Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 18 de diciembre de 2025 (1)
Asunto C‑598/24
CY
contra
Gândul Media Network SRL,
HO
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Tribunal Supremo, Rumanía)]
« Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2001/29/CE — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Artículo 2 — Derecho de reproducción — Artículo 3 — Derecho de comunicación al público — Concepto de “obra” — Texto breve compartido en Facebook y reproducido por la prensa digital — Artículo 5, apartado 3, letra c) — Excepciones y limitaciones — Excepción relativa al objetivo de informar sobre acontecimientos de actualidad — Grado de armonización »
Introducción
1. La legislación de la Unión en materia de derechos de autor establece una serie de excepciones a los derechos exclusivos de los autores, las cuales permiten a los usuarios de las obras realizar, sin la autorización de los autores, determinados actos que normalmente entran en el ámbito del monopolio de los titulares de dichos derechos.
2. Todas estas excepciones, salvo una, tienen carácter facultativo. Por lo tanto, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación no solo en lo que respecta a la elección de las excepciones que desean transponer a su Derecho interno, sino también a la forma concreta de su aplicación.
3. No obstante, algunas de estas excepciones permiten conciliar el carácter exclusivo de las prerrogativas de los autores con los derechos fundamentales de los usuarios de las obras, en particular la libertad de expresión bajo sus diferentes facetas. Por lo tanto, me parece difícilmente concebible que tales excepciones no se transpongan, de un modo u otro, en el Derecho interno de todos los Estados miembros. (2)
4. El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar el alcance del margen de apreciación que se reconoce a los Estados miembros a la hora de transponer la excepción destinada a garantizar la libertad de información sobre la actualidad de la que goza la prensa.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
5. Los artículos 2, 3 y 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (3) establecen lo siguiente:
«Artículo 2
Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:
a) a los autores, de sus obras;
[…]
Artículo 3
1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.
[…]
Artículo 5
[…]
3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los siguientes casos:
[…]
c) cuando la prensa reproduzca o se quiera comunicar o poner a disposición del público artículos publicados sobre temas de actualidad económica, política o religiosa, o emisiones de obras o prestaciones del mismo carácter, en los casos en que dicho uso no esté reservado de manera expresa, y siempre que se indique la fuente, incluido el nombre del autor, o bien cuando el uso de obras o prestaciones guarde conexión con la información sobre acontecimientos de actualidad, en la medida en que esté justificado por la finalidad informativa y siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor;
[…]
5. Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.»
Derecho rumano
6. El artículo 35, apartados 1 y 2, de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Ley n.º 8/1996, sobre los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor), de 14 de marzo de 1996 (4) tiene el siguiente tenor:
«1. Están permitidos, sin el consentimiento del autor ni pago de compensación, los siguientes usos de una obra comunicada con anterioridad al público, siempre que sean conformes a las buenas prácticas y no menoscaben la explotación normal de la obra ni perjudiquen a su autor o a los titulares de los derechos de uso:
[…]
2. en las condiciones previstas en el apartado 1, se permitirá la reproducción, distribución, radiodifusión o comunicación al público, cuando no exista un beneficio directo o indirecto, de carácter comercial o económico:
[…]
c) de fragmentos cortos de obras en relación con la información sobre acontecimientos de actualidad, siempre que se haga en la medida en que esté justificado por la finalidad informativa;
[…]»
7. El artículo 35 de esta Ley establece, en su apartado 4, habida cuenta, en particular, de los supuestos mencionados en su apartado 2, letra c), la obligación de indicar la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada, salvo que ello resulte imposible.
Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales
8. El 8 de septiembre de 2021, la recurrente en el litigio principal, profesora en una escuela, publicó en su página de Facebook un texto de veintidós líneas titulado «Pequeña guía para los padres al inicio del curso». En un tono al mismo tiempo humorístico y didáctico, indicaba que no deseaba recibir regalos de los padres de sus alumnos.
9. El 14 de septiembre de 2021, el periodista HO publicó en la página web del periódico Gândul, gestionado por Gândul Media Network SRL, sociedad rumana, un artículo titulado «Mensaje inédito de una profesora a los padres que piensan ofrecerle regalos al inicio del curso escolar», en el que se reproducía, tras la entradilla, la totalidad del texto publicado por la recurrente en el litigio principal. Según la resolución de remisión, consta, por una parte, que el texto de que se trata fue utilizado sin el previo consentimiento de la recurrente en el litigio principal y, por otra parte, que el nombre de esta, así como la fuente de dicho texto, fueron añadidos con posterioridad a través de un enlace que dirigía hacia el original.
10. La recurrente en el litigio principal presentó una demanda invocando el derecho a la reparación del perjuicio material y moral sufrido como consecuencia de la vulneración de su derecho de autor. Mediante sentencia de 26 de abril de 2022, el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía) desestimó la demanda, al considerar que el texto controvertido no estaba protegido por derechos de autor. La Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía) confirmó dicha sentencia mediante sentencia de 3 de mayo de 2023.
11. La recurrente en el litigio principal ha interpuesto un recurso de casación ante la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía), que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1. ¿Debe interpretarse el artículo 2, letra a), de la [Directiva 2001/29], en el sentido de que un texto publicado en una red social, que expresa una opinión relativa a prácticas sociales consideradas inadecuadas, puede considerarse una obra protegida por el derecho de autor?
2. ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, letra c), de la [Directiva 2001/29], en el sentido de que se opone a una normativa nacional que solo permite la reproducción, con fines de información sobre acontecimientos de actualidad, de fragmentos cortos de una obra, y no de la obra en su conjunto, ni siquiera cuando dicha obra es breve, y solo si no existe un beneficio directo o indirecto, de carácter comercial o económico?»
12. La petición de decisión prejudicial se recibió en el Tribunal de Justicia el 16 de septiembre de 2024. Han presentado observaciones escritas la recurrente en el litigio principal, el Gobierno rumano y la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia decidió resolver el asunto sin celebrar vista oral.
Análisis
13. En el presente asunto se han planteado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Conforme a lo solicitado por este último, centraré mis conclusiones en la segunda cuestión prejudicial. Por lo que respecta a la primera cuestión prejudicial, bastará con que el Tribunal de Justicia recuerde su reiterada jurisprudencia según la cual para que un objeto pueda ser calificado de «obra», en el sentido de la normativa sobre derechos de autor de la Unión, es suficiente que concurran dos requisitos acumulativos, a saber, que el objeto en cuestión sea original, en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor, y que exprese dicha creación intelectual. (5) Circunstancias como la extensión del texto, el lugar en el que ha sido publicado y su eventual pertenencia o no a un género literario predeterminado carecen pues de importancia a efectos de esa calificación. La comprobación de la concurrencia de esos dos requisitos en un caso concreto constituye una apreciación de hecho y es, pues, competencia del órgano jurisdiccional que conozca del fondo del asunto.
14. Por lo tanto, paso directamente al análisis de la segunda cuestión prejudicial.
Sobre el objeto de la segunda cuestión prejudicial
15. La segunda cuestión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva 2001/29.
16. Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente desea que se aclare la interpretación de la parte final de este precepto, que regula la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad. En virtud de esta disposición, los Estados miembros pueden establecer excepciones o limitaciones a los derechos exclusivos «cuando el uso de obras o prestaciones guarde conexión con la información sobre acontecimientos de actualidad, en la medida en que esté justificado por la finalidad informativa y siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor».
17. De la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, si la publicación del texto de que se trata en el litigio principal puede calificarse de «acontecimiento de actualidad», en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva 2001/29, y, en segundo lugar, sobre la compatibilidad con esta disposición de la normativa rumana que la transpuso, en la medida en que esta última limita el uso autorizado a «fragmentos cortos» de obras y prohíbe obtener cualquier beneficio de carácter comercial o económico, incluso indirecto, pese a que tales restricciones no figuran en la disposición en cuestión de la Directiva 2001/29. En la segunda cuestión prejudicial solo se refleja este segundo aspecto. Sin embargo, el primero de ellos guarda relación con la aplicación misma de la excepción de información sobre acontecimientos de actualidad en el litigio principal. En consecuencia, considero útil disipar las dudas del órgano jurisdiccional remitente a este respecto.
18. Es preciso subrayar que el litigio principal no tiene por objeto el control de la validez de la disposición nacional de que se trata a la luz de la Directiva 2001/29, sino que se trata de litigio concreto al que podría aplicarse esa disposición nacional. Al órgano jurisdiccional remitente solo le incumbe, pues, interpretar la citada disposición, en la medida de lo posible, de conformidad con la citada Directiva, o, en su caso, dejarla inaplicada. (6) Por lo tanto, la conformidad de la disposición nacional controvertida con la Directiva 2001/29 deberá ser apreciada por ese órgano jurisdiccional a la luz de las circunstancias del litigio principal y teniendo en cuenta la exigencia de respetar el justo equilibrio entre los derechos fundamentales en juego.
19. Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta más concretamente, en esencia, por una parte, cuáles son los requisitos de aplicación del artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29 y, por otra parte, si esta disposición debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional de transposición que circunscribe el uso autorizado para informar sobre acontecimientos de actualidad a fragmentos cortos de obras y prohíbe que de ello se obtenga un beneficio de carácter económico, directo o indirecto.
Jurisprudencia relativa a la excepción de información sobre acontecimientos de actualidad
20. Antes de iniciar el análisis de los problemas jurídicos que plantea el órgano jurisdiccional remitente, me parece necesario recordar brevemente la jurisprudencia relativa al artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29.
21. El litigio principal tiene por objeto un caso particular de aplicación de la excepción prevista en la citada disposición, en el sentido de que la propia publicación de la obra utilizada para informar de un acontecimiento de actualidad constituye ese acontecimiento y de que la información en cuestión consiste, en esencia, en la comunicación al público del contenido de dicha obra. Pues bien, el Tribunal de Justicia ha admitido de manera tan implícita como necesaria la aplicación de esta excepción en tales circunstancias, en particular en la sentencia Spiegel Online. (7)
22. En esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia sentó las grandes líneas de interpretación del artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29 al declarar, en particular, que la mencionada disposición no armoniza de forma completa la excepción que contiene, dejando a los Estados miembros un margen de apreciación significativo para la definición pormenorizada de los requisitos de su aplicación, que les permita ponderar los intereses en juego. Según el Tribunal de Justicia, ese margen de apreciación se deriva de la expresión «en la medida en que esté justificado por la finalidad informativa» que figura en la citada disposición. (8)
23. No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia también consideró que el margen de apreciación de los Estados miembros estaba circunscrito en varios aspectos. (9)
24. En primer lugar, a la hora de aplicar el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29, los Estados miembros deben respetar las exigencias del Derecho de la Unión, en particular, los requisitos previstos en esa disposición y el principio de proporcionalidad. (10)
25. En segundo lugar, los Estados miembros deben velar por no comprometer los objetivos de la Directiva 2001/29 consistentes en el establecimiento de un elevado nivel de protección en favor de los autores y el correcto funcionamiento del mercado interior, a la vez que la salvaguarda el efecto útil de la excepción en cuestión. (11)
26. En tercer lugar, el margen de apreciación de los Estados miembros se ve limitado por el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29.
27. Por último, en cuarto lugar, al transponer el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29, los Estados miembros deben basarse en una interpretación de este que garantice un justo equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. (12) Pues bien, los derechos fundamentales que entran en juego son, en particular, por un lado, el derecho de propiedad intelectual de los autores, garantizado por el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y, por otro lado, la libertad de expresión y de información de los usuarios de prestaciones protegidas, garantizada por el artículo 11 de la Carta. (13)
28. En el presente asunto, el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse a la luz de esta jurisprudencia.
Sobre la calificación como «acontecimientos de actualidad»
29. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, si el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29 puede aplicarse al caso de la comunicación al público, por un periódico digital, de un texto publicado al comienzo de un curso escolar en una página de Facebook, en el que un profesor indica que considera que determinados comportamientos son inadecuados en el entorno escolar. Las dudas de dicho órgano jurisdiccional se deben, en particular, al hecho de que el periódico no alentó el debate público sobre el tema, por ejemplo, invitando a sus lectores a manifestarse al respecto.
30. En lo que respecta al concepto de «acontecimiento de actualidad», en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29, el Tribunal de Justicia ha considerado que designa «un acontecimiento que, en el momento en que se informa de él, presenta un interés informativo para el público». (14)
31. No creo conveniente completar la definición de este concepto con elementos adicionales. En efecto, por una parte, habida cuenta del objetivo de la excepción de que se trata, que es preservar el derecho de la prensa a informar y del público a ser informado, esta definición debe englobar todos los temas que tengan importancia desde el punto de vista social en el momento en que el público sea informado de ellos. Por otra parte, ni el nivel de protección de los derechos de autor ni el grado de gravedad de la vulneración de esos derechos dependen de la naturaleza del acontecimiento sobre el que se informa utilizando la obra protegida de que se trate. Por lo tanto, la ponderación de los intereses en juego se inclina claramente en favor de una definición amplia del concepto de «acontecimiento de actualidad», tal como ha sido formulada por el Tribunal de Justicia.
32. La calificación de «acontecimiento de actualidad» de la publicación por un profesor de su opinión, según la cual considera que determinados comportamientos son inadecuados en el entorno escolar, incumbe, por supuesto, a los órganos jurisdiccionales nacionales. Me parece que nada se opone a tal calificación, puesto que el funcionamiento del sistema escolar es un tema que puede presentar claramente un interés para el público y la opinión en cuestión puede ser reveladora de prácticas que afectan a dicho funcionamiento.
33. Considero que carece de importancia que, en el caso de autos, no se haya instado a los lectores del periódico en el que se utilizó la obra a manifestarse al respecto. Si bien es cierto, como observa el órgano jurisdiccional remitente, que así ocurrió en el asunto que dio lugar a la sentencia Funke Medien, (15) esta circunstancia no constituye en modo alguno un requisito para la aplicación del artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29.
34. Como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, el hecho de «guardar conexión con la información» a que se alude en la citada disposición, debe entenderse como el hecho de aportar información sobre un acontecimiento de actualidad. Además, aunque el mero anuncio de tal acontecimiento no constituye un hecho de este tipo, la expresión «guardar conexión con la información», en su sentido habitual, no exige, sin embargo, que el usuario proceda a un análisis detallado de tal acontecimiento. (16) Lo mismo ocurre, con mayor razón, con la invitación a manifestarse al respecto, pues esta rebasa manifiestamente el sentido habitual de la expresión «guardar conexión con la información». Desde un punto de vista más general, procede señalar que, si bien a menudo un debate puede ser la consecuencia —deseable— del ejercicio de la libertad de expresión, no es en modo alguno un requisito de esta.
35. Por lo tanto, para que sea aplicable el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29, basta con que la obra protegida de que se trate se utilice para aportar información sobre un hecho que, en el momento en que se facilita dicha información, presenta un interés para el público.
Sobre los requisitos de aplicación de la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad en Derecho rumano
36. Las dudas del órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la compatibilidad de la normativa rumana que regula la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad con el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29 se refieren a dos aspectos, a saber, el hecho de que el uso autorizado se limite a fragmentos cortos de obras y la prohibición de que exista un beneficio, directo o indirecto, de carácter comercial o económico. (17)
Sobre la limitación del uso autorizado a los fragmentos cortos de obras
37. La duda del órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la conformidad de la normativa rumana que transpone el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29 se refiere al hecho de que esta disposición permite el uso «de obras», mientras que la legislación rumana limita el uso autorizado a los «fragmentos cortos de obras».
38. Conviene señalar de entrada que, al actuar de este modo, el legislador rumano no ha rebasado, en mi opinión, el margen de apreciación de que dispone para transponer esta disposición, según ha sido definido por el Tribunal de Justicia. (18)
39. En primer lugar, por lo que respecta al tenor y a la estructura del artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29, esta disposición tiene carácter facultativo para los Estados miembros, como ocurre con casi todas las excepciones a los derechos de autor previstas en dicha Directiva. Pues bien, según una regla de interpretación universalmente admitida, quién puede lo más, puede lo menos, de modo que, cuando los Estados miembros aplican esas excepciones, no están obligados, en principio, a transponerlas con todo su potencial alcance.
40. Por otra parte, dicha disposición contiene una limitación, según la cual el uso al amparo de la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad solo se autoriza «en la medida en que esté justificado por la finalidad informativa». Según el Tribunal de Justicia, esta formulación deja a los Estados miembros un amplio margen de apreciación en la aplicación de esa excepción. (19) Ese margen de apreciación también afecta necesariamente, en particular, al alcance del uso que se haga de la obra. En ese contexto, los Estados miembros tienen, pues, derecho a limitar el uso autorizado a fragmentos cortos de obras, si consideran que un uso más amplio no está justificado por la finalidad informativa que persigue la excepción de que se trata.
41. En segundo lugar, esa limitación, pese a ser conforme con el objetivo de la Directiva 2001/29 de establecer un nivel elevado de protección de los derechos de autor, no pone en entredicho, en mi opinión, el efecto útil de la excepción prevista en el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de dicha Directiva. Ciertamente, el objetivo de esta disposición no es permitir, en sí, la utilización de obras protegidas, sino evitar que la libertad de informar sobre acontecimientos de actualidad se vea indebidamente limitada por los derechos exclusivos que protegen las obras que, de un modo u otro, se asocian a esos acontecimientos. Pues bien, aun cuando, como ocurre en el caso de autos, la propia obra o su publicación constituyan el acontecimiento del que se informa, esa información no puede confundirse con la reproducción y la comunicación al público de la totalidad de dicha obra, so pena de desnaturalizar completamente el sentido de la disposición en cuestión. Por consiguiente, la limitación del uso autorizado a fragmentos cortos de obras no menoscaba el efecto útil de la excepción de que se trata.
42. En tercer lugar, la aplicación de las excepciones previstas en el artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva 2001/29 debe ser conforme con el apartado 5 de ese mismo artículo. Esta última disposición establece un triple requisito, también denominado «test en tres fases», según el cual las excepciones a los derechos de autor solo deben aplicarse en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra ni perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.
43. A este respecto, es preciso señalar que la reproducción íntegra y la comunicación al público de una obra pueden, por definición, entrar en conflicto con la explotación normal de esta y causar, por consiguiente —en la lógica del test en tres fases— un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. En efecto, en esa situación, la comunicación secundaria de la obra, efectuada al amparo de la excepción, sustituye a la comunicación original, dispensando a los destinatarios de recurrir a esta última, lo que atenta contra la explotación normal de la obra por su autor.
44. En el entorno de Internet, una comunicación al público suele tener carácter permanente y ser fácilmente reproducible, de modo que el autor puede perder todo control sobre la obra, que circula con independencia de su voluntad, lo cual no solo perjudica sus derechos patrimoniales, sino también los morales. (20) Además, aunque la excepción de que se trata tenga principalmente por objeto preservar el derecho de la prensa a informar sobre acontecimientos de actualidad, (21) su aplicación no está supeditada a que el usuario de que se trate tenga reconocido formalmente el estatuto de medio de comunicación. Pues bien, en el entorno de Internet, cualquiera puede pretender informar sobre un acontecimiento de actualidad para ampararse en esta excepción con el fin de comunicar al público una obra sin la autorización de su autor. Por lo tanto, existe un riesgo considerable de abuso.
45. Por consiguiente, considero, a la luz del artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29, que un Estado miembro puede limitar legítimamente el uso autorizado en el contexto de la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad a los fragmentos cortos de obras.
46. En cuarto lugar, la aplicación de esta excepción debe respetar el justo equilibrio entre los derechos fundamentales en juego, en particular, por una parte, la propiedad intelectual consagrada en el artículo 17, apartado 2, de la Carta y, por otra parte, la libertad de expresión y de prensa, protegida por el artículo 11 de esta. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si la limitación del uso autorizado a los fragmentos cortos de obras respeta dicho equilibrio.
47. Por lo que respecta a la propiedad intelectual, como ya he señalado, la comunicación al público de la totalidad de una obra sin la autorización del autor constituye una vulneración grave de los derechos de dicho autor. En casos extremos, como los mencionados en el punto 44 de las presentes conclusiones, en los que el autor pierde el control de la explotación de su obra, esta vulneración sería, en mi opinión, manifiestamente desproporcionada. La limitación del uso autorizado al amparo de la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad a los fragmentos cortos de obras contribuye a salvaguardar este derecho fundamental.
48. En cambio, en lo concerniente a la libertad de expresión, esta se encuentra, por supuesto, restringida. Sin embargo, no creo que tal restricción sea desproporcionada. La libertad de expresión de que se trata en el presente asunto se refiere a aportar información sobre un acontecimiento. En consecuencia, la utilización de la obra protegida solo sirve como ilustración para completar esta información y no debe constituir su contenido esencial. El uso de fragmentos cortos debería, pues, ser suficiente. No obstante, es evidente que los fragmentos cuyo uso está autorizado deben tener una extensión razonable para permitir alcanzar la finalidad informativa perseguida. Sin embargo, este aspecto se refiere a la aplicación del Derecho nacional in concreto.
49. Ello es así, en mi opinión, en principio, con independencia de la extensión de la obra de que se trate. Sin embargo, en el caso de obras tan breves que solo es útil reproducirlas en su totalidad, la normativa interna del Estado miembro de que se trate, tal como la interpreten los órganos jurisdiccionales nacionales, debe permitir la utilización de la totalidad de dichas obras, equiparándolas a fragmentos, cuando resulte necesario para alcanzar la finalidad informativa que se persigue. En todos los demás casos, suele ser posible extraer de una obra los pasajes necesarios para transmitir la información en cuestión, sin reproducir dicha obra en su totalidad. Ha de recordarse que el objetivo del artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29 no es permitir la utilización de obras protegidas sin la autorización de los titulares de los derechos, sino garantizar la libertad de informar sobre acontecimientos de actualidad.
50. Además, en muchas situaciones —sobre todo en Internet— entre ellas la que constituye el objeto del litigio principal, técnicas como los enlaces permiten al público acceder a la totalidad de la obra de que se trata y lograr así fácilmente el objetivo perseguido, sin tener que solicitar la autorización del autor y sin vulnerar sus derechos. (22) En esos casos no es necesario reproducir y comunicar al público la totalidad de la obra para cumplir las exigencias de libertad de expresión y de información.
51. De ello deduzco que el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29 no se opone a la normativa de un Estado miembro que limita el uso, para informar sobre acontecimientos de actualidad, a fragmentos cortos de obras, siempre que la extensión del fragmento cuyo uso se autoriza sea suficiente para alcanzar la finalidad informativa.
Sobre la prohibición de obtener un beneficio de carácter económico o comercial
52. Más problemática es la prohibición, que establece la legislación rumana, de obtener del uso de una obra, al amparo de la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad, cualquier beneficio, directo o indirecto, de carácter económico o comercial.
53. El órgano jurisdiccional remitente no indica cuál es el significado exacto de la expresión «un beneficio, directo o indirecto, de carácter comercial o económico» en Derecho rumano. Dicho esto, si la prohibición relativa al beneficio indirecto de carácter económico se interpretara en sentido amplio, plantearía serias dudas. Los medios de comunicación, a la vez que tienen una función fundamental en una sociedad democrática consistente en informar al público y en ejercer el control de los actores de la vida pública, suelen desarrollar una actividad económica. Esta actividad puede estar financiada bien directamente por los clientes, bien mediante publicidad. En ambos casos, la publicación de información constituye el servicio prestado cuyo contenido, al atraer a los clientes, incide en los ingresos del operador económico de que se trate. Por lo tanto, dicho operador obtiene un beneficio indirecto de carácter económico de todas sus publicaciones, incluida la información sobre acontecimientos de actualidad en los que se utilizan obras protegidas al amparo de la excepción de que se trata.
54. Prohibir ese beneficio indirecto menoscaba, pues, el efecto útil de la citada excepción, impidiendo en realidad su aplicación a cualquier medio de comunicación cuyo funcionamiento constituya una actividad económica. (23) Huelga decir que esa prohibición no se encuentra fundada en el tenor del artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29. En efecto, la expresión «en la medida en que esté justificada por la finalidad informativa» no se refiere al beneficio de carácter económico que puede obtenerse de forma indirecta, sino únicamente al alcance de la utilización de las obras protegidas.
55. Esta prohibición tampoco está justificada por el test en tres fases del artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29. En efecto, a diferencia de un beneficio directo obtenido de la utilización de una obra, que puede asimilarse a su explotación comercial, un beneficio indirecto consistente en financiar la actividad de prensa mediante los ingresos obtenidos por esa actividad, incluida la publicación de información sobre acontecimientos de actualidad, no vulnera la explotación normal de las obras utilizadas en esa información ni causa un perjuicio injustificado a sus autores. Por consiguiente, esa prohibición también menoscaba el equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales que pretende conciliar la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad.
56. Así pues, al prohibir que se obtenga un beneficio indirecto de carácter económico de la utilización —al amparo de la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad— de obras protegidas, el legislador rumano ha rebasado los límites del margen de apreciación de que dispone a la hora de transponer el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29. Por consiguiente, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que se opone a tal prohibición.
Conclusión
57. A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía) del siguiente modo:
«El artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información,
debe interpretarse en el sentido de que
– basta, para ser aplicable, con que la obra protegida de que se trate se utilice para aportar información sobre un hecho que, en el momento en que se facilita dicha información, presenta un interés para el público;
– no se opone a la normativa de un Estado miembro que limita el uso autorizado para informar sobre acontecimientos de actualidad a fragmentos cortos de obras, siempre que la extensión del fragmento cuyo uso se autoriza sea suficiente para alcanzar la finalidad informativa;
– se opone a la normativa de un Estado miembro que prohíbe obtener cualquier beneficio, directo o indirecto, de carácter comercial o económico de la utilización de obras para informar sobre acontecimientos de actualidad.»
1 Lengua original: francés.
2 Véase, en ese sentido, en particular, la sentencia de 29 de julio de 2019, Spiegel Online (C‑516/17, en lo sucesivo, «sentencia Spiegel Online», EU:C:2019:625), apartados 42 y 43.
3 DO 2001, L 167, p. 10.
4 Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 60, de 26 de marzo de 1996.
5 Véase la reciente sentencia de 24 de octubre de 2024, Kwantum Nederland y Kwantum België (C‑227/23, EU:C:2024:914), apartado 48.
6 Véase, en ese sentido, la reciente sentencia de 28 de enero de 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40), apartados 90, 91 y 93.
7 Véanse los apartados 60 a 74 y, en particular, el apartado 69 de la citada sentencia. Véase también la sentencia de 29 de julio de 2019, Funke Medien NRW (C‑469/17, EU:C:2019:623), apartado 75.
8 Sentencia Spiegel Online, apartados 27 a 29.
9 Sentencia Spiegel Online, apartado 30.
10 Sentencia Spiegel Online, apartados 31 a 34.
11 Sentencia Spiegel Online, apartados 35 y 36.
12 Sentencia Spiegel Online, apartados 37 y 38.
13 Sentencia Spiegel Online, apartado 42.
14 Sentencia Spiegel Online, apartado 67.
15 Sentencia de 29 de julio de 2019 (C‑469/17, EU:C:2019:623), apartado 75.
16 Sentencia Spiegel Online, apartado 66.
17 La Comisión observa asimismo que, en contra de lo que dispone el artículo 5, apartado 3, letra c), in fine, de la Directiva 2001/29, el artículo 35, apartado 2, letra c), de la Ley n.º 8/1996, de 14 de marzo de 1996, no establece la obligación de que se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, de la obra utilizada. Sin embargo, esa exigencia se desprende del artículo 35, apartado 4, de dicha Ley y se refiere, en particular, a los supuestos contemplados en el apartado 2, letra c), de dicho artículo.
18 Véanse los puntos 23 a 27 de las presentes conclusiones y la jurisprudencia citada.
19 Véase el punto 22 de las presentes conclusiones y jurisprudencia citada.
20 A título ilustrativo, en el momento en el que se redactan las presentes conclusiones, el texto objeto del litigio principal seguía estando disponible en el sitio de Internet de Gândul, así como, al menos, en otros dos sitios que lo habían reproducido, mientras que el enlace que dirigía al original no estaba operativo, probablemente porque este se había suprimido del lugar en el que había sido publicado inicialmente.
21 Véase, en ese sentido, la sentencia Spiegel Online, apartado 70.
22 Véase, en particular, la sentencia de 13 de febrero de 2014, Svensson y otros (C‑466/12, EU:C:2014:76), apartado 1 del fallo.
23 Es decir, en la práctica, a cualquier medio de comunicación, dado que incluso aquellos que son «públicos» rara vez están financiados únicamente por recursos del Estado.