Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DEAN SPIELMANN
presentadas el 18 de diciembre de 2025 (1)
Asuntos acumulados C‑424/24 y C‑425/24
ZD
contra
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),
Procura federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
Collegio di garanzia dello sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),
Corte federale d’appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (C‑424/24)
y
MI
contra
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (C‑425/24)
[peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia)]
« Procedimiento prejudicial — Sanción disciplinaria impuesta por la justicia deportiva — Prohibición temporal de ejercer la profesión de miembro del consejo de administración o de director general de un club de fútbol — Normativa nacional que excluye la facultad de anulación de los jueces de lo contencioso-administrativo, al permitir únicamente la reparación del perjuicio — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Tutela judicial efectiva — Artículos 45 TFUE y 56 TFUE — Libre circulación de trabajadores y libre prestación de servicios »
Introducción
1. En su curso general de Derecho internacional privado, impartido en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el profesor François Rigaux explica que, en el ordenamiento jurídico deportivo, la existencia de un monopolio de hecho de las autoridades deportivas introduce en la adhesión a las normas establecidas por estas el elemento de coacción que les confiere valor jurídico. Así pues, la situación de las personas que han optado por someterse a estas normas es comparable, según él, a la del «viajero interplanetario», en el sentido de que, «para aterrizar en la Luna o en el planeta Marte, debe someterse a las condiciones de gravedad o temperatura y satisfacer sus necesidades de oxígeno con ayuda del equipo adecuado». (2)
2. El carácter jurídico de dichas normas «deportivas» implica que la autoridad o autoridades que ostenten un monopolio de hecho tengan la facultad de sancionar su infracción, principalmente mediante sanciones disciplinarias. Esta particularidad del ordenamiento jurídico deportivo constituye el núcleo del presente asunto.
3. Mediante sus peticiones de decisión prejudicial, el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia) interroga al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de determinadas disposiciones jurídicas que regulan, en Italia, el ejercicio de la potestad sancionadora de que disponen las asociaciones deportivas respecto de las personas sujetas a su jurisdicción.
4. En particular, está llamado a pronunciarse sobre si un control jurisdiccional que solo puede dar lugar a la concesión de la reparación del perjuicio causado a las personas a las que se han impuesto sanciones disciplinarias es conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva que se deriva del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
5. En los presentes asuntos son pertinentes el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y los artículos 45 TFUE, 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE.
Derecho italiano
Constitución
6. El artículo 2 de la Costituzione della Repubblica Italiana (Constitución de la República Italiana; en lo sucesivo, «Constitución») (3) establece:
«La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, tanto como individuo, como en el seno de las formaciones sociales en las que desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes ineludibles de solidaridad política, económica y social.»
7. A tenor del artículo 18, párrafo primero, de dicha Constitución:
«Los ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente sin autorización para fines que no estén prohibidos a los individuos por la ley penal.»
8. El artículo 24 de la citada Constitución dispone, en su párrafo primero:
«Todo ciudadano podrá acudir a los Tribunales para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.»
9. En virtud del artículo 103, párrafo primero, de la misma Constitución:
«El Consejo de Estado y los demás órganos de la justicia administrativa tendrán jurisdicción para proteger frente a la Administración Pública los intereses legítimos y, en ciertas materias especificadas por la ley, también los derechos subjetivos.»
10. Según el artículo 113 de la Constitución italiana:
«Contra los actos de la Administración Pública se admitirá siempre la protección jurisdiccional de los derechos y de los intereses legítimos ante los órganos de la jurisdicción ordinaria o administrativa.
Dicha protección jurisdiccional no podrá quedar excluida o limitada a determinados medios de impugnación o para determinadas categorías de actos.
La ley especificará qué órganos jurisdiccionales tienen facultad para anular los actos de la Administración Pública en los casos y con los efectos previstos por la propia ley.»
Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo
11. El artículo 1 del codice del processo amministrativo (Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo), aprobado por el Decreto Legislativo n.º 104 (Decreto Legislativo n.º 104), (4) de 2 de julio de 2010, establece, en su apartado 1:
«El juez de lo contencioso-administrativo debe garantizar una tutela plena y efectiva con arreglo a los principios establecidos en la Constitución y en el Derecho europeo.»
12. El artículo 30 de dicho Código establece, en su apartado 6:
«El juez de lo contencioso-administrativo tendrá competencia exclusiva para conocer de toda pretensión de condena al pago de una indemnización por el perjuicio causado por lesiones de intereses legítimos o, en las materias de competencia exclusiva, de derechos subjetivos.»
13. El artículo 133 del citado Código incluye, en particular, un apartado 1, según el cual:
«Salvo disposición legal en contrario, corresponden a la competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa:
[…]
z) los litigios relativos a actos del Comitato olimpico nazionale italiano [Comité Olímpico Italiano (en lo sucesivo, “CONI”)] o de las federaciones deportivas que no estén reservados a los órganos jurisdiccionales del ordenamiento deportivo y con exclusión de los relativos a las relaciones financieras entre empresas, asociaciones y deportistas.»
Ley n.º 280/2003
14. El decreto-legge n.º 220 recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (Decreto-ley n.º 220 sobre Disposiciones Urgentes en Materia de Justicia Deportiva), (5) de 19 de agosto de 2003, fue convalidado mediante la legge n.º 280, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n.º 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (Ley n.º 280 de Transformación en Ley, con Modificaciones, del Decreto-ley n.º 220 sobre Disposiciones Urgentes en Materia de Justicia Deportiva), (6) de 17 de octubre de 2003 (en lo sucesivo, «Ley n.º 280/2003»).
15. Los artículos 1 a 3 de la Ley n.º 280/2003 están redactados en los siguientes términos:
«Artículo 1 – Principios generales
1. La República reconoce y favorece la autonomía del ordenamiento deportivo nacional, en cuanto expresión del ordenamiento deportivo internacional emanado del Comité Olímpico Internacional.
2. Las relaciones entre el ordenamiento deportivo y el ordenamiento de la República se regirán por el principio de autonomía, salvo en los casos de […] situaciones subjetivas vinculadas al ordenamiento deportivo que sean relevantes para el ordenamiento jurídico de la República.
Artículo 2 – Autonomía del ordenamiento deportivo
1. En aplicación de los principios enunciados en el artículo 1, se reserva al ordenamiento deportivo la regulación de las cuestiones que tengan por objeto:
a) el cumplimiento y la aplicación de las normas reglamentarias, organizativas y estatutarias del ordenamiento deportivo nacional y de sus órganos al objeto de garantizar el correcto desarrollo de las actividades deportivas;
b) los comportamientos relevantes en el ámbito disciplinario así como la imposición y ejecución de las correspondientes sanciones disciplinarias deportivas.
2. En las materias referidas en el apartado 1, corresponde a los clubes, asociaciones, socios y deportistas federados, de acuerdo con las disposiciones de los estatutos y reglamentos del [CONI] y de las federaciones deportivas […], incoar actuaciones ante los órganos jurisdiccionales del ordenamiento deportivo.
[…]
Artículo 3 – Normas de competencia y disposiciones transitorias
1. Una vez agotada la vía de la justicia deportiva y sin perjuicio de la competencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios relativa a las relaciones patrimoniales entre clubes, asociaciones y deportistas, cualquier otro litigio relacionado con actos del [CONI] o de las federaciones deportivas no reservado a los órganos jurisdiccionales del ordenamiento deportivo, en virtud del artículo 2, se regirá por el Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo, sin perjuicio, en todos los casos, de las disposiciones de las eventuales cláusulas de arbitraje incluidas en los estatutos y reglamentos del [CONI] y de las federaciones deportivas, a los efectos del artículo 2, apartado 2, […].
[…]»
Código de Justicia Deportiva de la FIGC
16. La normativa en virtud de la cual se impusieron las sanciones controvertidas en el litigio principal es el codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio [Código de Justicia Deportiva de la Federación Italiana de Fútbol (FGIC)]. (7)
17. Según el artículo 2, apartado 1, de dicho Código, este se aplica, en particular, a los «directivos» que ejerzan una actividad profesional en el ámbito deportivo, categoría de personas en la que consta que ZD y MI están incluidos.
18. El artículo 4 del citado Código, titulado «Carácter imperativo de las disposiciones generales», establece:
«1. Las personas contempladas en el artículo 2 están obligadas a observar los Estatutos, el Código y el Reglamento de Organización Interna de la FIGC, así como las demás reglamentaciones federativas, y a observar los principios de lealtad, corrección y probidad en cualquier relación, del tipo que fuere, referida a la actividad deportiva.
2. En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 1, se impondrán las sanciones previstas en los artículos 8, apartado 1, letras a), b), c) y g), y 9, apartado 1, letras a), b), c), d), f), g) y h).
[…]»
19. Entre otras sanciones, el artículo 9 del mismo Código se refiere, en su apartado 1, letra f), a la «descalificación por un período determinado dentro de la FIGC, con una posible petición de extensión a la [Union des associations européennes de football (en lo sucesivo, “UEFA”)]».
20. El artículo 31 del Código de Justicia Deportiva de la FIGC, titulado «Infracciones en materia económica y de gestión», establece, en su apartado 1:
«La no presentación, alteración o falsificación material o ideológica, incluso parcial, de los documentos solicitados por los órganos jurisdiccionales del ordenamiento deportivo, por la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche [Comisión de Supervisión de los Clubes de Fútbol Profesional, Italia] y por los demás órganos de control de la Federación, así como por los órganos competentes en materia de expedición de licencias de la UEFA y la FIGC, o el suministro de información falsa, inadecuada o parcial, constituye una infracción administrativa. Las conductas encaminadas, en cualquier caso, a eludir la normativa de la Federación en materia de gestión y finanzas y el incumplimiento de las decisiones de los órganos de la Federación competentes en la materia constituirán, asimismo, una infracción administrativa. Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones más graves previstas en el reglamento sobre licencias de la UEFA o en otras normas especiales, así como de las sanciones más graves que puedan imponerse por los demás hechos previstos en el presente artículo, el club que cometa los hechos contemplados en el presente apartado será sancionado con una multa con apercibimiento.»
Litigios principales, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
21. ZD y MI son, respectivamente, un antiguo presidente y un antiguo miembro del consejo de administración de la sociedad Juventus F. C. SpA (en lo sucesivo, «Juventus»), que es un club de fútbol profesional establecido en Italia.
22. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Federación Italiana de Fútbol; en lo sucesivo, «FIGC») es una asociación de Derecho privado con domicilio social en Italia. Tiene por objeto la promoción y la regulación del fútbol profesional y aficionado en dicho Estado miembro. Es miembro de la Fédération internationale de football association (en lo sucesivo, «FIFA») y de la UEFA.
23. El CONI es, por su parte, un organismo de Derecho público con domicilio social en Italia. Según el órgano jurisdiccional remitente, se encarga de coordinar las actividades de las diferentes asociaciones deportivas italianas.
24. El 1 de abril de 2022, la Procura federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Fiscalía Federativa de la FIGC, Italia) (en lo sucesivo, «Fiscalía Federativa»), que es el órgano de la FIGC competente en materia de procedimientos disciplinarios, ejercitó ante el Tribunale Federale Nazionale (Tribunal Federativo Nacional de la FIGC, Italia) (en lo sucesivo, «Tribunal Federativo») una acción dirigida contra varios clubes de fútbol profesional italianos, entre ellos la Juventus, así como contra varios de sus directivos. En particular, la Fiscalía Federativa acusa a estos últimos de haber violado los principios de lealtad, corrección y probidad recogidos en los artículos 4 y 31 del Código de Justicia Deportiva de la FIGC. En particular, reprocha a ZD y a MI, en esencia, haber participado en el establecimiento de un sistema de plusvalías ficticias por un importe total superior a sesenta millones de euros, efectuando o aprobando la presencia, en los estados financieros y en los balances contables de la Juventus para los años 2020 y 2021, de declaraciones que presentaban falsamente un conjunto de operaciones de cesión de servicios deportivos de jugadores y, por lo tanto, de traspasos como operaciones independientes. En efecto, según la Fiscalía Federativa, se trataba en realidad de operaciones de intercambio, con el fin de eludir la aplicación de la norma contable internacional aplicable a estas últimas y, en definitiva, de declarar unos resultados y un patrimonio más importantes que los resultados y el patrimonio reales de los clubes participantes en dicho sistema.
25. Mediante resolución de 22 de abril de 2022, el Tribunal Federativo, que es el órgano de la FIGC competente, en particular, en materia de sanciones disciplinarias, decidió absolver a todas las personas físicas y jurídicas afectadas por esta acción. (8)
26. La Fiscalía Federativa interpuso recurso de apelación contra esta resolución ante la Corte Federale d’appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Tribunal Federativo de Apelación de la FIGC, Italia) (en lo sucesivo, «Tribunal Federativo de Apelación»).
27. Mediante resolución de 27 de mayo de 2022, el Tribunal Federativo de Apelación confirmó la resolución del Tribunal Federativo. (9)
28. El 24 de noviembre de 2022, la Fiscalía Federativa recibió del Fiscal de la República adscrito al Tribunale di Torino (Tribunal de Turín, Italia) copia de documentos que obraban en el expediente de un procedimiento penal incoado paralelamente por el Ministerio Fiscal en relación con los hechos objeto de la acción mencionada en el punto 24 de las presentes conclusiones. A raíz de esta recepción, la Fiscalía Federativa consideró que dichos documentos justificaban la interposición de un recurso de revisión parcial ante el Tribunal Federativo de Apelación.
29. En enero de 2023, el Tribunal Federativo de Apelación adoptó una resolución por la que estimó el recurso de revisión de la Fiscalía General. (10) Mediante dicha resolución, en particular, impuso a ZD y a MI una sanción disciplinaria consistente en la prohibición de ejercer actividades durante veinticuatro meses en el seno de la FIGC, acompañada de una petición de extensión de esta a la UEFA y a la FIFA. Esta prohibición, que abarca, en la práctica, el ejercicio de cualquier actividad profesional en el ámbito de competencia de la FIGC, a saber, el fútbol profesional o aficionado en Italia, fue posteriormente ampliada a escala mundial por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.
30. Dicha resolución fue impugnada, en particular, por ZD y MI ante el Collegio di Garanzia della Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Comité de Garantías del Deporte del CONI, Italia) (en lo sucesivo, «Comité de Garantías del Deporte»), que es el órgano jurisdiccional supremo de la justicia deportiva.
31. Mediante resolución de 8 de mayo de 2023, el Comité de Garantías del Deporte desestimó el recurso de ZD y el de MI, al tiempo que estimó los interpuestos por otras personas y remitió el asunto al Tribunal Federativo de Apelación, con el fin de que este fijara definitivamente las sanciones disciplinarias que debían imponerse. (11)
32. El 25 de mayo de 2023 se dictó auto de sobreseimiento en el procedimiento penal antes mencionado.
33. A continuación, ZD y MI interpusieron ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio), que es el órgano jurisdiccional remitente, un recurso contra las resoluciones adoptadas sucesivamente por el Tribunal Federativo de Apelación y por el Comité de Garantías del Deporte, en la medida en que dichas resoluciones los afectan.
34. En su resolución de remisión, dicho órgano jurisdiccional señala, en primer lugar, que, mediante sus respectivos recursos, ZD y MI le solicitan, con carácter principal, que suspenda y anule la sanción disciplinaria que les impuso el Tribunal Federativo de Apelación y, con carácter subsidiario únicamente, la reparación del perjuicio que les causa dicha sanción. Sin embargo, afirma que está obligada, con arreglo a la legislación italiana aplicable, tal como la interpreta el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), a declarar ambos recursos «inadmisibles por falta de competencia» en la medida en que tienen por objeto obtener la anulación de esas sanciones disciplinarias.
35. El tribunal remitente indica que, en efecto, en sendas sentencias de 7 de febrero de 2011 (12) y de 17 de abril de 2019, (13) la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia) consideró, en esencia, que los artículos 2 y 3 de la Ley n.º 280/2003 deben interpretarse en el sentido de que atribuyen a los «órganos jurisdiccionales del ordenamiento deportivo», entre los que figuran el Tribunal Federativo, el Tribunal Federativo de Apelación y el Comité de Garantías del Deporte, competencia exclusiva para conocer de las solicitudes de suspensión y anulación de las sanciones disciplinarias impuestas a las personas físicas o jurídicas que sean socios o deportistas federados de las diferentes asociaciones deportivas italianas. Afirma que, por su parte, el juez de lo contencioso-administrativo es exclusivamente competente, en virtud del artículo 133, apartado 1, letra z), del Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo, para conocer de los litigios que tengan por objeto actos del CONI y de las asociaciones deportivas italianas que no estén reservados a los «órganos jurisdiccionales del ordenamiento deportivo». Señala que, entre estos litigios, figuran los recursos mediante los cuales las personas a las que se han impuesto tales sanciones disciplinarias le solicitan, una vez «agotada la vía de la justicia deportiva», que controle con carácter incidental la legalidad de estas con el fin de obtener una «tutela judicial equivalente» de su «situación jurídica subjetiva» y de sus «derechos e intereses legítimos». Añade que esta tutela solo puede adoptar la forma de una indemnización pecuniaria por el perjuicio causado a esas personas.
36. Para el órgano jurisdiccional remitente, como se desprende de las mismas sentencias, la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) basa esta interpretación de las diferentes disposiciones en cuestión de la Ley n.º 280/2003 y del Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo en la constatación de que estas disposiciones son fruto de la «ponderación razonable» realizada por el legislador italiano, en el artículo 1 de la Ley n.º 280/2003, entre el principio de tutela judicial efectiva e íntegra consagrado en los artículos 24, 103 y 113 de la Constitución, por un lado, y la necesidad de salvaguardar la autonomía del ordenamiento deportivo, protegida en virtud de los artículos 2 y 18 de dicha Constitución, por otro. Según indica el órgano jurisdiccional remitente, la tutela judicial de las personas afectadas queda así garantizada de manera efectiva por la «justicia deportiva», que constituye una emanación particular de la «justicia asociativa», en lo que atañe a las situaciones jurídicas, como las resultantes de la imposición de sanciones disciplinarias, que son pertinentes para el «ordenamiento jurídico sectorial» que constituye el «ordenamiento deportivo», pero no para el «ordenamiento jurídico general». Añade que, al mismo tiempo, la tutela judicial efectiva de la «situación jurídica subjetiva» de estas personas en relación con el «ordenamiento jurídico general» sigue estando garantizada por los jueces de lo contencioso-administrativo.
37. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera necesario consultar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del Derecho de la Unión para poder pronunciarse tanto sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos por ZD y MI como sobre el fundamento de dichos recursos.
38. En tercer y último lugar, expone, en esencia, que duda de la conformidad de la Ley n.º 280/2003 con el Derecho de la Unión.
39. En estas circunstancias, en el asunto C‑424/24, el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, los artículos 6 TUE y 19 TUE, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [ (14)] y del artículo 6 del [Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales], (15) en relación con el principio de tutela judicial efectiva, en el sentido de que se opone a una norma de Derecho interno de un Estado miembro, como la contenida en el artículo 2 [de la Ley n.º 280/2003], tal como se interpreta por la jurisprudencia [nacional], una vez agotada la vía de la justicia deportiva nacional, que excluye el recurso a la tutela judicial que prevé la facultad del órgano jurisdiccional nacional (en el presente asunto, el tribunal de lo contencioso-administrativo) de anular la sanción disciplinaria deportiva y sus efectos futuros, así como de suspender cautelarmente la eficacia de dichas sanciones, limitando, de este modo, la facultad del órgano jurisdiccional nacional únicamente a la protección indemnizatoria por equivalente pecuniario, cuando resulte que el ejercicio de la facultad disciplinaria sea efectivamente ilegal?
2) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, los artículos 6 TUE y 19 TUE, en relación con los artículos 47, 48 y 49 de la [Carta] y de los artículos 6 y 7 del CEDH, en el sentido de que, para garantizar el respeto de los principios de legalidad, exhaustividad y tipicidad suficiente de las infracciones, así como de equidad del proceso, se opone a una disposición del Derecho nacional, como el artículo 2 de [la Ley n.º 280/2003], tal como se interpreta por la jurisprudencia [nacional], que, en aplicación del principio de autonomía del ordenamiento deportivo consagrado en el Derecho nacional e interpretado según la jurisprudencia [nacional], permite a los órganos del régimen deportivo imponer una sanción disciplinaria que implica el cese de la actividad de un directivo deportivo como consecuencia de la infracción de una disposición [de la FIGC] (artículo 4, apartado 1, del [Código de Justicia Deportiva de la FIGC]), que establece, mediante una cláusula general de carácter indeterminado, que todos los deportistas federados y directivos están obligados a observar, además del Estatuto y otras normas de las federaciones, los principios de lealtad, corrección y probidad?
3) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, los artículos 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE y el artículo 47 de la [Carta], en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la contenida en el artículo 2 [de la Ley n.º 280/2003], que permite la imposición por las entidades deportivas de una sanción disciplinaria de prohibición, en virtud de la cual se prohíbe a un alto directivo de un club deportivo, de categoría internacional, el ejercicio de actividades profesionales, tanto a escala nacional como supranacional, durante veinticuatro meses?»
40. En estas mismas circunstancias, en el asunto C‑425/24, el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, en esencia, las mismas cuestiones prejudiciales.
41. Han presentado observaciones escritas ZD, MI, el CONI, la FIGC, los Gobiernos italiano y portugués y la Comisión Europea.
42. En la vista celebrada el 17 de septiembre de 2025 se oyeron las alegaciones orales de ZD, MI, el CONI, la FIGC, el Gobierno italiano y la Comisión.
Análisis
43. A petición del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán exclusivamente en las cuestiones prejudiciales primera y tercera. Abordaré en primer lugar la tercera cuestión prejudicial, antes de examinar la primera.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
44. Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 45 TFUE, 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE (16) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una normativa nacional, como la controvertida en el presente asunto, permita a las entidades deportivas imponer a un directivo de club deportivo una sanción disciplinaria que tenga por efecto prohibirle ejercer su actividad profesional, durante veinticuatro meses, tanto a escala nacional como supranacional.
Sobre la admisibilidad
45. La Comisión y el Gobierno italiano cuestionan la admisibilidad de la presente cuestión prejudicial, (17) al considerar, en esencia, que, en sus peticiones de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no ha explicado la relación que establece entre las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita y la legislación nacional aplicable al litigio principal.
46. Según la Comisión, los litigios principales no parecen tener carácter transfronterizo. A su juicio, todos los elementos de ambos asuntos se circunscriben al territorio italiano, por tratarse de sanciones disciplinarias impuestas a directivos italianos vinculados por una relación laboral con un club de fútbol italiano y que no han ejercido su derecho a la libre circulación. Efectivamente, dichas sanciones consisten en «la prohibición temporal de ejercer actividades durante veinticuatro meses en el seno de la FIGC, acompañada de una petición de extensión de esta al ámbito de la UEFA y la FIFA». Para la Comisión, el obstáculo a la libre circulación de los directivos afectados solo se concretaría en el momento en que la UEFA o la FIFA dieran curso favorable a la petición, presentada por la FIGC, de extensión a escala europea o mundial del alcance geográfico de dichas sanciones.
47. Es preciso advertir, a tal respecto, que el Tribunal de Justicia ya ha aceptado contestar a cuestiones prejudiciales que se le habían presentado para el supuesto de que, por su objeto o su propia naturaleza, la normativa nacional en cuestión pudiera surtir efectos transfronterizos. (18) Así sucede con la normativa italiana en cuestión, que establece, entre las sanciones que deben garantizar el cumplimiento de dichas disposiciones, algunas que pueden ir acompañadas de una petición de extensión al ámbito de la UEFA y la FIFA.
48. Por lo tanto, propongo al Tribunal de Justicia que desestime la referida excepción de inadmisibilidad.
Sobre el fondo
49. Con carácter preliminar, procede señalar que las disposiciones nacionales objeto de la presente cuestión prejudicial, que forman parte del Código de Justicia Deportiva de la FIGC, regulan determinados aspectos de la actividad sancionadora de esta última. Este Código, que fue elaborado por la asociación de Derecho privado que es la FIGC, fue aprobado por el CONI. En efecto, este órgano, de naturaleza pública, debe valorar su conformidad con la ley, con el Statuto Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Estatuto del CONI), (19) con los principios fundamentales y con las orientaciones y criterios establecidos por la Junta Nacional del CONI. (20)
50. A continuación, es necesario examinar las cuestiones relativas a la compatibilidad de estas disposiciones con las normas de competencia (artículos 101 TFUE y 102 TFUE), en primer lugar, y con las normas relativas a la libre circulación de trabajadores y servicios (artículos 45 TFUE y 56 TFUE), en segundo lugar. No obstante, parece oportuno realizar una observación preliminar.
51. Según reiterada jurisprudencia, la actividad deportiva se rige por el Derecho de la Unión cuando constituye una actividad económica. Como ha indicado recientemente el Tribunal de Justicia, solo pueden considerarse ajenas a cualquier actividad económica las normas específicas que, por una parte, hayan sido aprobadas exclusivamente por motivos de orden no económico y que, por otra parte, se refieran a cuestiones que afecten únicamente al deporte como tal. (21) Evidentemente, normas relativas a la gestión económica de un club deportivo profesional como las controvertidas en el presente asunto no están comprendidas en esta categoría y, en consecuencia, no están excluidas del ámbito del Derecho de la Unión.
52. A la luz del artículo 101 TFUE, el órgano jurisdiccional remitente parece albergar dudas sobre si las decisiones adoptadas por las asociaciones de Derecho privado que organizan competiciones de fútbol, como la resolución por la que se impone la sanción controvertida, deben calificarse de «decisiones de asociaciones de empresas» y, por lo tanto, están comprendidas en la prohibición establecida en esta disposición.
53. A este respecto, es importante recordar que, para incurrir en esta prohibición, un acuerdo, una decisión de una asociación de empresas o una práctica concertada deben a la vez poder afectar al comercio entre los Estados miembros y tener «por objeto o efecto» impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior. (22) Por lo tanto, solo puede constatarse una infracción del artículo 101 TFUE cuando se cumplen ambos requisitos.
54. Pues bien, aun suponiendo que la normativa nacional controvertida constituya una «decisión de una asociación de empresas», de los autos no se desprende en modo alguno que de esta normativa y de las sanciones que permite imponer pudieran resultar, por objeto o efecto, restricciones de la competencia.
55. En efecto, esta normativa se refiere a la imposición de sanciones disciplinarias a personas físicas como los directivos de los clubes de fútbol. Pues bien, ningún elemento de los autos permite suponer que la imposición de estas sanciones pueda determinar, de rebote, el descenso del club de fútbol en el que los directivos sancionados ejercían su actividad profesional. Habida cuenta de lo anterior, no puede concluirse que dicha normativa pueda falsear la competencia entre las empresas.
56. Por lo que respecta al artículo 102 TFUE, esta disposición prohíbe la explotación abusiva por parte de una o varias empresas de su posición dominante en el mercado interior en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros. De este modo, tiene por objetivo evitar que se menoscabe la competencia en detrimento del interés general, de las empresas individuales y de los consumidores, reprimiendo los comportamientos de empresas en posición dominante que restringen o impiden la competencia basada en los méritos y que, de este modo, pueden causar un perjuicio directo o indirecto a los consumidores. (23)
57. En el presente asunto, aun admitiendo que la FIGC y el CONI puedan calificarse de «empresas» en el sentido del Derecho de la competencia, no veo en qué mercado tendrían una posición dominante y podrían explotarla abusivamente mediante el ejercicio de su facultad de imponer sanciones a los directivos de clubes de fútbol.
58. En consecuencia, la supuesta falta de criterios materiales transparentes, claros y precisos que regulen el ejercicio de esta potestad sancionadora, invocada por las partes demandantes en el litigio principal, no plantea, en ningún caso, problema alguno a la luz del artículo 102 TFUE. (24)
59. Por lo tanto, en mi opinión, los artículos 101 TFUE y 102 TFUE no se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el presente asunto.
60. En cuanto a las normas del Tratado FUE sobre la libre circulación, es importante recordar que, según reiterada jurisprudencia, el conjunto de disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre circulación de personas tiene por objeto facilitar a los nacionales de los Estados miembros el ejercicio de cualquier tipo de actividad profesional en el territorio de la Unión y se opone a las medidas nacionales que puedan colocar a estos nacionales en una situación desfavorable en el supuesto de que deseen ejercer una actividad económica en el territorio de otro Estado miembro. (25) En consecuencia, el artículo 45 TFUE se opone a cualquier medida nacional que pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales de la Unión, de la libertad fundamental garantizada por este artículo. El mismo criterio jurídico se aplica en lo que respecta a la libre prestación de servicios prevista en el artículo 56 TFUE. (26)
61. A este respecto, ha de señalarse que las sanciones disciplinarias previstas en el Código de Justicia Deportiva de la FIGC e impuestas, en particular, a los directivos de los clubes de fútbol profesional italianos pueden impedir que dichos directivos acepten ofertas de empleo por cuenta ajena en otros clubes de fútbol europeos o actúen como prestadores de servicios para esos mismos clubes. En estas circunstancias, no parece discutible la existencia de un obstáculo a la libre circulación de los directivos sancionados en el sentido de los artículos 45 TFUE y 56 TFUE.
62. No obstante, según reiterada jurisprudencia, tal obstáculo puede admitirse si se demuestra, en primer término, que su adopción está justificada por un objetivo legítimo de interés general y, en segundo término, que respetan el principio de proporcionalidad. (27)
63. En cuanto a la existencia de un objetivo legítimo de interés general, procede precisar lo siguiente.
64. De los autos se desprende que el artículo 4 del Código de Justicia Deportiva de la FIGC establece la obligación de respetar los principios de lealtad, corrección y probidad en toda relación vinculada a la actividad deportiva, so pena de sanciones previstas, en particular, en el artículo 9 de ese mismo Código.
65. De ese modo, la primera de estas disposiciones se refiere a los comportamientos que violan los principios de participación leal en las competiciones deportivas y, por consiguiente, de igualdad de trato de los clubes implicados.
66. Comportamientos como los de los recurrentes en el litigio principal (28) permiten al club al que pertenecen obtener una ventaja económica ilícita con respecto a los demás clubes que participan en las mismas competiciones. Así pues, menoscaban la igualdad de condiciones de participación en estas competiciones entre los clubes implicados en ellas. Por lo tanto, el régimen sancionador establecido por la normativa nacional controvertida tiene por objeto garantizar el desarrollo leal e igualitario de la competición deportiva en condiciones no falseadas por el fraude.
67. Por mi parte, estoy convencido de que tal objetivo puede invocarse para justificar la adopción de la normativa controvertida, sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia ha reconocido recientemente que «el objetivo de garantizar la regularidad de las competiciones deportivas constituye un objetivo legítimo de interés general que puede ser perseguido por una asociación deportiva». (29)
68. En cuanto a la cuestión de si la normativa nacional controvertida es adecuada para garantizar la consecución de este objetivo y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo, procede señalar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia subraya la necesidad de que la facultad de apreciación de que disponen las instancias habilitadas para imponer sanciones no se ejerza de manera arbitraria. De esta jurisprudencia se desprende, en particular, que asociaciones como la FIGC tienen derecho a prever la imposición de sanciones en caso de incumplimiento de las normas establecidas en sus códigos de justicia deportiva cuando dichas normas y las sanciones destinadas a garantizar su cumplimiento estén justificadas por un objetivo legítimo de interés general. No obstante, según el Tribunal de Justicia, tales sanciones solo pueden admitirse si su fijación se rige por criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados. Este último requisito implica, en particular, que se tengan en cuenta las circunstancias propias de cada caso al determinar la cuantía y la duración de las sanciones. Además, estos criterios deben poder ser objeto de un control jurisdiccional efectivo. (30)
69. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la normativa controvertida es adecuada para garantizar el objetivo de asegurar el desarrollo leal e igualitario de la competición deportiva y si no va más allá de lo necesario para alcanzarlo.
70. No obstante, quisiera subrayar que podría considerarse que los artículos 12 a 18 del Código de Justicia Deportiva de la FIGC, que figuran en la sección II de dicho Código, titulada «Aplicación de sanciones», regulan la potestad sancionadora en cuestión de conformidad con lo exigido por la jurisprudencia antes mencionada.
71. Habida cuenta de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la tercera cuestión prejudicial que los artículos 45 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una normativa nacional, como la controvertida en el presente asunto, permita a las entidades deportivas imponer a un directivo de club deportivo una sanción disciplinaria que le prohíba ejercer su actividad profesional, durante veinticuatro meses, tanto a escala nacional como supranacional, siempre que dicha normativa y las sanciones destinadas a garantizar su cumplimiento estén justificadas por la persecución de un objetivo legítimo de interés general y que la fijación de tales sanciones se rija por criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados. Del mismo modo, los artículos 101 TFUE y 102 TFUE no se oponen a tal normativa nacional.
Sobre la primera cuestión prejudicial
72. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, leído a la luz del artículo 47 de la Carta, (31) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que limita el control jurisdiccional de las sanciones disciplinarias, como las controvertidas en el litigio principal, por parte de órganos nacionales que cumplen los requisitos vinculados a la condición de «órgano jurisdiccional» en el sentido del Derecho de la Unión, a un control con carácter incidental que, en caso de ilegalidad, puede dar lugar exclusivamente a la concesión de una indemnización pecuniaria a las personas a las que se han impuesto esas sanciones disciplinarias, excluyendo así la posibilidad de que el órgano jurisdiccional competente anule tales sanciones disciplinarias y conceda, en su caso, medidas cautelares a las personas afectadas.
Sobre la admisibilidad
73. El Gobierno italiano sostiene que la presente cuestión prejudicial es inadmisible, por el agotamiento inminente de los efectos de prohibición que resultan de las resoluciones adoptadas por los órganos jurisdiccionales del ordenamiento deportivo nacional. Más en concreto, recuerda, por un lado, que los demandantes en el litigio principal fueron condenados a una prohibición de veinticuatro meses y, por otro, que dicha sanción les fue impuesta por el Tribunal Federativo de Apelación mediante una resolución de 20 de enero de 2023 que era ejecutiva inmediatamente. Para el Gobierno italiano, de ello se deducía que la prohibición en cuestión vencía el 20 de enero de 2025, fecha en la que había de pensarse que la sentencia prejudicial aún no se habría dictado. Así pues, a su juicio, la anulación de la prohibición ya no tendría para los demandantes en el litigio principal utilidad real alguna, puesto que los efectos que pretendían suprimir mediante el recurso de anulación ya habrían cesado.
74. Cierto es que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la justificación de la remisión prejudicial no es formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la necesidad inherente a la solución efectiva de un litigio. De ese modo, según el Tribunal de Justicia, si resultase que los recurrentes en los asuntos principales han perdido efectivamente su interés en solicitar la anulación de las resoluciones en cuestión, las cuestiones prejudiciales ya no serían pertinentes para resolver los litigios pendientes ante el órgano jurisdiccional remitente y el Tribunal de Justicia debería acordar el sobreseimiento. (32)
75. No obstante, no pienso que tal sea el caso en el asunto de autos. Por lo demás, observo que, durante la vista, los demandantes en el litigio principal puntualizaron que la posible anulación por el órgano jurisdiccional remitente de la resolución en cuestión permitiría proteger su interés moral, al eliminar, o al menos minimizar, las repercusiones que sobre su reputación tienen las sanciones disciplinarias.
Sobre el fondo
76. Procede recordar de entrada que esta cuestión se refiere a determinadas disposiciones de la Ley n.º 280/2003, que establece los principios fundamentales que rigen la relación que existe entre el ordenamiento deportivo y el ordenamiento jurídico del Estado.
77. El marco jurídico establecido por esta legislación, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia constitucional italiana, puede resumirse del siguiente modo.
78. El principio de tutela judicial efectiva y el derecho de defensa consagrados en la Constitución han sido objeto, en dicha legislación, de una «ponderación razonable» con el principio de «autonomía del ordenamiento deportivo» derivado de los artículos 2 y 18 de esta. Esta ponderación se traduce en el establecimiento de una «reserva de competencia» en favor de los órganos judiciales establecidos en las asociaciones deportivas italianas y en el CONI, en virtud de la cual estos órganos son los únicos competentes para anular sanciones disciplinarias como las controvertidas en el litigio principal. En cambio, los jueces de lo contencioso-administrativo siguen siendo competentes, una vez agotada la vía de la justicia deportiva en sus tres instancias, para conceder una indemnización pecuniaria a las personas afectadas en caso de ilegalidad de dichas sanciones disciplinarias.
79. En sus observaciones escritas, el Gobierno italiano alega que este marco jurídico define una característica esencial de su «identidad nacional» en el sentido del artículo 4 TUE. Esta observación hace que sea necesario, en mi opinión, recordar la jurisprudencia pertinente. (33)
– Sobre la relación entre los artículos 4 TUE, apartado 2, y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo
80. El artículo 4 TUE, apartado 2, dispone, en particular, que la Unión respetará la identidad nacional de los Estados miembros inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos.
81. Los términos de la relación que existe entre este artículo y el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, han sido expresamente definidos en las sentencias Hungría/Parlamento y Consejo (34) y Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces). (35)
82. En estas sentencias, el Tribunal de Justicia indicó que no cabe sostener válidamente que las exigencias derivadas, como condiciones tanto de adhesión como de participación en la Unión, del respeto de valores y principios como el Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial, consagrados en los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, puedan afectar a la identidad nacional de un Estado miembro, en el sentido del artículo 4 TUE, apartado 2. De ello se deduce que esta última disposición, que debe interpretarse teniendo en cuenta las disposiciones de igual rango, en particular los artículos 2 TUE y 19 TUE, no puede eximir a los Estados miembros de la observancia de las exigencias que de ellas se derivan. Pues bien, aun cuando, en virtud del artículo 4 TUE, apartado 2, la Unión debe respetar la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, de modo que disponen de cierto margen de apreciación para garantizar la aplicación de los principios del Estado de Derecho, de ello no se deriva en modo alguno que la referida obligación de resultado pueda variar de un Estado miembro a otro. En efecto, los Estados miembros, aun teniendo identidades nacionales distintas, que la Unión respeta, se adhieren a un concepto de «Estado de Derecho» que comparten, como valor común a sus propias tradiciones constitucionales, y que se han comprometido a respetar de forma continuada. De ello se desprende que, en la elección de su modelo constitucional respectivo, los Estados miembros están obligados a respetar las exigencias resultantes de los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia. (36)
83. En definitiva, es el principio de primacía del Derecho de la Unión el que impide adoptar una interpretación que permita a los Estados miembros invocar disposiciones de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, para impedir la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión. Corresponde al Tribunal de Justicia, en el ejercicio de su competencia exclusiva de interpretación del Derecho de la Unión, precisar el alcance del principio de primacía en relación con las disposiciones pertinentes de dicho Derecho, de modo que tal alcance no pueda depender de la interpretación de disposiciones del Derecho nacional ni de la interpretación de disposiciones del Derecho de la Unión adoptada por un órgano jurisdiccional nacional, como la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional), que no se corresponda con la del Tribunal de Justicia. (37)
84. Así pues, si bien no cabe duda de que la República Italiana está facultada para establecer un sistema judicial autónomo que permita a las asociaciones deportivas nacionales proteger sus prerrogativas frente a los poderes públicos, no es menos cierto que la traducción normativa de tal sistema no puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.
85. Antes de examinar la cuestión de si se ha producido tal vulneración en el presente asunto, procede formular algunas observaciones preliminares sobre el contenido de la protección que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, ofrece a los justiciables.
– Sobre el alcance del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo
86. En la sentencia Associação Sindical dos Juízes Portugueses, (38) el Tribunal de Justicia señaló que el principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, al que se refiere el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, constituye un principio general del Derecho de la Unión que se reconoce en el artículo 47 de la Carta. Esta constatación llevó al Tribunal de Justicia a precisar, en un primer momento, que esta última disposición debe «tomarse debidamente en consideración» a los efectos de la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, (39) y, en un segundo momento, que el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 47 de la Carta se corresponde con la obligación que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, impone a los Estados miembros de establecer el sistema de vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. (40)
87. De este modo, el artículo 47 de la Carta se movilizó para definir el contenido material de la obligación que se deriva del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en tres aspectos. En primer lugar, desde un punto de vista orgánico, esta obligación implica que los órganos que puedan interpretar o aplicar el Derecho de la Unión cumplan las exigencias consustanciales a la condición de «órgano jurisdiccional», como las de independencia, imparcialidad y «tribunal establecido previamente por la ley». (41) En segundo lugar, desde la perspectiva procesal, dicha obligación implica que se salvaguarden ante estos órganos las distintas garantías atinentes al «proceso equitativo». (42) En tercer lugar, en lo que atañe al alcance del control jurisdiccional, de la sentencia Royal Football Club Seraing, (43) que se dictó después de que se pusiera término a la fase escrita en el presente asunto y que fue objeto de un acalorado debate en la vista, se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 47 de la Carta implica que estos órganos puedan llevar a cabo un control judicial efectivo de los actos, medidas o comportamientos respecto de los cuales se sostiene que han vulnerado los derechos o las libertades de un justiciable. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia también definió las exigencias a las que debe responder el control judicial para poder calificarse de efectivo. (44) Estas exigencias revisten una gran importancia para la respuesta que deberá darse a la presente cuestión prejudicial.
88. Ha de recordarse que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, se trataba de normas nacionales que conferían a los laudos arbitrales dictados por un tribunal de un tercer Estado (el Tribunal Arbitral del Deporte) fuerza de cosa juzgada entre las partes en el territorio de un Estado miembro y, en consecuencia, valor probatorio en las relaciones entre las partes de la controversia y los terceros. Pues bien, como la conformidad de esos laudos con el Derecho de la Unión no había sido controlada previamente por un órgano jurisdiccional facultado para remitirse al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial, se planteaba la cuestión de si tales normas nacionales se atenían a lo dispuesto en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del artículo 267 TFUE y del artículo 47 de la Carta.
89. La parte esencial del razonamiento desarrollado por el Tribunal de Justicia en su respuesta se resume en los tres puntos siguientes. (45)
90. El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no exige una vía de recurso directa que permita a los particulares impugnar esos laudos, siempre que exista, en el sistema jurisdiccional nacional, la posibilidad de que los particulares afectados obtengan, con carácter incidental, un control judicial efectivo de esos laudos y que de ese modo garantice la observancia de los derechos y libertades que el Derecho de la Unión les reconoce. (46)
91. Para que sea efectivo, ese control jurisdiccional no debe referirse necesariamente a todas las cuestiones de hecho y de Derecho pertinentes para resolver los litigios en los que se hayan dictado esos laudos, sino que bien puede tener un carácter limitado. En cualquier caso, los órganos jurisdiccionales en cuestión deben poder comprobar si tales laudos son compatibles con los principios y las disposiciones que forman parte del orden público de la Unión y que son pertinentes en el marco del litigio de que se trate, como la libre circulación de los trabajadores y la libre prestación de servicios consagradas, respectivamente, en los artículos 45 TFUE y 56 TFUE. (47)
92. Además, cuando consideren que tales laudos son incompatibles con estos principios y disposiciones, estos órganos jurisdiccionales han de poder extraer, en el marco de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones nacionales aplicables, todas las consecuencias jurídicas necesarias debido a dicha incompatibilidad. (48) En particular, en el supuesto de que se esté ventilando una vulneración de las libertades de circulación, estos órganos jurisdiccionales deben poder no solo declarar tal vulneración e imponer la reparación del perjuicio que esta ha causado a los particulares afectados, sino también anular la decisión viciada por tal vulneración. (49) Esta facultad debe estar acompañada necesariamente de la de conceder medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de la resolución que deba adoptarse en cuanto al fondo, incluso en el supuesto de que esos órganos jurisdiccionales planteen una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia y suspendan el procedimiento a la espera de la respuesta de este. (50)
93. Contrariamente a lo que sostuvo el Gobierno italiano en la vista celebrada en los presentes asuntos, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados Cairo Network no puede introducir una excepción a estos últimos principios.
94. Paso a explicarlo. Según dicho Gobierno, de la sentencia Cairo Network se desprende que, si bien la efectividad del control jurisdiccional supone generalmente que el juez nacional tenga la facultad de anular todas las consecuencias perjudiciales de un acto o de un comportamiento adoptado en infracción del Derecho de la Unión, la concesión de una mera indemnización pecuniaria puede estar justificada cuando, como sucede en el presente asunto, tal anulación pueda menoscabar un interés público.
95. Para el Gobierno italiano, las sanciones disciplinarias de que se trata, aplicadas a personas físicas, están relacionadas con la imposición de puntos de penalización en la clasificación del club de fútbol por el que estaban empleadas dichas personas, en el marco del campeonato nacional italiano de fútbol de primera división (serie A). A su juicio, si hubiera sido posible solicitar al juez nacional la anulación o la reforma de dichas sanciones, o incluso simplemente su suspensión cautelar, habría perdurado una situación de incertidumbre en cuanto a la clasificación final de dicho campeonato durante un período incompatible con la exigencia de designar los equipos nacionales clasificados para las competiciones europeas. Entiende que tal situación habría perjudicado manifiestamente la continuidad del campeonato italiano de fútbol.
96. A este respecto, me parece necesario recordar lo siguiente. Es cierto que, en la sentencia Cairo Network, el Tribunal de Justicia concluyó que la limitación a la concesión de una indemnización económica de las facultades del órgano jurisdiccional nacional competente para examinar los recursos interpuestos contra los actos relativos a la asignación de derechos de uso de radiofrecuencias no implicaba necesariamente que el control jurisdiccional llevado a cabo por dicho órgano jurisdiccional no fuera efectivo. (51) Pero no es menos cierto que, a diferencia de los presentes asuntos, dicha sentencia se dictó en un acto regulado por el Derecho derivado de la Unión, en particular por la Directiva en materia de comunicaciones electrónicas (52) y la Decisión (UE) 2017/899, sobre el uso de la banda de frecuencia de 470‑790 MHz en la Unión. (53)
97. No es un elemento desdeñable. En efecto, según el Tribunal de Justicia, la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales anularan dichos actos podía suponer un obstáculo a la reconfiguración de la banda de frecuencia de 700 MHz exigida por la Decisión 2017/899 y menoscabar así el buen funcionamiento de la 5G en la Unión. (54)
98. De ello deduzco que el hecho de prever la mera posibilidad de conceder una indemnización pecuniaria, con exclusión de la de anular el acto viciado de ilegalidad, está justificado cuando dicha anulación pueda menoscabar alguno de los objetivos de la legislación pertinente de la Unión, lo que no sucede en el presente asunto.
Conclusión sobre la primera cuestión prejudicial
99. De ello resulta, por lo tanto, que sanciones disciplinarias como las del presente asunto deben ser objeto de un control, siquiera incidental, por parte de órganos que cumplan los requisitos vinculados a la condición de «órgano jurisdiccional» en el sentido del Derecho de la Unión, relativo a la compatibilidad de dichas sanciones con los principios y disposiciones que forman parte del orden público de la Unión y que dé lugar, en caso de ilegalidad, a su anulación.
100. Habida cuenta de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, leído a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que limita el control de la legalidad de las sanciones disciplinarias, como las controvertidas en el litigio principal, por parte de «órganos jurisdiccionales» en el sentido del Derecho de la Unión, a un control con carácter incidental que, en caso de ilegalidad, pueda dar lugar exclusivamente a la concesión de una indemnización pecuniaria a las personas a las que se han impuesto esas sanciones. Dichos órganos jurisdiccionales deben poder anular tales sanciones y conceder, en su caso, medidas cautelares que permitan garantizar la plena efectividad de la resolución judicial que deba dictarse en cuanto al fondo. (55)
101. Quiero insistir en que la respuesta que propongo se basa en la premisa de que el control del juez italiano de lo contencioso-administrativo constituye el único control que realizan los «órganos jurisdiccionales» en el sentido del Derecho de la Unión sobre la legalidad de las sanciones disciplinarias deportivas. Si, por el contrario, alguno de los órganos judiciales deportivos italianos, la efectividad de cuyo control de legalidad no se cuestiona en el presente asunto, cumpliera todos los requisitos vinculados a la condición de «órgano jurisdiccional», no podría constatarse ninguna infracción del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. (56)
102. Por lo tanto, me parece útil dedicar algunas consideraciones a esta problemática relativa a la condición de «órgano jurisdiccional» de los órganos judiciales deportivos italianos.
– Sobre la condición de «órgano jurisdiccional» de los órganos jurisdiccionales deportivos italianos
103. Según reiterada jurisprudencia desde la sentencia Vaassen-Göbbels, (57) el carácter de «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE, exige el cumplimiento de una serie de requisitos, como el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento que se desarrolla ante él, la aplicación de normas jurídicas por parte de dicho organismo y su independencia. (58)
104. La exigencia de independencia comporta un aspecto de índole externa y un aspecto de índole interna. Este último se asocia al concepto de «imparcialidad» y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio. (59) Es precisamente la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales deportivos italianos la que merece, a mi juicio, ser objeto de un examen exhaustivo por parte del órgano jurisdiccional remitente.
105. Así pues, habida cuenta del contexto que rodea a los asuntos principales, dicho examen no debería ignorar el marco jurídico de análisis que resulta de la sentencia Ali Riza y otros c. Turquía, (60) dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «Tribunal EDH»). (61)
106. Procede recordar que el asunto que dio lugar a esa sentencia tenía su origen en los recursos interpuestos ante el Comité Arbitral de la Federación Turca de Fútbol (en lo sucesivo, «FTF») contra las decisiones adoptadas contra jugadores o árbitros de fútbol por el Comité de Resolución de Litigios y el Comité Disciplinario de dicha Federación, respectivamente. Tras observar que los miembros del Comité Arbitral eran nombrados por el Consejo de Administración (Board of Directors) de la FTF, nombrado a su vez en su totalidad por la asamblea de esa misma Federación (Congress), y que el Consejo de Administración disponía de un amplio margen de apreciación en el ejercicio de su facultad de nombramiento, el Tribunal EDH examinó, en un primer momento, si existían garantías suficientes para garantizar que los miembros del Comité Arbitral ejercieran sus funciones al margen de presiones externas y, en un segundo momento, si el Comité Arbitral estaba compuesto por miembros que pudieran considerarse independientes e imparciales con respecto a las organizaciones profesionales implicadas en esos procedimientos. (62)
107. Sobre el primer punto, el Tribunal EDH consideró que los miembros del Comité Arbitral no estaban libres de presiones, en particular, del Consejo de Administración, debido a la existencia de una serie de «fuertes vínculos organizativos y estructurales» entre estas dos entidades, lo que daba una indicación del «considerable nivel de influencia que el Consejo de Administración ejerce sobre el funcionamiento del Comité Arbitral». (63) En apoyo de esta conclusión, el Tribunal EDH apuntó a los siguientes elementos. En primer término, aunque los miembros de dicho Comité disfrutaran de seguridad en el empleo, la duración de sus mandatos correspondía a la de los miembros del Consejo de Administración. En segundo término, los miembros del Comité Arbitral tenían derecho a percibir una remuneración, así como el reembolso de sus gastos de desplazamiento y una dieta de alojamiento, cuyos importes eran determinados por el Consejo de Administración. En tercer término, no se preveía ningún procedimiento específico en caso de que las partes cuestionaran la independencia o la imparcialidad de un miembro del Comité Arbitral.
108. En cuanto al segundo punto, el Tribunal EDH señaló que tanto el Consejo de Administración como la asamblea de la FTF estaban compuestos en su mayoría por representantes de clubes de fútbol, entidades implicadas inevitablemente en determinados litigios que son competencia del Comité de Arbitral.
109. Procede recordar que, en virtud de la normativa italiana en cuestión, la adopción de las sanciones disciplinarias de la FIGC y el CONI es competencia de dos órganos intrafederativos (Tribunal Federativo y Tribunal Federativo de Apelación) y de un órgano extrafederativo (Comité de Garantías del Deporte).
110. En lo tocante al Tribunal Federativo y al Tribunal Federativo de Apelación, la facultad de nombramiento de sus miembros pertenece al Consiglio federale (Consejo Federativo) (64) y el ejercicio de esta facultad parece inscribirse únicamente en el criterio de la «competencia específica y de la experiencia adquirida en el ordenamiento deportivo». (65) El riesgo de que los miembros de estos órganos se vean expuestos a presiones por parte del Consejo Federativo podría verse incrementado por el hecho de que la duración de sus mandatos corresponde a la de los consejeros federativos (cuatro años, renovables dos veces) y de que la Commissione federale di garanzia (Comisión Federativa de Garantías), (66) nombrada asimismo por el Consejo Federativo, tiene la facultad de cesarlos, en particular, «por motivos serios de oportunidad». (67)
111. En cuanto a la composición del Consejo Federativo, catorce de sus veinte miembros son elegidos por las diferentes ligas nacionales de fútbol, (68) que a su vez son emanaciones de los clubes de fútbol, cuyos directivos pueden estar, como en el presente asunto, implicados en procedimientos ante dichos órganos intrafederativos.
112. En cuanto al Comité de Garantías del Deporte, el nombramiento de sus miembros está reservado a la Junta Nacional del CONI. (69) La duración de sus mandatos (cuatro años) corresponde a la de los miembros del CONI. (70) La Junta Nacional también nombra a los miembros de la Commissione di garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva (Comisión de Garantías de los Órganos de Justicia, Control y Protección de la Ética Deportiva), que es titular de la facultad de cesar a los miembros del Comité de Garantías del Deporte. (71) La composición de la Junta Nacional se caracteriza por la presencia de representantes de las federaciones deportivas nacionales y la mayoría de los electores en el seno de este órgano debe estar constituida por los votos emitidos por ellos. (72)
113. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, a la luz, en particular, de los elementos que acaban de recordarse, si alguno de los órganos judiciales deportivos italianos constituye un «órgano jurisdiccional» en el sentido del Derecho de la Unión. De ser así, el sistema de justicia deportiva concebido por el legislador italiano, considerado en su conjunto, no sería incompatible con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.
Conclusión
114. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales primera y tercera que planteó el Tribunale administrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia) del siguiente modo:
«1) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, leído a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que limita el control de la legalidad de las sanciones disciplinarias, como las controvertidas en el litigio principal, por parte de “órganos jurisdiccionales” en el sentido del Derecho de la Unión, a un control con carácter incidental que, en caso de ilegalidad, pueda dar lugar exclusivamente a la concesión de una indemnización pecuniaria a las personas a las que se han impuesto esas sanciones. Dichos órganos jurisdiccionales deben poder anular tales sanciones y conceder, en su caso, medidas cautelares que permitan garantizar la plena efectividad de la resolución judicial que deba dictarse en cuanto al fondo.
2) Los artículos 45 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una normativa nacional, como la controvertida en el presente asunto, permita a las entidades deportivas imponer a un directivo de club deportivo una sanción disciplinaria que le prohíba ejercer su actividad profesional, durante veinticuatro meses, tanto a escala nacional como supranacional, siempre que dicha normativa y las sanciones destinadas a garantizar su cumplimiento estén justificadas por la persecución de un objetivo legítimo de interés general y que la fijación de tales sanciones se rija por criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados. Del mismo modo, los artículos 101 TFUE y 102 TFUE no se oponen a tal normativa nacional.»
1 Lengua original: francés.
2 Rigaux, F., «Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale. Cours général de droit international privé», Recueil des cours de l’Académie de La Haye en ligne, vol. 213, Brill, Nijhoff, 1989, p. 67.
3 GURI n.º 298, de 27 de diciembre de 1947.
4 GURI n.º 156, de 7 de julio de 2010, p. 1.
5 GURI n.º 192, de 20 de agosto de 2003, p. 4.
6 GURI n.º 243, de 18 de octubre de 2003, p. 4.
7 Aprobado por la Giunta Nazionale del CONI (Junta Nacional del CONI, Italia), con arreglo al artículo 7, apartado 5, letra l), del Statuto CONI (Estatuto del CONI), mediante la deliberación n.º 258, de 11 de junio de 2019.
8 Resolución n.º 0128/TFNSD-2021‑222.
9 Resolución n.º 0089/CFA-2021‑2022.
10 Resolución n.º 0063/CFA2022‑2023, dictada el 20 de enero de 2023 y presentada el 30 de enero de 2023.
11 Resolución n.º 40/2023.
12 Sentencia n.º 49/2011 (GURI n.º 8 de 16 de febrero de 2011, IT:COST:2011:49).
13 Sentencia n.º 160/2019 (GURI n.º 27 de 3 de julio de 2019, IT:COST:2019:160).
14 En lo sucesivo, «Carta».
15 Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
16 El órgano jurisdiccional remitente menciona, asimismo, el artículo 49 TFUE, sobre la libertad de establecimiento. No obstante, el Tribunal de Justicia debería reformular esta cuestión prejudicial, sin incluir esa disposición, puesto que no me parece que, dentro de un club de fútbol, las funciones directivas estén, por su naturaleza específica, entre las actividades que puedan ejercerse de manera estable y continua desde un establecimiento situado en el Estado miembro de destino. Véase la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros (C‑391/20, EU:C:2022:638), apartado 54.
17 Aunque en las observaciones escritas de la Comisión dicha excepción de inadmisibilidad parece referirse a la primera cuestión prejudicial, la Comisión indicó en la vista que recae en realidad sobre la tercera cuestión prejudicial.
18 Véase, a título de ejemplo, la sentencia de 18 de julio de 2013, Citroën Belux (C‑265/12, EU:C:2013:498), apartados 32 y 33.
19 Modificado por el Consiglio Nazionale (Junta Nacional) del CONI el 21 de noviembre de 2023, mediante la deliberación n.º 1745, y aprobado mediante Decreto por el Presidente del Consiglio dei Ministri (Presidente del Consejo de Ministros) el 20 de diciembre de 2023.
20 Véase el artículo 7, apartado 5, letra l), del Estatuto del CONI.
21 Sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company (C‑333/21, en lo sucesivo, «sentencia European Superleague», EU:C:2023:1011, apartado 84). Así sucede, en particular, con las normas relativas a la exclusión de los jugadores extranjeros de la composición de los equipos que participan en competiciones entre selecciones nacionales o al establecimiento de los criterios de clasificación empleados para seleccionar a los atletas que participan en competiciones a título individual.
22 Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2017, Coty Germany (C‑230/16, EU:C:2017:941), apartado 22.
23 Véase la sentencia de 25 de febrero de 2025, Alphabet y otros (C‑233/23, EU:C:2025:110), apartado 37 y jurisprudencia citada.
24 Véase la sentencia European Superleague (apartados 131 a 135).
25 Véase la sentencia de 16 de noviembre de 2023, Comisión/Países Bajos (Transferencia del valor de los derechos de pensión) (C‑459/22, EU:C:2023:878), apartado 29.
26 Véase la sentencia de 12 de septiembre de 2013, Konstantinides (C‑475/11, EU:C:2013:542), apartado 44.
27 Véase la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA (C‑650/22, en lo sucesivo, «sentencia FIFA», EU:C:2024:824), apartado 95.
28 Véase el punto 24 de las presentes conclusiones.
29 Véase la sentencia FIFA (apartados 100 y 101).
30 Véanse las sentencias European Superleague (apartado 257) y FIFA (apartado 111).
31 El artículo 6 TUE es una disposición de carácter general que carece de pertinencia a efectos del análisis de estas cuestiones prejudiciales (véase la sentencia de 11 de septiembre de 2025, Cairo Network y otros, C‑764/23 a C‑766/23, en lo sucesivo, «sentencia Cairo Network», EU:C:2025:691, apartado 61 y jurisprudencia citada).
32 Véase, en particular, la sentencia de 22 de junio de 2023, État belge (Elementos posteriores a la decisión de retorno) (C‑711/21 y C‑712/21, EU:C:2023:503, apartado 35 y jurisprudencia citada).
33 Para un resumen aún más completo de esta jurisprudencia, véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Polonia (Control ultra vires de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Primacía del Derecho de la Unión) (C‑448/23, EU:C:2025:165), puntos 61 a 69.
34 Sentencia de 16 de febrero de 2022 (C‑156/21, en lo sucesivo, «sentencia Hungría/Parlamento y Consejo», EU:C:2022:97).
35 Sentencia de 5 de junio de 2023 (C‑204/21, en lo sucesivo, «sentencia Comisión/Polonia», EU:C:2023:442).
36 Sentencias Hungría/Parlamento y Consejo (apartados 233 y 234) y Comisión/Polonia (apartados 72 a 74).
37 Véase la sentencia Comisión/Polonia (apartados 77 a 79).
38 Sentencia de 27 de febrero de 2018 (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartado 35.
39 Véase la sentencia de 2 de marzo de 2021, A.B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, EU:C:2021:153), apartado 143.
40 Véase la sentencia de 20 de abril de 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311), apartado 45.
41 Véanse las sentencias de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartado 36; de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Continuidad en el desempeño del cargo de juez) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), apartado 58, y de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros (C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594), apartado 55.
42 Véase, en particular, la sentencia de 28 de noviembre de 2024, PT (Acuerdo entre el fiscal y el autor de una infracción) (C‑432/22, EU:C:2024:987), apartado 70. Véanse también, a este respecto, las conclusiones que he presentado recientemente en el asunto Sociedad Civil Catalana (C‑523/24, EU:C:2025:889), puntos 112 a 121.
43 Sentencia de 1 de agosto de 2025 (C‑600/23, en lo sucesivo, «sentencia Royal Football Club Seraing», EU:C:2025:617), apartado 75.
44 Sentencia Royal Football Club Seraing (apartado 86).
45 Como se desprende de dicha sentencia, este razonamiento sigue la estela trazada por la sentencia de 21 de diciembre de 2023, International Skating Union/Comisión (C‑124/21 P, EU:C:2023:1012).
46 Sentencia Royal Football Club Seraing (apartados 76 y 100).
47 Sentencia Royal Football Club Seraing (apartados 84 y 85).
48 Sentencia Royal Football Club Seraing (apartado 103).
49 Sentencia Royal Football Club Seraing (apartado 104).
50 Sentencia Royal Football Club Seraing (apartado 105).
51 Sentencia Cairo Network (apartado 83).
52 Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO 2002, L 108, p. 33).
53 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 (DO 2017, L 138, p. 131).
54 Sentencia Cairo Network (apartados 75 y 78).
55 En la vista, el CONI afirmó que la revocación de las resoluciones de los órganos judiciales deportivos que prevé el artículo 63 del Código de Justicia Deportiva del propio CONI permite que la parte que hubiera obtenido ante el juez de lo contencioso-administrativo la declaración de ilegalidad de una sanción disciplinaria logre que aquellos órganos judiciales se atengan sobre ese particular a la sentencia contencioso-administrativa. Aun suponiendo que ello resultara acreditado, no me parece suficiente para descartar la incompatibilidad de las disposiciones nacionales en cuestión con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, leído a la luz del artículo 47 de la Carta.
56 En tal supuesto, podría comprobarse, a lo sumo, si las normas nacionales que rigen la regulación procesal de una vía de recurso existente respetan las condiciones de equivalencia y efectividad inherentes al artículo 47 de la Carta. Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Randstad Italia (C‑497/20, EU:C:2021:1037), que examiné en mis conclusiones presentadas en el asunto AW T (C‑225/22, EU:C:2025:270), puntos 47 a 50.
57 Sentencia de 30 de junio de 1966 (61/65, EU:C:1966:39).
58 Véase, en último lugar, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Daka y otros (C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 y C‑493/23, EU:C:2025:592), apartado 53 y jurisprudencia citada.
59 Véase la sentencia de 21 de enero de 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17), apartado 61 y jurisprudencia citada.
60 Tribunal EDH, 28 de enero de 2020, Ali Riza y otros c. Turquía (CE:ECHR:2020:0128JUD003022610).
61 Ha de recordarse que el artículo 52, apartado 3, de la Carta precisa que, en la medida en que esta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Pues bien, como se desprende de las Explicaciones sobre el artículo 47 de la Carta, el párrafo segundo de este artículo se corresponde con el artículo 6, apartado 1, del CEDH. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debe velar por que su interpretación del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6, apartado 1, del CEDH, según lo interpreta el Tribunal EDH [véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces) (C‑791/19, EU:C:2021:596), apartado 165 y jurisprudencia citada].
62 Véase Tribunal EDH, 28 de enero de 2020, Ali Riza y otros c. Turquía (CE:ECHR:2020:0128JUD003022610), §§ 209 y 217.
63 Tribunal EDH, 28 de enero de 2020, Ali Riza y otros c. Turquía (CE:ECHR:2020:0128JUD003022610), § 216 (traducción libre).
64 Véase el artículo 27, apartado 3, del Statuto della FIGC (Estatuto de la FIGC), aprobado por la Junta Nacional del CONI mediante la deliberación n.º 479, de 20 de noviembre de 2024.
65 Véase el artículo 35, apartado 1, del Estatuto de la FIGC.
66 La Comisión Federativa de Garantías es un órgano encargado principalmente de verificar si los miembros del Tribunal Federativo y del Tribunal Federativo de Apelación cumplen los requisitos necesarios para ejercer dichas funciones [véase el artículo 5, apartado 3, del Codice di Giustizia Sportiva CONI (Código de Justicia Deportiva del CONI), mediante la deliberación n.º 1538, Junta Nacional de 9 de noviembre de 2015, aprobado por el decreto Presidenza Consiglio dei Ministri (Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros) el 16 de diciembre de 2015].
67 Véanse el artículo 5, apartado 3, del Código de Justicia Deportiva del CONI y el artículo 34 del Estatuto de la FIGC.
68 Véase el artículo 26 del Estatuto de la FIGC.
69 Véase el artículo 6, apartado 4, letra l1), del Estatuto del CONI.
70 Véanse el artículo 5, apartado 2, y el artículo 12 bis, apartado 7, del Estatuto del CONI.
71 Véase el artículo 13 ter, apartado 3, del Estatuto del CONI.
72 Véase el artículo 6, apartado 3, del Estatuto del CONI.