Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAIA MEDINA
presentadas el 18 de diciembre de 2025 (1)
Asunto C‑151/25 [Viaudret] (i)
F.B.
contra
Région wallonne,
partes coadyuvantes:
Parc éolien de Leuze-en-Hainaut SA,
e-NosVents SA,
Electrabel SA
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, Bélgica)]
« Petición de decisión prejudicial — Convenio de Aarhus — Artículo 6 — Participación del público — Artículo 6, apartado 1 — Apartados 20 y 22 del anexo I — Artículo 6, apartado 10 — Reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce una actividad — Prórroga de la vigencia del permiso para la construcción y explotación de un parque eólico — Obligación de someter la prórroga a una fase de participación del público »
I. Introducción
1. El Convenio de Aarhus (2) recibió el famoso elogio de ser «la aventura más ambiciosa en el área de la democracia medioambiental bajo el auspicio de las Naciones Unidas». (3) En la Declaración de Lucca, adoptada en la Primera Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus, este fue descrito como «un gran avance en la democracia participativa». (4)
2. El Convenio de Aarhus se fundamenta en tres pilares: el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, cada uno de los cuales desarrolla uno de los derechos procedimentales ambientales. (5) De estos, el «manifiestamente más democrático» (6) es el derecho del público a participar en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Este derecho contribuye a uno de los objetivos del Convenio de Aarhus, a saber, según declara su décimo considerando, favorecer el respeto del principio de la obligación de rendir cuentas y la transparencia del proceso de toma de decisiones y garantizar un mayor apoyo del público a las decisiones adoptadas sobre el medio ambiente. (7)
3. El presente asunto suscita la cuestión de si una decisión de prorrogar diez años más un permiso medioambiental para una actividad comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus requiere una fase de participación del público, y si el citado artículo en su totalidad se opone a una legislación nacional que no dispone la participación para tal prórroga. El asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de interpretar el artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus, según el cual, las disposiciones de los apartados 2 a 9 del artículo 6 se aplicarán mutatis mutandi y como corresponda, cuando una autoridad pública reexamine o actualice las condiciones en que se ejerce una actividad mencionada en el apartado 1. En particular, se aborda la cuestión de si la prórroga de la vigencia del permiso para una actividad comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra a), debe considerarse como reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce dicha actividad, requiriendo así una participación del público si se considera oportuno.
II. Marco jurídico
A. Derecho internacional
4. El artículo 6 del Convenio de Aarhus, titulado «Participación del público en las decisiones relativas a actividades específicas», dispone en sus apartados 1 y 10:
«1. Cada Parte:
a) aplicará las disposiciones del presente artículo cuando se trate de autorizar o no actividades propuestas de las enumeradas en el anexo I;
b) aplicará también las disposiciones del presente artículo, de conformidad con su derecho interno, cuando se trate de adoptar una decisión respecto de actividades propuestas no enumeradas en el anexo I que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente. Las Partes determinarán en cada caso si la actividad propuesta entra en el ámbito de estas disposiciones,
[…]
10. Cada Parte velará por que, cuando una autoridad pública reexamine o actualice las condiciones en que se ejerce una actividad mencionada en el apartado 1, las disposiciones de los apartados 2 a 9 del presente artículo se apliquen mutatis mutandi[s] y como corresponda.»
5. El anexo I del Convenio de Aarhus contiene una lista de las actividades contempladas en el artículo 6, apartado 1, letra a). Los puntos 20 y 22 del citado anexo presentan el siguiente tenor:
«20. Toda actividad no mencionada en los apartados 1 a 19 precedentes cuando esté prevista la participación del público respecto de ella en el marco de un procedimiento de evaluación del impacto sobre el medio ambiente conforme a la legislación nacional.
[…]
22. Toda modificación o ampliación de las actividades que responda en sí a los criterios o umbrales expresados en el presente anexo se regirá por el artículo 6, apartado 1, letra a), del presente Convenio. Cualquier otra modificación o ampliación de las actividades se regirá por el artículo 6, apartado 1, letra b), del presente Convenio.»
B. Derecho de la Unión
6. El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 26, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva EIA»), dispone:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos. Estos proyectos se definen en el artículo 4.»
7. El artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva EIA dispone:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, los proyectos enumerados en el anexo I serán objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, por lo que respecta a los proyectos enumerados en el anexo II, los Estados miembros determinarán si el proyecto será objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10 […]»
8. El anexo II de la Directiva EIA enumera los proyectos contemplados en el artículo 4, apartado 2, de esta. El título 3 de dicho anexo, titulado «Industria energética, comprende, en su letra i):
«Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos).»
C. Legislación nacional
9. Completando la primera frase del artículo 50, apartado 1, del décret relatif au permis d’environnement (Decreto sobre permisos medioambientales) de 11 de marzo de 1999 (Moniteur belge de 8 de junio de 1999, p. 21114), que establece una duración máxima de veinte años para los permisos medioambientales, el artículo 89 del Décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement (Ley regional de 23 de junio de 2016 por la que se modifica el Código de Medio Ambiente, el Código del Agua y varias leyes regionales en materia de residuos y de permisos medioambientales; en lo sucesivo, «Ley regional de 23 de junio de 2016»), dispone que, a excepción de la duración de veinte años para los permisos medioambientales, los permisos concedidos para aerogeneradores tendrán una vigencia máxima de treinta años.
10. Con arreglo al párrafo primero del artículo 109 de la Ley regional de 23 de junio de 2016, las modificaciones que afecten a la vigencia máxima de treinta años de un permiso medioambiental para aerogeneradores se aplican a las solicitudes presentadas después de la entrada en vigor de dicha Ley, es decir, después del 1 de agosto de 2016. Respecto a los permisos que estuviesen en vigor antes de dicha fecha, del segundo párrafo del artículo 109 resulta que se podrán prorrogar una vez por un período máximo de diez años.
11. Dichas disposiciones vienen desarrolladas por el Arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2017 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et portant exécution des articles 108 et 109 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement (Decreto del Gobierno valón de 20 de abril de 2017 por el que se modifica el Decreto del Gobierno valón de 4 de julio de 2002 relativo al procedimiento y a diversas medidas de ejecución de la Ley regional de 11 de marzo de 1999 de permisos medioambientales y de ejecución de los artículos 108 y 109 de la Ley regional de 23 de junio de 2016 por la que se modifica el Código de Medio Ambiente, el Código del Agua y varias leyes regionales en materia de residuos y de permisos medioambientales) (en lo sucesivo, «Decreto de 20 de abril de 2017»).
12. Las disposiciones citadas en los anteriores puntos 10 y 11 no contemplan un procedimiento de participación del público en la correspondiente toma de decisiones.
III. Hechos, procedimiento nacional y cuestión prejudicial
13. El 28 de agosto de 2009 se concedió a la sociedad de responsabilidad limitada Parc éolien de Leuze-en-Hainaut (PELZ) SA un permiso único inicial (8) para la construcción y explotación de un parque eólico compuesto por diez aerogeneradores, en el término de Leuze-en-Hainaut (Bélgica) (en lo sucesivo, «parque eólico»). Sobre la base de dicho permiso, se construyó y se puso en servicio el parque eólico. El permiso fue anulado el 16 de abril de 2014 por el Conseil d’État (Consejo de Estado, Bélgica). El 8 de septiembre de 2014, tras un examen complementario, se concedió un nuevo permiso, que fue anulado a su vez el 25 de enero de 2017. Por último, el 6 de junio de 2017, una vez realizados nuevos trámites de investigación complementarios, se concedió un permiso con una vigencia de veinte años a partir del 28 de agosto de 2009.
14. El 2 de abril de 2020, a petición de uno de los operadores del parque eólico, un funcionario técnico dictó una decisión por la que se prorrogaba la vigencia del permiso de 6 de junio de 2017 (respecto a la parte correspondiente al permiso medioambiental) por un período de diez años, es decir, hasta el 28 de agosto de 2039 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).
15. F.B., el solicitante en el procedimiento principal, y residente en la zona donde se sitúa el parque eólico, solicita ante el órgano jurisdiccional remitente la anulación de la decisión impugnada.
16. La demandada en el litigio principal es la Région wallonne (Región Valona). Se ha admitido la intervención en el procedimiento de las sociedades Parc éolien de Leuze-en-Hainaut, eNosVents SA y Electrabel SA.
17. En su solicitud, F.B. invoca un motivo basado, en particular, en la infracción del artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus. Aduce que el parque eólico autorizado está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra a), de dicho Convenio. Sostiene que la decisión de modificar las condiciones en que se ejerce esa actividad debería haber ido precedida de una fase de participación del público y que la omisión de tal procedimiento implica la ilegalidad de la decisión impugnada.
18. La demandada alega que, habida cuenta de la definición de los conceptos de «proyecto» y de «autorización» recogida en el artículo 1, apartado 2, letras a) y c), respectivamente, de la Directiva EIA, la decisión impugnada, que se limita a prorrogar la vigencia del permiso medioambiental, no es una decisión por la que se autorice un proyecto.
19. Los intervinientes en el procedimiento principal aducen que la prórroga de la vigencia de un permiso único con arreglo al párrafo segundo del artículo 109 de la Ley regional de 23 de junio de 2016 no está comprendida en el ámbito de aplicación del anexo I del Convenio de Aarhus. Alegan que ni dicha disposición ni su transposición por el Decreto de 20 de abril de 2017 exigen que las prórrogas de la vigencia de los permisos para parques eólicos concedidas antes del 1 de agosto de 2016 se sometan a una evaluación de impacto ambiental (EIA), y ello se opone a la aplicación del artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus.
20. El solicitante respondió que no era pertinente la Directiva EIA, pues él no alegaba una infracción de dicha Directiva. Sostuvo que, cuando la toma de las decisiones referidas a una actividad incluya obligatoriamente una fase de participación del público con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus, cualquier procedimiento mediante el cual una autoridad pública reexamine o actualice posteriormente las condiciones en las que se ejerce dicha actividad debe incluir esa fase. Al no exigir una fase de participación del público en la toma de decisiones, la Administración dejó de ejercer su facultad de apreciación.
21. El solicitante rechaza también el argumento de la demandada y de los intervinientes en el sentido de que presentó la demanda fuera de plazo. Alega que la decisión impugnada debió haber dado lugar a una consulta pública y, por ende, a una notificación con arreglo al artículo D.29‑22, apartado 2, del Libro I del Code de l’Environnement (Código de Medio Ambiente) a efectos de determinar el plazo para presentar demanda.
22. El órgano jurisdiccional remitente observa que el Decreto de 20 de abril de 2017 vino precedido de un dictamen de la sección legislativa del Conseil d’État (Consejo de Estado). Según dicho dictamen, la decisión de prorrogar la vigencia de un permiso concedido para una actividad recogida en el anexo I del Convenio de Aarhus o de la que se considere que puede tener un efecto importante sobre el medio ambiente modifica las condiciones en que se ejerce esa actividad y está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 10, del Convenio. En consecuencia, dicho dictamen concluyó que tal decisión debe estar sujeta a un procedimiento de participación del público conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 a 9, del Convenio de Aarhus.
23. Sin embargo, el Gobierno Valón no atendió al dictamen. En su opinión, la ausencia de una obligación de llevar a cabo un procedimiento de participación del público estaba justificada, en esencia, por la necesidad de evitar la discriminación entre los permisos antiguos (concedidos por un período máximo de veinte años) y los nuevos (por un máximo de treinta años). Otra justificación esgrimida es que el público ya había expresado sus puntos de vista sobre el proyecto, cualquiera que fuese su duración, y que no habían cambiado las condiciones en que se desarrollaba la actividad.
24. El órgano jurisdiccional remitente observa que no se discute que el permiso para el parque eólico controvertido está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), del Convenio de Aarhus en relación con el apartado 20 de su anexo I. La dificultad radica más bien en si la decisión impugnada, relativa a la prórroga, también requiere una fase de participación del público.
25. La respuesta sería afirmativa si la decisión de prorrogar el permiso pudiese clasificarse como alguna de las siguientes:
– una autorización de una actividad comprendida en el artículo 6, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus y en el apartado 20 de su anexo I, o incluso una modificación o ampliación de esa actividad, conforme al apartado 22 de dicho anexo;
– una autorización de una actividad no enumerada en el anexo I del Convenio de Aarhus, pero que pueda tener un efecto importante sobre el medio ambiente, en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de dicho Convenio; o bien
– una decisión de reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce una actividad comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, del Convenio de Aarhus, en el sentido del artículo 6, apartado 10, de ese Convenio.
26. En tales circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«En un régimen jurídico en el que el ejercicio de una actividad comprendida en el anexo I del Convenio de Aarhus es objeto de un permiso de explotación concedido por un período máximo de veinte años,
(1) ¿deben interpretarse el artículo 6, apartados 1 y 10, y los apartados 20 y 22 del anexo I del Convenio de Aarhus en el sentido de que la decisión de prorrogar diez años el ejercicio de la actividad inicialmente autorizada para veinte años debe someterse a una fase de participación del público?
(2) ¿debe interpretarse el artículo 6, apartados 1 y 10, del Convenio de Aarhus en el sentido de que no es compatible con dicho artículo una normativa con arreglo a la cual el procedimiento para prorrogar por diez años el ejercicio de una actividad no incluye, bajo ninguna circunstancia, una fase de participación del público?»
27. Presentaron observaciones escritas F.B., Electrabel, el Gobierno belga y la Comisión Europea.
IV. Apreciación
28. Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, ya sea el artículo 6, apartado 1, del Convenio de Aarhus en relación con los apartados 20 y 22 de su anexo I, ya sea el artículo 6, apartado 10, del mismo Convenio, deben interpretarse en el sentido de que es necesaria una fase de participación del público antes de adoptar una decisión por la que se prorrogue en diez años el funcionamiento de un parque eólico inicialmente autorizado por veinte años. También pretende aclarar si dichas disposiciones se oponen a una legislación nacional con arreglo a la cual el proceso encaminado a la decisión sobre la continuación de la actividad durante diez años no incluye una fase de participación del público.
29. Las cuestiones prejudiciales se plantean en el contexto de un recurso de anulación contra la decisión impugnada, interpuesto por F.B., un residente de la zona donde se sitúa el parque eólico y que critica que no haya existido una fase de participación del público.
30. Con carácter preliminar, se ha de tener en cuenta que las disposiciones del Convenio de Aarhus, suscrito por la Comunidad y posteriormente ratificado mediante la Decisión 2005/370/CE (9) del Consejo, forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión. (10) En consecuencia, como observa la Comisión en sus observaciones escritas, la Unión Europea y los Estados miembros deben cumplir con las obligaciones que se derivan del Convenio de Aarhus, en particular con las emanadas de su artículo 6 en materia de participación del público.
31. De la resolución de remisión se deduce claramente que el permiso inicial para la actividad de que se trata (el parque eólico) requiere la participación del público. Esta actividad está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus en relación con el apartado 20 de su anexo I. En efecto, dicho apartado extiende las exigencias de participación establecidas en el artículo 6 del Convenio de Aarhus a toda actividad para la cual la legislación nacional contemple la participación del público dentro de un procedimiento de evaluación de impacto sobre el medio ambiente, como sucede con la actividad controvertida en el principal. (11)
32. Dicha actividad (el parque eólico), para la cual la legislación nacional requiere una evaluación de impacto ambiental, está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva EIA. (12) Del artículo 4, apartado 2, en relación con el anexo II, título 3, letra i), de esta Directiva se desprende que, para los proyectos enumerados en el anexo II, corresponde a los Estados miembros determinar si el proyecto ha de ser objeto de una evaluación de impacto ambiental. A tenor del artículo 6 de la Directiva EIA, tal apreciación debe incluir una fase de participación del público. El título 3, letra i), del anexo II de la Directiva EIA incluye las «instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos)» entre los proyectos a que se refiere el artículo 4, apartado 2, de la Directiva, que dispone que los Estados miembros determinarán si el proyecto será objeto de una evaluación de impacto ambiental.
33. La decisión impugnada prorroga la vigencia del permiso inicial para una actividad para la cual se requería la participación del público (con arreglo a la Directiva EIA y al Convenio de Aarhus, que forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión).
34. Sin embargo, la legislación nacional en virtud de la cual se adoptó la decisión impugnada por la que se prorrogaba el período de la actividad en cuestión, no contempla una fase de participación del público como requisito para la toma de la decisión correspondiente.
35. Así pues, se trata de dilucidar si ha de haber una participación del público en relación con la prórroga de la actividad de que se trata, con arreglo al Convenio de Aarhus. (13)
36. El órgano jurisdiccional remitente considera tres disposiciones que pueden ser aplicables a la renovación de un permiso para una actividad autorizada con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus. La primera es esa disposición, en relación con los apartados 20 o 22 del anexo I del Convenio de Aarhus; la segunda, la letra b) del mismo artículo, y la tercera, el artículo 6, apartado 10, del Convenio. Cada una de ellas determina si se ha de promover una fase de participación del público y cómo se ha de llevar a cabo.
37. La decisión de prorrogar una actividad autorizada puede ser objeto de dos calificaciones jurídicas diferentes. como nueva decisión por la que se autoriza una actividad propuesta con arreglo, por un lado, al artículo 6, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus, en relación con el apartado 20 de su anexo I o con el apartado 22 del mismo anexo (si la actividad propuesta está mencionada en el anexo I), o, por otro lado, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), del Convenio de Aarhus (si la actividad no está mencionada en el anexo I pero puede tener un efecto importante sobre el medio ambiente). Conforme a la segunda calificación, la decisión constituye un reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce la actividad, con arreglo al artículo 6, apartado 10, del citado Convenio.
A. La prórroga del permiso como decisión por la que se autoriza la actividad propuesta [artículo 6, apartado 1, letras a) y b)]
38. El artículo 6 del Convenio de Aarhus reconoce el derecho a la participación del público en la toma de decisiones sobre determinadas actividades.
39. Las letras a) y b) del artículo 6, apartado 1, establecen conjuntamente los criterios por los que se ha determinar si una decisión debe someterse a la participación del público. A las dos letras las une el hecho de que tienen en cuenta el impacto potencialmente significativo de las actividades propuestas sobre el medio ambiente. (14) La letra a) se refiere a las actividades enumeradas en el anexo I, de las que se presumen tales efectos potencialmente significativos. La letra b) establece que las disposiciones sobre la participación del público se aplicarán también, de conformidad con el Derecho interno, a las decisiones respecto de actividades propuestas no enumeradas en el anexo I pero que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente.
40. En cuanto a la posible aplicación de dicha disposición, F.B. alega, en esencia, que la prórroga del permiso para la actividad de que se trata (el parque eólico) debe entenderse como una nueva decisión en relación con dicha actividad. Dado que el permiso original se concedió en virtud del artículo 6, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus en relación con el apartado 20 de su anexo I, (15) la prórroga de dicho permiso, a su parecer, debe ser tratada como una nueva decisión y, por tanto, ha de dar lugar a la participación del público. Con carácter subsidiario, la prórroga del permiso podría considerarse como ampliación o modificación de la actividad en el sentido del apartado 22 del anexo I, o como decisión relativa a una actividad no mencionada en el anexo I pero que puede tener un efecto importante sobre el medio ambiente.
1. La prórroga del permiso como decisión por la que se autoriza la actividad mencionada en el anexo I [artículo 6, apartado 1, letra a), y apartado 20 del anexo I]
41. A tenor del artículo 6, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus, la participación del público se aplica, en primer lugar, a las decisiones sobre la autorización o no de la actividad propuesta, si está mencionada en su anexo I. (16)
42. Como ya he expuesto, (17) el apartado 20 del anexo I del Convenio de Aarhus extiende el artículo 6 a toda actividad no mencionada en los apartados 1 a 19 de dicho anexo cuando esté prevista la participación del público respecto de ella en el marco de un procedimiento de evaluación del impacto sobre el medio ambiente conforme a la legislación nacional. (18)
43. La determinación de si una actividad está comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 20 del anexo I del Convenio depende de tres elementos: i) una participación del público; ii) una EIA dentro de la cual tenga lugar una participación del público, y iii) una legislación nacional que disponga una EIA. (19)
44. En consecuencia, si una legislación nacional no exige una evaluación de impacto ambiental para conceder o prorrogar un permiso, el apartado 20 del anexo I, por sí solo, no puede establecer tal requisito.
45. Así queda confirmado en las conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, del que se desprende que la decisión de prorrogar la validez del permiso para una actividad no entra en el ámbito de aplicación del apartado 20 del anexo I del Convenio de Aarhus si la legislación nacional no requiere una evaluación de impacto ambiental para tal prórroga. (20)
46. En el caso del procedimiento principal, es evidente que la legislación nacional exige una evaluación de impacto ambiental a fin de conceder el permiso inicial para un parque eólico. Sin embargo, tal como ha observado la Comisión, en esencia, en sus observaciones escritas, la renovación de dicho permiso no parece requerir tal evaluación.
47. Por lo tanto, la prórroga del permiso controvertido no puede considerarse comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus, en relación con el apartado 20 de su anexo I.
2. La prórroga del permiso como modificación o ampliación de una actividad [artículo 6, apartado 1, letra a), y apartado 22 del anexo I]
48. El apartado 22 del anexo I del Convenio de Aarhus amplía el ámbito de aplicación del artículo 6 del Convenio a las modificaciones o ampliaciones de actividades, cuando la modificación o ampliación en sí cumpla los requisitos o supere los límites establecidos en dicho anexo. Cualquier otra modificación o ampliación de actividades que no cumpla dichos requisitos ni supere los umbrales del anexo queda sujeta al artículo 6, apartado 1, letra b), del Convenio de Aarhus.
49. La cuestión es si la expresión «modificación o ampliación» debe entenderse en el sentido de que comprende una simple prórroga de la autorización de una actividad.
50. Dado que la primera frase del apartado 22 del anexo I del Convenio de Aarhus es sustancialmente similar al punto 24 del anexo I de la Directiva EIA, (21) procede señalar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «de su tenor y del sistema que sigue se deduce que hace referencia a las modificaciones o extensiones de un proyecto que, especialmente por su carácter o su magnitud, entrañan un riesgo de repercusiones sobre el medio ambiente similar al del propio proyecto». (22)
51. El Tribunal de Justicia ha declarado que las medidas nacionales que tienen por efecto prolongar, por un período significativo de diez años, la producción industrial de electricidad en ciertas centrales, limitada anteriormente a cuarenta años, combinadas con los importantes trabajos de renovación que han resultado necesarios por tratarse de unas centrales vetustas y por la obligación de ajustar estas a las normas de seguridad, eran «de una magnitud comparable a la del arranque inicial de dichas centrales en cuanto al riesgo de repercusiones medioambientales». (23)
52. Partiendo de dicha jurisprudencia, y tal como ha alegado la Comisión, en esencia, en sus observaciones escritas, cabe argumentar que, en ausencia de obras o de cualquier alteración física, la mera prórroga de la validez de un permiso para una actividad ya existente, como sucede en el procedimiento principal, no equivale a una modificación o ampliación de dicha actividad.
53. La sentencia FCC Česká republika (24) del Tribunal de Justicia, dictada en el ámbito de la Directiva 2010/75, que concreta las exigencias de participación del público en materia de emisiones industriales, corrobora esta interpretación. A efectos de dicha Directiva, el concepto de «ampliación» forma parte de la definición de «modificación sustancial» que establece el artículo 3, punto 9, de la Directiva 2010/75. La concesión de un permiso relativo a cualquier «cambio sustancial» está sujeta a un procedimiento de participación del público, de conformidad con el artículo 24, apartado 1, letra b), de la misma Directiva. La «modificación sustancial» se define como una «modificación de las características o el funcionamiento, o una ampliación, de una instalación […] que pueda tener repercusiones perjudiciales importantes en las personas o el medio ambiente» (el subrayado es mío).
54. El Tribunal de Justicia ha declarado que «la mera prolongación del período de depósito de residuos no modifica, por sí misma, el perímetro de la instalación ni la capacidad de almacenamiento tal como se prevé en el permiso inicial y, por lo tanto, no constituye una “ampliación” de la instalación». (25)
55. La Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus (que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puede considerarse un documento explicativo que, en su caso, cabe tener en cuenta, entre otros elementos pertinentes, para interpretar ese Convenio, aunque los análisis que incluye no tienen ninguna fuerza obligatoria y carecen del alcance normativo inherente a las disposiciones del citado Convenio (26)) confirma la interpretación según la cual el apartado 22 del anexo I del Convenio solo se refiere a al alteraciones físicas o las ampliaciones de la actividad. (27)
56. En el caso de procedimientos administrativos subsiguientes relativos a las actividades propuestas contempladas en el artículo 6, apartado 1, del Convenio de Aarhus, no es esta la disposición aplicable, junto con el apartado 22, del anexo I, sino el artículo 6, apartado 10, del citado Convenio. (28)
57. Por consiguiente, la mera prórroga del permiso de que se trata en el procedimiento principal, que no implica ninguna modificación física ni ampliación de la actividad, no puede calificarse como nueva decisión. Sin embargo, según expongo en la sección B de las presentes conclusiones, lo anterior es sin perjuicio del derecho del público a participar en virtud de otra disposición, concretamente el artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus, que regula el reexamen y la actualización de actividades.
3. La renovación del permiso como decisión relativa a una actividad que pueda tener un efecto importante sobre el medio ambiente [artículo 6, apartado 1, letra b), del Convenio de Aarhus]
58. El artículo 6, apartado 1, letra b), del Convenio de Aarhus afirma que las disposiciones del artículo 6 del Convenio relativas a la participación del público en las decisiones relativas a actividades específicas son aplicables a las decisiones sobre actividades propuestas no enumeradas en el anexo I del Convenio y que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente.
59. Del tenor del artículo 6, apartado 1, letra b), se desprende que las Partes del Convenio de Aarhus han de determinar si las exigencias de participación del público son aplicables cuando la actividad propuesta pueda tener un efecto importante sobre el medio ambiente. (29)
60. En cuanto a la prórroga de la actividad en cuestión, como señaló la Comisión en esencia en sus observaciones escritas, no consta suficientemente en la documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia si esa prórroga puede considerarse una actividad propuesta con posibles efectos en el medio ambiente.
61. Debe advertirse además que el citado apartado 22 del anexo I del Convenio de Aarhus extiende el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra b), a las modificaciones o ampliaciones de actividades, cuando la modificación o ampliación en sí no cumpla los requisitos o no supere los límites establecidos en dicho anexo.
62. Sin embargo, del análisis de la sección anterior (30) se deduce que la modificación o ampliación de la actividad en virtud de dicho apartado 22 se debe entender en el sentido de modificación o ampliación física, de manera que la mera prórroga de un permiso (ampliación de su validez que no implique ninguna alteración o trabajo físicos) no puede considerarse como tal.
63. En tales circunstancias, la prórroga del permiso de que se trata no resulta comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra b), del Convenio de Aarhus, en relación con el apartado 22 de su anexo I.
B. La prórroga del permiso como reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce una actividad (artículo 6, apartado 10)
64. El artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus exige la aplicación de las exigencias de participación del público «mutatis mutandi[s] y como corresponda», cuando una autoridad pública «reexamine o actualice las condiciones en que se ejerce» una actividad que haya sido autorizada en virtud del apartado 1 del mismo artículo.
1. Condiciones de aplicación del artículo 6, apartado 10
65. El artículo 6, apartado 10, «complementa» (31) el apartado 22 del anexo I del Convenio de Aarhus. Mientras que el citado apartado 22 se refiere a las modificaciones físicas o a la ampliación de actividades, el artículo 6, apartado 10, extiende las exigencias de participación del público a los reexámenes o actualizaciones de las condiciones en que se ejerce una actividad, lo que abarca todo reexamen o actualización administrativa que no implique necesariamente una modificación física de la actividad. (32)
66. La aplicación del artículo 6, apartado 10, es resultado del reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce la actividad. Como indican los propios términos, «condiciones en que se ejerce una actividad» son todas las necesarias para que la actividad pueda llevarse a cabo. (33) La expresión «reexamine o actualice» es lo suficientemente amplia como para abarcar la toma de decisiones medioambientales posterior al permiso inicial y que introduce un cambio en las condiciones de ejercicio.
67. Con su amplia redacción, el artículo 6, apartado 10, abarca todo el ciclo de vida de la actividad, en lo que se refiere a aspectos comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio de Aarhus: en su caso, la participación del público debe producirse no solo en la fase inicial de la toma de decisiones medioambientales, sino también en las fases posteriores, si existe una modificación o actualización de las condiciones en que se ejerce la actividad. Dicha disposición contribuye al logro continuo del objetivo de la participación del público, que, como se afirma en el noveno considerando del Convenio de Aarhus, es dar al público la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudar a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta.
68. Lo anterior viene confirmado por la naturaleza de ciertas actividades enumeradas en el anexo I del Convenio de Aarhus, que entrañan el uso de recursos naturales. Como explica la doctrina jurídica, en la mayor parte de los países los permisos «solo se conceden por un período limitado (normalmente, hasta diez años), tras el cual deben ser prorrogados y/o actualizados», debido a que «la cantidad de recursos que se han de utilizar y las condiciones en que se utilicen dependen en gran medida del estado de los recursos naturales afectados». (34)
69. El artículo 6, apartado 10, de dicho Convenio dispone la aplicación de los apartados 2 a 9 de dicho artículo a la participación del público, «mutatis mutandi[s] y como corresponda». La referencia a la aplicación mutatis mutandis de las exigencias de participación del público en el artículo 6, apartado 10, significa simplemente «con los cambios necesarios». (35) Respecto a la oportunidad de la participación del público, aunque la expresión «como corresponda» implique «cierta discrecionalidad», no significa «total discrecionalidad». (36) Antes bien, dicha fórmula «introduce un criterio objetivo que debe considerarse atendiendo a los objetivos del Convenio». (37)
70. La oportunidad de la participación del público, en caso de reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce la actividad, se corresponde con la magnitud de los efectos que sobre el medio ambiente pueda tener el reexamen o actualización. En efecto, cuando se determina si procede autorizar una actividad propuesta, se tiene en cuenta el impacto potencial importante en el medio ambiente, (38) lo que constituye un criterio que sigue siendo pertinente en las fases posteriores de la toma de decisiones medioambientales.
71. Lo anterior viene confirmado por las conclusiones del Comité de Aarhus, el cual ha recalcado que, al determinar si «corresponde» y, por tanto, es obligatorio iniciar una fase de participación del público, cuando una autoridad pública reexamine o actualice las condiciones en que se ejerce una actividad cubierta por el artículo 6, se ha de aplicar una «suerte de criterio de relevancia». (39)
72. La expresión «como corresponda» se debe manejar de tal manera que quede preservado el efecto útil del artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus. La exigencia de una fase de participación del público se vería privada de todo efecto útil si la legislación nacional nunca contemplara la posibilidad de evaluar si corresponde una fase de participación del público en caso de reexamen o actualización de actividades.
73. Esa era precisamente la cuestión en el asunto que dio lugar a las conclusiones del Comité de Aarhus relativo a la Unión Europea y a la Directiva 2010/75. (40) El Comité consideró que la Unión Europea, en su condición de parte del Convenio de Aarhus, no había cumplido con el artículo 6, apartado 10, de este al establecer un marco jurídico que no preveía la posibilidad de participación del público en relación con las revisiones y actualizaciones recogidas en ciertas disposiciones de dicha Directiva, en su versión aplicable en aquel momento. (41)
74. Es importante señalar que, para cumplir con el Convenio de Aarhus, se modificó la Directiva 2010/75 de manera que en ella se aclarase que «debe darse a los miembros del público interesado la posibilidad real de participar en una fase temprana de la concesión del permiso o actualización de las condiciones de este establecidas por la autoridad competente, también cuando dichas condiciones se revisen […]» (42)
2. La duración de una actividad como condición en que se ejerce y la prórroga del permiso en el asunto principal
75. El artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus se aplica en caso de actualización o reexamen de las condiciones en que se ejerce una actividad, es decir, todas las condiciones necesarias para el desarrollo continuo de la actividad. (43) La duración autorizada de una actividad es necesaria para su desarrollo continuo y forma parte de las condiciones en que se ejerce. (44)
76. Por lo tanto, una decisión que prolongue la duración de una actividad modifica las condiciones en que se ejerce y conlleva, a su vez, la aplicación del artículo 6, apartado 10, del Convenio.
77. No comparto la postura del Gobierno belga según la cual el artículo 6, apartado 10, no es de aplicación, toda vez que no se llevó a cabo ninguna modificación de las condiciones originales en que se ejercía la actividad. El hecho de que no se modificasen las demás condiciones en que se ejercía la actividad no cambia el hecho de que la duración inicial total de veinte años se ampliase en un 50 % mediante un cambio en las condiciones iniciales de su ejercicio. (45)
78. Respecto a la oportunidad de promover la participación del público, como ya se ha señalado, las autoridades gozan de un margen de discrecionalidad que, no obstante, se ha de ejercer de conformidad con los objetivos del Convenio de Aarhus. (46)
79. En cuanto a la prórroga del permiso, el Convenio no establece ningún límite «aritmético» por encima del cual sea oportuno promover la participación del público. Esta determinación debe hacerse atendiendo a criterios sustantivos. La oportunidad de la participación del público en caso de renovación del permiso y la valoración del efecto importante sobre el medio ambiente pueden depender, entre otras cosas, de la naturaleza de la actividad renovada y de la amplitud de la prórroga. Se ha de tomar en consideración si en las anteriores fases de participación del público este fue informado de las posibles prórrogas futuras del permiso y, por tanto, tuvo ocasión de formular alegaciones respecto a los efectos sobre el medio ambiente que estas llevarían aparejadas. (47)
80. En cualquier caso, una prórroga significativa de la duración inicialmente autorizada de una actividad constituye un sólido indicio de que corresponde una fase de participación del público. Además, esta apreciación es conforme con el objetivo de la participación del público consistente en ofrecer a este la posibilidad de expresar sus preocupaciones. (48)
81. El Comité de Aarhus confirma esta interpretación. Reiteradamente ha señalado que «salvo en casos en que el cambio en la duración autorizada es por un período mínimo de tiempo y evidentemente no ha de tener efectos, o no importantes, sobre el medio ambiente, es oportuno que las prórrogas de la vigencia se sometan a las disposiciones del artículo 6» (el subrayado es mío). (49) El Comité de Aarhus ha entendido que la prórroga de la duración de una actividad por cinco años más «en modo alguno es mínima», por lo que requiere la participación del público. (50)
82. En el caso de autos, el permiso se prorrogó por diez años más. Una prórroga de diez años de una actividad inicialmente autorizada por veinte años constituye una ampliación del 50 % de su duración inicial. No cabe considerar que tal ampliación sea «mínima». Además, en el momento de la prórroga del permiso (2020) habían transcurrido más de diez años desde que la actividad en cuestión (el parque eólico) se puso en servicio por primera vez (2009).
83. Estos factores constituyen un fuerte indicio de oportunidad de la participación del público. No obstante, corresponde en último término al juez nacional apreciar estas circunstancias.
84. La otra cuestión planteada en la resolución de remisión es la ausencia en la normativa nacional de toda posibilidad de participación del público en la prórroga de permisos para la actividad de que se trata.
85. De dicha resolución se deduce que uno de los motivos por los que el legislador nacional no dispuso una fase de participación del público fue que, cuando un operador solicita un permiso, existe participación del público, incluida una evaluación de impacto ambiental, con independencia de la duración del permiso concedido. Otro motivo era evitar la discriminación entre los nuevos permisos de parque eólico (concedidos con una duración máxima de treinta años) y los concedidos con arreglo al régimen anterior (en que la duración máxima era de veinte años).
86. Yo no creo que dichos motivos justifiquen que el legislador excluya la prórroga de permisos del ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus. En primer lugar, la aplicación de dicha disposición no depende de si el permiso inicial vino precedido por una participación del público. La disposición se aplica a todas las situaciones en que se «reexaminen o actualicen» las condiciones en que se ejerce una actividad y requiere que la autoridad evalúe si es «oportuna» la participación del público. Aunque la expresión «como corresponda» deja un margen de apreciación a las autoridades, no se puede renunciar por completo al ejercicio de esta facultad con el argumento de que la participación del público tuvo lugar en el pasado en relación con aspectos sin relación con el reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce la actividad. De no ser así, se privaría de todo efecto útil al artículo 6, apartado 10. En efecto, todas las actividades para las cuales se llevó a cabo la participación del público (sobre aspectos distintos que el reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce la actividad) quedarían automáticamente exentas.
87. Respecto a la actividad de que se trata en el procedimiento principal, desde que entró en servicio el parque eólico se han sucedido distintas fases de anulación judicial y reconsideración del permiso. (51) De los autos no se infiere con claridad si la participación del público tuvo lugar en todas esas fases. En cualquier caso, no hay prueba alguna en los autos de que en alguna de ellas el público tuviese ocasión de expresar sus puntos de vista, en particular, sobre la cuestión de una posible prórroga significativa de la vigencia del permiso concedido. (52)
88. En segundo lugar, respecto al argumento de que la participación del público produce discriminación entre los titulares de antiguos permisos y los titulares de permisos nuevos, estimo oportuno recordar que la aplicación del artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus no es optativa. Cuando se cumplan los requisitos de su aplicación, se ha de garantizar el derecho del público a participar. (53) La oportunidad de la participación del público en relación con una actividad concreta ha de determinarse atendiendo a los objetivos del Convenio de Aarhus. (54) La participación del público no es un mero trámite ni una simple formalidad. Se trata de un medio para alcanzar los objetivos democráticos medioambientales perseguidos por dicho Convenio. (55)
89. Además, el artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus es aplicable a todos los operadores, independientemente de la fecha en que se haya autorizado su actividad. En consecuencia, para los operadores a quienes se concediesen permisos de treinta años, también podría haber una fase de participación del público en una ulterior toma de decisiones medioambientales en caso de modificación o actualización de las condiciones en que se ejerce su actividad.
90. También es preciso aclarar que el hecho de que se efectuase una evaluación de impacto ambiental cuando se concedió el permiso no es, en sí mismo, decisivo respecto a la aplicación del artículo 6, apartado 10. Esta disposición, y en general el derecho a la participación del público en el Convenio de Aarhus, no equivalen a una evaluación de impacto ambiental. (56) Tal como señala la Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, el ámbito de aplicación del segundo pilar de este Convenio es «diferente y mucho más amplio que el de la evaluación ambiental». (57) La Guía propone como ejemplo precisamente el reexamen o actualización de las condiciones en que se ejercen actividades concretas, que en muchos países, salvo que implique un cambio sustancial en la actividad, no se somete necesariamente a un procedimiento de EIA, sino a una autorización medioambiental. (58)
91. Por estos motivos, soy del parecer de que el artículo 6, apartado 10, se opone a una legislación nacional que no impone a las autoridades la obligación de considerar la oportunidad de la participación del público en la decisión sobre la prórroga del permiso para la explotación de un parque eólico por diez años más.
92. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes citada (59) sobre la prórroga de la vigencia del permiso para explotar un depósito de residuos en el ámbito de la Directiva 2010/75 no puede conducir a una interpretación diferente. En la sentencia de 2 de junio de 2022, FCC Česká republika (C‑43/21, EU:C:2022:425; en lo sucesivo, «sentencia FCC Česká republika»), el Tribunal de Justicia declaró que la mera prolongación del período de depósito de residuos, sin que se modifiquen las dimensiones máximas autorizadas de la instalación ni su capacidad total, no constituye una «modificación sustancial» en el sentido del artículo 3, apartado 9, de dicha Directiva. En consecuencia, no se podía obligar al operador del depósito a solicitar un nuevo permiso. El razonamiento del Tribunal de Justicia se basó en la expresión «modificación sustancial», que requiere, en particular, una «prórroga» de la instalación.
93. Sin embargo, el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus no depende de una «modificación sustancial» o de una ampliación física de la actividad. Esta disposición entra en juego en caso de reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce una actividad. Como ya he señalado, (60) mientras que el apartado 22 del anexo I del Convenio de Aarhus se aplica a los cambios físicos en una actividad, el artículo 6, apartado 10, es aplicable a los ulteriores procedimientos administrativos. (61)
94. Además, la Directiva 2010/75 fue modificada (62) a raíz de la sentencia FCC Česká republika a fin de exigir la participación del público cuando se actualice un permiso a solicitud del operador para prorrogar el funcionamiento de un depósito de residuos que alcance los umbrales establecidos en el anexo I, punto 5.4, de dicha Directiva.
95. Por consiguiente, la sentencia FCC Česká republika no se ha de entender, a mi parecer, como obstáculo a la interpretación según la cual la prórroga por diez años más del permiso para un parque eólico constituye una actualización de las condiciones en que se ejerce esta actividad , que conlleva, a su vez, la aplicación del artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus.
96. A la luz de las consideraciones anteriores, el artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus se debe interpretar en el sentido de que exige a las autoridades públicas evaluar si corresponde una fase de participación del público en caso de prórroga por diez años más de la validez de un permiso para un parque eólico inicialmente autorizado por un período de veinte años, y que se opone a un régimen legal con arreglo al cual el procedimiento de renovación de un permiso para tal actividad no incluye la obligación de que la autoridad pública valore si corresponde una fase de participación del público.
V. Conclusión
97. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, Bélgica) del modo siguiente:
«El artículo 6, apartado 10, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
se debe interpretar en el sentido de que exige a las autoridades públicas evaluar si corresponde una fase de participación del público en caso de prórroga por diez años más de la validez de un permiso para un parque eólico inicialmente autorizado por un período de veinte años, y que se opone a un régimen legal con arreglo al cual el procedimiento de renovación de un permiso para tal actividad no incluye la obligación de que la autoridad pública valore si corresponde una fase de participación del público.»
1 Lengua original: inglés.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2 Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO 2005, L 124, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»).
3 United Nations Economic Commission for Europe, The Aarhus Convention: An Implementation Guide, 2.ª ed., 2014, pp. 3 y 253 (en lo sucesivo, «Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus»).
4 Declaración de Lucca, 21‑23 de octubre de 2002, Lucca (Italia).
5 Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 19.
6 Baritt, E., The Foundations of the Aarhus Convention: Environmental Democracy, Rights and Stewardship, Oxford, Hart Publishing, 2020, p. 28.
7 Véase, en general, Bándi, G. (ed.), Environmental Democracy and Law, Europa Law Publishing, Groningen-Amsterdam, 2014.
8 Con arreglo a la legislación nacional, por «permiso único» (permis unique) se entiende un permiso relativo a un «proyecto mixto» (projet mixte), que requiere tanto un permiso medioambiental como un permiso urbanístico. Véase la definición de «proyecto mixto» y de «permiso único» que contienen los artículos 1, puntos 11 y 12, respectivamente, y 81 de la Décret relatif au permis d’environnement (Ley del permiso medioambiental) de 11 de marzo de 1999 (Moniteur belge de 8 de junio de 1999, p. 21114). Véase también la definición de «permiso único» disponible en https://permis-environnement.spw.wallonie.be/home/glossaire.html#permis-unique.
9 Decisión de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2005, L 124, p. 1).
10 Véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de marzo de 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125), apartado 30, y de 8 de noviembre de 2022, Deutsche Umwelthilfe (Homologación de tipo de vehículos de motor) (C‑873/19, EU:C:2022:857), apartado 48.
11 En sus observaciones escritas, F.B. afirma que los parques eólicos con una capacidad total de 3 MW son instalaciones de «clase 1» cuya autorización requiere una EIA y una consulta pública.
12 La Directiva EIA transpone las exigencias de participación del público del Convenio de Aarhus respecto a los proyectos comprendidos en su propio ámbito de aplicación. Véase el considerando 5 de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO 2003, L 156, p. 17), según el cual «la legislación comunitaria debe ajustarse en consecuencia [al Convenio de Aarhus] con vistas a su ratificación por la Comunidad».
13 El solicitante solo critica que no se llevase a cabo la participación del público. No formula ningún motivo en cuanto a la realización de una evaluación de impacto ambiental de conformidad con la Directiva EIA.
14 Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 131.
15 Véase el punto 31 de las presentes conclusiones.
16 Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 126. Según dicha Guía (p. 131), la expresión «actividades propuestas» es suficientemente amplia como para abarcar tanto el concepto de «proyecto» de la Directiva EIA como el de «instalación» que utiliza la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO 2010, L 334, p. 17).
17 Punto 31 de las presentes conclusiones.
18 Véanse el punto 31 de las presentes conclusiones y la Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 131.
19 Conclusiones ACCC/C/2008/35 (Georgia), de 18 de junio de 2010, apartado 43.
20 Conclusiones ACCC/C/2013/107 (Irlanda), de 19 de agosto de 2019, apartado 75.
21 El punto 24 del anexo I de la Directiva EIA incluye, entre los proyectos mencionados en el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva, «cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el [anexo I], cuando dicha modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en [dicho] anexo».
22 Sentencia de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 78.
23 Sentencia de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 79. Asimismo, el Tribunal de Justicia declaró que las medidas allí controvertidas constituían, junto con los trabajos de modernización indisociablemente ligados a ellas, un «proyecto» en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva EIA (véanse los apartados 63 a 71, 90 y 94 de la sentencia citada).
24 Sentencia de 2 de junio de 2022, FCC Česká republika (C‑43/21, EU:C:2022:425).
25 Sentencia de 2 de junio de 2022, FCC Česká republika (C‑43/21, EU:C:2022:425), apartado 36.
26 Sentencia de 8 de noviembre de 2022, Deutsche Umwelthilfe (Homologación de tipo de vehículos de motor) (C‑873/19, EU:C:2022:857), apartado 55.
27 Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, pp. 132 y 158.
28 Íbidem.
29 Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 132.
30 Punto 57 de las presentes conclusiones.
31 Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 158.
32 Si implica una alteración física, la modificación sí estará comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 22 del anexo I. Véase el punto 55 de las presentes conclusiones.
33 En ACCC/C/2014/122 (España), Conclusiones, de 17 de diciembre de 2020, apartado 73, el Comité de Cumplimiento consideró que las «condiciones en las que se ejerce» una actividad incluyen «todas las condiciones del permiso y no solo las de carácter técnico o de funcionamiento que afectan al proceso productivo». En consecuencia, el Comité de Cumplimiento consideró, en el apartado 17 de su dictamen para el Reino de los Países Bajos sobre la aplicación del apartado 3, letra a), de la decisión VII/8m, de 28 de noviembre de 2023, que «todas las condiciones relativas al permiso, ya se contengan o no en el propio permiso, deben considerarse condiciones en las que se ejerce la actividad».
34 Jendrośka, J., ‘Public participation under Article 6 of the Aarhus Convention’, en Bándi, G., anterior nota 7, p. 136. Véase también la Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 158.
35 Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 159.
36 Conclusiones ACCC/C/2009/41 (Eslovaquia), de 17 de diciembre de 2010, apartado 55.
37 Íbidem, apartado 56.
38 Véase el punto 39 de las presentes conclusiones.
39 Conclusiones ACCC/C/2014/121 (Unión Europea), de 30 de marzo de 2020, apartado 99. Según estas mismas conclusiones, el criterio de relevancia implica valorar si el reexamen o actualización «puede alterar significativamente los parámetros básicos de la actividad o va a “afectar” a aspectos medioambientales significativos de la actividad» [apartado 104, con referencia a las conclusiones ACCC/C/2006/17 (Comunidad Europea), de 2 de mayo de 2008].
40 ACCC/C/2014/121 (Unión Europea), anterior nota 39.
41 Íbidem, apartados 109 y 120.
42 Véase el considerando 37 de la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, por la que se modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la Directiva 1999/31/CE del Consejo relativa al vertido de residuos (DO L, 2024/1785).
43 Véase el punto 66 de las presentes conclusiones.
44 Conclusiones ACCC/C/2014/104 (Países Bajos), de 18 de junio de 2017, apartado 65, donde se señala que la duración autorizada de una actividad es claramente una «condición en que se ejerce» la actividad. Según la Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, «en muchos países solo se conceden [permisos] medioambientales durante un período limitado de tiempo (normalmente, hasta diez años) y posteriormente deben ser renovados y/o actualizados» (p. 158).
45 Véanse en este sentido las Conclusiones ACCC/C/2013/107 (Irlanda), de 19 de agosto de 2019, apartado 84.
46 Véase el punto 67 de las presentes conclusiones.
47 Véanse, en este sentido, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto FCC Česká republika (C‑43/21, EU:C:2022:64), punto 67.
48 En el caso de parques eólicos, el público podría tener interés en expresar sus opiniones, por ejemplo, sobre aspectos como los posibles niveles de ruido o de molestias visuales (efecto estroboscópico). Véase, en general, Vandenput, T. y Vermer, D., ‘Éoliennes’, in Delnoy, M., y Born, Ch.‑Hu., Actualités choisies en droit de l’urbanisme et de l’environnement, Limal, Anthemis, Lieja, 2021, pp. 218‑249, especialmente p. 228.
49 ACCC/C/2014/104 (Países Bajos), anterior nota 44, apartado 71; ACCC/C/2013/107 (Irlanda), anterior nota 45, apartado 83; conclusiones ACCC/C/2016/143 (Chequia), de 26 de julio de 2021, apartado 106, y ACCC/C/2014/121 (Unión Europea), anterior nota 39, apartado 102.
50 ACCC/C/2013/107 (Irlanda), anterior nota 45, apartado 84.
51 Véase el punto 13 de las presentes conclusiones.
52 Véase en este sentido, ACCC/C/2013/107 (Irlanda), anterior nota 45, apartado 85.
53 Véase el artículo 1 del Convenio de Aarhus, con arreglo al cual «cada Parte garantizará los derechos de […] participación del público en la toma de decisiones […] de conformidad con las disposiciones del presente Convenio» (la cursiva es mía).
54 Véanse ACCC/C/2014/121 (Unión Europea), anterior nota 39, apartado 97, y ACCC/C/2016/143 (Chequia), anterior nota 49, apartado 103.
55 Véanse mis observaciones preliminares de las presentes conclusiones.
56 Tal como observó el Comité de Cumplimiento, «el Convenio no hace de la EIA una parte necesaria de la participación del público: simplemente exige que, cuando un procedimiento de EIA requiera la participación del público con arreglo a la legislación nacional ([apartado 20 del anexo] I del Convenio), en ella se han de aplicar las disposiciones del artículo 6» [Conclusiones ACCC/C/2008/24 (España), de 8 de febrero de 2011, apartado 82].
57 Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 122.
58 Íbidem.
59 Punto 53 de las presentes conclusiones.
60 Punto 65 de las presentes conclusiones.
61 Guía para la Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 158.
62 Véase el punto 74 de las presentes conclusiones.