin que sea necesario comprobar, en primer lugar, si las personas físicas de que se trate tienen efectivamente la condición de ser uno de los «principales empresarios»; en segundo lugar, si dichas personas físicas o jurídicas, entidades y organismos están implicadas en algún sector de la economía rusa y, en tercer lugar, si debe calificarse a su apoyo financiero, aun suponiendo que deba revestir determinada importancia cuantitativa o cualitativa (véase, por analogía, la sentencia de 1 de marzo de 2016, National Iranian Oil Company/Consejo,C‑440/14 P, EU:C:2016:128, apartados 82 y 83), de «fuente sustancial de ingresos» para ese mismo Gobierno.

113

En estas circunstancias, la preservación del efecto útil del criterio g) respecto del criterio establecido en el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Decisión 2014/145 aboga en favor de una interpretación según la cual la fuente sustancial de ingresos facilitada al Gobierno de la Federación de Rusia debe provenir de «sectores económicos» de ese tercer país.

114

Por otra parte, es cierto que, como alegan los recurrentes tercero y cuarto, el considerando 11 de la Decisión 2022/329 y el considerando 5 del Reglamento de Ejecución 2022/427 precisan, en esencia, que los criterios de inclusión que sirven de base para la imposición de medidas restrictivas a causa de las acciones de desestabilización de Ucrania realizadas por la Federación de Rusia se han modificado, a raíz de la invasión de Ucrania por ese tercer país, para incluir, respectivamente, a «personas y entidades que […] proporcionan fuentes de ingresos sustanciales [al Gobierno de la Federación de Rusia]» y a «personas y entidades que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia», fórmulas que hacen referencia al criterio g).

115

No obstante, según reiterada jurisprudencia, si bien el preámbulo de un acto de la Unión puede precisar el contenido de las disposiciones de dicho acto, en la medida en que constituye importantes elementos interpretativos que pueden arrojar luz sobre la voluntad del autor de dicho acto, dicho preámbulo no tiene un valor jurídico vinculante y no puede ser invocado ni para establecer excepciones a las propias disposiciones del acto de que se trate ni para interpretarlas en un sentido manifiestamente contrario a su tenor literal (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Puppinck y otros/Comisión, C‑418/18 P, EU:C:2019:1113, apartados 75 y 76 y jurisprudencia citada).

116

Pues bien, como se ha indicado en el apartado 109 de la presente sentencia, las diferentes versiones lingüísticas del criterio g) no presentan divergencias entre ellas, en la medida en que de una lectura común de todas resulta que la «fuente sustancial de ingresos» facilitada al Gobierno de la Federación de Rusia debe proceder de «sectores económicos» de ese tercer país. Por consiguiente, dado que los términos de los considerandos mencionados en el apartado 114 de la presente sentencia contradicen el tenor de dicho criterio, el Tribunal General declaró acertadamente, en esencia, en el apartado 57 de la cuarta sentencia recurrida, que los referidos considerandos no resultaban concluyentes a efectos del análisis contextual del referido criterio, análisis que debía identificar el origen de la fuente de dichos ingresos.

117

Por lo que atañe, en tercer término, al objetivo perseguido por el criterio g) y por la normativa de la que dicho criterio forma parte, así como al contexto histórico en el que ambos se inscriben, ha de recordarse que fue por las acciones de la Federación de Rusia en Crimea en 2014 por lo que la Unión adoptó, en particular mediante la Decisión 2014/145 y el Reglamento n.o 269/2014, actos dirigidos a responder, mediante medidas restrictivas, a dichas acciones y, más ampliamente, a las acciones de desestabilización del este de Ucrania y, posteriormente, de agresión contra toda Ucrania por parte de la Federación de Rusia.

118

En ese contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado que las medidas restrictivas individuales y sectoriales tomadas desde 2014 tenían como objetivo, en particular, aumentar el coste de las acciones de la Federación de Rusia por menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, apartados 104 y 123, y de 25 de junio de 2020, VTB Bank/Consejo,C‑729/18 P, EU:C:2020:499, apartado 59).

119

Habida cuenta de la persistencia y del alcance cada vez mayor de dichas acciones, la Unión ha reforzado gradualmente ese régimen de sanciones. De ese modo, ha añadido, en particular, más criterios al criterio único de inclusión que figuraba en la versión inicial de dichos actos, a saber, el criterio de las personas físicas responsables de acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos asociados a ellas. El legislador de la Unión también ha ido ampliando progresivamente el alcance de determinados criterios preexistentes, para poder imponer medidas restrictivas a un círculo cada vez más amplio de personas, entidades u organismos (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo,C‑271/24 P, EU:C:2025:180, apartado 8).

120

Como se desprende de los apartados 11 y 12 de la presente sentencia, el criterio g) fue introducido, como criterio inédito de inclusión, al día siguiente de la invasión de Ucrania por las fuerzas armadas de la Federación de Rusia, invasión calificada, según los considerandos 9 y 10 de la Decisión 2022/329, de ilegal a la luz del Derecho internacional tanto por el Consejo como por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

121

Habida cuenta de la extrema gravedad de dicha invasión y del hecho de que el Consejo hubiera afirmado un mes antes, como se desprende del considerando 5 de la referida Decisión, que cualquier nueva agresión por parte de la Federación de Rusia contra Ucrania hallaría una respuesta de enormes consecuencias en términos, en particular, de costes en forma de medidas restrictivas, tanto sectoriales como individuales, ha de considerarse que el Consejo pretendió, mediante la adopción de dicho criterio, ejercer, como declaró el Tribunal General, en esencia, en el apartado 68 de la tercera sentencia recurrida y en el apartado 55 de la cuarta sentencia recurrida, una presión adicional sobre la Federación de Rusia y aumentar el coste para esta de sus acciones por menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, a fin de que renunciara a su agresión militar contra Ucrania y, de manera más general, a sus acciones y políticas que desestabilizan ese tercer país.

122

Tal como indicó la Abogada General en el punto 63 de sus conclusiones presentadas en el asunto C‑711/23 P y en el punto 60 de sus conclusiones presentadas en el asunto C‑35/24 P, el criterio g) no podría contribuir de manera tan efectiva a alcanzar dichos objetivos si debiera interpretarse en el sentido de que solo pueden imponerse medidas restrictivas a los principales empresarios, personas jurídicas, entidades y organismos que proporcionen, por sí mismos, una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

123

Por el contrario, la posibilidad de imponer medidas restrictivas frente a todos los principales empresarios, personas jurídicas, entidades y organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, con independencia de que aquellos proporcionen, por sí mismos, tal fuente de ingresos a dicho Gobierno, puede reforzar la capacidad de la Unión para ejercer presión sobre él, en particular al obstaculizar el funcionamiento de los sectores económicos de que se trate y acarrear así el debilitamiento de las fuentes de ingresos que dichos sectores facilitan a ese mismo Gobierno.

124

Máxime será así cuando, en el contexto de una agresión no provocada contra un Estado independiente, en violación del Derecho internacional, la economía del país agresor se transforma o puede transformarse en una economía de guerra. En estas circunstancias, procede considerar que el criterio g) tiene por objeto, como expuso la Abogada General, en esencia, en el punto 62 de sus conclusiones presentadas en el asunto C‑711/23 P y en el punto 59 de sus conclusiones presentadas en el asunto C‑35/24 P, mermar las principales fuentes de ingresos del Gobierno de dicho país agresor y, de ese modo, afectar a la financiación de la agresión contra Ucrania, al inmovilizar, en particular, los fondos y recursos económicos de personas, entidades u organismos implicados en una actividad en sectores económicos que le resultan lucrativos a dicho Gobierno y que, mediante dicha actividad, pueden contribuir, como es el caso de los principales empresarios, al mantenimiento de la rentabilidad, cuando no a la prosperidad, de dichos sectores.

125

De las consideraciones expuestas en los apartados 104 a 124 de la presente sentencia se desprende que, contrariamente a lo que afirman los recurrentes tercero y cuarto, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho, ni en los apartados 69 y 70 de la tercera sentencia recurrida ni en los apartados 56 y 57 de la cuarta sentencia recurrida, al considerar que el criterio g) debía interpretarse en el sentido de que no son los principales empresarios, sino los «sectores económicos», los que deben facilitar al Gobierno de la Federación de Rusia una fuente sustancial de ingresos.

126

En tercer lugar, por lo que atañe a la alegación de los recurrentes tercero y cuarto según la cual del Derecho primario de la Unión resulta que criterios de inclusión como el criterio g) deben referirse a un «comportamiento personal» de las personas y entidades afectadas, procede observar que, en primera instancia, los recurrentes tercero y cuarto no formularon dicha alegación en relación con la interpretación del criterio g), sino en relación con la excepción de ilegalidad de dicho criterio. Además, lo reiteran en la fase de casación, en el marco de la segunda parte de sus motivos terceros respectivos, para criticar la desestimación, por parte del Tribunal General, de dicha excepción. En estas circunstancias, la citada alegación se examinará al analizar dicha segunda parte.

127

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar el segundo motivo y la primera parte del tercer motivo en el asunto C‑711/23 P y el segundo motivo y la primera parte del tercer motivo en el asunto C‑35/24 P.

128

Mediante la segunda imputación de la segunda parte de su primer motivo en el asunto C‑704/23 P, el segundo recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en el apartado 105 de la segunda sentencia recurrida, en la interpretación que realizó del término «sustancial», en el sentido del criterio g). En su opinión, el Tribunal General erró al definir este término como «no desdeñable», apartándose así de su sentido ordinario. Además, afirma que el Tribunal General no procedió a fijar umbrales numéricos a partir de los cuales pudiera considerarse que los ingresos revisten un carácter sustancial. Añade que tampoco precisó cuál es el elemento de comparación, como, por ejemplo, los ingresos globales de que dispone el Gobierno de la Federación de Rusia, en relación con el cual podría acreditarse dicho carácter.

129

Mediante la primera parte del cuarto motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑711/23 P, el tercer recurrente considera que la interpretación realizada por el Tribunal General, en el apartado 98 de la tercera sentencia recurrida, del concepto de «ingresos», en el sentido del criterio g), a saber, «la totalidad de los ingresos generados por el sector de actividades» de que se trate, es demasiado amplia y sobrepasa de manera inaceptable el sentido ordinario de este concepto. Según dicho recurrente, las fuentes de ingresos solo deben cubrir las fuentes pecuniarias reales de las que se beneficia directamente el presupuesto de la Federación de Rusia.

130

Por otra parte, el tercer recurrente alega, en el marco de la segunda parte de su cuarto motivo, que dicha interpretación del concepto de «ingresos» no está suficientemente motivada. En particular, afirma que el Tribunal General no procedió a precisar en qué deben consistir los ingresos, quién debe ser considerado beneficiario de dichos ingresos o qué tipos de ingresos debe considerarse que recauda el Gobierno de la Federación de Rusia.

131

Mediante la tercera parte de su cuarto motivo, el tercer recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al asimilar, en el apartado 87 de la tercera sentencia recurrida, el término «sustancial» a la expresión «no desdeñable». Afirma que, en efecto, entre dicho término y dicha expresión existe una diferencia semántica importante, en la medida en que el término «sustancial» significa «de gran tamaño, valor o importancia», mientras que la expresión «no desdeñable» se refiere a lo que «no es demasiado pequeño como para poder ser importante». Además, aduce que, dado que el término «sustancial» es un concepto relativo, el Tribunal General, para evaluar el carácter sustancial de la fuente de ingresos facilitada por el sector económico de que se trate, debería haber tomado como referencia los ingresos globales del Gobierno de la Federación de Rusia, cosa que no procedió a hacer.

132

En el asunto C‑35/124 P, las alegaciones formuladas por el cuarto recurrente en el marco de la primera imputación de la segunda parte de su cuarto motivo y relativas a los apartados 75 y 79 de la cuarta sentencia recurrida se corresponden con las planteadas por el tercer recurrente en apoyo de la tercera parte del cuarto motivo de su recurso de casación, expuestas en el apartado anterior.

133

Mediante el séptimo motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑111/24 P, el quinto recurrente imputa al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar, en el apartado 108 de la quinta sentencia recurrida, que el carácter sustancial de la fuente de ingresos contemplada en el criterio g) no debe apreciarse en relación con el presupuesto global del Gobierno de la Federación de Rusia. Afirma que, en efecto, el término «sustancial» es un concepto relativo que requiere que la fuente de ingresos de que se trate se compare con los ingresos globales de dicho Gobierno. Aduce que ello es tanto más cierto cuanto que no podría ejercerse presión alguna sobre dicho Gobierno si el sector en cuestión solo representara para él una fuente irrisoria de ingresos.

134

El Consejo, apoyado por la República Checa, la República de Letonia y la Comisión en el asunto C‑35/24 P, rebate el fundamento de las alegaciones de los recurrentes segundo a quinto.

135

En primer lugar, los recurrentes segundo a cuarto sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al definir, en el apartado 105 de la segunda sentencia recurrida, en el apartado 87 de la tercera sentencia recurrida y en el apartado 75 de la cuarta sentencia recurrida, al término «sustancial» como sinónimo la expresión «no desdeñable».

136

A ese respecto, ha de señalarse que, en todos esos apartados de dichas sentencias, el Tribunal General declaró que el empleo del adjetivo calificativo «sustancial», que figura en el grupo nominal «fuente sustancial de ingresos», implicaba que «dicha fuente de ingresos debe ser significativa y, por tanto, no desdeñable». Dicha precisión del alcance del término «sustancial», en el sentido del criterio g), no es merecedora de censura por cuanto, a tal efecto, el Tribunal General recurriera a dos sinónimos de dicho término, a saber, el adjetivo «significativo» y el adjetivo compuesto «no desdeñable». En efecto, este último, en el lenguaje corriente tanto en lengua francesa («non négligeable»), que es la lengua de procedimiento en el asunto que dio lugar a la segunda sentencia recurrida, como en lengua inglesa («not negligible»), que es la lengua de procedimiento en los asuntos que dieron lugar a las sentencias recurridas tercera y cuarta, se utiliza para designar, en particular, una cantidad significativa.

137

En segundo lugar, los recurrentes segundo a quinto consideran que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en el apartado 105 de la segunda sentencia recurrida, en el apartado 87 de la tercera sentencia recurrida, en los apartados 75 y 79 de la cuarta sentencia recurrida y en el apartado 108 de la quinta sentencia recurrida, al no proceder a poner los ingresos generados por los sectores económicos en cuestión en relación con los ingresos globales del Gobierno de la Federación de Rusia para determinar su carácter sustancial, mientras que, en realidad, tal carácter es un concepto relativo que requiere un elemento de comparación.

138

A ese respecto, si bien es cierto que el carácter sustancial de una cantidad puede apreciarse de manera relativa, es decir, en relación con una cantidad de referencia, tal carácter también puede apreciarse de manera absoluta. Tal puede ser el caso de los ingresos facilitados al gobierno de un Estado por un sector de su economía. En efecto, es posible considerar que un sector económico facilita a ese gobierno una cantidad sustancial de ingresos, con independencia del porcentaje que representen en relación con los ingresos globales de dicho gobierno, de modo que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al no proceder a efectuar tal comparación.

139

En tercer lugar, el tercer recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General, en el apartado 98 de la tercera sentencia recurrida, adoptó una interpretación demasiado extensiva y general del concepto de «ingresos», en el sentido del criterio g), al incluir en él, sin ninguna precisión, «la totalidad de los ingresos generados por el sector de actividades» de que se trate.

140

A ese respecto, basta con señalar que el concepto de «ingresos» engloba necesariamente, habida cuenta de su sentido ordinario en el lenguaje corriente, mencionado por el propio tercer recurrente en su recurso de casación, la totalidad de los recursos financieros que el sector económico de que se trate proporcione al Gobierno de la Federación de Rusia como entidad pública, de los que forman parte, como indicó a modo de ejemplo el Tribunal General en el apartado 98 de la tercera sentencia recurrida, los impuestos procedentes de dicho sector.

141

En cuanto al hecho de que dicho apartado no contenga ninguna indicación más precisa del citado concepto, de modo que la argumentación del Tribunal General adoleciera de insuficiencia de motivación, basta con observar que, en el apartado 98 de la tercera sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la alegación mediante la cual el tercer recurrente argüía que el pago de impuestos no equivalía a un apoyo al régimen. En estas circunstancias, el Tribunal General no pretendió definir, en dicho apartado, el concepto de «ingresos». Se ciñó a explicar que el criterio g) no se refería al pago de impuestos por dicho recurrente o por la empresa en la que ejercía su actividad, sino, entre otros, a los impuestos generados por el sector económico de que se tratara. Por consiguiente, no cabe considerar que el Tribunal General incumpliera su obligación de motivación.

142

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar la segunda imputación de la segunda parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P, las tres primeras partes del cuarto motivo en el asunto C‑711/23 P, la primera imputación de la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑35/24 P y el séptimo motivo en el asunto C‑111/24 P.

143

La presente subsección tratará del primer motivo en el asunto C‑696/23 P, de las imputaciones primera y segunda de la primera parte del primer motivo y de la tercera parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P, de la cuarta parte del primer motivo en el asunto C‑35/24 P y del segundo motivo y de la primera parte del cuarto motivo en el asunto C‑111/24 P.

144

En el asunto C‑696/23 P, mediante su primer motivo, que se divide en tres partes, el primer recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar que podía entenderse válidamente que era uno de los «principales empresarios», en el sentido del criterio g).

145

Mediante la primera parte de su primer motivo, el primer recurrente alega que el Tribunal General, en particular en los apartados 51 y 63 de la primera sentencia recurrida, consideró erróneamente que el Consejo había podido, válidamente, aplicarle el criterio g) y entender que él era uno de los «principales empresarios» en función únicamente de los cargos que ocupaba en TMK y en el Grupo Sinara, con independencia de la principalidad que él tuviera, a título personal, para el Gobierno de la Federación de Rusia o de la influencia que ejerciera sobre dicho Gobierno. Según el primer recurrente, el hecho de que, para responder al criterio g), los empresarios de que se trata deban presentar tal principalidad o influencia resulta de la interpretación literal, contextual y teleológica de dicho criterio. Afirma que, por otra parte, el propio Tribunal General lo confirmó en los apartados 79 a 81 de la segunda sentencia recurrida, dictada el mismo día que la primera sentencia recurrida, y en los apartados 66 y 68 de la tercera sentencia recurrida, dictada una semana después de la primera sentencia recurrida. Aduce que, en consecuencia, el Tribunal General interpretó erróneamente, en la primera sentencia recurrida y en contradicción con las sentencias recurridas segunda y tercera, el concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g), cuando consideró que tal principalidad se limita al ámbito económico, mientras que, en realidad, dicho criterio exige que se tenga también en cuenta el ámbito político.

146

Mediante la segunda parte de su primer motivo, el primer recurrente considera que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 65 de la primera sentencia recurrida, en relación con sus apartados 51 y 63, que los cargos que él ejercía en TMK y en el Grupo Sinara permitían, por sí solos, entender que era uno de los «principales empresarios», en el sentido del criterio g). Afirma que, en efecto, el Tribunal General debería haber comprobado si, en la fecha de adopción de la Decisión y del Reglamento controvertidos, él tenía principalidad o una influencia real con respecto al Gobierno de la Federación de Rusia y si ejercía control sobre dicha sociedad y dicho Grupo. Arguye que, en particular, el Tribunal General no procedió a tener en cuenta la situación particular en la que él se encontraba, a saber, que, el último día en el que ejerció sus cargos en TMK y en el Grupo Sinara, es decir, el 9 de marzo de 2022, que es también la fecha en la que se adoptaron la Decisión y el Reglamento controvertidos, ya no ejercía control ni influencia sobre dichas sociedades.

147

En el marco de la tercera parte de su primer motivo, el primer recurrente sostiene que, en el apartado 63 de la primera sentencia recurrida, el Tribunal General erró al no proceder a comprobar si él había cedido, unos días antes de la adopción de la Decisión y del Reglamento controvertidos, las acciones que ostentaba en TMK y en el Grupo Sinara, mientras que, en realidad, tal comprobación habría permitido al Tribunal General constatar que, pese al mantenimiento de sus cargos hasta el 9 de marzo de 2022 en dicha sociedad y en dicho Grupo, ya no tenía influencia alguna sobre esas sociedades y aún menos sobre el Gobierno de la Federación de Rusia.

148

Mediante las imputaciones primera y segunda de la primera parte del primer motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑704/23 P, el segundo recurrente reprocha, en esencia, al Tribunal General haber violentado el concepto de «principales empresarios», en el sentido del criterio g). Afirma que, en efecto, en primer término, la definición de dicho concepto dada por el Tribunal General en el apartado 80 de la segunda sentencia recurrida es contraria al principio de seguridad jurídica, por cuanto no es clara ni precisa.

149

Afirma que, en segundo término, en los apartados 88 y 90 de la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General, para considerar que se había podido entender válidamente que él era uno de los «principales» empresarios, en el sentido del criterio g), adoptó un criterio que no había enunciado en la definición del concepto de «principalidad» dada en el apartado 80 de dicha sentencia, a saber, la importancia económica de Yandex, la sociedad en la que él ejercía su actividad. Arguye que, además, el Tribunal General adoptó, en el apartado 89 de la referida sentencia, un elemento de hecho carente de pertinencia respecto de dicha definición, a saber, el hecho de que él hubiera participado en una reunión el 24 de febrero de 2022 con el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin.

150

Mediante la tercera parte de su primer motivo, el segundo recurrente alega que el Tribunal General infringió las normas sobre carga y aportación de la prueba al no proceder a comprobar si, como el propio Tribunal General había indicado en el apartado 79 de la segunda sentencia recurrida, un empresario como él tenía algún tipo de influencia sobre el Gobierno de la Federación de Rusia y era capaz de presionar a dicho Gobierno para que modificara su política.

151

En el asunto C‑35/24 P, el cuarto recurrente, mediante la cuarta parte de su primer motivo, imputa al Tribunal General haber basado, en el apartado 54 de la cuarta sentencia recurrida, su interpretación del concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g), en la presunción de que una persona sujeta a medidas restrictivas adoptadas sobre la base de dicho criterio tiene capacidad de influir en el Gobierno de la Federación de Rusia, con independencia de que no exista prueba alguna de una vinculación entre dicha persona y dicho Gobierno. Afirma que dicho error de Derecho tuvo el efecto de invertir la carga de la prueba y tuvo asimismo consecuencias en el análisis efectuado por el Tribunal General en el apartado 75 de la cuarta sentencia recurrida.

152

Mediante el segundo motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑111/24 P, el quinto recurrente reprocha, en esencia, al Tribunal General haber violentado el concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g). Afirma que, en efecto, en primer término, el Tribunal General no procedió, en el apartado 92 de la quinta sentencia recurrida, a un análisis de las diferentes versiones lingüísticas del criterio g), mientras que, en realidad, como él había alegado en primera instancia, algunas de esas versiones utilizan el término «influyente» y otras el término «principal». Arguye que, así pues, el Tribunal General asimiló erróneamente el concepto de «influencia» al de «principalidad».

153

Afirma que, en segundo término, el análisis teleológico llevado a cabo por el Tribunal General es erróneo, en la medida en que dicho órgano jurisdiccional identificó, en los apartados 52 y 89 de la quinta sentencia recurrida, el objetivo de las medidas restrictivas resultantes de los actos controvertidos iniciales y de los primeros actos controvertidos de mantenimiento a la luz de sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General que no tocan a medidas restrictivas individuales, como en el caso de autos, sino a medidas restrictivas sectoriales. Según el quinto recurrente, el objetivo de los actos controvertidos, al establecer medidas restrictivas individuales basadas en el artículo 215 TFUE, apartado 2, es presionar a determinadas personas para que enmienden su comportamiento. Arguye que, en estas circunstancias, el criterio g) no debe interpretarse en el sentido de que recae sobre todos los «principales» empresarios, sino únicamente sobre los empresarios literalmente «influyentes», es decir, aquellos que tienen capacidad de influir en el Gobierno de la Federación de Rusia.

154

Mediante la primera parte de su cuarto motivo en el asunto C‑111/24 P, el quinto recurrente sostiene que el Tribunal General violó el principio de seguridad jurídica al realizar, en el apartado 91 de la quinta sentencia recurrida, una definición demasiado amplia del concepto de «principalidad». Afirma que, en efecto, dicha definición, al referirse a cualquiera de los principales empresarios implicados en un sector económico determinado, no permite a las personas sancionadas comprender qué comportamiento se supone que deben adoptar para presionar al Gobierno de la Federación de Rusia y hacer que se levanten las medidas restrictivas de que son objeto. Arguye que, así pues, el Tribunal General debería haber interpretado el concepto de «principalidad» en el sentido de aquella influencia que tiene un empresario sobre dicho Gobierno para inducirle a modificar sus acciones y su política respecto de Ucrania.

155

El Consejo, apoyado por la República Checa, la República de Letonia y la Comisión en el asunto C‑35/24 P, rebate el fundamento de las alegaciones de los recurrentes primero, segundo, cuarto y quinto.

156

En el asunto C‑696/23 P, el Consejo, sin proponer formalmente la inadmisibilidad del primer motivo que invoca el primer recurrente en apoyo de su recurso de casación, alega, en primer término, que dicho recurrente no indica claramente, en apoyo de la primera parte de dicho motivo, los apartados de la primera sentencia recurrida que pretende criticar ni por qué razones estima que dichos apartados contienen un error de Derecho. En segundo término, dicha institución señala que es singular, en el marco de dicha primera parte, reprochar al Tribunal General no seguir la jurisprudencia que había desarrollado en la tercera sentencia recurrida, dictada con posterioridad a la primera sentencia recurrida. En tercer término, el Consejo estima que, mediante la mayoría de alegaciones que invoca en apoyo de las tres partes del primer motivo, el primer recurrente busca que el Tribunal de Justicia proceda a una nueva apreciación de los hechos, para lo cual el Tribunal de Justicia no es competente en el marco de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de los hechos, que no se ha aducido en el caso de autos.

157

Del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate, y que corresponde al Tribunal de Justicia, si es preciso de oficio, comprobar si se cumple ese requisito de la precisión (sentencia de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo,C‑271/24 P, EU:C:2025:180, apartado 33 y jurisprudencia citada).

158

Además, procede recordar que, en virtud del artículo 256 TFUE y del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho y el Tribunal General es el único competente, por un lado, para determinar los hechos, excepto en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otro lado, para apreciar estos hechos. Salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba aportados ante el Tribunal de General, dicha apreciación no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. Una vez que el Tribunal General ha determinado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, en virtud del artículo 256 TFUE, un control sobre la calificación jurídica de esos hechos y las consecuencias jurídicas que el Tribunal General haya deducido de los mismos (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de marzo de 2021, Deutsche Telekom/Comisión,C‑152/19 P, EU:C:2021:238, apartado 110, y de 26 de septiembre de 2024, JCDecaux Street Furniture Belgium/Comisión,C‑710/22 P, EU:C:2024:787, apartado 28 y jurisprudencia citada).

159

En el caso de autos, ha de señalarse, en primer lugar, que, contrariamente a lo que alega el Consejo, el primer recurrente, en el marco de la primera parte de su primer motivo, indicó cuáles eran los apartados precisos de la primera sentencia recurrida que pretendía criticar, a saber, sus apartados 45, 51 y 63, y que explicó con la claridad y la precisión requeridas que el alcance adoptado, en dichos apartados, del concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g), no se ve corroborado, a su juicio, por una interpretación literal, contextual y teleológica de dicho criterio, como también se deriva, a su juicio, de los fundamentos expuestos por el Tribunal General en las sentencias recurridas segunda y tercera.

160

En segundo lugar, es cierto que, en los apartados 45 a 51, 63 y 65 de la primera sentencia recurrida, a los que se refieren las tres partes del primer motivo, el Tribunal General examinó, respectivamente, en primer término, si el motivo invocado por el Consejo para adoptar medidas restrictivas contra el primer recurrente en virtud del criterio g) venía sustentado por hechos; en segundo término, si el Consejo había incurrido en un error de apreciación al no tener en cuenta, a fin de concluir que dicho recurrente era uno de los «principales empresarios», un elemento de hecho, a saber, la supuesta cesión de sus acciones unos días antes de la fecha de adopción de la Decisión y del Reglamento controvertidos, y, en tercer término, si había de tenerse en cuenta, a efectos de entender que dicho recurrente era uno de los «principales empresarios», otro elemento de hecho, a saber, la supuesta falta de control ejercido por ese mismo recurrente sobre la sociedad y el grupo en los que aún estaba implicado en dicha fecha.

161

Ello obstante, procede señalar, a la luz, en particular, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mencionada en el apartado 158 de la presente sentencia, que el primer recurrente no pretende, mediante las tres partes de su primer motivo, cuestionar la determinación y apreciación de los elementos de hecho realizadas por el Tribunal General en los apartados 45 a 51 de la primera sentencia recurrida, ya que, por otra parte, dicho órgano jurisdiccional no efectuó tal determinación ni apreciación en los apartados 63 y 65 de dicha sentencia. Por el contrario, considera, en esencia, que, en los apartados 51, 63 y 65 de la primera sentencia recurrida, el Tribunal General declaró erróneamente que podía entenderse válidamente que él era uno de los «principales empresarios», en el sentido del criterio g), en función únicamente de los cargos que ocupaba en TMK y en el Grupo Sinara, con independencia de si había cedido sus acciones en dicha sociedad o en dicho Grupo o de si todavía ejercía control sobre ellos en la fecha de adopción de la Decisión y del Reglamento controvertidos. El primer recurrente considera que, mediante tal razonamiento, el Tribunal General adoptó una acepción puramente económica del concepto de «principalidad», mientras que, en realidad, como él había alegado en su demanda en primera instancia, este concepto implica principalidad o influencia frente al Gobierno de la Federación de Rusia.

162

Por consiguiente, las críticas del primer recurrente recaen sobre la calificación jurídica de los hechos efectuada por el Tribunal General como elementos que justifican la aplicación de las medidas restrictivas adoptadas contra él (véase, por analogía, la sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba,C‑417/11 P, EU:C:2012:718, apartado 60), lo cual, de conformidad con la jurisprudencia que se recuerda en el apartado 158 de la presente sentencia, es competencia del Tribunal de Justicia. En la medida en que dichas críticas también recaen sobre la interpretación que el Tribunal General realizó implícitamente, en dicho marco, del concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g), ha de recordarse que la cuestión de si el Tribunal General interpretó erróneamente una disposición de un acto de la Unión es una cuestión de Derecho que puede estar sujeta al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2000, Sarrió/Comisión,C‑291/98 P, EU:C:2000:631, apartado 35).

163

En tercer lugar, cuando, en el marco de un recurso de casación, un recurrente reprocha al Tribunal General no haber realizado, en la sentencia recurrida, la misma interpretación de una disposición de un acto de la Unión que la que realizó en otra sentencia dictada el mismo día, o incluso en una sentencia posterior, tal imputación no puede declararse inadmisible. En caso contrario, se estaría privando indebidamente al recurrente de la posibilidad de señalar una eventual contradicción o incoherencia en la interpretación de tal disposición por el Tribunal General, mientras que, en realidad, la cuestión de si dicho órgano jurisdiccional ha interpretado de manera correcta y uniforme el Derecho de la Unión a la luz de su propia jurisprudencia es una cuestión de Derecho que es competencia del Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2018, Philips y Philips France/Comisión, C‑98/17 P, EU:C:2018:774, apartados 82 a 85).

164

En estas circunstancias, procede considerar que el primer motivo que invoca el primer recurrente en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑696/23 P es admisible en su totalidad.

165

En la medida en que presentan conexidad entre ellas, las alegaciones de los recurrentes primero, segundo y cuarto se examinarán conjuntamente a continuación, mientras que las que son propias de cada uno de dichos recurrentes serán objeto, en su caso, de un examen separado.

166

En primer término, procede observar que el primer recurrente hace una lectura errónea de las sentencias recurridas segunda y tercera, al igual que el segundo recurrente hace una lectura errónea de la segunda sentencia recurrida y, el cuarto recurrente, de la cuarta sentencia recurrida. En efecto, ni en los apartados 79 a 81 de la segunda sentencia recurrida ni en los apartados 66 y 68 de la tercera sentencia recurrida ni tampoco en el apartado 54 de la cuarta sentencia recurrida consideró o presumió el Tribunal General que los «principales empresarios», en el sentido del criterio g), debieran tener una vinculación personal con el Gobierno de la Federación de Rusia, por cuanto debieran estar investidos, específicamente, de principalidad para dicho Gobierno o tener capacidad de ejercer influencia o una presión notable sobre él.

167

Para comenzar, en el apartado 79 de la segunda sentencia recurrida, al que se refieren tanto el primer recurrente como el segundo, en el apartado 66 de la tercera sentencia recurrida, al que se refiere el primer recurrente, y en el apartado 54 de la cuarta sentencia recurrida, al que se refiere el cuarto recurrente, el Tribunal General declaró que el criterio g) únicamente preveía la existencia de una vinculación entre, por un lado, el Gobierno de la Federación de Rusia y, por otro, no los principales empresarios, sino los sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos a dicho Gobierno. Además, el Tribunal General consideró que dicho criterio pretendía únicamente aprovechar la influencia que la categoría de personas constituida por dichos empresarios estaba «en condiciones» de ejercer sobre el régimen ruso, «empujando» a dichas personas a presionar al citado Gobierno para que este modificara su política, formulación que indica claramente que el Tribunal General no concluyó que los principales empresarios debieran tener una vinculación personal con ese mismo Gobierno ni la capacidad efectiva de ejercer presión sobre él.

168

A continuación, en el apartado 80 de la segunda sentencia recurrida, al que se refiere el primer recurrente, el Tribunal General declaró que el concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g), comprendía la importancia que los empresarios pudieran tener en el plano económico en función, según el caso, de sus situaciones profesionales, de la importancia de sus actividades económicas, de la magnitud de sus titularidades de capital societario o de los cargos que ocupan en una o varias empresas en las que ejercen dichas actividades, y ello con independencia de la vinculación que esos empresarios puedan mantener con el Gobierno de la Federación de Rusia.

169

Por último, en el apartado 81 de la segunda sentencia recurrida y en el apartado 68 de la tercera sentencia recurrida, a los que se refiere el primer recurrente, el Tribunal General consideró que tal interpretación de dicho concepto, que hacía abstracción de cualquier forma de vinculación que los empresarios estuvieran en condiciones de mantener con dicho Gobierno, se veía corroborada por el objetivo de las medidas restrictivas en cuestión, a saber, presionar al citado Gobierno y aumentar el coste de las acciones de la Federación de Rusia contra Ucrania.

170

Por lo tanto, procede declarar que el Tribunal General no aplicó ninguna presunción con relación a tal capacidad ni invirtió la carga de la prueba. Del mismo modo, el Tribunal General no consideró, en los apartados 79 a 81 de la segunda sentencia recurrida ni en los apartados 66 y 68 de la tercera sentencia recurrida, que los «principales empresarios», en el sentido del criterio g), debieran tener una vinculación personal con el Gobierno de la Federación de Rusia, por cuanto debieran estar investidos, específicamente, de principalidad para dicho Gobierno o ejercer una influencia real sobre él. En estas circunstancias, procede desestimar las alegaciones de los recurrentes segundo y cuarto.

171

Ello no obstante, ha de comprobarse, en segundo término, si, con independencia de las consideraciones expuestas por el Tribunal General en las sentencias recurridas segunda y tercera, este percibió correctamente, en la primera sentencia recurrida, el concepto de «principalidad», en el sentido de dicho criterio, por cuanto consideró, en esencia, en los apartados 51, 63 y 65 de dicha sentencia, que podía entenderse que una persona como el primer recurrente era uno de los «principales empresarios» en función únicamente de los cargos que ocupaba en la economía rusa, con independencia de la existencia de una vinculación entre ella y el Gobierno de la Federación de Rusia.

172

En ese contexto, ha de comprobarse, de conformidad con las reglas interpretativas de disposiciones del Derecho de la Unión que se recuerdan en los apartados 99 y 100 de la presente sentencia, si la interpretación del concepto de «principalidad» así realizada por el Tribunal General en la primera sentencia recurrida adolece de error de Derecho.

173

Por lo que atañe al término «principal», parece que todas las versiones lingüísticas del criterio g) utilizan términos cuyo significado es comparable, por cuanto reflejan la idea de que el empresario debe ser importante, de primer orden o destacado. En efecto, dichas versiones disponen que los empresarios sean «distinguidos» («видни» en lengua búlgara), «importantes» («principales» en lengua española e «importanţi» en lengua rumana), «de primer orden» («předních» en lengua checa, «fremtrædende» en lengua danesa, «führende» en lengua alemana, «leading» en lengua inglesa, «príomhdhaoine» en lengua irlandesa, «vodeće» en lengua croata, «vezető» en lengua húngara, «vooraanstaande» en lengua neerlandesa, «wiodących» en lengua polaca,«propredných» en lengua eslovaca, «johtavat» en lengua finesa y «ledande» en lengua sueca), «destacados» («juhtivad» en lengua estonia, «εξέχοντες» en lengua griega, «di spicco» en lengua italiana y «proeminentes» en lengua portuguesa), «influyentes» («influents» en lengua francesa, al igual que «ietekmīgi» en lengua letona e «įtakingi» en lengua lituana), «fundamentales» («ewlenin» en lengua maltesa) o «dominantes» («vodilne» en lengua eslovena).

174

Además, los términos utilizados en las diferentes versiones lingüísticas no implican en absoluto, por sí mismos y fuera de todo contexto, una vinculación con algún ámbito, como los ámbitos económico o político, o con personas o entidades determinadas, como el gobierno de un Estado.

175

Por lo tanto, como señaló la Abogada General en el punto 32 de sus conclusiones presentadas en el asunto C‑696/23 P, el adjetivo calificativo «principal», a falta de cualquier indicio en el tenor del criterio g) de que su influencia deba ejercerse sobre el Gobierno de la Federación de Rusia o, más ampliamente, en un contexto político, se refiere a la importancia que los empresarios de que se trate deban revestir en su sector de actividad, con independencia de las vinculaciones que dichos empresarios puedan tener, por otra parte, en su caso, con dicho Gobierno.

176

Es cierto que el criterio g) menciona al citado Gobierno, de modo que podría considerarse que el concepto de «principalidad» se inscribe también en un contexto político. No obstante, como indicó el Tribunal General en los apartados 79 a 81 de la segunda sentencia recurrida y en los apartados 66 y 68 de la tercera sentencia recurrida, mencionados por el primer recurrente, dicho criterio establece una vinculación entre, por un lado, ese mismo Gobierno y, por otro, no los principales empresarios, sino los sectores económicos en los que ejercen una actividad. En efecto, como se ha indicado en el apartado 125 de la presente sentencia, el criterio g) debe interpretarse en el sentido de que son los sectores económicos y no los principales empresarios los que deben facilitar al Gobierno de la Federación de Rusia una fuente sustancial de ingresos.

177

Por consiguiente, resulta del tenor del criterio g) que este únicamente implica demostrar que la importancia de los empresarios es significativa en un sector económico que le resulta lucrativo al Gobierno de la Federación de Rusia, con independencia de la vinculación que dichos empresarios puedan tener con dicho Gobierno, de si están investidos, específicamente, de principalidad para este o de su capacidad efectiva de influencia sobre él.

178

En estas circunstancias, ha de considerarse que, como señaló el Tribunal General en el apartado 80 de la segunda sentencia recurrida, mencionado por el primer recurrente, el concepto de «principalidad» de los empresarios en el sector económico en el que están implicados solo puede entenderse en función del contexto económico en el que operan, según criterios como su situación profesional o sus cargos, la importancia de su actividad económica, la magnitud de sus titularidades de capital societario o de sus inversiones, sus cargos en la empresa en la que los ejercen, o incluso cualquier otro criterio pertinente de carácter económico.

179

Dicha interpretación se ve corroborada por los objetivos que persigue el criterio g). A ese respecto, procede recordar, como indicó, en esencia, el Tribunal General en el apartado 90 de la primera sentencia recurrida y como se recuerda en el apartado 121 de la presente sentencia, que dichos objetivos consisten en ejercer una presión adicional sobre la Federación de Rusia y aumentar el coste para esta de sus acciones por menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, a fin de que renuncie a su agresión militar contra Ucrania y, de manera más general, a sus acciones y políticas que desestabilizan ese tercer país.

180

Pues bien, como señaló la Abogada General en el punto 44 de sus conclusiones presentadas en el asunto C‑696/23 P, dichos objetivos pueden conseguirse seleccionando, mediante medidas restrictivas, a empresarios que, por tener una importancia significativa en un sector económico que le resulta lucrativo al Gobierno de la Federación de Rusia, contribuyen a los ingresos que dicho Gobierno obtiene de ese mismo sector y, en consecuencia, a la financiación de las acciones llevadas a cabo por ese tercer país contra Ucrania, todo ello en el contexto de una economía que se ha transformado o que puede transformarse en una economía de guerra. Al obstaculizar el funcionamiento de los sectores económicos de que se trate, la imposición de medidas restrictivas contra tales empresarios, con independencia de la vinculación que puedan tener, en su caso, con el citado Gobierno, está en condiciones, así pues, de aumentar el coste de esas acciones y ejercer presión sobre dicho Gobierno para que ponga fin a las citadas acciones.

181

Así pues, de los apartados 173 a 180 de la presente sentencia se desprende que el concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g), debe entenderse referido a empresarios que tienen una importancia significativa en sectores económicos que le resultan lucrativos al Gobierno de la Federación de Rusia, de modo que están en condiciones de favorecer indirectamente la financiación de las acciones de desestabilización llevadas a cabo por el citado Gobierno contra Ucrania, al contribuir al mantenimiento de la rentabilidad, cuando no a la prosperidad, de los citados sectores.

182

En estas circunstancias, procede desestimar la alegación del primer recurrente según la cual el Tribunal General, al considerar que podía entenderse válidamente que él era uno de los «principales» empresarios en función de los cargos que desempeñaba en TMK y en el Grupo Sinara, con independencia de cualquier vinculación con el Gobierno de la Federación de Rusia, procedió, en los apartados 51, 63 y 65 de la primera sentencia recurrida, a una interpretación errónea del concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g).

183

En tercer término, por lo que atañe a las alegaciones del primer recurrente según las cuales el Tribunal General consideró erróneamente, en los apartados 63 y 65 de la primera sentencia recurrida, que la pérdida de su poder de control respecto de TMK y del Grupo Sinara a raíz de la cesión de sus acciones no era un elemento pertinente que se debiera tener en cuenta a efectos de la interpretación y aplicación del criterio g) y, por tanto, de entender si era uno de los «principales» empresarios, en el sentido de dicho criterio, han de desestimarse por las siguientes razones.

184

Se desprende, en efecto, del apartado 181 de la presente sentencia que el concepto de «principalidad» de los empresarios a los que se refiere el criterio g) no se limita a los empresarios que, por sus cargos en una sociedad o por las acciones de que disponen, ejerzan un control real y efectivo sobre dicha sociedad. Dicho concepto comprende, como se desprende asimismo de los apartados 47 a 51 de la primera sentencia recurrida y del apartado 178 de la presente sentencia, a aquellos que, a causa, en particular, de la importancia de su situación y de sus cargos, así como de la importancia económica de la sociedad para la que ejercen una actividad, tienen una importancia significativa en el sector económico en el que están implicados. Si bien, en determinadas circunstancias, tal importancia puede acreditarse en función, en particular, del control ejercido por un empresario sobre la sociedad en la que ejerce su actividad, también puede acreditarse en función de otros elementos objetivos, como los antes mencionados.

185

Pues bien, de las determinaciones y apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal General en los apartados 47 a 51 y 62 de la primera sentencia recurrida, no criticadas en su recurso de casación por el primer recurrente, se desprende, en esencia, que este tenía una situación y ejercía cargos que, en función también de la importancia económica de TMK y del Grupo Sinara, le conferían, hasta la fecha de adopción de la Decisión y del Reglamento controvertidos, una importancia significativa en el sector de actividad en el que operaba, es decir, «principalidad», en el sentido del criterio g). En estas circunstancias, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al considerar, en esencia, en los apartados 63 y 65 de la primera sentencia recurrida, que no era necesario acreditar, a efectos de entender que el primer recurrente era uno de los «principales empresarios», si dicho recurrente seguía ejerciendo, hasta dicha fecha, un control real y efectivo sobre dicha sociedad y dicho Grupo.

186

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar el primer motivo en el asunto C‑696/23 P, la tercera parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P y la cuarta parte del primer motivo en el asunto C‑35/24 P.

187

En primer lugar, en el marco, respectivamente, de la primera imputación de la primera parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P y de la primera parte del cuarto motivo en el asunto C‑111/24 P, los recurrentes segundo y quinto sostienen que, al definir de manera demasiado amplia el concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g), que se da en el apartado 80 de la segunda sentencia recurrida y en el apartado 91 de la quinta sentencia recurrida, el Tribunal General pasó por alto el principio de seguridad jurídica.

188

A ese respecto, según reiterada jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica exige, por una parte, que las normas de Derecho sean claras y precisas y, por otra, que su aplicación sea previsible para los justiciables, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables. Dicho principio exige, en concreto, que una normativa permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que estos puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia. No obstante, dichas exigencias no pueden interpretarse en el sentido de que se oponen a que el legislador de la Unión, al adoptar una norma, emplee un concepto jurídico abstracto, ni en el sentido de que imponen que tal norma abstracta mencione los distintos supuestos concretos en los que podrá aplicarse, ya que el legislador no puede determinar por anticipado todos esos supuestos y ni siquiera puede hacerlo el juez de la Unión cuando interpreta dicha norma [véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartados 158 y 159 y jurisprudencia citada, y de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo,C‑703/23 P, EU:C:2025:608, apartado 33].

189

Por otra parte, no se viola el principio de seguridad jurídica por el mero hecho de que el juez de la Unión deba recurrir a métodos de interpretación distintos de la interpretación literal de una norma de alcance general (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Irish Ferries,C‑570/19, EU:C:2021:664, apartado 167).

190

Procede recordar que, en el apartado 91 de la quinta sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que los empresarios eran «principales», en el sentido del criterio g), debido a su importancia en el sector en el que ejercieran su actividad y a la importancia que revistiera dicho sector para la economía rusa. Tanto en ese apartado como en el apartado 80 de la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General precisó que el concepto de «principalidad», en el sentido de dicho criterio, comprendía la importancia que podían tener los empresarios en función, según el caso, de sus situaciones profesionales, de la importancia de sus actividades económicas, de la magnitud de sus titularidades de capital societario o de sus cargos en una o varias empresas en las que ejercieran dichas actividades.

191

Al pronunciarse de ese modo, el Tribunal General percibió el concepto de «principalidad» en un sentido económico y proporcionó criterios suficientemente claros y precisos para su aplicación, sin que fuera necesario que mencionara detalladamente los supuestos en los que el referido concepto podía aplicarse, dado que, como se desprende igualmente del apartado 184 de la presente sentencia, la manera de percibir la importancia o la influencia que un empresario puede tener en el sector económico de que se trate depende en gran medida del contexto y de las circunstancias del asunto (véase, por analogía, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo,C‑703/23 P, EU:C:2025:608, apartado 34).

192

Además, dado que, como se desprende del apartado 178 de la presente sentencia, el Tribunal General pudo declarar, acertadamente, en el apartado 91 de la quinta sentencia recurrida, que del concepto de «principalidad» se deriva que se están contemplando los casos en los que un empresario tiene importancia en el sector económico de que se trate en función de su situación profesional, de la importancia de sus actividades económicas, de la magnitud de sus titularidades de capital societario o de sus cargos en una o varias empresas, no cabe considerar que dicho apartado 91 pasara por alto la exigencia de previsibilidad que requiere el principio de seguridad jurídica.

193

En segundo lugar, mediante la segunda imputación que invoca en apoyo de la primera parte de su primer motivo en el asunto C‑704/23 P, el segundo recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General adoptó, en los apartados 88 a 90 de la segunda sentencia recurrida, criterios o elementos que no había enunciado en la definición que dio del concepto de «principales empresarios» en el apartado 80 de dicha sentencia, a saber, respectivamente, la importancia económica de la sociedad Yandex, en la que el segundo recurrente ejercía su actividad, y una reunión en la que se afirmaba que dicho recurrente participó el 24 de febrero de 2022 con el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin.

194

A ese respecto, es cierto que, en el apartado 80 de la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General identificó cuatro criterios no acumulativos para considerar que un empresario es uno de los «principales», en el sentido del criterio g), y que ninguno de dichos criterios menciona la importancia económica de la sociedad en la que dicho empresario ejerza su actividad. También es cierto que, en los apartados 88 y 90 de dicha sentencia, el Tribunal General declaró que Yandex era una sociedad importante en el plano económico y se basó, entre otras cosas, en dicho elemento para considerar que el Consejo había podido entender válidamente que el segundo recurrente era uno de los «principales empresarios», en el sentido del criterio g).

195

Ello no obstante, como se desprende de los apartados 178 y 191 de la presente sentencia, la principalidad de un empresario puede acreditarse con ayuda de diversos criterios económicos, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Por consiguiente, la importancia económica de la sociedad para la que un empresario ejerce su actividad constituye un elemento pertinente para determinar, junto con otros elementos, si dicho empresario es uno de los «principales», en el sentido del criterio g), es decir, como se ha indicado en el apartado 181 de la presente sentencia, si tiene una importancia significativa en el sector económico de que se trate. Así pues, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al tener en cuenta dicho elemento en los apartados 87 a 90 de la segunda sentencia recurrida.

196

En cuanto al hecho de que, en el apartado 89 de la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General adoptara un elemento de hecho que no está entre los criterios mencionados en la definición del concepto de «principalidad» que se había dado en el apartado 80 de dicha sentencia, a saber, la participación del segundo recurrente en una reunión organizada por el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, el 24 de febrero de 2022, basta con señalar que, en dicho apartado 89, el Tribunal General únicamente consideró que dicho elemento venía a «corroborar» la principalidad del segundo recurrente, en el sentido del criterio g). Pues bien, como se desprende del apartado 188 de la presente sentencia, la definición general de un concepto, como la dada por el Tribunal General en el apartado 80 de la segunda sentencia recurrida, no puede mencionar los distintos supuestos concretos en los que podrá aplicarse dicho concepto, y menos aún recoger los elementos de hecho que permitan sustentar o confirmar que una situación concreta está comprendida en el referido concepto.

197

Además, la consideración de la reunión de 24 de febrero de 2022 no debe entenderse en el sentido de que el recurrente fuera principal a causa de su vinculación con el Gobierno de la Federación de Rusia o con su presidente, sino en el sentido de que su importancia significativa en el sector económico en el que ejerce su actividad se ve confirmada por el hecho de que sea uno de los oligarcas que fue invitado a participar en dicha reunión.

198

En tercer lugar, mediante su segundo motivo en el asunto C‑111/24 P, el quinto recurrente imputa, en esencia, al Tribunal General no haber procedido, en el apartado 92 de la quinta sentencia recurrida, a un análisis comparativo del término «principales» en las diferentes versiones lingüísticas del criterio g) y haber basado su análisis teleológico de dicho concepto, en el apartado 89 de dicha sentencia, en relación con su apartado 52, en objetivos relacionados no con las medidas restrictivas individuales, sino sectoriales, adoptadas por la Unión con respecto a las acciones de desestabilización de Ucrania por la Federación de Rusia.

199

Por lo que atañe a la primera de ambas imputaciones, el quinto recurrente hace una lectura errónea del apartado 92 de la quinta sentencia recurrida. En efecto, el Tribunal General declaró en él, en esencia, que, incluso si existiera disparidad entre las diferentes versiones lingüísticas del término «principales» que figura en el tenor de dicho criterio, habría, de conformidad con la jurisprudencia que se menciona en dicho apartado y se recuerda en el apartado 100 de la presente sentencia, de interpretarse el referido criterio en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra, que es precisamente a lo que se dedicó en los apartados 88 a 91 de la quinta sentencia recurrida.

200

En cualquier caso, ha de recordarse que las veinticuatro versiones lingüísticas del término «principales» no presentan disparidades entre sí, pues pueden prestarse a una lectura uniforme, como se desprende de los apartados 173 y 174 de la presente sentencia.

201

Por lo que atañe a la segunda imputación mencionada en el apartado 198 de la presente sentencia, procede recordar, como se desprende de los apartados 118 y 121 de la presente sentencia y como expuso el Tribunal General en los apartados 52 y 89 de la quinta sentencia recurrida, que los actos de la Unión en materia de medidas restrictivas adoptadas en el contexto de la situación en Ucrania tienen por objetivo, desde 2014, tanto mediante medidas restrictivas sectoriales como, en el caso de autos, medidas restrictivas individuales, ejercer presión sobre la Federación de Rusia y aumentar el coste para esta de sus acciones por menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, a fin de que renuncie a sus acciones y políticas que desestabilizan Ucrania y, desde 2022, a la agresión contra dicho tercer país. Por consiguiente, el Tribunal General procedió al análisis teleológico que figura en los apartados 88 y 89 de la quinta sentencia recurrida, identificando correctamente los objetivos perseguidos por las medidas restrictivas resultantes de los actos controvertidos iniciales y de los primeros actos controvertidos de mantenimiento.

202

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar las imputaciones primera y segunda de la primera parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P y el segundo motivo y la primera parte del cuarto motivo en el asunto C‑111/24 P.

203

La presente sección agrupa, además de la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑111/24 P, los motivos basados en errores de Derecho en que supuestamente incurrió el Tribunal General con relación al principio de proporcionalidad y los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, a saber, los motivos tercero y cuarto en el asunto C‑696/23 P y el tercer motivo y la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑704/23 P.

204

Mediante su tercer motivo en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑696/23 P, el primer recurrente alega que el Tribunal General, en el apartado 80 de la primera sentencia recurrida, incurrió en error de Derecho al considerar, en esencia, que la limitación del ejercicio de sus derechos fundamentales por las medidas restrictivas de las que es objeto venía «establecida por la ley», en el sentido del artículo 52, apartado 1, primera frase, de la Carta. Afirma que, en efecto, dicho órgano jurisdiccional, olvidando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no procedió a comprobar si la Decisión y el Reglamento controvertidos, que instauran dichas medidas, establecen normas claras y precisas que regulen el alcance de la injerencia en los derechos fundamentales, consagrados en los artículos 7 y 17 de la Carta, que le asisten, a saber, el derecho al respeto de su vida privada y el derecho a la propiedad. Pues bien, en su opinión, no ocurre así en el caso de autos. A su juicio, en particular, el criterio g) no es ni claro ni preciso y descansa sobre términos ambiguos que no responden a la exigencia de previsibilidad ni ofrecen garantías suficientes contra un uso arbitrario, por parte del Consejo, de su facultad de apreciación.

205

El Consejo rebate el fundamento de las alegaciones del primer recurrente.

206

Procede recordar que el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones que consagra el artículo 7 de la Carta y el derecho a la propiedad que establece el artículo 17 de la Carta no constituyen prerrogativas absolutas y que su ejercicio puede ser objeto de restricciones justificadas por objetivos de interés general perseguidos por la Unión, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a la consecución de dichos objetivos de interés general y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 148, y de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden,C‑61/22, EU:C:2024:251, apartado 75).

207

En ese contexto, el artículo 52, apartado 1, primera frase, de la Carta establece que podrán introducirse limitaciones al ejercicio de esos derechos siempre que sean establecidas por la ley y respeten el contenido esencial de dichos derechos.

208

A ese respecto, es precio recordar que el requisito de que tales limitaciones sean establecidas por la ley (principio de legalidad) implica que el propio acto que permita la injerencia en dichos derechos defina el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate, con la precisión de que, por un lado, este requisito no excluye que la limitación en cuestión se formule en términos lo suficientemente abiertos como para poder adaptarse a supuestos distintos, así como a los cambios de situación, y de que, por otro lado, el Tribunal de Justicia, en su caso, puede precisar, por vía de interpretación, el alcance concreto de la limitación en relación tanto con los propios términos de la normativa de la Unión de que se trate como con su estructura general y los objetivos que persigue, interpretados a la luz de los derechos fundamentales garantizados por la Carta (sentencia de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden,C‑61/22, EU:C:2024:251, apartado 77 y jurisprudencia citada).

209

En el caso de autos, es cierto que, en el apartado 80 de la primera sentencia recurrida, el Tribunal General se ciñó, en su examen del principio de legalidad, a señalar que las medidas restrictivas que los actos controvertidos le acarrean al primer recurrente se enunciaban en actos que tenían un alcance general y que disponían de una base jurídica clara en el Derecho de la Unión. De ese modo, no examinó, en ese apartado, si los actos que permiten la injerencia en los derechos fundamentales del primer recurrente definían el alcance de la limitación del ejercicio de dichos derechos a los efectos de la jurisprudencia que se recuerda en el apartado anterior. En dicha medida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.

210

No obstante, conforme a reiterada jurisprudencia, aunque los fundamentos de Derecho de una resolución del Tribunal General muestren una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal infracción no puede dar lugar a la anulación de dicha resolución y debe llevarse a cabo una sustitución de los fundamentos de Derecho (sentencia de 4 de octubre de 2024, Comisión y Consejo/Frente Polisario, C‑778/21 P y C‑798/21 P, EU:C:2024:833, apartado 178).

211

A ese respecto, cierto es que el artículo 52, apartado 1, de la Carta requiere que cualquier limitación del ejercicio de un derecho fundamental garantizado por esta sea establecida por la ley, lo que implica que la base jurídica que permita la injerencia en dicho derecho defina ella misma, de manera clara y precisa, el alcance de la limitación de su ejercicio (sentencias de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, apartado 175, y de 8 de septiembre de 2020, Recorded Artists Actors Performers,C‑265/19, EU:C:2020:677, apartado 86).

212

Pues bien, el Tribunal General examinó, en esencia, el cumplimiento de dicha exigencia en su análisis del primer motivo del recurso, basado en la violación del principio de proporcionalidad y la vulneración de los derechos fundamentales.

213

En particular, consideró, en los apartados 83, 84 y 91 a 93 de la primera sentencia recurrida, que las condiciones de aplicación y el alcance de las limitaciones del ejercicio de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 17 de la Carta se definen de manera clara y precisa en la propia Decisión 2014/145 y el propio Reglamento n.o 269/2014. En efecto, tales medidas restrictivas solo pueden instaurarse respecto de categorías de personas y entidades que respondan a los criterios que figuran en los artículos 1 y 2 de la Decisión 2014/145 y el artículo 3 del Reglamento n.o 269/2014, de los que forma parte el criterio g). Además, el artículo 1, apartados 2, 3 y 6, de la Decisión 2014/145 precisa los casos en los que una persona puede acogerse a una exención a la medida de prohibición de entrada el territorio de la Unión y tránsito a través de él de la que es objeto, mientras que el artículo 2, apartados 3 a 5, 7 y 8, de dicha Decisión y los artículos 4 a 6 ter del Reglamento n.o 269/2014 establecen en qué casos pueden liberarse los fondos y recursos económicos de una persona que hubieran sido inmovilizados.

214

En estas circunstancias, resulta que la conclusión del Tribunal General, que figura en el apartado 80 de la primera sentencia recurrida, según la cual las medidas restrictivas que los actos controvertidos le acarrean al primer recurrente vienen establecidas por la ley, en el sentido del artículo 52, apartado 1, primera frase, de la Carta, resulta justificada a la luz de los motivos que figuran en otra parte de dicha sentencia.

215

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, no puede acogerse el tercer motivo en el asunto C‑696/23 P.

216

El cuarto motivo invocado en apoyo del recurso de casación en el asunto C‑696/23 P se divide en seis partes.

217

Mediante la primera parte de dicho motivo, el primer recurrente sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 88 y 90 de la primera sentencia recurrida, que las medidas restrictivas que se le impusieron eran idóneas y necesarias para alcanzar los objetivos perseguidos por la Unión. Afirma, en efecto, por lo que atañe, por un lado, al apartado 88 de dicha sentencia, que dichas medidas no tuvieron la menor repercusión en la Federación de Rusia y que, además, las consideraciones que figuran en dicho apartado 88 no permiten sustentar la proporcionalidad de las citadas medidas. En particular, el primer recurrente arguye que la cuestión de si había cedido sus acciones en TMK y en el Grupo Sinara era, a la hora de apreciar la idoneidad de las medidas restrictivas para alcanzar los objetivos perseguidos, un hecho pertinente que el Tribunal General debería haber examinado a la luz de las proposiciones de prueba realizadas. Por lo que atañe, por otro lado, al apartado 90 de la citada sentencia, el primer recurrente considera que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General, él no tenía capacidad de sugerirle medidas menos coercitivas, dado que tales medidas habrían carecido igualmente de idoneidad para alcanzar los objetivos perseguidos.

218

Mediante la segunda parte de su cuarto motivo, el primer recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado, en el apartado 94 de la primera sentencia recurrida, que, a pesar de las pruebas aportadas durante el procedimiento ante el Tribunal General, la alegación de que las medidas restrictivas establecidas por la Decisión y por el Reglamento controvertidos sirven en definitiva a los intereses de la Federación de Rusia no se veía sustentada de manera suficiente en Derecho.

219

En el marco de la tercera parte de su cuarto motivo, el primer recurrente sostiene que el Tribunal General no procedió a responder a su alegación de que las medidas restrictivas que se le impusieron no eran razonables debido a que los Estados miembros contribuyen, mediante la compra de combustibles fósiles, a financiar el coste de la guerra que libra la Federación de Rusia.

220

En apoyo de la cuarta parte de su cuarto motivo, el primer recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al obviar, en el apartado 90 de la primera sentencia recurrida, que él no podía materialmente eludir las restricciones impuestas y sostiene que el Tribunal General habría podido constatarlo si hubiera considerado las proposiciones de prueba relativas a la cesión de sus acciones.

221

El primer recurrente sostiene, mediante las partes quinta y sexta de su cuarto motivo, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al conceder, en los apartados 81, 82 y 93 y en los apartados 83, 84, 91 y 92 de la primera sentencia recurrida, respectivamente, una importancia excesiva, a efectos del control de la proporcionalidad de las medidas restrictivas de las que es objeto, a la revisión periódica de estas y a las posibilidades de solicitar una autorización de utilización de los fondos o de obtener un permiso de viaje por motivos de carácter humanitario.

222

En apoyo de su tercer motivo en el asunto C‑704/23 P, el segundo recurrente critica el apartado 143 de la segunda sentencia recurrida, por cuanto, según él, el Tribunal General no procedió a comprobar, contrariamente a lo que había anunciado en dicho apartado, si las medidas restrictivas establecidas y mantenidas mediante los actos controvertidos eran idóneas para alcanzar los objetivos perseguidos por ellos. Afirma que, en efecto, la demostración realizada por el Tribunal General en el citado apartado no se refiere al control de la idoneidad de las medidas restrictivas para alcanzar dichos objetivos. Ahora bien, a su juicio, las medidas restrictivas que le fueron impuestas no son idóneas para ejercer presión alguna sobre los dirigentes de la Federación de Rusia, afectar a la política de esta o tener influencia alguna en el sector económico de que se trata.

223

Mediante la segunda parte de su cuarto motivo en ese mismo asunto, el segundo recurrente alega que el apartado 166 de la segunda sentencia recurrida, que toca a la proporcionalidad de la limitación del ejercicio de sus derechos fundamentales y remite, en particular, al análisis de proporcionalidad efectuado en el apartado 143 de dicha sentencia, adolece, en consecuencia, también de error de Derecho.

224

El Consejo replica que, en el asunto C‑696/23 P, el primer recurrente pretende, mediante las partes primera, segunda y cuarta de su cuarto motivo, cuestionar la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal General, cuando, en realidad, tal control de los hechos excede, a falta de cualquier alegación de desnaturalización, a la competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

225

Por lo demás, dicha institución rebate el fundamento de las alegaciones de los recurrentes primero y segundo.

226

Por lo que respecta a la admisibilidad de las partes primera y cuarta del cuarto motivo que se invocan en apoyo del recurso de casación en el asunto C‑696/23 P, procede observar, en atención a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se recuerda en el apartado 158 de la presente sentencia, que el primer recurrente no pretende cuestionar las determinaciones y apreciaciones fácticas realizadas por el Tribunal General. Por el contrario, le reprocha no haber tenido en cuenta un elemento de hecho, a saber, la cesión de sus acciones en TMK y en el Grupo Sinara, a la hora de apreciar la proporcionalidad de la injerencia en sus derechos fundamentales por las medidas restrictivas que se le impusieron y la existencia de un riesgo de elusión de dichas medidas. Tal alegación equivale a solicitar al Tribunal de Justicia que ejerza un control sobre una posible violación del principio de proporcionalidad e infracción de las normas sobre carga y aportación de la prueba por parte del Tribunal General, para lo cual el Tribunal de Justicia es competente en el marco de un recurso de casación (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo,C‑702/23 P, EU:C:2025:605, apartado 25 y jurisprudencia citada). En estas circunstancias, ambas partes del motivo son admisibles.

227

En cambio, procede observar que, mediante la segunda parte del cuarto motivo que invoca en el asunto C‑696/23 P, el primer recurrente pretende obtener una nueva apreciación de las pruebas que había aportado en apoyo de su recurso en primera instancia, a fin de demostrar que las medidas restrictivas en cuestión, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 94 de la primera sentencia recurrida, redundan en beneficio del Gobierno de la Federación de Rusia a causa del retorno forzoso a dicho país de numerosos empresarios. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se recuerda en el apartado 158 de la presente sentencia, debe declararse la inadmisibilidad de tal alegación, mediante la que dicho recurrente no alega desnaturalización alguna de dichas pruebas por parte del Tribunal General.

228

De ello se deduce que únicamente son admisibles las partes primera y cuarta del cuarto motivo en el asunto C‑696/23 P.

229

Por lo que atañe, en primer término, a la proporcionalidad de las medidas restrictivas instauradas por la Unión o de las normas generales previstas en los actos de la Unión que imponen tales medidas, el Tribunal de Justicia ha recordado que el principio de proporcionalidad exige que los medios que aplica una disposición del Derecho de la Unión sean idóneos para alcanzar el objetivo legítimo perseguido por la normativa de que se trate y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo (sentencias de 31 de enero de 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, apartado 102 y jurisprudencia citada, y de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo,C‑241/19 P, EU:C:2020:545, apartado 99).

230

Por lo que respecta al control judicial de la observancia de las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad, ha de recordarse que el Tribunal de Justicia ha reconocido una amplia facultad discrecional al Consejo cuando establece un régimen de medidas restrictivas en el ámbito de la política exterior y de seguridad común de la Unión, en el que deba tomar decisiones de naturaleza política, económica y social, y en el marco del cual le corresponda realizar apreciaciones y evaluaciones complejas. De lo anterior dedujo que no se trata de saber si una medida adoptada en virtud de tal régimen era la única o la mejor posible, sino que solo el carácter manifiestamente inadecuado de tal medida, con relación al objetivo que tiene previsto conseguir el Consejo, puede afectar a la legalidad de esta. También ha precisado que, aunque exista una amplia facultad discrecional, el Consejo está obligado a fundamentar su elección en criterios objetivos y a examinar si los objetivos perseguidos por la medida elegida pueden justificar consecuencias económicas negativas, incluso considerables, para determinados operadores (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 120 y jurisprudencia citada; de 28 de marzo de 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 146, y de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo,C‑241/19 P, EU:C:2020:545, apartado 100).

231

En segundo término, como se ha recordado en el apartado 206 de la presente sentencia, el ejercicio de derechos fundamentales como los consagrados en los artículos 7 y 17 de la Carta, así como en el artículo 16 de esta, relativo a la libertad para ejercer una actividad económica, puede ser objeto de restricciones justificadas por objetivos de interés general perseguidos por la Unión, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a la consecución de los mencionados objetivos y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados. El Tribunal de Justicia también ha precisado que las medidas restrictivas producen, por definición, efectos que atañen al derecho al respeto de la vida privada, al derecho a la propiedad y al libre ejercicio de actividades profesionales, ocasionando así perjuicios a las personas contra las que van dirigidas (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartados 121 a 123 y jurisprudencia citada 123, y de 28 de marzo de 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, apartados 148 y 149).

232

De conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación al ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por esta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. En este contexto, la jurisprudencia mencionada en los apartados 229 y 230 de la presente sentencia también es aplicable para determinar si la injerencia que las medidas restrictivas constituyen en los derechos fundamentales de la persona afectada es o no desproporcionada (véanse, en este sentido, las sentencias de 31 de enero de 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, apartados 101 a 103, y de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo,C‑241/19 P, EU:C:2020:545, apartados 98 a 100).

233

De los apartados 229 a 232 de la presente sentencia se desprende que, para determinar si las medidas restrictivas instauradas por la Unión o las normas generales previstas en un acto de la Unión que impone tales medidas respetan el principio de proporcionalidad, o bien si la injerencia en los derechos o libertades garantizados por la Carta debido a limitaciones de esos derechos o libertades por un acto de la Unión que impone medidas restrictivas es proporcionada, ha de comprobarse, en primer término, si dichas medidas o normas responden a un objetivo de interés general reconocido por la Unión; en segundo término, si no son manifiestamente inadecuadas, habida cuenta de dicho objetivo, es decir, si no carecen manifiestamente de idoneidad para alcanzarlo, y, en tercer término, si dichas medidas o normas o, en su caso, la limitación de que se trate no van manifiestamente más allá de lo necesario para conseguir el referido objetivo (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 126, y de 17 de septiembre de 2020, Rosneft y otros/Consejo, C‑732/18 P, EU:C:2020:727, apartados 110 a 115 y 117).

234

Por tanto, es ese esquema de análisis a la luz del que ha de examinarse si, como sostienen los recurrentes primero y segundo, el Tribunal General incurrió en errores de Derecho en su apreciación de la proporcionalidad de las medidas restrictivas adoptadas a escala de la Unión contra el segundo recurrente o de la proporcionalidad de la injerencia en los derechos fundamentales de los recurrentes primero y segundo que consagran los artículos 7 y 17 de la Carta y, por lo que atañe al segundo recurrente, el artículo 16 de esta.

235

El objetivo perseguido por las medidas restrictivas en cuestión consiste en ejercer presión sobre el Gobierno de la Federación de Rusia y aumentar el coste de las acciones de esta por menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Se trata de un objetivo legítimo que se enmarca en los objetivos que persigue la política exterior y de seguridad común, contemplados en el artículo 21 TUE, apartado 2, letras b) y c), a saber, respectivamente, por un lado, la consolidación y el respaldo de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de los principios del Derecho internacional y, por otro, el mantenimiento de la paz, la prevención de los conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional (véanse, por analogía, las sentencias de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 124; de 28 de marzo de 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 115, y de 31 de enero de 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, apartado 104). Por otra parte, los recurrentes primero y segundo no cuestionan, en el marco de su argumentación, la legitimidad de dicho objetivo.

236

En primer lugar, por lo que atañe a la alegación del segundo recurrente según la cual, en el marco de su análisis, respectivamente, de la proporcionalidad de las medidas restrictivas adoptadas a escala de la Unión contra dicho recurrente y de la proporcionalidad de la injerencia en sus derechos fundamentales que resulta de dichas medidas, el Tribunal General no examinó, en los apartados 143 y 166 de la segunda sentencia recurrida, la adecuación de las citadas medidas, habida cuenta de los objetivos perseguidos por los actos controvertidos, ha de señalarse que el citado recurrente hace una lectura errónea de dichos apartados.

237

En efecto, en primer término, las referencias a la jurisprudencia del Tribunal General que se hacen en el apartado 143 de la segunda sentencia recurrida, en particular la referencia al apartado 116 de la sentencia de 12 de marzo de 2014, Al Assad/Consejo (T‑202/12, EU:T:2014:113), en el que el Tribunal General consideró que la idoneidad de las medidas restrictivas de que se trata resultaba del carácter fundamental, para la comunidad internacional, del objetivo de interés general perseguido por dichas medidas, permiten comprender que el Tribunal General considerara, por analogía, en dicho apartado 143, que, habida cuenta de la importancia de los objetivos perseguidos por las medidas restrictivas en cuestión, que el segundo recurrente no impugna y se recuerdan en el apartado 235 de la presente sentencia, tales medidas eran idóneas para conseguirlos.

238

En segundo término, dado que el apartado 166 de la segunda sentencia recurrida remite al análisis que figura, en particular, en su apartado 143, resulta obligado observar que el Tribunal General examinó la adecuación de las citadas medidas, habida cuenta de los objetivos perseguidos por estas, y consideró que eran idóneas para conseguirlos. Además, el Tribunal General consideró, en esencia, en dicho apartado 143, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se recuerda en los apartados 231 y 233 de la presente sentencia, que no cabe considerar que las consecuencias negativas resultantes de la injerencia en los derechos fundamentales originada por las medidas restrictivas impuestas al segundo recurrente sean desproporcionadas, por cuanto no van manifiestamente más allá de lo necesario para conseguir el objetivo perseguido.

239

En segundo lugar, han de examinarse, en primer término, las partes primera y cuarta del cuarto motivo en el asunto C‑696/23 P, mediante las que el primer recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido, a fin de determinar si la limitación del ejercicio de sus derechos fundamentales era proporcionada, en errores de Derecho en su análisis, en los apartados 88 y 90 de la primera sentencia recurrida, de la idoneidad de las medidas restrictivas para alcanzar los objetivos perseguidos y de la necesidad de dicha limitación.

240

Para comenzar, es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, las alegaciones dirigidas contra los fundamentos jurídicos reiterativos de una resolución del Tribunal General no pueden dar lugar a la anulación de dicha resolución y son, por tanto, inoperantes (sentencia de 2 de octubre de 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE,C‑152/18 P y C‑153/18 P, EU:C:2019:810, apartado 68 y jurisprudencia citada). Pues bien, como el apartado 88 de la primera sentencia recurrida se introduce con la locución «máxime es así cuando», ha de deducirse de ello que los fundamentos que siguen a dicha locución tienen carácter reiterativo respecto de los que la anteceden, que figuran en el apartado 87 de dicha sentencia, el cual no ha sido criticado por el primer recurrente y en el cual el Tribunal General consideró que las medidas restrictivas establecidas por la Decisión y por el Reglamento controvertidos eran idóneas para alcanzar los objetivos perseguidos. Por consiguiente, las alegaciones del primer recurrente contra el apartado 88 de la primera sentencia recurrida deben desestimarse por inoperantes.

241

A continuación, por lo que atañe a la alegación del primer recurrente de que el Tribunal General incide en incoherencia al considerar, en el apartado 90 de la primera sentencia recurrida, que él debería haber indicado qué medidas menos coercitivas, pero igualmente eficaces habida cuenta de los objetivos perseguidos por el Consejo, este habría podido adoptar para atenuar las consecuencias negativas resultantes de la limitación del ejercicio de sus derechos fundamentales, mientras que, en realidad, según afirma, no existe ninguna medida alternativa adecuada, dicha alegación es infundada. En efecto, en dicho apartado de la primera sentencia recurrida, el Tribunal General, tras mencionar él mismo tales medidas menos coercitivas y observar que no permitían conseguir con la misma eficacia los objetivos perseguidos, observó que el primer recurrente no había aportado otros ejemplos de tales medidas. Ahora bien, a falta de tales ejemplos, el Tribunal General no puede paliar la omisión del primer recurrente (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, VTB Bank/Consejo,C‑729/18 P, EU:C:2020:499, apartados 85 a 87), como tampoco cabe presumir que el Tribunal General hubiera considerado necesariamente inadecuadas las eventuales medidas alternativas que dicho recurrente hubiera podido indicar.

242

Por último, por lo que atañe, más concretamente, a la cuarta parte del primer motivo, dirigida contra el apartado 90 de la primera sentencia recurrida, el Tribunal General no estaba obligado a examinar, en dicho apartado, si el primer recurrente, debido a la supuesta pérdida de su poder de control sobre TMK y sobre el Grupo Sinara, no tenía capacidad de eludir las medidas restrictivas que se le imponían. En efecto, el apartado 90 de dicha sentencia toca únicamente a la cuestión de si existían medidas restrictivas menos coercitivas, pero igualmente eficaces para alcanzar los objetivos perseguidos. Pues bien, aunque el examen del riesgo de elusión puede ser útil para determinar la existencia de tales medidas alternativas, el mero hecho de que una persona sujeta a medidas restrictivas no pueda eludirlas no implica que la limitación del ejercicio de sus derechos fundamentales que resulta de ellas vaya manifiestamente más allá de lo necesario para conseguir dichos objetivos.

243

En segundo término, procede desestimar asimismo la tercera parte del cuarto motivo, mediante la cual el primer recurrente reprocha al Tribunal General no haber procedido a responder a su alegación de que las medidas restrictivas que se le impusieron no son razonables debido a que los Estados miembros contribuyen, mediante la compra de combustibles fósiles, a financiar el coste que tiene la guerra para la Federación de Rusia. En efecto, por analogía con lo declarado por el Tribunal General en los apartados 87 y 89 de la primera sentencia recurrida, no criticados por dicho recurrente en su recurso de casación, tal circunstancia, al tratarse de una cuestión que afecta a las relaciones comerciales entre Estados soberanos, carece objetivamente de cualquier vinculación con el criterio g) y con el objetivo perseguido por las medidas restrictivas establecidas por la Decisión y por el Reglamento controvertidos, a saber, ejercer, mediante medidas restrictivas individuales, una presión adicional sobre el Gobierno de la Federación de Rusia y aumentar el coste para esta de sus acciones por menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia que se recuerda en el apartado 101 de la presente sentencia, el primer recurrente podía comprender, a partir de dichos apartados de la primera sentencia recurrida, las razones por las que tal alegación no podía prosperar en el marco del examen de la proporcionalidad de la injerencia en sus derechos fundamentales.

244

Por lo que respecta, en tercer término, a las partes quinta y sexta del cuarto motivo, mediante las que el primer recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, haber concedido, en los apartados 81 a 84 y en los apartados 92 y 93 de la primera sentencia recurrida, una importancia excesiva, a efectos del control de la proporcionalidad de la injerencia en sus derechos fundamentales, a la revisión periódica de las medidas restrictivas que le afectan y a las posibilidades de solicitar una autorización de utilización de los fondos o de obtener un permiso de viaje por motivos de carácter humanitario, procede desestimarlas.

245

En efecto, por un lado, los apartados 81 a 84 de la primera sentencia recurrida no se refieren al examen, por parte del Tribunal General, de la exigencia de proporcionalidad que es objeto de la segunda frase del artículo 52, apartado 1, de la Carta, sino al examen del requisito, previsto en la primera frase de dicha disposición, de que cualquier limitación de los derechos fundamentales respete el contenido esencial de dichos derechos. Pues bien, mediante las partes quinta y sexta de su cuarto motivo, el primer recurrente únicamente alega errores de Derecho en que afirma que incurrió el Tribunal General con respecto al examen que dicho órgano jurisdiccional hizo del principio de proporcionalidad en relación con la injerencia en sus derechos fundamentales.

246

Por otro lado, por lo que atañe a los apartados 92 y 93 de la primera sentencia recurrida, basta con señalar que el primer recurrente no ha precisado las razones por las que el Tribunal General concedió una «importancia excesiva» a los aspectos mencionados en dichos apartados. En efecto, en los citados apartados, el Tribunal General se ciñó a señalar que la revisión periódica de las medidas restrictivas y la existencia de exenciones que podían concederse para la utilización de los fondos y recursos económicos inmovilizados o para la entrada en el territorio de la Unión contribuían a demostrar la proporcionalidad de la injerencia en los derechos fundamentales del primer recurrente.

247

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar las partes primera y tercera a sexta del cuarto motivo en el asunto C‑696/23 P y el tercer motivo y la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑704/23 P.

248

En el marco de la segunda parte de su cuarto motivo, que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑111/24 P, el quinto recurrente considera que la definición del concepto de «principales empresarios» que da el Tribunal General en el apartado 91 de la sentencia recurrida afecta de manera desproporcionada a su libertad de empresa y su derecho a la propiedad, consagrados respectivamente en los artículos 16 y 17 de la Carta. Afirma que, en efecto, dado que las únicas medidas que puede adoptar razonablemente un empresario comprendido en el criterio g) consisten en perder esa condición al vender, por ejemplo, sus acciones o sus participaciones, las medidas restrictivas ya no tienen carácter temporal y reversible, sino que, por el contrario, pasan a ser definitivas e irreversibles.

249

El Consejo considera que, a causa de su falta de claridad, debe declararse la inadmisibilidad de dicha parte del motivo. Por otra parte, rebate el fundamento de las alegaciones del quinto recurrente.

250

Con carácter preliminar, procede considerar, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se recuerda en el apartado 157 de la presente sentencia, que, contrariamente a lo que afirma el Consejo, la imputación formulada en la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑111/24 P es, a pesar de su carácter sucinto, suficientemente comprensible.

251

Sobre el fondo, procede recordar a este respecto que, según un principio general de interpretación, todo acto de la Unión debe interpretarse, en la medida de lo posible, de un modo que no cuestione su validez y de conformidad con el conjunto del Derecho primario y, en particular, con las disposiciones de la Carta (sentencia de 15 de febrero de 2016, N.,C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, apartado 48 y jurisprudencia citada).

252

En el caso de autos, en el apartado 91 de la quinta sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, en esencia, que, para que estuvieran comprendidos en el criterio g), debía poder considerarse que los empresarios eran «principales» debido a su importancia, en función de diferentes criterios económicos, en el sector económico en el que ejercieran su actividad, interpretación que no adolece de error de Derecho según resulta de los apartados 178 y 181 de la presente sentencia. Por tanto, ha de comprobarse si, al actuar así, el Tribunal General realizó una interpretación del criterio g) que no fuera conforme con los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 17 de la Carta, por cuanto dicha interpretación tuviera por efecto afectar de manera desproporcionada a dichos derechos a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se recuerda en el apartado 233 de la presente sentencia.

253

A ese respecto, procede considerar, en primer término, que, por las mismas razones que se exponen en el apartado 235 de la presente sentencia, el criterio g) responde a un objetivo legítimo que se enmarca en los que persigue la política exterior y de seguridad común de la Unión, a saber, como recordó el Tribunal General en los apartados 52, 54, 89 y 122 de la quinta sentencia recurrida, el objetivo consistente en aumentar la presión ejercida sobre el Gobierno de la Federación de Rusia y el coste de las acciones de esta por menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

254

En segundo término, por las razones indicadas en los apartados 52 a 55 de la quinta sentencia recurrida, no criticadas por el quinto recurrente, ha de considerarse que las medidas restrictivas adoptadas sobre la base del criterio g) no son manifiestamente inadecuadas, habida cuenta de dicho objetivo, por cuanto no carecen manifiestamente de idoneidad para conseguirlo.

255

En tercer término, procede examinar si la injerencia en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 17 de la Carta, que resulta de las medidas restrictivas tomadas sobre la base del criterio g), es desproporcionada por ir manifiestamente más allá de lo necesario para conseguir el referido objetivo.

256

Pues bien, habida cuenta de un objetivo tan fundamental como el de poner fin a una agresión cometida contra un Estado independiente, como Ucrania, en violación del Derecho internacional y de proteger la integridad territorial, la soberanía y la independencia de dicho tercer país, no cabe considerar que dicha injerencia sea desmesurada e intolerable hasta el punto de ir manifiestamente más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo.

257

En estas circunstancias, no cabe considerar que, debido a la interpretación que el Tribunal General realizó, acertadamente, del concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g), la injerencia en los derechos fundamentales del quinto recurrente que resulta de las medidas restrictivas adoptadas sobre la base de dicho criterio sea desproporcionada.

258

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑111/24 P.

259

La presente sección trata de la segunda parte del tercer motivo en los asuntos C‑711/23 P y C‑35/24 P y del tercer motivo en el asunto C‑111/24 P, mediante los cuales los recurrentes tercero a quinto critican el análisis efectuado por el Tribunal General en relación con las excepciones de ilegalidad del criterio g) que habían propuesto en primera instancia sobre la base del artículo 277 TFUE.

260

Mediante el tercer motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑111/24 P, el quinto recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar la excepción de ilegalidad del criterio g) que había propuesto ante él.

261

Afirma que, en efecto, el razonamiento seguido por el Tribunal General en el apartado 37 de la quinta sentencia recurrida es erróneo en la medida en que implica que el artículo 215 TFUE, apartado 2, permita al Consejo adoptar medidas restrictivas contra todas las categorías de personas que desee, aun cuando estas no tengan ninguna vinculación con el régimen del tercer país de que se trate. En particular, aduce que el Tribunal General obvió la jurisprudencia en sentido contrario derivada de la sentencia de 13 de marzo de 2012, Tay Za/Consejo (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), y que la doctrina de esta sigue siendo válida, a pesar de que las medidas restrictivas controvertidas en el asunto que dio lugar a dicha sentencia se basaran en los artículos 60 CE y 301 CE.

262

El quinto recurrente añade que la Unión ha utilizado de manera creativa esos dos artículos para poder adoptar regímenes de «sanciones inteligentes» (smart sanctions), es decir, medidas más centradas y selectivas, como la inmovilización de fondos o la prohibición de viajar contra individuos o entidades asociados a dirigentes del tercer país de que se trate, que les proporcionen apoyo económico o que estén controlados directa o indirectamente por ellos, de modo que se exige sistemáticamente una vinculación suficiente entre dichos individuos o entidades y dicho tercer país. Afirma que, para confirmar esas nuevas prácticas y dotar a la Unión de un marco jurídico más adaptado que los dos artículos antes mencionados del Tratado CE, el Tratado de Lisboa introdujo el actual artículo 215 TFUE en el Derecho de la Unión. Aduce que, al actuar así, los Estados miembros integraron formalmente la práctica de las «sanciones inteligentes» en la arquitectura textual de los Tratados constitutivos de la Unión, sin cambiar en modo alguno el estado del Derecho, como afirmó erróneamente el Tribunal General en el apartado 37 de la quinta sentencia recurrida.

263

El quinto recurrente añade que la exigencia de tal vinculación resulta obligada a fin de evitar dar a las instituciones de la Unión carta blanca para imponer medidas restrictivas a cualquier persona o categoría de personas. Afirma que, al proceder mediante sanciones selectivas, la Unión eligió un régimen de sanciones más justas, que son la expresión de una Unión concebida como un espacio de derechos y libertades.

264

El Consejo rebate el fundamento de las alegaciones del quinto recurrente.

265

Mediante su tercer motivo, el quinto recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en el apartado 37 de la quinta sentencia recurrida, que cualquier persona puede, sobre la base del artículo 215 TFUE, apartado 2, ser objeto de medidas restrictivas, aun cuando no exista una vinculación suficiente entre la categoría de personas seleccionada por dichas medidas y el tercer país de que se trate.

266

A ese respecto, procede recordar que, como subrayó acertadamente el Tribunal General en el apartado 37 de la quinta sentencia recurrida, el artículo 215 TFUE, apartado 2, prevé la posibilidad de que el Consejo adopte medidas restrictivas no solo contra los dirigentes de un tercer país y contra las personas o entidades asociadas a ellos o controladas directa o indirectamente por ellos, sino también contra personas y entidades que no tengan ninguna vinculación con el régimen gobernante de tal país, con la precisión de que el Derecho de la Unión ya preveía, con anterioridad al Tratado de Lisboa, esa doble posibilidad, respectivamente, sobre la base de los artículos 60 CE y 301 CE, por una parte, y sobre la base de dichas disposiciones y del artículo 308 CE, por otra (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2008, Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C‑402/05 P y C‑415/05 P,EU:C:2008:461, apartados 166 y 216; de 13 de marzo de 2012, Tay Za/Consejo,C‑376/10 P, EU:C:2012:138, apartados 63 y 64, y de 19 de julio de 2012, Parlamento/Consejo,C‑130/10, EU:C:2012:472, apartados 51 a 53 y 73).

267

Ello no significa, no obstante, que el Consejo pueda adoptar, sobre la base del artículo 215 TFUE, apartado 2, medidas restrictivas contra personas y entidades que no presenten una vinculación objetiva con dicho país.

268

En efecto, del tenor del artículo 215 TFUE, apartado 2, se desprende que, como recordó el propio Tribunal General en el apartado 37 de la quinta sentencia recurrida, el Consejo solo puede adoptar, sobre la base de dicha disposición, medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales cuando ello esté previsto en una decisión adoptada de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 2 del título V del Tratado UE, del que forma parte el artículo 29 de dicho Tratado.

269

A ese respecto, procede recordar que el artículo 29 TUE faculta al Consejo para adoptar decisiones que definirán el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático, enfoque que puede incluir medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales. En ese contexto, es el Consejo el que definirá o precisará, contando a este respecto con gran libertad y pronunciándose por unanimidad, el objeto de las medidas restrictivas que adopte la Unión en el ámbito de la política exterior y de seguridad común (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, apartados 87, 88 y 90, y de 16 de octubre de 2025, Timchenko y Timchenko/Consejo, C‑805/24 P, EU:C:2025:792, apartados 20 y 23).

270

La gran libertad con que cuenta el Consejo a ese respecto se explica por la amplitud enorme de las finalidades y objetivos de la Unión en este ámbito, que se expresan en los artículos 3 TUE, apartado 5, y 21 TUE y en las disposiciones específicas relativas a la política exterior y de seguridad común de la Unión, concretamente los artículos 23 TUE y 24 TUE (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de marzo de 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 88).

271

En particular, como se desprende, en esencia, del apartado 230 de la presente sentencia, el Consejo dispone de un amplio margen de apreciación en lo que respecta al objeto de las medidas restrictivas adoptadas en el citado ámbito y a la definición y alcance de los criterios generales en los que puede fundamentar dichas medidas (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo,C‑605/13 P, EU:C:2015:248, apartado 41). Así pues, el Tribunal de Justicia, competente en virtud del artículo 275 TFUE, párrafo segundo, en relación con el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, para apreciar la legalidad de los actos de la Unión que establecen medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos y entidades no estatales y, por lo tanto, de los criterios de inclusión que en ellos se establecen, dedujo de ello que solo puede afectar a la legalidad de dicho acto el carácter manifiestamente inadecuado de este con respecto al objetivo que la institución competente afirma perseguir (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo, C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, apartado 57, y de 31 de enero de 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, apartado 103).

272

Ello no obstante, a pesar del amplio margen de apreciación de que dispone el Consejo para definir el objeto de las medidas restrictivas que adopte la Unión en el ámbito de la política exterior y de seguridad común y los criterios jurídicos que permiten la imposición de medidas restrictivas, cualquier decisión que adopte tales medidas sobre la base del artículo 29 TUE, con vistas a ejercer presión sobre un tercer país, como ocurre en el caso de autos, debe definir y delimitar el objetivo de presión perseguido, al igual que las categorías de personas o entidades sobre las que recaerán dichos criterios.

273

En ese marco, tal decisión debe poner de manifiesto, en los criterios que instaura, una vinculación objetiva entre dichas categorías de personas o entidades y el tercer país de que se trate, habida cuenta del objetivo así definido y delimitado. En particular, dichas categorías deben establecerse de modo que las personas y entidades cubiertas por ellas mantengan una vinculación objetiva con dicho tercer país, para que las medidas restrictivas impuestas con arreglo a ello estén en condiciones de conseguir, de una manera que no sea manifiestamente inadecuada, el objetivo de presión que la Unión pretende ejercer de este modo. A falta de tal vinculación, un criterio de inclusión en una lista de personas sujetas a tales medidas carecería manifiestamente de idoneidad para conseguir el objetivo perseguido y, por lo tanto, debería considerárselo ilegal (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de enero de 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, apartado 111).

274

Cuando el Consejo adopta un reglamento sobre la base del artículo 215 TFUE, apartado 2, también dicho reglamento debe reflejar necesariamente tal vinculación, sin poder modificar su alcance. En efecto, dado que el objetivo de tal reglamento consiste en poner en práctica la decisión tomada en materia de política exterior y de seguridad común sobre la base del artículo 29 TUE, en dar efecto a las medidas restrictivas que en él se establecen cuando estén comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado FUE y en garantizar la aplicación uniforme de dichas medidas en todos los Estados miembros, el reglamento de que se trate debe limitarse a reproducir esencialmente el contenido de la decisión y a aportar definiciones y precisiones sobre la aplicación de las medidas restrictivas establecidas en dicha decisión, sin poder, en cambio, añadir nuevos criterios o nuevas medidas restrictivas ni modificar el alcance de los criterios y medidas contenidos en la referida decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de marzo de 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, apartados 89 y 90).

275

Pues bien, al indicar, en el apartado 37 de la quinta sentencia recurrida, que el Consejo está facultado, basándose en el artículo 215 TFUE, apartado 2, para adoptar medidas restrictivas contra «cualesquiera “personas físicas o jurídicas”, “entidades no estatales” o “grupos” a condición únicamente de que dichas medidas estén contenidas en una decisión adoptada conforme al capítulo 2 del título V del Tratado UE», el Tribunal General estaba recordando acertadamente, en esencia, que la adopción de tales medidas restrictivas solo es posible si existe una decisión tomada sobre la base del artículo 29 TUE. En estas circunstancias, dicho apartado de la quinta sentencia recurrida no puede interpretarse en el sentido de que el Tribunal General indicara en él que, al adoptar un reglamento sobre la base del artículo 215 TFUE, apartado 2, el Consejo podía hacer caso omiso de la exigencia de que los criterios de inclusión previstos en tal decisión y reproducidos en dicho reglamento seleccionaran a categorías de personas, grupos y entidades no estatales que presentaran una vinculación objetiva con el tercer país al que la Unión pretende oponerse.

276

La lectura errónea que, de ese modo, hace el quinto recurrente del apartado 37 de la quinta sentencia recurrida se ve confirmada, además, por el hecho de que, en el apartado 41 de dicha sentencia, no criticado por dicho recurrente, el Tribunal General subrayara el hecho de que, por lo que atañe al criterio g), existía una vinculación, al menos indirecta, entre los empresarios sobre los que recae dicho criterio y el tercer país de que se trata, a saber, la Federación de Rusia, puesto que el citado criterio recae, entre otras, sobre una categoría de personas físicas implicadas en determinados sectores económicos que proporcionan al Gobierno ruso una fuente sustancial de ingresos que le permite proseguir su política de desestabilización y agresión contra Ucrania.

277

Habida cuenta los fundamentos anteriores, no puede acogerse el tercer motivo en el asunto C‑111/24 P.

278

Mediante la segunda parte del tercer motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑711/23 P, el tercer recurrente alega que, aun suponiendo que la «fuente sustancial de ingresos» a que se refiere el criterio g) deba proceder de sectores económicos y no de los principales empresarios, el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en los apartados 101 y siguientes de la tercera sentencia recurrida, al desestimar su excepción basada en la ilegalidad de dicho criterio.

279

Afirma que, el Tribunal General, en efecto, adoptó una interpretación «objetiva» del citado criterio que permite al Consejo instaurar medidas restrictivas contra los principales empresarios por el mero hecho de que ejerzan una actividad en un sector económico que proporcione una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, con independencia del comportamiento y de la contribución individuales de dicha persona. Pues bien, entiende que tal comprensión del criterio g) es contraria al principio general según el cual, habida cuenta del objetivo y del alcance del régimen de medidas restrictivas de la Unión, tales medidas deben pretender inducir un cambio de comportamiento de los individuos afectados. Aduce que, en efecto, en el caso de autos, los principales empresarios afectados por medidas restrictivas no tienen capacidad de saber lo que deben cambiar en su comportamiento para dejar de ser objeto de estas.

280

El tercer recurrente sostiene, también en el marco de esta segunda parte, que el Consejo, pasando por alto el principio de seguridad jurídica, no procedió a definir de antemano y de manera clara el sector económico en el que se suponía que él ejercía una actividad.

281

También el cuarto recurrente alega, mediante la segunda parte del tercer motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑35/24 P, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar, en la cuarta sentencia recurrida, la excepción de ilegalidad del criterio g) que había propuesto ante él. Afirma que, en efecto, el análisis realizado por el Tribunal General en los apartados 87, 89 y 90 de dicha sentencia hace abstracción del hecho, invocado por él ante dicho órgano jurisdiccional, de que, con arreglo al artículo 215 TFUE, apartado 2, un criterio de inclusión como el criterio g) debe pretender inducir cambios en el comportamiento de las personas sujetas a las medidas restrictivas, y no convertir a esas personas en «víctimas colaterales». Entiende que, así pues, el Consejo solo puede adoptar, en virtud de dicha disposición, medidas restrictivas que estén en condiciones de modificar de manera comprensible y realista el comportamiento de la persona de la que se trate.

282

Aduce que, ahora bien, la interpretación, por el Tribunal General, del concepto de «principalidad» de los empresarios a los que se refiere el criterio g), a saber, la importancia relativa que dichos empresarios deben tener en un sector económico que proporcione una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, lleva a una situación en la que las personas afectadas son objeto de medidas restrictivas por lo que son y no por lo que hacen o deberían hacer, de modo que no se tienen en cuenta ni el comportamiento ni la contribución individuales de dichas personas.

283

El cuarto recurrente precisa, asimismo, que, si el hecho de que uno de los principales empresarios, en el sentido del criterio g), dimita de sus cargos o venda sus participaciones en una empresa sobre la que ejerce un poder de control permitiera con certeza el levantamiento de las medidas restrictivas de que es objeto, no ve de qué modo sufriría la Federación de Rusia como consecuencia de que tal persona se hubiera visto obligada a abandonar el sector económico de que se trate ni de qué modo ese hecho coadyuvaría a alcanzar los objetivos de la política exterior y de seguridad común de la Unión.

284

El Consejo, apoyado por la República Checa, la República de Letonia y la Comisión en el asunto C‑35/24 P, rebate el fundamento de las alegaciones de los recurrentes tercero y cuarto.

285

Con carácter preliminar, ha observarse que, como ya se ha indicado en el apartado 126 de la presente sentencia, la argumentación desarrollada con carácter subsidiario por los recurrentes tercero y cuarto en apoyo de la segunda parte de sus motivos terceros respectivos debe interpretarse en relación con la argumentación que han expuesto en la primera parte de dichos motivos y que se resume en los apartados 94 y 96 de la presente sentencia.

286

En estas circunstancias, procede considerar que, mediante dicha segunda parte, los recurrentes tercero y cuarto reprochan, en esencia, al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al declarar, en los apartados 104 a 109 de la tercera sentencia recurrida y en los apartados 87 a 92 de la cuarta sentencia recurrida, respectivamente, que el criterio g) no era ilegal.

287

Más concretamente, dichos recurrentes consideran que no cabe asimilar la principalidad de los empresarios en los sectores económicos en que ejercen su actividad a un comportamiento personal o, al menos, a un comportamiento personal suficientemente caracterizado como para permitirles modificar su comportamiento de modo que dejen de ser objeto de medidas restrictivas. Afirman que tal comportamiento, cuyo carácter necesariamente personal se deriva, según el tercer recurrente, del objetivo y del propio alcance del régimen de medidas restrictivas de la Unión o, según el cuarto recurrente, del artículo 215 TFUE, apartado 2, únicamente puede ser lo suficientemente caracterizado si las propias personas afectadas, aun cuando no mantengan una vinculación personal con el Gobierno de la Federación de Rusia, son las que proporcionan una fuente sustancial de ingresos a dicho Gobierno. Entienden que, dado que el Tribunal General descartó tal interpretación del criterio g) en el apartado 70 de la tercera sentencia recurrida y en el apartado 57 de la cuarta sentencia recurrida, debería haber estimado sus excepciones de ilegalidad.

288

También con carácter preliminar, en la medida en que el tercer recurrente reprocha al Consejo haber violado el principio de seguridad jurídica al no haber procedido a definir de antemano y de manera clara el sector económico en el que se suponía que él ejercía una actividad, procede recordar que, de conformidad con el artículo 56, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todo recurso de casación debe ir contra una resolución del Tribunal General. Así pues, las alegaciones de un recurso de casación que no critican la sentencia dictada por el Tribunal General a raíz de un recurso de anulación de una decisión, sino la decisión cuya anulación se solicitó ante el Tribunal General, son manifiestamente inadmisibles (sentencia de 17 de diciembre de 2020, Inpost Paczkomaty/Comisión,C‑431/19 P y C‑432/19 P, EU:C:2020:1051, apartado 108 y jurisprudencia citada).

289

Una vez realizadas esas observaciones preliminares, procede recordar que, como se desprende del apartado 271 de la presente sentencia, solo puede afectar a la legalidad de un criterio el carácter manifiestamente inadecuado de dicho criterio, con respecto al objetivo que la institución competente afirma perseguir, que sirva de fundamento a la imposición de medidas restrictivas. En particular, un criterio de inclusión en una lista de personas sujetas a medidas restrictivas frente a un tercer país no puede considerarse ilegal cuando seleccione categorías de personas o entidades que mantienen una vinculación objetiva, siquiera de manera indirecta, con el tercer país en cuestión.

290

Como indicó, en esencia, la Comisión en la vista ante el Tribunal de Justicia y como expuso la Abogada General en el punto 86 de sus conclusiones presentadas en el asunto C‑711/23 P y en el punto 83 de sus conclusiones presentadas en el asunto C‑35/24 P, cuando, a causa en particular de la existencia de tal vinculación, un criterio de inclusión no es manifiestamente inadecuado con respecto al objetivo perseguido, la manera en que dicha vinculación se plasma en los elementos constitutivos de dicho criterio no permite cuestionar la validez del citado criterio.

291

En el caso de autos, el Tribunal General declaró, acertadamente, en los apartados 107 y 108 de la tercera sentencia recurrida, en relación con los apartados 66 y 67 de esta, y en los apartados 90 y 91 de la cuarta sentencia recurrida, en relación con el apartado 54 de esta, que el criterio g) mostraba una vinculación «lógica» y, por tanto, objetiva entre, por un lado, el hecho de seleccionar a empresarios que sean importantes en los sectores económicos en que ejercen su actividad y que proporcionen ingresos sustanciales al Gobierno de la Federación de Rusia y, por otro lado, el objetivo consistente en aumentar la presión ejercida sobre dicho tercer país y los costes de las acciones de este. Como el Tribunal General consideró acertadamente en el apartado 108 de la tercera sentencia recurrida y en el apartado 91 de la cuarta sentencia recurrida, el criterio g) recae, mediante la referencia a tales empresarios, sobre personas frente a las que la adopción de las medidas restrictivas en cuestión puede aumentar el coste de las acciones de la Federación de Rusia en Ucrania en vista de la importancia que dichos sectores revisten para la economía rusa.

292

De las consideraciones anteriores se desprende que el criterio g) selecciona categorías de personas o entidades que mantienen una vinculación objetiva con el Gobierno de la Federación de Rusia, de modo que resulta idóneo para alcanzar el objetivo mencionado en el apartado anterior y, por consiguiente, no puede considerarse ilegal.

293

En estas circunstancias, procede considerar que el Tribunal General declaró acertadamente que el criterio g) no adolecía de ilegalidad.

294

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar la segunda parte de los motivos terceros respectivos en los asuntos C‑711/23 P y C‑35/24 P.

295

Mediante la primera parte del cuarto motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑704/23 P, el segundo recurrente reprocha al Tribunal General haber violado el principio de igualdad de trato en los apartados 135, 137 y 138 de la segunda sentencia recurrida. Afirma que, en efecto, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal General debería haberse atenido no solo al tenor del criterio g), sino también a las consecuencias de su aplicación, en la práctica, desde un punto de vista estadístico. Entiende que, ahora bien, en el caso de autos, las cuarenta y tres personas designadas sobre la base de dicho criterio, sin excepción, son nacionales o ciudadanos rusos y fueron tratados desfavorablemente por razón de su nacionalidad.

296

Aduce que, además, contrariamente a lo que consideró el Tribunal General, tal desigualdad de trato no puede verse atenuada por el principio de legalidad, que se menciona en el apartado 138 de la segunda sentencia recurrida. A su juicio, de lo contrario, el principio de igualdad de trato quedaría privado de sentido, porque sería imposible probar ninguna desigualdad en el marco de las medidas restrictivas, lo cual privaría a las personas que son objeto de ellas de cualquier vía de recurso.

297

Mediante sus motivos quintos invocados, respectivamente, en apoyo de sus recursos de casación en los asuntos C‑711/23 P y C‑35/24 P, los recurrentes tercero y cuarto alegan que, en los apartados 143 a 145 de la tercera sentencia recurrida y en los apartados 124 a 131 de la cuarta sentencia recurrida, el Tribunal General violó el principio de igualdad de trato. A su juicio, en efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que, para pronunciarse sobre alegaciones de desigualdad de trato, un órgano jurisdiccional como el Tribunal General debe examinar no solo el tenor del criterio de inclusión en cuestión, sino también la manera en que este se aplica en la práctica, analizando a tal efecto las estadísticas disponibles. Entienden que, por tanto, en contra de lo que declaró el Tribunal General, poco importa que el criterio g) no se refiera a la nacionalidad de las personas designadas y que el Consejo pueda, sobre la base de dicho criterio, designar a personas físicas de cualquier nacionalidad. Afirman que, en efecto, las cuarenta y tres personas designadas sobre la base del criterio g) a fecha de 5 de junio de 2023, sin excepción, o, en todo caso, las treinta y cuatro personas que habían sido designadas sobre dicha base en la fecha en que se dictaron las sentencias recurridas tercera y cuarta eran, sin excepción, ciudadanos rusos. Aducen que, de ese modo, al no analizar las consecuencias, in concreto, de la aplicación del criterio g) por parte del Consejo, el Tribunal General no efectuó un control completo de la legalidad de dicho criterio.

298

Los recurrentes tercero y cuarto se basan en elementos análogos a los resumidos en el apartado 296 de la presente sentencia para sostener que dichas consideraciones no quedan desvirtuadas por el principio de legalidad, al que se refiere el Tribunal General en el apartado 145 de la tercera sentencia recurrida y en el apartado 129 de la cuarta sentencia recurrida.

299

El Consejo, apoyado por la República Checa, la República de Letonia y la Comisión en el asunto C‑35/24 P, rebate el fundamento de las alegaciones de los recurrentes segundo a cuarto.

300

Los recurrentes segundo a cuarto reprochan, en esencia, al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho, en los apartados 137 y 138 de la segunda sentencia recurrida, en los apartados 143 a 145 de la tercera sentencia recurrida y en los apartados 124 a 131 de la cuarta sentencia recurrida, al analizar si el Consejo había violado el principio de igualdad de trato al adoptar medidas restrictivas contra los principales empresarios, en el sentido del criterio g).

301

A ese respecto, procede recordar que el principio de igualdad de trato, consagrado asimismo en el artículo 20 de la Carta, constituye un principio general del Derecho de la Unión que exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que tal diferenciación esté objetivamente justificada (sentencia de 30 de noviembre de 2023, MG/BEI,C‑173/22 P, EU:C:2023:932, apartado 45 y jurisprudencia citada).

302

Asimismo, ha de subrayarse, como se desprende del apartado 271 de la presente sentencia, que el Consejo dispone de un amplio margen de apreciación al definir el objeto de las medidas restrictivas, los criterios de inclusión y las categorías de personas sobre las que recaerán dichos criterios, y que solo puede afectar a la legalidad de tal medida el carácter manifiestamente inadecuado, de una medida adoptada en materia de medidas restrictivas, con respecto al objetivo que dicha institución afirma perseguir, jurisprudencia que también es de aplicación a la luz del principio de igualdad de trato (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 132, y de 25 de junio de 2020, VTB Bank/Consejo,C‑729/18 P, EU:C:2020:499, apartado 70).

303

En el caso de autos, como declaró acertadamente el Tribunal General en el apartado 137 de la segunda sentencia recurrida, en el apartado 144 de la tercera sentencia recurrida y en el apartado 127 de la cuarta sentencia recurrida, el criterio g) recae de manera indiferenciada sobre los principales empresarios que ejerzan una actividad en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, sin distinguir entre ellos en función de criterios tales como el de la nacionalidad. En estas circunstancias, no cabe considerar que las personas que poseen la nacionalidad rusa sean tratadas, a la luz del tenor del criterio g) y en la aplicación de este, de manera diferente que las que poseen otra nacionalidad.

304

Es cierto que el requisito de que los principales empresarios sobre los que recae el criterio g) ejerzan una actividad en tales sectores económicos implica que, en la gran mayoría de los casos, dichos empresarios posean la nacionalidad rusa. Sin embargo, ello resulta lógicamente del hecho de que, como se desprende de los apartados 273 y 275 de la presente sentencia, al igual que, en esencia, de los apartados 79 a 83 de la segunda sentencia recurrida, de los apartados 66 a 70, 107 y 108 de la tercera sentencia recurrida y de los apartados 54 a 57, 90 y 91 de la cuarta sentencia recurrida, el criterio g) se inscriba en un marco de medidas que pretenden presionar al Gobierno de la Federación de Rusia, para hacer que este renuncie a sus acciones de desestabilización de Ucrania y agresión contra esta, a través de personas y entidades que mantienen una vinculación objetiva con dicho tercer país, como ocurre con los principales empresarios.

305

Por otra parte, de los apartados 285 a 294 de la presente sentencia se desprende que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 106 a 109 de la tercera sentencia recurrida y en los apartados 89 a 92 de la cuarta sentencia recurrida, que el criterio g) no era ilegal debido a que no era manifiestamente inadecuado habida cuenta de los objetivos perseguidos. Esas consideraciones son aplicables, mutatis mutandis, a la cuestión de si las medidas restrictivas adoptadas sobre la base del criterio g) son contrarias al principio de igualdad de trato, incluido en el asunto C‑704/23 P.

306

Así pues, de los tres apartados anteriores se desprende que, como declaró acertadamente el Tribunal General en el apartado 137 de la segunda sentencia recurrida, en el apartado 144 de la tercera sentencia recurrida y en el apartado 127 de la cuarta sentencia recurrida, el hecho de que sean los principales empresarios de nacionalidad rusa los que son preponderantemente objeto de medidas restrictivas en virtud del criterio g) no puede llevar a considerar que, al adoptar y aplicar dicho criterio, el Consejo violara el principio de igualdad de trato.

307

Además, como indicó el Tribunal General en el apartado 139 de la segunda sentencia recurrida y en el apartado 128 de la cuarta sentencia recurrida, no cabe entender como una violación del principio de igualdad de trato el amplio margen de apreciación de que dispone el Consejo para identificar a los principales empresarios que son susceptibles de ser objeto de medidas restrictivas en virtud del criterio g) (véase, por analogía, la sentencia de 25 de junio de 2020, VTB Bank/Consejo,C‑729/18 P, EU:C:2020:499, apartado 70).

308

Por último, como declaró acertadamente el Tribunal General, en esencia, en el apartado 138 de la segunda sentencia recurrida, en el apartado 145 de la tercera sentencia recurrida y en el apartado 129 de la cuarta sentencia recurrida, no puede reprocharse al Consejo, teniendo en cuenta dicho amplio margen de apreciación y la legalidad del criterio g) a la luz del principio de igualdad de trato, haber violado dicho principio por el hecho de que las medidas restrictivas que adoptó no recaigan sobre la totalidad de personas físicas que pueden responder a los requisitos fijados por dicho criterio.

309

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar la primera parte del cuarto motivo en el asunto C‑704/23 P y los motivos quintos respectivos en los asuntos C‑711/23 P y C‑35/24 P.

310

La presente sección trata de los motivos de los cinco recurrentes que se basan en errores de Derecho y en la desnaturalización de elementos de hecho y de pruebas de los que afirman que adolece el análisis del Tribunal General acerca de si, en cada una de las cinco sentencias recurridas, el Consejo incurrió en errores de apreciación al considerar que, a la vista de dichos elementos de hecho y pruebas, se cumplían los elementos constitutivos del criterio g) con respecto a dichos recurrentes y al entender, así pues, en las exposiciones de motivos que subyacen a las medidas restrictivas de las que son objeto, que cada uno de ellos estaba entre los «principales empresarios […] implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia».

311

Se trata, más en concreto, de la primera parte del segundo motivo en el asunto C‑696/23 P, de la tercera imputación de la primera parte y de la primera imputación de la segunda parte del primer motivo y del segundo motivo en el asunto C‑704/23 P, del primer motivo y de las partes cuarta a sexta del cuarto motivo en el asunto C‑711/23 P, de las partes primera a tercera del primer motivo y de la primera parte y de la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑35/24 P y, por último, de los motivos quinto, sexto y octavo en el asunto C‑111/24 P.

312

Un primer grupo de dichos motivos y alegaciones se basa, en esencia, en los errores de Derecho y en la desnaturalización en que supuestamente incurrió el Tribunal General en su análisis de si el sector en el que operan u operaban los recurrentes segundo a quinto proporcionaba una «fuente sustancial de ingresos» al Gobierno de la Federación de Rusia, en el sentido del criterio g). El resto de los citados motivos y alegaciones se basa, en esencia, en los errores de Derecho y en la desnaturalización en que supuestamente incurrió el Tribunal General en su análisis de si el segundo recurrente es uno de los «principales» empresarios, en el sentido de dicho criterio, y de si los recurrentes primero y quinto ejercían una «actividad», en el sentido del citado criterio.

313

Ha de precisarse que, habida cuenta de que, como se desprende del apartado 162 de la presente sentencia, determinadas alegaciones planteadas por el primer recurrente en apoyo de su primer motivo se refieren a la vez a la calificación jurídica de los hechos y a la interpretación del concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g), todas esas alegaciones, en particular las relacionadas con la calificación de los hechos, han sido ya analizadas en los apartados 166 a 186 de la presente sentencia.

314

Mediante la primera imputación de la segunda parte del primer motivo y el segundo motivo en el asunto C‑704/23 P, el primer motivo y las partes cuarta a sexta del cuarto motivo en el asunto C‑711/23 P, las partes primera a tercera del primer motivo y la primera parte y la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑35/24 P y, por último, los motivos quinto y sexto en el asunto C‑111/24 P, los recurrentes segundo a quinto sostienen que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho e, incluso, en la desnaturalización de los hechos y las pruebas al analizar si los sectores económicos en los que ellos operan u operaban proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

315

Habida cuenta de su conexidad, el segundo motivo en el asunto C‑704/23 P y la primera parte de los motivos primeros respectivos en los asuntos C‑711/23 P y C‑35/24 P, mediante los que los recurrentes segundo a cuarto reprochan al Tribunal General haber pasado por alto el alcance de su control jurisdiccional, se tratarán conjuntamente en un primer epígrafe de la presente subsección. El segundo epígrafe de esta tratará las demás alegaciones mencionadas en el apartado anterior.

316

Mediante su segundo motivo en el asunto C‑704/23 P, el segundo recurrente reprocha al Tribunal General haber pasado por alto el alcance de su control jurisdiccional, al sustituir por su propia apreciación y su propio razonamiento los que había adoptado el Consejo en la motivación de los segundos actos controvertidos de mantenimiento. Afirma que, en efecto, en dicha motivación, el Consejo indicó, para concluir que él satisfacía los elementos constitutivos del criterio g), que Yandex «aporta unos ingresos fiscales considerables al Gobierno de la Federación de Rusia», lo que implica que consideró una «fuente sustancial de ingresos» las contribuciones fiscales de Yandex y no los ingresos procedentes del sector económico en el que opera dicha sociedad y que, por lo demás, no se mencionaban en dicha motivación. Entiende que, ahora bien, en los apartados 96 a 108 de la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General no procedió a comprobar si el Consejo había incurrido en error de apreciación a ese respecto. Aduce que, además, el Tribunal General no comprobó, contrariamente a lo que, sin embargo, había anunciado en los apartados 82 y 83 de dicha sentencia, si la fuente de ingresos facilitada al Gobierno de la Federación de Rusia por el conjunto del sector económico en el que él ejercía su actividad, y no solo por Yandex, era «sustancial», en el sentido del criterio g).

317

Mediante la primera parte de su primer motivo en el asunto C‑711/23 P, el tercer recurrente reprocha al Tribunal General haber pasado por alto, en los apartados 69 a 74, 81 a 83 y 98 de la tercera sentencia recurrida, el alcance de su control jurisdiccional, al sustituir por sus propias apreciaciones y motivación las del Consejo. Afirma que, en efecto, mientras que dicha institución, tanto en las exposiciones de motivos de los actos controvertidos como mediante las pruebas aportadas ante el Tribunal General, se esforzó por acreditar que, a causa de los impuestos que abonaba, MMK proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, sin interesarse por el sector económico al que pertenecía dicha sociedad ni comprobar si dicho sector proporcionaba por sí mismo tal fuente, el Tribunal General no procedió a comprobar si la referida institución podía válidamente limitarse a tal motivación, y adoptó otros elementos no presentes en dichas exposiciones de motivos para concluir que el sector económico de que se trataba, que, por lo demás, ni se mencionaba en las referidas exposiciones de motivos, proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

318

Mediante la primera parte de su primer motivo en el asunto C‑35/24 P, el cuarto recurrente reprocha al Tribunal General haber pasado por alto, en los apartados 56 a 61 y 69 a 74 de la cuarta sentencia recurrida, el alcance de su control jurisdiccional, al sustituir por sus propias apreciaciones y motivación las del Consejo. Afirma que, en efecto, mientras que el Consejo, tanto en las exposiciones de motivos de la Decisión y del Reglamento controvertidos como mediante las pruebas aportadas ante el Tribunal General, se esforzó por acreditar que, a causa de su importancia económica, Uralchem proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, sin interesarse, no obstante, por el sector económico al que pertenecía dicha sociedad ni comprobar si dicho sector proporcionada por sí mismo tal fuente, el Tribunal General no procedió a examinar si dicha institución podía limitarse a tal motivación. Entiende que, además, del apartado 74 de la cuarta sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General adoptó otros elementos no presentes en dichas exposiciones de motivos para concluir que el sector económico de que se trataba proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

319

El Consejo considera que el segundo motivo en el asunto C‑704/23 P es inadmisible, pues la argumentación del segundo recurrente es confusa y contiene una nueva imputación que no había sido invocada ante el Tribunal General, a saber, la imputación basada en que dicha institución no se refiriera a sectores económicos en la motivación de los segundos actos controvertidos de mantenimiento.

320

El Consejo considera además que la mayoría de lo alegado en apoyo del primer motivo en el asunto C‑35/24 P es inadmisible por cuanto invita al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre cuestiones de hecho y sobre la apreciación de las pruebas presentadas ante el Tribunal General.

321

Por lo demás, el Consejo, apoyado por la República Checa, la República de Letonia y la Comisión en el asunto C‑35/24 P, rebate el fundamento de las alegaciones de los recurrentes segundo a cuarto.

322

Por lo que atañe, en primer lugar, a la admisibilidad del segundo motivo invocado por el segundo recurrente en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑704/23 P, procede observar, en atención a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se recuerda en el apartado 157 de la presente sentencia, que, contrariamente a lo que sostiene el Consejo, dicho motivo no es confuso. En efecto, el segundo recurrente reprocha al Tribunal General, con la claridad y la precisión requeridas, haber pasado por alto el alcance de su control jurisdiccional, al sustituir por su propia apreciación y su propio razonamiento los del Consejo en la motivación de los segundos actos controvertidos de mantenimiento por lo que respecta a si el sector económico en el que dicho recurrente ejerce su actividad proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

323

Si bien es cierto que, en el marco del citado motivo, el citado recurrente señala que el Consejo no identificó, en dicha motivación, el sector económico en el que se suponía que él ejercía su actividad, ha de subrayarse que ese mismo recurrente no extrae ninguna consecuencia jurídica de esa mera observación, que, por tanto, no puede tener incidencia alguna en la admisibilidad de su segundo motivo.

324

En segundo lugar, en la medida en que el Consejo impugna la admisibilidad de la primera parte del primer motivo en el asunto C‑35/24 P, procede señalar que, mediante dicha parte, el cuarto recurrente no pretende cuestionar la apreciación de los elementos de hecho y de las pruebas efectuada por el Tribunal General. En efecto, dicho recurrente reprocha a dicho órgano jurisdiccional haber pasado por alto el alcance de su control jurisdiccional al sustituir por sus propias apreciaciones de hecho y motivación las del Consejo, lo que constituye una cuestión de Derecho que puede ser objeto de control por el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6, apartado 47, y de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa,C‑441/07 P, EU:C:2010:377, apartados 67 y 68).

325

De ello se deduce que el segundo motivo en el asunto C‑704/23 P y la primera parte del primer motivo en el asunto C‑35/24 P son admisibles.

326

En esencia, los recurrentes segundo a cuarto imputan al Tribunal General haber pasado por alto, en las sentencias recurridas segunda a cuarta, el alcance de su control jurisdiccional, al sustituir por su propia motivación la adoptada por el Consejo en las respectivas exposiciones de motivos de los actos cuya anulación han solicitado. Afirman que, en efecto, mientras que el Consejo se basó, para considerar que operaban en un sector económico que proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, en la presión fiscal o la importancia económica de las sociedades en que ejercían su actividad, el Tribunal General no procedió a comprobar la fundamentación de dicha parte de la motivación y adoptó una motivación diferente de la del Consejo.

327

A ese respecto, procede recordar que la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta exige, en particular, que el juez de la Unión se asegure de que la decisión, que constituye un acto de alcance individual para la persona o entidad afectadas, descansa sobre unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa la referida decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine la cuestión de si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar esa misma decisión, están o no respaldados por hechos. A estos efectos, incumbe al juez de la Unión proceder a ese examen solicitando, en su caso, a la autoridad competente de la Unión que presente los datos o pruebas, confidenciales o no, pertinentes para ese examen. Si bien no se exige que dicha autoridad presente ante el juez de la Unión todos los datos y pruebas inherentes a los motivos expuestos en el acto cuya anulación se solicita, es preciso, sin embargo, que los datos o pruebas presentados respalden los motivos invocados contra la persona afectada (sentencia de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Fulmen y Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, apartados 64, 65 y 67 y jurisprudencia citada).

328

Por lo que respecta a los asuntos C‑704/23 P, C‑711/23 P y C‑35/24 P, ha de observarse que todas las exposiciones de motivos que figuran en los actos cuya anulación solicitan, respectivamente, los recurrentes segundo a cuarto indican que dichos recurrentes están entre los principales empresarios que ejercen una actividad en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Por consiguiente, en el marco de su control jurisdiccional de la legalidad de dichos actos, el Tribunal General debía, de conformidad con la interpretación realizada del criterio g) tal como resulta, en particular, del apartado 125 de la presente sentencia y con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se recuerda en el apartado anterior, comprobar, entre otras cosas, en qué sector o sectores económicos ejercía su actividad cada uno de los referidos recurrentes y si ese sector o sectores proporcionaban una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, examinando a ese respecto las pruebas aportadas por el Consejo y debatidas ante él.

329

Pues bien, eso es precisamente lo que el Tribunal General se dedicó a hacer en los apartados 96 a 109 de la segunda sentencia recurrida, en los apartados 79 a 98 de la tercera sentencia recurrida y en los apartados 67 a 82 de la cuarta sentencia recurrida. En estas circunstancias, no cabe reprochar al Tribunal General haber sustituido por su propia motivación la adoptada por el Consejo y, de ese modo, haber pasado por alto el alcance de su control jurisdiccional.

330

En la medida en que los recurrentes segundo a cuarto reprochan al Tribunal General no haberse limitado a comprobar si el Consejo había incurrido en error de apreciación al inferir, de la información relativa a la presión fiscal o a la importancia económica de las sociedades en las que ejercían su actividad, las cuales se mencionan en las respectivas exposiciones de motivos de los actos cuya anulación solicitaban, que los sectores económicos de que se trataba proporcionaban una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, o incluso haber tenido en cuenta, sobre este particular, otros elementos que no se desprenden de dichas exposiciones de motivos, procede considerar, por un lado, que dicha información no se refiere necesariamente a la parte del criterio g) relativa al carácter sustancial de la fuente de ingresos que proporciona un sector económico, sino que puede referirse, como se desprende de los apartados 168 y 192 de la presente sentencia, a la parte de dicho criterio relativa a la principalidad del empresario de que se trate.

331

Por otro lado, y en cualquier caso, como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se recuerda en el apartado 327 de la presente sentencia, el Consejo no estaba obligado a presentar ante el juez de la Unión todos los datos y pruebas inherentes a los motivos expuestos en el acto cuya anulación se solicitaba, debiendo dicho juez únicamente asegurarse, en el marco de su control jurisdiccional, de que los datos o pruebas presentados ante él respaldaran suficientemente los motivos invocados frente a la persona afectada.

332

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar el segundo motivo en el asunto C‑704/23 P y la primera parte del primer motivo en los asuntos C‑711/23 P y C‑35/24 P.

333

Mediante la primera imputación de la segunda parte de su primer motivo en el asunto C‑704/23 P, el segundo recurrente alega que el Tribunal General no aplicó correctamente el concepto de «fuente sustancial de ingresos» en su caso. Afirma que, mientras que el Tribunal General expuso, en los apartados 82 y 83 de la segunda sentencia recurrida, que, a efectos de la aplicación del criterio g), los ingresos que debían tenerse en cuenta eran los de los sectores económicos en que alguno de los principales empresarios ejerciera su actividad, se basó, en los apartados 98 a 103 de dicha sentencia, en información sobre únicamente Yandex para extrapolar a partir de ello, sobre la base de una sola prueba, la cual adolecía de desnaturalización, que el sector económico en el que opera Yandex proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Entiende que, al actuar así, el Tribunal General también invirtió la carga de la prueba y dio por demostrados hechos a falta de prueba pertinente alguna.

334

El Consejo considera que, mediante tal imputación, el segundo recurrente busca cuestionar la apreciación de las pruebas efectuada por el Tribunal General y no plantear una cuestión de Derecho, de modo que debe declararse su inadmisibilidad. Además, rebate el fundamento de las alegaciones de dicho recurrente.

335

Por lo que atañe a la admisibilidad de la primera imputación de la segunda parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P, ha de observarse que, contrariamente a lo que aduce el Consejo, el segundo recurrente no pretende cuestionar la apreciación de las pruebas efectuada por el Tribunal General, sino que reprocha a dicho órgano jurisdiccional, por un lado, haber incurrido en un error de Derecho al haberse limitado a comprobar, olvidando la interpretación del criterio g) realizada en los apartados 82 y 83 de la segunda sentencia recurrida, si Yandex proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, mientras que, en realidad, tal comprobación debería haberse referido a la totalidad del sector económico al que pertenecía dicha sociedad, y, por otro, haber desnaturalizado la única prueba relativa a dicho sector. Pues bien, la desnaturalización de pruebas es, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se menciona en el apartado 158 de la presente sentencia, una cuestión de Derecho que es competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

336

Sobre el fondo, procede reconocer, como sostiene el segundo recurrente y como admite el propio Tribunal General en el apartado 103 de la segunda sentencia recurrida, que, para poder considerar, en dicho apartado y en los apartados 107 y 108 de dicha sentencia, que el sector ruso de las tecnologías de la información y las comunicaciones proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, en el sentido del criterio g), el Tribunal General se basó esencialmente, en los apartados 98 a 106 de la citada sentencia, en información relativa no a dicho sector económico en su globalidad, sino únicamente a Yandex.

337

Ello no obstante, ha de subrayarse que la información relativa a una empresa puede, en algunas circunstancias, proveer una indicación pertinente para apreciar el carácter sustancial de la fuente de ingresos que representa, para el Estado de que se trate, el sector económico al que pertenezca, en particular cuando dicha empresa es una de las más importantes de este y los ingresos facilitados a dicho Estado por la empresa de que se trate presentan ya en sí mismos un carácter sustancial.

338

En el caso de autos, el Tribunal General declaró, en los apartados 98 a 102 de la segunda sentencia recurrida, que Yandex era la sociedad que ofrecía el principal buscador en línea en Rusia, equivalente de Google en dicho país, que cotizaba en el Nasdaq, que disponía de más de cien millones de usuarios al mes, que realizaba un volumen de negocios estimado en 500000 millones de rublos rusos (RUB) (aproximadamente 6000 millones de euros), que operaba en un sector estratégico en términos de crecimiento y que contribuía a distintos sectores de la economía rusa como ecosistema que daba servicio a decenas de millones de consumidores y empresas en Rusia.

339

De ese modo, el Tribunal General declaró que Yandex, como empresa de primer orden en el sector ruso de tecnologías de la información y las comunicaciones y como motor de la expansión de dicho sector, operaba en un sector económico caracterizado por un crecimiento exponencial, ofrecía todo un abanico de servicios y de productos y disponía de muchísimos clientes y usuarios. De ello dedujo, en el apartado 103 de la segunda sentencia recurrida, que debía considerarse «necesariamente» que tal sector proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Confirmó además este análisis, en los apartados 103 y 106 de dicha sentencia, mediante información numérica que indicaba la importancia del sector ruso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en términos de producto interior bruto (PIB) y de empleados y por el hecho de que debiera tenerse en cuenta que los impuestos sobre las actividades y flujos de dicho sector contribuían indirectamente a proporcionar ingresos significativos a dicho Gobierno.

340

Por tanto, al adoptar tal razonamiento, el Tribunal General se basó en un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que demostraban, en particular a partir de información relativa a la principal sociedad que operaba en el referido sector, que el Consejo había podido considerar acertadamente que ese mismo sector proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

341

En estas circunstancias, y sin que sea necesario examinar la supuesta desnaturalización de la prueba meramente corroborativa que se menciona en el apartado 103 de la segunda sentencia recurrida, el segundo recurrente no puede sostener válidamente que el Tribunal General se basara únicamente en dicha prueba y que, así pues, invirtiera la carga de la prueba.

342

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar la primera imputación de la segunda parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P.

343

Mediante la segunda parte del primer motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑711/23 P, el tercer recurrente alega que el Tribunal General, en particular en los apartados 86 y 88 de la tercera sentencia recurrida, desnaturalizó las pruebas y sustituyó por su propia apreciación la del Consejo al utilizar las pruebas aportadas por dicha institución para declarar que el sector económico en cuestión proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, mientras que, en realidad, dichas pruebas se referían al importe de los impuestos abonados por la sociedad en la que él ejercía su actividad, a saber, MMK, y al lugar y a la importancia de dicha sociedad en dicho sector.

344

En apoyo de la cuarta parte de su cuarto motivo, el tercer recurrente estima que el Tribunal General desnaturalizó los elementos de hecho y las pruebas presentadas ante él, lo que le llevó a invertir la carga de la prueba que, en condiciones normales, recae sobre el Consejo. Afirma que, en efecto, mientras que el Tribunal General expuso, en el apartado 81 de la tercera sentencia recurrida, que los ingresos que debían tenerse en cuenta para la aplicación del criterio g) eran los de los sectores económicos en que alguno de los principales empresarios ejerciera su actividad, se basó, en los apartados 86 a 89 de dicha sentencia, en información sobre únicamente MMK para concluir a partir de ello, en el apartado 90 de la citada sentencia, que el sector metalúrgico ruso proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Entiende que la única prueba que guarda relación con dicha conclusión se examinó en los apartados 86 y 93 de esa misma sentencia, pero carece de pertinencia por cuanto se refiere a las expectativas futuras de la Federación de Rusia en materia de ingresos fiscales.

345

Afirma que, en cualquier caso, el Consejo no ha presentado ninguna prueba que permita acreditar que la fuente de ingresos que el Gobierno de la Federación de Rusia obtiene del sector metalúrgico fuera efectivamente sustancial en comparación con la totalidad de ingresos presupuestarios de dicho Gobierno. Entiende que, por consiguiente, la conclusión del Tribunal General que figura en el apartado 90 de la tercera sentencia recurrida es materialmente inexacta y no viene respaldada por hechos. Aduce que, además, en el apartado 92 de dicha sentencia, el Tribunal General no analizó correctamente las pruebas presentadas por él, lo que le llevó a formular una apreciación hipotética y a extraer una conclusión contradictoria.

346

Mediante la quinta parte de su cuarto motivo, el tercer recurrente imputa al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho, en el apartado 87 de la tercera sentencia recurrida, al infringir las normas sobre carga de la prueba y vulnerar el derecho de defensa, por cuanto, al utilizar, en dicho apartado, la expresión «no cabe duda alguna», presumió que el sector metalúrgico ruso proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

347

En la sexta parte de su cuarto motivo, el tercer recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado, en el apartado 98 de la tercera sentencia recurrida, que los impuestos pagados obligatoriamente por el sector económico de que se tratara podían justificar la adopción de medidas restrictivas contra una persona física. Afirma que, en efecto, dado que el pago de impuestos es una obligación legal que las personas físicas y jurídicas no pueden evadir, la persona que está sujeta a medidas restrictivas no tiene ninguna posibilidad de adoptar un comportamiento que le permita dejar de ser objeto de ellas.

348

El Consejo rebate el fundamento de las alegaciones del tercer recurrente sobre el fondo, precisando al mismo tiempo que, en la medida en que dicho recurrente esté cuestionando la suficiencia de las pruebas y pretendiendo, así pues, obtener su reexamen, dichas alegaciones son inadmisibles.

349

Con carácter preliminar, ha de observarse que todas las alegaciones planteadas por el tercer recurrente en apoyo de la segunda parte de su primer motivo y de las partes cuarta a sexta de su cuarto motivo son admisibles. En efecto, mediante dichas alegaciones, el recurrente impugna determinados elementos de hecho y pruebas examinados por el Tribunal General por entender que dicho órgano jurisdiccional, bien los desnaturalizó, bien sustituyó por su propio razonamiento el del Consejo o infringió las normas sobre carga de la prueba. Pues bien, tales imputaciones constituyen cuestiones que pueden quejar sujetas al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, de conformidad con la jurisprudencia que se menciona en los apartados 158, 226 y 324 de la presente sentencia.

350

Por lo que atañe, para comenzar, a las imputaciones mediante las que, en la segunda parte de su primer motivo y en las partes cuarta y quinta de su cuarto motivo, el tercer recurrente reprocha al Tribunal General haber, en los apartados 86 a 89 de la tercera sentencia recurrida, desnaturalizado las pruebas o razonado mediante presunción y, así pues, invertido la carga de la prueba, han de desestimarse, por cuanto dicho recurrente hace una lectura errónea de dichos apartados.

351

En efecto, el Tribunal General analizó, en un primer momento, en el apartado 86 de la tercera sentencia recurrida, dos pruebas que, según determinó, permitían deducir «fácilmente» que el sector metalúrgico proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. A ese respecto, contrariamente a lo que afirma el tercer recurrente, ambas pruebas, con independencia de que una de ellas hubiera sido presentada por MMK, se referían efectivamente a todos los ingresos fiscales que el sector metalúrgico ruso estaba en condiciones de proporcionar a dicho Gobierno durante el período cubierto por los actos controvertidos, y no solo a la contribución fiscal de MKK, de modo que el Tribunal General no las desnaturalizó.

352

Por otra parte, lejos de obviar que dichos medios de prueba únicamente evidenciaban previsiones para dicho período, el Tribunal General consideró, en el apartado 93 de la tercera sentencia recurrida, que estaban dotados de una fuerza probatoria importante debido a que eran «reveladores de la importancia de los ingresos que dicho sector puede generar para el presupuesto del Estado ruso». Pues bien, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se recuerda en el apartado 158 de la presente sentencia, dicha apreciación de la fuerza probatoria de los referidos medios escapa, con la salvedad del supuesto de su desnaturalización por parte del Tribunal General, al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

353

En consecuencia, el Tribunal General concluyó, en el apartado 87 de la tercera sentencia recurrida, que, pese a que el Consejo no hubiera aportado información numérica de los ingresos facilitados por el sector metalúrgico al Gobierno de la Federación de Rusia, «no [cabía] duda alguna» de que dicho sector proporcionaba una fuente sustancial de ingresos a dicho Gobierno, apreciación que debe entenderse previa lectura de las determinaciones de hecho realizadas anteriormente por el Tribunal General, en el apartado 86 de dicha sentencia, y no como una presunción que dicho órgano jurisdiccional hubiera admitido en beneficio del Consejo.

354

Solo en un segundo momento el Tribunal General examinó, en los apartados 88 y 89 de la tercera sentencia recurrida, el lugar y la importancia de MMK en el sector metalúrgico ruso a fin de confirmar dicha conclusión. Dicho examen meramente corroborativo del análisis de las pruebas relativas a los ingresos facilitados por dicho sector no puede ser merecedor de censura, en la medida en que, como resulta del apartado 337 de la presente sentencia, la información relativa a una empresa puede, en algunas circunstancias, proveer una indicación del carácter sustancial de la fuente de ingresos que facilita al gobierno de un Estado el sector económico al que pertenezca dicha empresa, en particular cuando esta es, como es el caso de MMK, según las determinaciones del Tribunal General que figuran en los apartados antes citados de la tercera sentencia recurrida, una de las más importantes del sector de que se trata y proporciona, ya por sí sola, una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

355

A continuación, por lo que atañe a la imputación que el tercer recurrente basa en que la conclusión del Tribunal General que figura en el apartado 90 de la tercera sentencia recurrida es materialmente inexacta y no viene respaldada por hechos, por entender que el Consejo no ha presentado ninguna prueba que acredite que la fuente de ingresos que el Gobierno de la Federación de Rusia obtiene del sector metalúrgico sea efectivamente sustancial en comparación con la totalidad de ingresos presupuestarios de dicho Gobierno, basta con recordar, como se ha indicado en el apartado 138 de la presente sentencia y como el Tribunal General también consideró acertadamente en el apartado 92 de la tercera sentencia recurrida, que el concepto de «fuente sustancial de ingresos», en el sentido del criterio g), no implica la obligación de considerar la parte que representan los ingresos facilitados por un sector económico al referido Gobierno con respecto a la totalidad de ingresos presupuestarios de este.

356

Por último, procede desestimar la sexta parte del cuarto motivo, mediante la que el tercer recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado, en el apartado 98 de la tercera sentencia recurrida, que los impuestos pagados obligatoriamente por el sector económico de que se tratara podían tenerse en cuenta para determinar el carácter sustancial de la fuente de ingresos proporcionada por dicho sector. En efecto, como declaró acertadamente el Tribunal General en dicho apartado y como se desprende también del apartado 140 de la presente sentencia, el concepto de «fuente sustancial de ingresos» comprende la totalidad de ingresos generados por el sector económico de que se trate, lo que implica tener en cuenta, entre otros, los impuestos abonados por las sociedades que operan en dicho sector. Por tanto, el hecho de que el pago de impuestos sea una obligación legal que las personas pertenecientes a dichos sectores no puedan evadir es indiferente a efectos de la comprobación del carácter sustancial de la fuente de ingresos proporcionada por el referido sector.

357

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar la segunda parte del primer motivo y las partes cuarta a sexta del cuarto motivo en el asunto C‑711/23 P.

358

Mediante la segunda parte de su primer motivo en el asunto C‑35/24 P, el cuarto recurrente sostiene que el Tribunal General, en particular en el apartado 72 de la cuarta sentencia recurrida, desnaturalizó las pruebas aportadas por el Consejo y sustituyó por su propia apreciación la de dicha institución, al concluir a partir de dichas pruebas que el sector económico en cuestión proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, mientras que, en realidad, las citadas pruebas se referían a otros componentes del criterio g), como la principalidad del empresario de que se tratara.

359

Mediante la tercera parte de su primer motivo, el cuarto recurrente imputa al Tribunal General haber infringido, en el apartado 75 de la cuarta sentencia recurrida, las normas sobre carga de la prueba por cuanto, al utilizar, en dicho apartado, la expresión «no cabe duda alguna», presumió que el sector de los abonos proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

360

En la primera parte de su cuarto motivo, el cuarto recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en los apartados 72 a 75 de la cuarta sentencia recurrida, al razonar mediante presunción e invertir, así pues, la carga de la prueba, por cuanto infirió del interés estratégico que el sector de los abonos revestía para la Federación de Rusia que dicho sector proporcionaba necesariamente una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Afirma que, alternativamente, el razonamiento del Tribunal General puede también entenderse como una ampliación del alcance del criterio g), en el sentido de que el Tribunal General asimiló los «sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia» a cualquier sector económico que revista un interés estratégico para la Federación de Rusia como Estado.

361

Mediante la segunda imputación de la segunda parte de su cuarto motivo, dicho recurrente reprocha al Tribunal General no haber examinado dos alegaciones que había planteado en primera instancia, a saber, la alegación de que la contribución del sector de los abonos a los ingresos del Gobierno de la Federación de Rusia era mínima y la de que la legislación de esta establecía un tipo del 0 % en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) para las exportaciones de abonos. Afirma que ambas omisiones vician la cuarta sentencia recurrida de insuficiencia de motivación.

362

Por lo que atañe al primer motivo del cuarto recurrente, el Consejo considera que la mayoría de lo alegado en apoyo de dicho motivo es inadmisible por cuanto toca a cuestiones de hecho y a la apreciación de las pruebas presentadas ante el Tribunal General.

363

Por lo que atañe a la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo, el Consejo considera que la cuestión de si los ingresos procedentes del sector ruso de los abonos pueden considerarse «sustanciales» forma parte de la apreciación fáctica de las pruebas, que no puede ser objeto de reexamen por parte del Tribunal de Justicia.

364

Sobre el fondo, el Consejo, apoyado por la República de Letonia y la Comisión en el asunto C‑35/24 P, rebate el fundamento de las alegaciones del cuarto recurrente.

365

Con carácter preliminar, procede observar que las partes segunda y tercera del primer motivo y la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo son admisibles. En efecto, el cuarto recurrente alega, mediante la segunda parte de su primer motivo, que el Tribunal desnaturalizó pruebas y pasó por alto el alcance de su control jurisdiccional; mediante la tercera parte de su primer motivo, la infracción de las normas sobre carga de la prueba, y, mediante la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo, el incumplimiento de la obligación de motivación. Pues bien, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se menciona en los apartados 101, 158, 226 y 324 de la presente sentencia, todas esas imputaciones constituyen cuestiones de Derecho cuyo examen es competencia de este órgano jurisdiccional en el marco de un recurso de casación.

366

Sobre el fondo, por lo que atañe, en primer lugar, a las imputaciones mediante las que, en las partes segunda y tercera de su primer motivo y en la primera parte de su cuarto motivo, el cuarto recurrente reprocha al Tribunal General haber, en los apartados 72 a 75 de la cuarta sentencia recurrida, desnaturalizado pruebas o invertido la carga de la prueba al razonar mediante presunción, o incluso pasado por alto el alcance de su control jurisdiccional, han de desestimarse, por cuanto se basan en una lectura errónea de dichos apartados.

367

En primer término, no cabe entender que el hecho de que el Tribunal General tuviera en cuenta, en el apartado 72 de la cuarta sentencia recurrida, pruebas relativas a la importancia económica de Uralchem y de Uralkali a fin de comprobar si el sector de los abonos proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia suponga desnaturalizar dichas pruebas ni pasar por alto el alcance del control jurisdiccional del Tribunal General. En efecto, como se desprende de los apartados 337 y 354 de la presente sentencia, la información relativa a una empresa puede, en algunas circunstancias, proveer una indicación del carácter sustancial de la fuente de ingresos que proporciona un sector económico al Gobierno de la Federación de Rusia, en particular cuando, como ocurre en el caso de autos con Uralchem y Uralkali, en vista de las determinaciones del Tribunal General que figuran en los apartados 72 a 75 de la cuarta sentencia recurrida, dicha empresa es una de las más importantes del sector de que se trata.

368

Además, poco importa que las referidas pruebas puedan utilizarse también para acreditar, en particular, la principalidad del empresario de que se trate, ya que el Tribunal General está obligado a asegurarse en el marco de su control jurisdiccional, cuyo alcance se ha recordado en el apartado 327 de la presente sentencia, de que las pruebas presentadas ante él respaldan los motivos invocados por la autoridad competente de la Unión frente a esa persona. En el caso de autos, dado que los motivos invocados por el Consejo frente al cuarto recurrente indican, entre otras cosas, que estaba «implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia», el Tribunal General, sin incurrir en error de Derecho, se dedicó a comprobar, a la vista de las pruebas aportadas por dicha institución, si el sector económico en el que dicho recurrente estaba implicado proporcionaba una fuente sustancial de ingresos a dicho Gobierno.

369

En segundo término, no cabe considerar que, en particular en el apartado 74 de la cuarta sentencia recurrida, el Tribunal General razonara mediante presunción y, así pues, invirtiera la carga de la prueba, o incluso que ampliara el alcance del criterio g). En efecto, el Tribunal General declaró, sobre la base de las pruebas presentadas ante él y cuya desnaturalización no invoca el cuarto recurrente o, como se desprende del apartado 367 de la presente sentencia, cuya desnaturalización se ha aducido, pero no ha quedado acreditada, que Rusia era un actor mundial de relieve en el sector de los abonos y que este ocupaba un lugar importante en el ámbito agroalimentario tanto ruso como mundial. Pues bien, dichas determinaciones de hecho permiten acreditar, sin recurrir a presunción alguna, que el sector ruso de los abonos proporciona necesariamente, a causa de su lugar, peso e importancia para el suministro a escala mundial y para la Federación de Rusia, así como a causa de la importancia de Uralchem y de Uralkali, que operan en dicho sector, una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

370

En consecuencia, el Tribunal General pudo deducir de ello acertadamente, en el apartado 75 de la cuarta sentencia recurrida, que, a pesar de que el Consejo no hubiera aportado información numérica sobre los ingresos facilitados por el sector de los abonos al Gobierno de la Federación de Rusia, «no [cabía] duda alguna» de que dicho sector proporcionaba una fuente sustancial de ingresos a dicho Gobierno.

371

En segundo lugar, por lo que atañe a la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo, mediante la que el cuarto recurrente reprocha al Tribunal General no haberse pronunciado sobre algunas de sus alegaciones, procede recordar que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se menciona en el apartado 101 de la presente sentencia, la obligación de motivación que se impone al Tribunal General no le obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes en el litigio y que dicha motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus alegaciones y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control.

372

Pues bien, ha de observarse, por un lado, que, a la vista de las determinaciones y de las apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal General en los apartados 72 a 74 de la cuarta sentencia recurrida, que se resumen en el apartado 369 de la presente sentencia, el cuarto recurrente podía comprender que el Tribunal General había desestimado implícita, pero necesariamente, su alegación de que la contribución del sector de los abonos al presupuesto del Gobierno de la Federación de Rusia era mínima y que, así pues, había considerado que la fuente sustancial de ingresos debía apreciarse en sí misma y no en relación con dicho presupuesto.

373

Por otro lado, dicho recurrente también podía inferir de esos mismos apartados de la cuarta sentencia recurrida que, a la vista del lugar de relieve que ocupa Rusia a escala mundial en el sector de los abonos y de la importancia de dicho sector en el ámbito agroalimentario ruso y mundial, el hecho de que la legislación de dicho país establezca un tipo del 0 % en el IVA para las exportaciones de abonos no bastaba para cuestionar el carácter sustancial de los ingresos facilitados por el sector de los abonos al Gobierno de la Federación de Rusia, máxime cuando el IVA no proporciona la única fuente de ingresos proveniente de dicho sector.

374

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, no pueden acogerse las partes segunda y tercera del primer motivo ni la primera parte y la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo en el asunto C‑35/24 P.

375

Mediante el quinto motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑111/24 P, el quinto recurrente reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado la prueba n.o 2 que se menciona en el apartado 74 de la quinta sentencia recurrida. Afirma que, en dicho apartado, el Tribunal General indicó que la clasificación de los mayores contribuyentes rusos, que, a juicio de dicho órgano jurisdiccional, se evidenciaba en dicha prueba, había sido establecida mediante disposición del Servicio Tributario Federal de Rusia, mientras que él, en su escrito de réplica ante el Tribunal General, había presentado el texto de dicha disposición e indicado que esta se limitaba a establecer criterios, sin nombrar en ningún momento a ninguna empresa ni proceder a ninguna clasificación. Pues bien, el quinto recurrente entiende que, habida cuenta de que solo la prueba n.o 2 permitió al Tribunal General concluir, en el apartado 106 de dicha sentencia, que el Consejo había podido considerar fundadamente que el sector bancario proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, dicha desnaturalización tiene como consecuencia que dicho apartado no esté suficientemente motivado.

376

Mediante su sexto motivo, el quinto recurrente considera que el Tribunal General motivó de manera insuficiente, contradictoria y carente de cualquier apoyo probatorio el apartado 106 de la quinta sentencia recurrida, al deducir erróneamente de la importancia de la contribución fiscal de Alfa Bank que el sector bancario en su conjunto proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Afirma que, en efecto, el hecho de que una sociedad sea una de las más importantes del sector económico al que pertenece no permite acreditar que dicho sector proporcione una fuente sustancial de ingresos al gobierno del país de que se trate. Entiende que lo mismo sucede en el supuesto de que, como a su parecer consideró implícitamente el Tribunal General en el apartado 106 de la quinta sentencia recurrida, la sociedad de que se trate sea uno de los mayores contribuyentes del país, por lo que el Tribunal General no podía proceder mediante deducción o presunción.

377

El Consejo rebate el fundamento de las alegaciones del quinto recurrente.

378

Por lo que respecta al quinto motivo, es preciso recordar que, cuando un recurrente alega que el Tribunal General ha desnaturalizado los hechos o las pruebas, el artículo 256 TFUE, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento lo obligan a indicar con precisión los hechos o las pruebas que, en su opinión, desnaturalizó el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que, a su juicio, llevaron al Tribunal General a incurrir en esa desnaturalización. Por otra parte, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que la desnaturalización debe resultar manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos, sin necesidad de que se efectúe una nueva valoración de los hechos y de las pruebas (sentencia de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo,C‑271/24 P, EU:C:2025:180, apartado 34 y jurisprudencia citada).

379

En el caso de autos, procede observar que la prueba n.o 2 examinada por el Tribunal General en el apartado 74 de la quinta sentencia recurrida es un artículo extraído de un sitio de Internet que trata sobre los mayores contribuyentes de Rusia en 2020 y cita como referencia una disposición del Servicio Tributario Federal de Rusia. Si bien es cierto que, como afirma el quinto recurrente, dicha disposición, cuyo texto presentó dicho recurrente ante el Tribunal General, no pretende establecer una clasificación de los mayores contribuyentes rusos, sino únicamente proporcionar una lista de criterios, de la antedicha disposición también se desprende, como alega el Consejo en su escrito de contestación, que la incorporación de una sociedad a los mayores contribuyentes rusos debe proceder de una resolución tomada por dicho Servicio.

380

Pues bien, al indicar, en el apartado 74 de la quinta sentencia recurrida, que el artículo de que se trata «se refiere a una disposición del Servicio Tributario Federal ruso, que establece la clasificación de los mayores contribuyentes según criterios que se precisan en el artículo que resume dicha disposición», no cabe descartar que el Tribunal General estuviera observando que tal clasificación no había sido establecida por la propia disposición en cuestión, sino por el Servicio Tributario Federal de Rusia de conformidad con los criterios mencionados en dicha disposición. En efecto, en lengua francesa, que era la lengua de procedimiento en el asunto T‑333/22, el pronombre relativo «que» que figura en el pasaje antes citado del apartado 74 de la quinta sentencia recurrida puede tener como antecedente tanto «disposición» como «Servicio Tributario Federal ruso». En estas circunstancias, procede considerar que la desnaturalización aducida por el quinto recurrente no se desprende manifiestamente de las determinaciones del Tribunal General ni de los documentos que obran en autos.

381

Por lo que respecta al apartado 106 de la quinta sentencia recurrida, que es objeto tanto del quinto como el sexto motivo del quinto recurrente, ha de señalarse que el Tribunal General examina en él el carácter sustancial de la fuente de ingresos facilitada a la Federación de Rusia por el sector bancario, en el que el citado recurrente ejerce su actividad, habida cuenta de la importancia de la sociedad de la que este es accionista. Dicha lectura se ve confirmada por el hecho de que en ninguna parte de la quinta sentencia recurrida el Tribunal General examinara proposición alguna de prueba relativa a los ingresos proporcionados por dicho sector económico. En estas circunstancias, procede entender el citado apartado en el sentido de que el Tribunal General consideró implícita, pero necesariamente, que la importancia de Alfa Bank, atestiguada por el hecho, constatado tanto en el apartado 97 como en ese mismo apartado 106 de dicha sentencia, de que se tratara del mayor banco privado y de uno de los mayores contribuyentes de Rusia, bastaba por sí sola para considerar que el sector bancario ruso proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

382

Pues bien, por analogía con lo indicado en los apartados 337, 354 y 367 de la presente sentencia, es posible considerar, en algunas circunstancias, que un sector económico de un Estado proporciona una fuente sustancial de ingresos al gobierno de este, siempre que exista un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que muestre que una de las sociedades más importantes de dicho sector proporciona, ya por sí sola, ingresos sustanciales a dicho gobierno.

383

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar los motivos quinto y sexto en el asunto C‑111/24 P.

384

Mediante la primera parte del segundo motivo en el asunto C‑696/23 P, la tercera imputación de la primera parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P y el octavo motivo en el asunto C‑111/24 P, los recurrentes primero, segundo y quinto alegan que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho e incluso desnaturalización en cuanto a la «principalidad» del segundo recurrente y a si los recurrentes primero y quinto ejercían una «actividad», en el sentido del criterio g).

385

Mediante la primera parte de su segundo motivo en el asunto C‑696/23 P, el primer recurrente alega que, en el apartado 52 de la primera sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el Consejo había podido considerar válidamente que él ejercía una «actividad» en determinados sectores económicos rusos en la fecha de su inclusión en las listas anexas a la Decisión y al Reglamento controvertidos, mientras que, en realidad, habida cuenta de la cesión de sus acciones unos días antes de dicha fecha, al llegar esta ya solo ocupaba un cargo formal en los consejos de supervisión de TMK y del Grupo Sinara, y las consideraciones expuestas por el Tribunal General en dicho apartado solo concernían, por otra parte, a las actividades de dichas sociedades, y no a las que ejerciera él a título personal.

386

El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad de esta parte del motivo, pues afirma que el primer recurrente pretende en realidad obtener una nueva apreciación de los hechos sin demostrar la existencia de desnaturalización alguna. Sobre el fondo, el Consejo rebate el fundamento de las alegaciones de dicho recurrente.

387

Por lo que atañe a la cuestión de la admisibilidad, procede señalar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se menciona en el apartado 161 de la presente sentencia, que, contrariamente a lo que afirma el primer recurrente, el Tribunal General no procedió, en el apartado 52 de la quinta sentencia recurrida, a una calificación jurídica de los hechos. En efecto, solo en el apartado 56 de dicha sentencia, en vista de las determinaciones y apreciaciones de hecho realizadas en los apartados 52 a 55 de la referida sentencia, el Tribunal General consideró que podía entenderse que dicho recurrente era uno de los «principales empresarios implicados» en un sector económico ruso, en el sentido del criterio g). En estas circunstancias, tomando por objeto el apartado 52 de esa misma sentencia, el referido recurrente pretende cuestionar las determinaciones de hecho realizadas por el Tribunal General en dicho apartado, cuyo control excede a la competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, ya que, por lo demás, ese mismo recurrente no ha acreditado en modo alguno que dicho órgano jurisdiccional desnaturalizara pruebas en el referido apartado.

388

Al margen de ello, por lo que respecta a si el primer recurrente ejercía aún tal actividad en la fecha de adopción de la Decisión y del Reglamento controvertidos, procede observar que dicha cuestión fue resuelta por el Tribunal General en el apartado 62 de la primera sentencia recurrida, el cual no ha sido criticado por dicho recurrente, y que, en cualquier caso, se trata de una cuestión de hecho cuyo control excede a la competencia del Tribunal de Justicia, como se desprende del apartado anterior.

389

De ello se deduce que debe declararse la inadmisibilidad de la primera parte del segundo motivo invocado en apoyo del recurso de casación en el asunto C‑696/23 P.

390

Mediante la tercera imputación de la primera parte de su primer motivo en el asunto C‑704/23 P, el segundo recurrente reprocha al Tribunal General no haber motivado de manera suficiente en Derecho, en el apartado 126 de la segunda sentencia recurrida, la razón por la que, por lo que respecta a los actos controvertidos de mantenimiento, el cargo de asesor que dicho recurrente había pasado a ocupar en Yandex seguía confiriéndole una «principalidad» significativa, en el sentido del criterio g), lo que afirma que vicia de inexactitud material las determinaciones realizadas a ese respecto por el Tribunal General.

391

El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad de dicha imputación, pues afirma que el segundo recurrente pretende en realidad obtener una nueva apreciación de los hechos sin demostrar la existencia de desnaturalización alguna. Sobre el fondo, el Consejo rebate el fundamento de las alegaciones de dicho recurrente.

392

Por lo que atañe a la cuestión de la admisibilidad, en la medida en que, mediante la tercera imputación de la primera parte de su primer motivo en el asunto C‑704/23 P, el segundo recurrente reprocha al Tribunal General haber motivado insuficientemente el apartado 126 de la segunda sentencia recurrida, procede recordar que la cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es contradictoria o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser alegada en el marco de un recurso de casación (sentencia de 26 de mayo de 2016, Rose Vision/Comisión,C‑224/15 P, EU:C:2016:358, apartado 26 y jurisprudencia citada).

393

Sobre el fondo, por lo que atañe a esa supuesta insuficiencia de motivación, ha de señalarse que, en el apartado 126 de la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General remite a la motivación expuesta en los apartados 119 a 124 de dicha sentencia. Pues bien, sus apartados 122 y 124, al explicar, en esencia, que el segundo recurrente, a pesar de haber dimitido de sus cargos de director ejecutivo y consejero delegado de Yandex y de no ocupar más que un cargo de asesor por cuenta de dicha sociedad, seguía teniendo, por intermediación de una organización, importantes facultades respecto de Yandex y formaba parte de la dirección colegiada de dicha sociedad, apoyan la conclusión, a la que llegó el Tribunal General en el apartado 126 de la referida sentencia, de que dicho recurrente conservó estrechos vínculos y capacidad de influencia dentro de la referida sociedad. Por consiguiente, no cabe considerar que ese último apartado adolezca de insuficiencia de motivación.

394

En estas circunstancias, debe desestimarse la alegación del segundo recurrente según la cual el apartado 126 de la segunda sentencia recurrida adolece de inexactitud material de los hechos como consecuencia de la insuficiencia de motivación aducida en dicho apartado. En cualquier caso, dicho recurrente no explica, contrariamente a lo que exige la jurisprudencia que se recuerda en el apartado 158 de la presente sentencia, en qué consiste dicha inexactitud a la vista de los documentos que obran en los autos presentados al Tribunal General.

395

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar la tercera imputación de la primera parte del primer motivo en el asunto C‑704/23 P.

396

Mediante el octavo motivo que invoca en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑111/24 P, el quinto recurrente alega que, mientras que el Tribunal General ya ha admitido que una persona no puede ser sancionada sobre la base del criterio g) por una actividad económica a la que renunció varios meses antes de la adopción de las medidas restrictivas que la afectan, dicho órgano jurisdiccional se negó a reconocer, en los apartados 129 y 130 de la quinta sentencia recurrida, que él, al ceder sus participaciones en Alfa Bank, había renunciado a aquella actividad suya antes de la adopción de los primeros actos controvertidos de mantenimiento. Afirma que el Tribunal General motivó dicha denegación por el hecho de que el artículo de prensa presentado por él para probar la realidad de dicha cesión no fuera suficientemente preciso, en la medida en que no indicaba ni la fecha de la referida cesión ni la identidad del cesionario y no iba acompañado de ningún documento oficial.

397

El quinto recurrente considera que, al actuar de ese modo, el Tribunal General violó el principio de juicio justo, sometiéndolo a exigencias probatorias excesivas e injustificadas. Afirma que, en efecto, la composición del nuevo accionariado es una cuestión exógena, la presentación de un documento oficial es superflua y excesiva y la fecha de cesión es claramente anterior a la fecha de adopción de los primeros actos controvertidos de mantenimiento. Entiende que, además, se violó el principio de igualdad de armas, por el hecho de que, en otros asuntos, el Tribunal General había admitido que el Consejo presentara artículos de prensa de la misma fuente que el presentado en primera instancia por él, incluso para acreditar que una persona sancionada ya no era accionista de una empresa determinada.

398

El quinto recurrente aduce asimismo que el Tribunal General pasó por alto el alcance de su control jurisdiccional, al entender que el Consejo se ciñó a cuestionar la fiabilidad del artículo presentado por él y de la agencia de prensa que lo había publicado, sin que se hubiera sometido a dicho control la cuestión de la necesidad de aportar información adicional al respecto. Por último, afirma que el Tribunal General violó el principio de contradicción por cuanto la cuestión de la cesión de sus participaciones sociales no se sometió a debate contradictorio.

399

El Consejo considera que el octavo motivo en el asunto C‑111/24 P debe declararse inadmisible en la medida en que el quinto recurrente pretende, mediante dicho motivo, obtener en realidad el reexamen por el Tribunal de Justicia de una prueba. Sobre el fondo, el Consejo rebate el fundamento de las alegaciones del quinto recurrente.

400

Para comenzar, procede recordar, como se ha indicado en los apartados 226 y 324 de la presente sentencia, que, por un lado, el control del Tribunal de Justicia sobre las determinaciones de hecho realizadas por el Tribunal General se extiende, en particular, a la cuestión de si se han respetado las normas sobre carga y aportación de la prueba y, por otro, el hecho de que el Tribunal General pasara por alto el alcance de su potestad jurisdiccional es una cuestión de Derecho que es competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

401

A continuación, la vulneración que se aduce del derecho a un proceso justo y de sus corolarios, el principio de igualdad de armas y el principio de contradicción, que el Tribunal General está obligado a respetar en los procedimientos entablados ante él, es una cuestión de Derecho que es competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartados 56 a 77, y de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartados 127 y 128).

402

Por último, siempre que las pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y aportación de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar la importancia que debe atribuirse a los elementos de prueba que le hayan sido presentados, sin que tal apreciación constituya, por tanto, salvo en caso de desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta al control del Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo,C‑248/17 P, EU:C:2018:967, apartado 37 y jurisprudencia citada).

403

En el caso de autos, el quinto recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General infringió las normas en materia de carga y aportación de la prueba, pasó por alto el alcance de su potestad jurisdiccional, vulneró el derecho a un proceso justo y violó los principios de igualdad de armas y de contradicción. Pues bien, los motivos basados en tales faltas son, en principio, admisibles en apoyo de un recurso de casación, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se recuerda en los apartados 400 y 401 de la presente sentencia.

404

En cambio, en la medida en que el quinto recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado, en el apartado 130 de la quinta sentencia recurrida, que la prueba examinada en dicho apartado no tenía suficiente valor probatorio, procede considerar que dicha alegación es inadmisible, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se menciona en el apartado 402 de la presente sentencia.

405

De ello se deduce que el octavo motivo en el asunto C‑111/24 P es admisible únicamente en la medida que se precisa en el apartado 403 de la presente sentencia.

406

Mediante su octavo motivo, el quinto recurrente sostiene, en esencia, que, en el apartado 130 de la quinta sentencia recurrida, el Tribunal General vulneró su derecho a un proceso justo, violó el principio de igualdad de armas y el principio de contradicción y pasó por alto el alcance de su propio control jurisdiccional al examinar una prueba presentada por él en primera instancia.

407

A ese respecto, es preciso recordar que el derecho a un proceso justo constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión, consagrado actualmente en el artículo 47 de la Carta. Para cumplir lo exigido por ese derecho, los tribunales de la Unión deben procurar respetar y hacer que se respete el principio de contradicción en los asuntos que se les sometan, el cual confiere a cada parte en un proceso el derecho a conocer y a discutir los documentos y observaciones presentados al juez por la parte contraria. Para cumplir los requisitos vinculados al derecho a un proceso justo, es necesario, en efecto, que las partes tengan conocimiento y puedan debatir de forma contradictoria los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento. Además, el principio de igualdad de armas, que es un corolario del concepto mismo de proceso justo, implica la obligación de ofrecer a cada parte una oportunidad razonable de presentar su causa, incluidas sus pruebas, en condiciones que no la coloquen en una situación clara de desventaja con respecto a su adversario (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartados 56 a 59 y jurisprudencia citada, y de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartado 128 y jurisprudencia citada).

408

En el presente asunto, de los autos del procedimiento que obraron ante el Tribunal General no se desprende que se privara al quinto recurrente, habida cuenta de lo exigido por el derecho a un proceso justo, de la posibilidad de discutir y respaldar con hechos la prueba examinada por el Tribunal General en el apartado 130 de la quinta sentencia recurrida y que, de ese modo, él se encontrara en una situación clara de desventaja con respecto al Consejo. En efecto, este, en su escrito de contestación ante el Tribunal General, alegó el carácter impreciso de esta prueba y mencionó la necesidad de completarla mediante un documento oficial que el quinto recurrente podía razonablemente presentar en su réplica ante el Tribunal General, extremo que dicho recurrente no discute en el marco de su recurso de casación. Además, el Tribunal General celebró una vista, en la que el recurrente pudo presentar sus alegaciones sobre la prueba en cuestión.

409

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar el octavo motivo en el asunto C‑111/24 P por ser en parte inadmisible y en parte infundado.

410

Mediante la segunda parte del segundo motivo, que ha de examinarse en la presente sección de conformidad con las consideraciones expuestas en el apartado 91 de la presente sentencia, el primer recurrente alega que el Tribunal General consideró erróneamente, tanto en el apartado 66 como en el apartado 89 de la primera sentencia recurrida, que los ingresos que contempla el criterio g) debían proceder de sectores económicos. En su opinión, dichos ingresos solo pueden referirse a las empresas que operan en dichos sectores o a los principales empresarios. A ese respecto, el primer recurrente recuerda que, de conformidad con el Derecho primario de la Unión y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, solo pueden adoptarse medidas restrictivas contra una persona si se acredita una vinculación suficiente entre dicha persona y el régimen o la situación combatidos. Afirma que, ahora bien, en el marco del criterio g), tal vinculación solo puede acreditarse si la persona sujeta a medidas restrictivas contribuye por sí misma, siquiera de manera indirecta a través de empresas que controle, al presupuesto de la Federación de Rusia.

411

El Consejo rebate el fundamento de las alegaciones del primer recurrente.

412

Como se desprende, en esencia, de las consideraciones expuestas en los apartados 181, 276 y 291 de la presente sentencia, la categoría de personas afectadas por el criterio g), a saber, «los principales empresarios», mantiene efectivamente una vinculación objetiva con la Federación de Rusia, habida cuenta del objetivo consistente, como expuso el Tribunal General en el apartado 90 de la primera sentencia recurrida y como se ha recordado en el apartado 121 de la presente sentencia, en ejercer una presión adicional sobre la Federación de Rusia y aumentar el coste para esta de sus acciones por menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

413

En estas circunstancias, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar, como se desprende del apartado 66 de la primera sentencia recurrida y del apartado 125 de la presente sentencia, que el criterio g) debía interpretarse en el sentido de que la fuente sustancial de ingresos facilitada al Gobierno de la Federación de Rusia no debe proceder de los principales empresarios, sino de los sectores económicos en los que estos ejerzan su actividad.

414

Por consiguiente, ha de desestimarse la segunda parte del primer motivo en el asunto C‑696/23 P.

415

Mediante su quinto motivo, el primer recurrente declara reiterar todas las alegaciones que invocaba en primera instancia en relación con el segundo criterio en el que se fundamentaron las medidas restrictivas tomadas contra él, a saber, el criterio previsto, en particular, en el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Decisión 2014/145, para el caso de que el Tribunal de Justicia estime el recurso de casación, anule la primera sentencia recurrida y decida resolver él mismo el recurso de anulación.

416

El Consejo considera que debe desestimarse dicho motivo.

417

A ese respecto, procede señalar que el quinto motivo planteado por el primer recurrente en apoyo de su recurso de casación se formula para el caso de que el Tribunal de Justicia estimara el recurso de casación y anulara la primera sentencia recurrida sobre la base de uno o varios de los otros cuatro motivos invocados por dicho recurrente. Habida cuenta de que ninguno de esos otros cuatro motivos puede prosperar, no procede pronunciarse sobre el quinto motivo.

418

Mediante su tercera pretensión, el segundo recurrente solicita al Tribunal de Justicia que ordene, en virtud del artículo 268 TFUE, que se reparen los daños morales que alega haber sufrido debido a la adopción de los actos controvertidos.

419

A ese respecto, ha de recordarse que, de conformidad con los artículos 169, apartado 1, y 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General tal como figura en el fallo de dicha resolución y, en caso de que se declare fundado el recurso de casación, que se estimen las pretensiones aducidas en primera instancia, sin incluir ninguna pretensión nueva.

420

Habida cuenta de que la tercera pretensión no tiene por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General tal como figura en el fallo de la segunda sentencia recurrida, debe entenderse que esta pretensión se refiere al supuesto de que se declare fundado el recurso de casación. Pues bien, aparte de que ninguno de los motivos planteados por el segundo recurrente en apoyo de su recurso de casación pueda prosperar, ha de señalarse que, en cualquier caso, la citada pretensión es inadmisible, puesto que dicho recurrente no formuló, en primera instancia, ninguna pretensión para lograr que se repararan los daños morales que alega haber sufrido debido a la adopción de los actos controvertidos.

421

Mediante la quinta parte de su primer motivo, el cuarto recurrente reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado los hechos, al no utilizar el estilo indirecto en los apartados 33, 59, 61 y 76 de la cuarta sentencia recurrida, cuando consideró que él seguía siendo propietario y director ejecutivo de Uralchem, mientras que afirma que, en realidad, en la fecha en que se dictó dicha sentencia, ya no ocupaba el cargo de director ejecutivo de dicha sociedad.

422

El Consejo rebate el fundamento de las alegaciones del cuarto recurrente.

423

A ese respecto, basta con señalar que el cuarto recurrente no explica de qué modo tal desnaturalización, suponiendo que estuviera acreditada, habría tenido incidencia en el fallo de la cuarta sentencia recurrida.

424

En consecuencia, ha de desestimarse la quinta parte del primer motivo en el asunto C‑35/24 P.

425

En apoyo de su primer motivo, el quinto recurrente recuerda que las medidas restrictivas de las que es objeto se basan en los criterios g) y d). Asimismo, subraya que su recurso ante el Tribunal General iba contra ambos criterios.

426

En ese contexto, el quinto recurrente imputa al Tribunal General haberse negado, en los apartados 134 y 135 de la quinta sentencia recurrida, a examinar sus alegaciones relativas al criterio d) debido a que consideró que las medidas restrictivas tomadas sobre la base del criterio g) eran fundadas y bastaban para sustentar los actos controvertidos. Afirma que, ahora bien, el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta, implica que un demandante pueda, cuando un acto de la Unión descansa sobre diferentes bases legales, conseguir que se declare que dicho acto es, al menos parcialmente, infundado.

427

Además, arguye que, habida cuenta de que, a diferencia del criterio g), el criterio d) se refiere a personas que apoyen a los políticos rusos o se beneficien de ellos, el derecho al honor, que forma parte del derecho al respeto de la vida privada consagrado en el artículo 7 de la Carta, implica que él pueda, para recuperar su honor, hacer que se constate la inexactitud de los motivos invocados por el Consejo a la luz del criterio d), aun cuando su inclusión estuviera justificada a la luz del criterio g).

428

Afirma que ello es tanto más cierto cuanto que las medidas restrictivas no son de carácter punitivo, sino que tienen por objeto modificar determinados comportamientos que apoyan situaciones a las que se opone la política exterior y de seguridad común de la Unión. Entiende que, ahora bien, dado que una persona acusada falsamente no puede enmendar un comportamiento que, por definición, nunca ha tenido, el Tribunal General debería haber comprobado si los motivos invocados por el Consejo contra él a la luz del criterio d) eran o no correctos.

429

El Consejo rebate el fundamento de las alegaciones del quinto recurrente.

430

El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en cuanto al control de la legalidad de una decisión por la que se adoptan medidas restrictivas, habida cuenta del carácter preventivo, si el juez de la Unión considera que al menos uno de los motivos mencionados es lo bastante preciso y concreto, que está respaldado por hechos y que constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar la decisión, la circunstancia de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicha decisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 130; de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 72, y de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo,C‑248/17 P, EU:C:2018:967, apartado 60).

431

Consta que, en los apartados 134 y 135 de la quinta sentencia recurrida, el Tribunal General aplicó dicha jurisprudencia para considerar que no era necesario que examinara el fundamento de las medidas restrictivas adoptadas contra el quinto recurrente en virtud del criterio d), puesto que había llegado a la conclusión de que dichas medidas eran fundadas a la luz del criterio g).

432

Contrariamente a lo que sostiene el quinto recurrente, la referida jurisprudencia no es contraria a lo exigido por el derecho a la tutela judicial efectiva ni, como componente del derecho al respeto de la vida privada y familiar, por el derecho al honor, tal como estos derechos fundamentales están consagrados, respectivamente, en los artículos 47 y 7 de la Carta.

433

En efecto, en primer término, el Tribunal de Justicia ya ha considerado que el alcance del control jurisdiccional de los actos de la Unión que imponen medidas restrictivas, tal como resulta de esa misma jurisprudencia, garantiza un justo equilibrio entre, por una parte, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y, por otra parte, la protección de las libertades y derechos fundamentales de la persona afectada. En particular, el Tribunal de Justicia ha tenido en cuenta precisamente, en la búsqueda de ese justo equilibrio, tanto el derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho al honor de las personas sujetas a medidas restrictivas (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 130 a 134).

434

En segundo término, si bien no cabe descartar, como alega el quinto recurrente, que existan diferencias, en términos de menoscabo al honor, entre una inclusión basada en el criterio g) y una inclusión basada en el criterio d), en el sentido de que el primero de ambos, según él alega, cubra categorías de personas, entidades u organismos que, a diferencia del segundo, no mantengan necesariamente relación con los «políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania», no es menos cierto que dicho recurrente no se vería privado, por el mero hecho de que ni el Tribunal General en primera instancia ni el Tribunal de Justicia en la fase de casación se pronunciaran sobre el fundamento de su inclusión en virtud del criterio d), de la posibilidad de solicitar que se repararan los daños que alega haber sufrido debido a dicha inclusión y, por consiguiente, de disfrutar del derecho a la tutela judicial efectiva.

435

En efecto, es preciso recordar que el recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión, basado en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, fue establecido como vía autónoma de recurso, la cual tiene su función particular en el marco del sistema de recursos y está supeditada a condiciones de ejercicio concebidas pensando en su objetivo específico. Así pues, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, en relación con el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una persona como el quinto recurrente puede interponer tal recurso, en el plazo de cinco años desde la producción del hecho que motivó dicha responsabilidad, para lograr que se reparen los daños que estima haber sufrido debido a las medidas restrictivas que le fueron impuestas por un acto de la Unión, aun cuando no hubiera solicitado la anulación del acto supuestamente ilegal que le causó los daños, o incluso si el Tribunal General y el Tribunal de Justicia no se hubieran pronunciado sobre todos los motivos de anulación relativos a los diferentes criterios de inclusión, siempre que, no obstante, no intente obtener un resultado idéntico al que habría conseguido de haber prosperado un recurso de anulación que omitió interponer a su debido tiempo (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea, C‑447/17 P y C‑479/17 P, EU:C:2019:672, apartados 49 a 51 y jurisprudencia citada).

436

Pues bien, en la situación en la que se encuentra el quinto recurrente, esa última condición se cumpliría si, mediante su recurso de indemnización, no buscara lograr la anulación de las medidas restrictivas impuestas en virtud del criterio d), sino que se reparen los daños supuestamente sufridos, en términos de honor, debido a la imposición de dichas medidas en virtud de dicho criterio.

437

En tercer término, la jurisprudencia que se menciona en el apartado 430 de la presente sentencia se inscribe también en la lógica del control jurisdiccional de las resoluciones del Tribunal General, tal como dicho control se desprende del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

438

De conformidad con los artículos 169, apartado 1, y 170, apartado 1, de dicho Reglamento, las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General tal como figura en el fallo de dicha resolución y, en caso de que se declare fundado el recurso de casación, que se estimen las pretensiones aducidas en primera instancia, sin incluir ninguna pretensión nueva.

439

De ello se deduce que un recurso de casación debe contener motivos dirigidos a criticar jurídicamente una resolución del Tribunal General que puedan tener incidencia sobre el fallo de dicha resolución, sin lo cual se declararán inoperantes tales motivos por su incapacidad para dar lugar a la anulación total o parcial de la referida resolución tal como figura en dicho fallo (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de septiembre de 2000, EFMA/Consejo,C‑46/98 P, EU:C:2000:474, apartado 38, y de 9 de junio de 2011, ComitatoVenezia vuole vivere y otros/Comisión, C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P, EU:C:2011:368, apartado 65 y jurisprudencia citada).

440

En aplicación de dicha jurisprudencia, en el ámbito de las medidas restrictivas, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, cuando el Tribunal General hubiera considerado fundadamente que determinadas medidas restrictivas adoptadas sobre la base de uno de los criterios de inclusión previstos por el acto de la Unión de que se tratara eran fundados, debían declararse inoperantes los motivos basados en un error de Derecho en que se alegara que había incurrido el Tribunal General en su apreciación de la procedencia de esas mismas medidas, adoptadas sobre la base de otro criterio previsto en dicho acto. En efecto, al estar fundado el fallo de la resolución del Tribunal General, tal error de Derecho, aun suponiéndolo probado, no podía dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida del Tribunal General ni, a fortiori, a la de los actos impugnados por el recurrente (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo,C‑248/17 P, EU:C:2018:967, apartado 61, y de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo,C‑702/23 P, EU:C:2025:605, apartado 48).

441

Habida cuenta de los fundamentos anteriores, procede desestimar el primer motivo en el asunto C‑111/24 P.

442

Habida cuenta de todos los fundamentos anteriores, procede desestimar los recursos de casación en los asuntos acumulados C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P.

443

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación con arreglo al artículo 184, apartado 1, de este, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

444

Al haber solicitado el Consejo la condena en costas de los cinco recurrentes en cada uno de los asuntos acumulados y al haber sido desestimadas las pretensiones de estos, procede condenarlos a cargar, además de con sus propias costas, con las costas del Consejo en cada uno de estos asuntos.

445

Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, también aplicable al procedimiento de casación con arreglo al artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. De conformidad con dichas disposiciones, la República Checa y la Comisión, partes coadyuvantes en el recurso de casación en el asunto C‑35/24 P, y la República de Letonia, parte coadyuvante en primera instancia que ha participado en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia en dicho asunto, cargarán con sus propias costas en él.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide: