Gestión presupuestaria y financiera

1.

Observa con satisfacción que la labor de supervisión presupuestaria realizada durante el ejercicio 2018 se tradujo en un porcentaje de ejecución presupuestaria del 100 %, lo que representa un ligero aumento —del 0,02 %— en comparación con el ejercicio 2017; constata, además, que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 91,31 %, lo que supone un descenso del 1 % en comparación con 2017;

Rendimiento

2.

Observa que la Autoridad ha introducido diversos indicadores clave de rendimiento relativos al impacto y los resultados en su enfoque global de gestión basado en el rendimiento para medir el valor añadido que aportan sus actividades; toma nota, además, de que la Autoridad utiliza otros indicadores clave de rendimiento para mejorar la gestión de su presupuesto;

3.

Reconoce que 2018 fue el segundo año del enfoque global de gestión basado en el rendimiento, de la medición del rendimiento de la Autoridad sobre la base de los nuevos indicadores clave de rendimiento y de la aplicación del plan estratégico 2020 de la Autoridad;

4.

Constata con satisfacción los buenos resultados obtenidos por la Autoridad en lo que se refiere al respeto de los plazos de la producción científica; señala, por otra parte, que en el ámbito en el que se cerró a tiempo el 83,6 % de las realizaciones, por debajo del objetivo del 90 %, el retraso se limitó a varios ámbitos en los que se registró una carga de trabajo muy elevada;

5.

Toma nota de que, tras la evaluación externa de la Autoridad iniciada en 2017, la Autoridad adoptó una serie de recomendaciones en su reunión de octubre de 2018; señala que los ámbitos de progreso mencionados en el informe de evaluación incluían, en particular, los nuevos mecanismos de diálogo de la Autoridad con las partes interesadas, su cooperación con las autoridades de los Estados miembros y su mayor independencia; señala que los ámbitos susceptibles de mejora indicados en la evaluación están relacionados con el enfoque aplicado por la Autoridad a la hora de priorizar los recursos, la visibilidad económica de su sistema de contratación de expertos y la necesidad de adaptar mejor sus materiales de comunicación a las necesidades de las distintas audiencias;

6.

Toma nota con satisfacción de que la Autoridad comparte recursos y actividades con la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades en los ámbitos de la evaluación de riesgos, los datos y la investigación; observa que la Autoridad ha compartido cada vez más sus recursos y actividades con el Centro Común de Investigación, en particular en el ámbito de los mapas y datos ambientales; anima encarecidamente a la Autoridad a que procure establecer nuevas formas de cooperación más amplias con todas las agencias de la Unión;

7.

Anima a la Autoridad a que siga adelante con la digitalización de sus servicios;

8.

Acoge con satisfacción la contribución de la Autoridad a la seguridad de la cadena alimentaria humana y animal de la Unión, así como sus considerables esfuerzos para ofrecer a los gestores de riesgos de la Unión un asesoramiento científico amplio, independiente y actualizado sobre cuestiones relacionadas con la cadena alimentaria, a la vez que comunica al público con claridad sus resultados y la información sobre la que se basan, y colabora con las partes interesadas y los socios institucionales con miras a promover la coherencia y la confianza en el sistema de seguridad alimentaria de la Unión;

9.

Subraya que en 2018 la Autoridad resolvió 788 preguntas mediante dictámenes científicos, informes técnicos y publicaciones de apoyo;

10.

Considera que la Autoridad debe seguir prestando especial atención a la opinión pública y comprometerse a aplicar los principios de apertura y transparencia; subraya, en este sentido, que el Reglamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) encomienda a la Autoridad tareas adicionales relacionadas con la evaluación de la seguridad y la comunicación pública, todo lo cual generará costes adicionales;

Política de personal

11.

Constata que, a 31 de diciembre de 2018, se había provisto el 97,49 % de los puestos del organigrama, con 5 funcionarios y 306 agentes temporales nombrados de un total de 319 puestos autorizados en virtud del presupuesto de la Unión (frente a los 323 puestos autorizados en 2017); observa que, además, en 2018 trabajaron para la Autoridad 122 agentes contractuales y 14 expertos nacionales en comisión de servicio;

12.

Observa con preocupación que la Autoridad, que es una de las agencias reguladoras de la Unión encargadas de la evaluación de riesgos de los productos regulados, no recibe recursos suficientes para desempeñar con eficacia sus responsabilidades; insiste en que se ha de dotar a la Autoridad de recursos suficientes para ejercer su cometido;

13.

Toma nota de que el Tribunal ha constatado una tendencia transversal en las agencias a utilizar personal externo contratado en funciones de consultoría informática; pide que se reduzca todo lo que sea posible la dependencia de la contratación externa en este ámbito importante y sensible con el fin de limitar los riesgos potenciales;

14.

Observa que la Autoridad ha adoptado la decisión modelo de la Comisión sobre la política relativa a la protección de la dignidad de la persona y la prevención del acoso; observa asimismo que organizó cursos de formación obligatorios tanto para el personal como para los directivos, puso a disposición asesoramiento confidencial y organizó la publicación en su intranet de un informe sobre acoso, con estadísticas y procedimientos formales para el período 2014-2018; pide a la Autoridad que informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de las medidas adoptadas tras la investigación de los casos de acoso;

15.

Reconoce que el equilibrio de género en la alta dirección de la Autoridad es satisfactorio, ya que dos de los cinco altos cargos son hombres y tres, mujeres; expresa su preocupación, no obstante, por el desequilibrio geográfico, ya que ninguno de los altos cargos es ciudadano de los Estados que entraron a formar parte de la Unión en 2004; pide a la Autoridad que adopte medidas para garantizar un mejor equilibrio geográfico en su alta dirección;

16.

Lamenta que, por lo que respecta al período de incompatibilidad de dos años, la política en materia de independencia de 2017 incluya la obligación de controlar los intereses de los expertos únicamente en relación con el mandato del grupo científico para el que el experto presenta su candidatura; pide que se actualice sin demora dicha política, de manera que los intereses de los expertos se examinen en relación con el mandato de la Autoridad en su conjunto, tal como ha solicitado el Parlamento en varias ocasiones;

17.

Lamenta que la financiación de la investigación por parte de empresas que tienen cabida en el ámbito de competencias de la Autoridad no se considere pertinente para el período de incompatibilidad, siempre que los importes en cuestión no superen el 25 % del presupuesto total de investigación gestionado por el experto o su equipo de investigación, y que el umbral se aplique a fuentes individuales en vez de a todas las fuentes privadas combinadas; pide que se elimine el umbral de financiación de la política de independencia de la Autoridad, en consonancia con las reiteradas solicitudes del Parlamento en la materia;

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia

18.

Constata con preocupación que la Autoridad se ha visto afectada por problemas de conflictos de intereses y que los estudios realizados han puesto de manifiesto que el porcentaje de expertos con conflictos de intereses financieros pasó del 59 % en 2013 al 49 % en 2017; toma nota de que el Tribunal ha determinado que es necesario reforzar la independencia del contable pero no se pronuncia sobre la independencia de los expertos; pide a la Autoridad que establezca un período de incompatibilidad estricto en lo que se refiere a los conflictos de intereses financieros, así como orientaciones estratégicas claras sobre el recurso a expertos, con objeto de proteger los dictámenes científicos de la Autoridad de influencias indebidas;

19.

Lamenta que los expertos externos, como los expertos invitados a audiencias o los miembros del foro consultivo, de los centros de referencia o de las redes científicas, no estén sometidos a un análisis de los conflictos de intereses y que puedan pasar desapercibidos posibles conflictos de intereses en este ámbito;

20.

Recuerda las recomendaciones de la Resolución del Parlamento, de 16 de enero de 2019, sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas y, en particular, su llamamiento a la Autoridad para que mejore su labor de comunicación sobre los riesgos, actualice sus documentos de orientación siguiendo los avances más recientes en todos los ámbitos pertinentes, incremente la facilidad de uso de la información disponible en su sitio web y facilite la labor de minería de datos, publique sus dictámenes en revistas con revisión por homólogos y anime a más expertos nacionales independientes y otros científicos a participar en su labor, así como para que excluya en todas las fases del proceso de revisión por homólogos la participación de expertos con conflictos de intereses; observa en su respuesta que la Autoridad ha seguido varias de las recomendaciones en el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), revisado, en particular en lo que se refiere a una mayor transparencia y a una comunicación de riesgos más accesible;

21.

Recuerda que el Reglamento (CE) n.o 178/2002 revisado requerirá que la Autoridad ponga a disposición proactivamente los datos reglamentarios presentados por los solicitantes para que puedan ser descargados, impresos y consultados en formato electrónico; señala que esto permitirá a la Autoridad beneficiarse de una revisión por homólogos más amplia por parte de la comunidad científica; recuerda que este requisito de transparencia es indispensable para la investigación patrocinada por la industria, pero no puede utilizarse como argumento para rechazar el uso por parte de académicos de datos declarados confidenciales por motivos legítimos, como historiales médicos personales de pacientes;

Controles internos

22.

Celebra que en 2018 se llevara a cabo un control de adecuación con el objetivo de evaluar cómo revisar la estrategia de lucha contra el fraude de la Autoridad en 2019 y durante el año de referencia, y que la Autoridad no tuviera que transmitir a la OLAF sospechas de casos de fraude ni adoptar medidas de seguimiento;

23.

Observa que, según el Informe del Tribunal, el Servicio de Auditoría Interna publicó el informe de auditoría «Human Resources Management and Ethics in EFSA» (Gestión de recursos humanos y ética en la EFSA) y la Autoridad está preparando un plan de acción para responder a algunos aspectos susceptibles de mejora; pide a la Autoridad que informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre las medidas aplicadas;

24.

Pide a la Autoridad que se centre en la difusión pública de los resultados de sus investigaciones y se dirija al público a través de las redes sociales y otros medios de comunicación;

25.

Remite, para otras observaciones transversales anejas a la Decisión sobre la aprobación de la gestión, a su Resolución de 14 de mayo de 2020 (6) sobre el rendimiento, la gestión financiera y el control de las agencias.

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(1)  Textos Aprobados, P8_TA(2019)0023.

(2)   DO C 202 de 12.6.2018, p. 1.

(3)   DO C 202 de 12.6.2018, p. 3.

(4)  Reglamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en la UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 178/2002, (CE) n.o 1829/2003, (CE) n.o 1831/2003, (CE) n.o 2065/2003, (CE) n.o 1935/2004, (CE) n.o 1331/2008, (CE) n.o 1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE (DO L 231 de 6.9.2019, p. 1).

(5)  Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

(6)  Textos Aprobados, P9_TA-PROV(2020)0121.