<TI><P>Marco jurídico</P></TI>3La Ley n° 95/79 estableció el procedimiento de administración extraordinaria de las grandes empresas en dificultades.4Conforme a lo previsto en el artículo 1, párrafo primero, de dicha Ley, este procedimiento puede aplicarse a las empresas que, durante al menos un año, empleen, como mínimo, a trescientos trabajadores y tengan, para con entidades de crédito, organismos de previsión y de seguridad social o empresas en las que el Estado posea una participación mayoritaria, deudas por importe igual o superior a 85.277 millones de ITL y superior al quíntuplo del capital desembolsado de la sociedad.5El procedimiento es también aplicable, a tenor del artículo 1 bis de la misma Ley, cuando la insolvencia resulta de la obligación de devolver cantidades que asciendan, como mínimo, a 50.000 millones de ITL, que representen al menos el 51 % del capital desembolsado, al Estado, a organismos públicos o a empresas en las que el Estado posea una participación mayoritaria, en concepto de restitución de ayudas ilegales o incompatibles con el mercado común o en el marco de financiaciones concedidas para innovaciones tecnológicas y actividades de investigación.6Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley n° 95/79, para que el procedimiento de administración extraordinaria se aplique a una empresa, ésta debe haber sido declarada insolvente por los tribunales, bien sea de conformidad con la legislación en materia de quiebra o bien como consecuencia de la falta de pago de los salarios durante al menos tres meses. El Ministro de Industria, tras consultar al Ministro de Hacienda, puede entonces dictar una orden por la que se someta a la empresa a administración extraordinaria y, de conformidad con el artículo 2, párrafo primero, de dicha Ley, autorizarla, teniendo en cuenta el interés de los acreedores, a continuar su actividad durante un período de dos años como máximo, prorrogable por otro período máximo adicional de dos años, previo dictamen conforme del Comité Interministerial para la Coordinación de la Política Industrial (en lo sucesivo, CIPI).7Según el artículo 3 de la Ley n° 95/79, el procedimiento de administración extraordinaria al que ya esté sometida una empresa puede ser ampliado a las empresas controladas por ésta o que la controlen, siempre que haya sido declarada su insolvencia.8Las empresas en administración extraordinaria se rigen por las normas generales de la legislación en materia de quiebra, salvo excepciones expresamente previstas por la Ley n° 95/79 o por leyes posteriores. Así, tanto en el caso de la administración extraordinaria como en el del procedimiento ordinario de liquidación, el propietario de la empresa insolvente no puede disponer de sus activos, que, en principio, deben destinarse a pagar a los acreedores; se interrumpe el devengo de intereses sobre las deudas existentes; los pagos de las deudas efectuados durante un período anterior a la declaración de insolvencia son revocables; no puede interponerse ni continuarse con carácter individual ninguna acción de ejecución sobre los bienes de la empresa afectada.9Además, con arreglo al artículo 2 bis de la Ley n° 95/79, el Estado puede garantizar total o parcialmente las deudas que las empresas sometidas a administración extraordinaria contraigan para la financiación de la gestión corriente y para la reactivación y la finalización de las instalaciones, edificios y equipos industriales, conforme a los requisitos y modalidades establecidos mediante orden del Ministro de Hacienda, previo dictamen conforme del CIPI.10En el marco del proceso de saneamiento, está autorizada la venta de todos los establecimientos de la empresa insolvente, conforme a las modalidades previstas por la Ley n° 95/79. A tenor del artículo 5 bis de esta ùltima, la transmisión de propiedad total o parcial de la empresa devenga una tasa de registro fijada a tanto alzado en un millón de ITL.11Por otra parte, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley n° 19, de 6 de febrero de 1987 (GURI n° 32, de 9 de febrero de 1987), las empresas en régimen de administración extraordinaria quedan exentas del pago de las multas y sanciones pecuniarias impuestas en caso de falta de pago de las cotizaciones sociales obligatorias.12A tenor de lo establecido en el artículo 2, párrafo quinto, de la Ley n° 95/79, cuando se autoriza a una empresa sometida a administración extraordinaria a continuar su actividad, el administrador nombrado al efecto debe preparar un plan de gestión adecuado, cuya compatibilidad con las grandes líneas de la política industrial nacional es examinada por el CIPI antes de ser aprobado por el Ministro de Industria. Las decisiones relativas a cuestiones tales como la reestructuración, la venta de los activos, la liquidación o el final del período de administración extraordinaria han de ser aprobadas por el mismo Ministro.13Los acreedores de la empresa en régimen de administración extraordinaria no pueden ver satisfechos sus créditos, total o parcialmente, mediante liquidación de los activos de la empresa o gracias a sus nuevos beneficios hasta que finalice el período de vigencia de dicho régimen. Además, de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 212 de la Ley sobre la Quiebra, los gastos ocasionados por la administración extraordinaria y la continuación de la explotación de la empresa, incluidas las deudas contraídas, se pagan detrayendo la cantidad necesaria del producto de la realización de la masa de la quiebra y con carácter prioritario respecto a los créditos existentes en el momento de iniciarse el procedimiento de administración extraordinaria.14El procedimiento de administración extraordinaria finaliza tras el convenio de acreedores, el reparto íntegro del activo, la extinción total de los créditos o la insuficiencia de activo, o también una vez que la empresa haya recuperado la capacidad de hacer frente a sus obligaciones y, por lo tanto, el equilibrio financiero.15La Ley n° 95/79 fue derogada por el Decreto Legislativo n° 270, de 8 de julio de 1999, por el que se establece la nueva regulación de la administración extraordinaria de las grandes empresas en estado de insolvencia (GURI n° 185, de 9 de agosto de 1999; en lo sucesivo, Decreto Legislativo n° 270/99), adoptado en aplicación de la Ley de delegación n° 274, de 30 de julio de 1998.16No obstante, el artículo 106, apartados 1 y 2, de dicho Decreto Legislativo dispone:1.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, los procedimientos de administración extraordinaria que se hallen en curso en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto se regirán por la normativa anteriormente vigente, incluida la ampliación de la administración extraordinaria a sociedades o empresas controladas, que estén bajo la misma dirección y garantes, en aplicación del artículo 3 del Decreto Ley n° 26, de 30 de enero de 1979, convertido con modificaciones en la Ley n° 95, de 3 de abril de 1979.2.Se reputará que el procedimiento de administración extraordinaria se halla en curso cuando, en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, el estado de insolvencia de la empresa haya sido declarado por resolución judicial, aunque no se haya dictado la orden por la que se dispone la administración extraordinaria en virtud de los artículos 1, apartado 5, o 3, apartado 2, del Decreto Ley n° 26/79.
17Procede precisar, además, que, mediante el escrito E 13/92, de 30 de julio de 1992 (DO 1994, C 395, p. 4), dirigido al Gobierno italiano con arreglo al artículo 93, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 1), la Comisión de las Comunidades Europeas indicó que la Ley n° 95/79 le parecía estar comprendida, desde diversos puntos de vista, dentro del ámbito de aplicación del artículo 92 del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación) y de los artículos siguientes, y solicitó que le fueran notificados previamente todos los casos de aplicación de dicha Ley, para examinarlos en el marco de la normativa aplicable a las ayudas a las empresas en dificultades.18Puesto que las autoridades italianas respondieron que sólo estaban dispuestas a efectuar una notificación previa en los casos de concesión de la garantía del Estado prevista en el artículo 2 bis de la Ley n° 95/79, la Comisión decidió iniciar el procedimiento previsto en el artículo 93, apartado 2, del Tratado (DO 1997, C 192, p. 4).19Mientras tanto, en su sentencia de 1 de diciembre de 1998, Ecotrade (C-200/97, Rec. p. I-7907), el Tribunal de Justicia afirmó que ha de considerarse que la aplicación a una empresa, en el sentido del artículo 80 del Tratado CECA, de un régimen como el establecido por la Ley n° 95/79, que introduce excepciones a las normas de Derecho común en materia de quiebra, da lugar a la concesión de una ayuda de Estado prohibida por el artículo 4, letra c), del Tratado CECA, si se demuestra que dicha empresafue autorizada a continuar su actividad económica en circunstancias en las que dicha posibilidad quedaría excluida en el marco de la aplicación de las normas de Derecho común en materia de quiebra, o
disfrutó de una o varias ventajas, tales como una garantía de Estado, un tipo de gravamen reducido, una exoneración de la obligación de pago de multas y otras sanciones pecuniarias o una renuncia efectiva, total o parcial, a créditos públicos, a las que no habría podido aspirar otra empresa insolvente en el marco de la aplicación de las normas de Derecho común en materia de quiebra.
20Por otra parte, en su sentencia de 17 de junio de 1999, Piaggio (C-295/97, Rec. p. I-3735), el Tribunal de Justicia declaró que:debe considerarse que la aplicación a una empresa de un régimen como el establecido por la Ley n° 95/79, que se aparta del ordinario en materia de quiebra, da lugar a la concesión de una ayuda de Estado, en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado, si se demuestra que dicha empresa:
fue autorizada a continuar su actividad económica en circunstancias en las que dicha posibilidad hubiera quedado excluida en el marco de la aplicación del régimen ordinario en materia de quiebra, o
disfrutó de una o varias ventajas, tales como una garantía de Estado, un tipo de gravamen reducido, una exoneración de la obligación de pago de multas y otras sanciones pecuniarias o una renuncia efectiva, total o parcial, a créditos públicos, a las que no habría podido aspirar otra empresa insolvente en el marco de la aplicación del régimen ordinario en materia de quiebra;
cuando se compruebe que un régimen como el establecido por la Ley n° 95/79 puede, por sí mismo, generar la concesión de ayudas de Estado, en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado, dicho régimen no puede ejecutarse si no ha sido notificado a la Comisión y, en caso de notificación, antes de que la Comisión tome una decisión por la que se reconozca la compatibilidad del proyecto de ayuda con el mercado común, o, si la Comisión no toma ninguna decisión en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación, antes del transcurso de dicho plazo.
21A raíz de esta sentencia la Comisión, mediante escrito de 12 de agosto de 1999 (DO C 245, p. 27), manifestó, por una parte, su intención de revocar sus anteriores decisiones de propuesta de medidas apropiadas y de iniciación del procedimiento previsto en el artículo 93, apartado 2, del Tratado, ofreciendo a las autoridades italianas y a los terceros interesados la oportunidad de presentar observaciones al respecto, y, por otra parte, inició el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, contra el régimen de ayudas establecido por la Ley n° 95/79, inscrito en lo sucesivo en el registro de ayudas no notificadas.22Las autoridades italianas formularon sus observaciones mediante escritos de 14 de septiembre y 2 de noviembre de 1999.23El 16 de mayo de 2000, la Comisión adoptó la Decisión 2001/212/CE, relativa a un régimen de ayudas aplicado por Italia en beneficio de las grandes empresas en crisis (Ley n° 95/1979 de conversión del Decreto Ley n° 26/1979 sobre medidas urgentes relativas a la administración extraordinaria de las grandes empresas en crisis) (DO 2001, L 79, p. 29), en la que declara que las diversas ventajas derivadas de la Ley n° 95/79 constituyen un régimen de ayudas de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, incompatible con el mercado común. La Comisión manifiesta que, teniendo en cuenta la sentencia Piaggio, antes citada, y en contra de lo que había estimado anteriormente, el régimen de ayudas de Estado establecido por la Ley n° 95/79 no constituye un régimen existente, sino un régimen nuevo ilegalmente ejecutado por la República Italiana, con infracción de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 88 CE, apartado 3. Destaca, no obstante, que el error en que incurrió al calificar ese régimen como ayuda existente suscitó la confianza legítima de dicho Estado miembro y de los terceros interesados, en particular las empresas beneficiarias de las ayudas, por lo que decide no exigir la recuperación de las ayudas ilegalmente concedidas. Finalmente, la Comisión toma nota de que la Ley n° 95/79 fue derogada por el Decreto Legislativo n° 270/99.