que según el artículo 7 del Reglamento no 1612/68 el trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado en el territorio de otros Estados miembros y por razón de su nacionalidad, de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situación de desempleo (apartado 1 del artículo 7), sino que se beneficiará de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales (apartado 2 del artículo 7).

que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional tiene por objeto dilucidar si la prohibición de discriminación contenida en el artículo 48 del Tratado y en el artículo 7 del Reglamento no 1612/68 se refiere también a la protección especial contra la resolución del contrato que el legislador de un Estado miembro sólo concede a determinadas categorías de trabajadores, por consideraciones específicas de carácter social.

que esta disposición sólo está sometida a las reservas enumeradas exhaustivamente en el apartado 3 y que se refieren al orden público, a la seguridad y a la salud pública;

que la normativa comunitaria en materia social se basa en el principio de que el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro debe garantizar a los nacionales de los otros Estados miembros empleados en su territorio las mismas ventajas que reconoce a favor de sus propios nacionales;

que, por este motivo, la prohibición de discriminación del artículo 48 se extiende también a la protección especial concedida por la legislación de un Estado miembro a favor de determinadas categorías de trabajadores por motivos de carácter social.

que de ello se deduce que esta disposición contempla también las condiciones particulares, en concreto las relacionadas con la resolución del contrato, de las que se pueden beneficiar en un Estado miembro determinadas categorías de trabajadores nacionales.