–

en nombre de Bulgarfrukt — Fruchthandels GmbH, por el Sr. W. Kreuzer y la Sra. F. Sturm, Rechtsanwälte;

–

en nombre de Oranzherii Gimel II EOOD, por el Sr. W. Hoffmann, Rechtsanwalt;

–

en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. S. Noë y la Sra. J. Vondung, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO 2006, L 399, p. 1; corrección de errores en DO 2021, L 405, p. 32), y del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo (DO 2007, L 324, p. 79).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Bulgarfrukt — Fruchthandels GmbH, sociedad de responsabilidad limitada con domicilio en Alemania, y Oranzherii Gimel II EOOD (en lo sucesivo, «Oranzherii»), sociedad unipersonal de responsabilidad limitada con domicilio en Bulgaria, en relación con la ejecución de un requerimiento europeo de pago.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento n.o 1896/2006

3

Los considerandos 9, 10, 24 y 26 del Reglamento n.o 1896/2006 son del siguiente tenor:

4

El artículo 1 de este Reglamento establece lo siguiente:

5

El artículo 12 de dicho Reglamento, titulado «Expedición de un requerimiento europeo de pago», establece en sus apartados 3 y 5:

6

A tenor del artículo 13 del mismo Reglamento, titulado «Notificación con acuse de recibo por parte del demandado»:

7

El artículo 14 del Reglamento n.o 1896/2006, con la rúbrica «Notificación sin acuse de recibo por parte del demandado», dispone lo siguiente:

8

El artículo 15 de este Reglamento, titulado «Notificación a un representante», establece:

9

El artículo 16 de dicho Reglamento, titulado «Oposición al requerimiento europeo de pago», dispone:

10

A tenor del artículo 18 de este mismo Reglamento, titulado «Ejecutividad»:

11

El artículo 26 del Reglamento n.o 1896/2006, titulado «Relación con el Derecho procesal nacional», dispone:

12

El artículo 27 de este Reglamento establece lo siguiente:

Reglamento n.o 1393/2007

13

El artículo 1, apartado 1, Reglamento n.o 1393/2007 establece lo siguiente:

14

El artículo 7 de este Reglamento, titulado «Notificación o traslado de los documentos», establece en su apartado 1:

15

A tenor del artículo 8 del mismo Reglamento, titulado «Negativa a aceptar un documento»:

Derecho alemán

16

El artículo 1092a del Zivilprozessordnung (Código de Procedimiento Civil; en lo sucesivo, «ZPO»), titulado «Recurso en caso de falta de notificación o traslado o de notificación o traslado irregular del requerimiento europeo de pago», está redactado en los siguientes términos:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

17

A petición de Bulgarfrukt, el Amtsgericht Wedding (Tribunal de lo Civil y Penal de Berlín‑Wedding, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, expidió, el 4 de enero de 2019, un requerimiento europeo de pago contra Oranzherii.

18

El organismo receptor búlgaro certificó que la notificación de dicho requerimiento se había efectuado el 26 de julio de 2019, en virtud del Reglamento n.o 1393/2007. Sin embargo, esa certificación no precisa el modo de notificación utilizado y se limita a mencionar, en lengua búlgara, que «la persona ha abandonado esta dirección y su dirección [actual] no figura en el registro. Se considera que las resoluciones […] han sido correctamente notificadas o trasladadas».

19

El 24 de abril de 2020, presumiendo que se había practicado una notificación válida, el órgano jurisdiccional remitente declaró ejecutivo dicho requerimiento europeo de pago en virtud del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1896/2006.

20

Mediante fax de 1 de marzo de 2021, Oranzherii formuló oposición a dicho requerimiento europeo de pago, alegando que había tenido conocimiento de él por primera vez el 24 de febrero de 2021, en el marco de medidas de ejecución forzosa.

21

Tras haber informado el órgano jurisdiccional remitente a esa sociedad de los recursos a su disposición, esta presentó, mediante escrito de 25 de marzo de 2021, un recurso con arreglo al artículo 1092a del ZPO.

22

Por lo que respecta a esta vía de recurso, prevista en el artículo 1092a del ZPO, contra un requerimiento europeo de pago, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en primer lugar, sobre la compatibilidad de dicho artículo 1092a con el Derecho de la Unión.

23

A su criterio, al imponer al tribunal que conoce del asunto la anulación del requerimiento europeo de pago que no ha sido notificado o trasladado o que ha sido notificado o trasladado de forma inválida, la normativa alemana es más exigente que los principios derivados de la sentencia de 4 de septiembre de 2014, eco cosmetics y Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 y C‑120/13, EU:C:2014:2144), según la cual tal situación debería dar lugar a la nulidad de la declaración de ejecutividad de tal requerimiento europeo de pago.

24

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente considera, en primer lugar, que el artículo 1092a, apartado 1, del ZPO infringe lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Reglamento n.o 1896/2006, en la medida en que abre anticipadamente una vía de recurso, a pesar de que el plazo para formular oposición contra tal requerimiento europeo de pago aún no ha comenzado a correr.

25

En segundo lugar, si el demandado tiene fortuitamente conocimiento de la existencia de un requerimiento europeo de pago contra él e interpone recurso con arreglo al artículo 1092a del ZPO, el juez que conozca del asunto debe poner fin al proceso monitorio europeo de que se trate, en lugar de ordenar una nueva notificación que dé lugar a las consecuencias jurídicas previstas en los artículos 16 y 17 del Reglamento n.o 1896/2006.

26

En tercer lugar, la vía de recurso prevista en el artículo 1092a del ZPO podría menoscabar el efecto útil de dicho Reglamento, que tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento del mercado interior eliminando los obstáculos al buen desarrollo de los procedimientos civiles, en la medida en que el demandante preferirá no utilizar el proceso monitorio europeo, habida cuenta del riesgo de que un recurso basado en el artículo 1092a del ZPO obstaculice el requerimiento europeo de pago que haya obtenido.

27

En cuarto lugar, el principio que se desprende de la sentencia de 2 de marzo de 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157), según el cual la falta de transmisión de un formulario previsto por el Reglamento n.o 1393/2007 no da lugar a la nulidad de la totalidad de la notificación de que se trate, sino que requiere que el tribunal que conozca del asunto subsane a posteriori tal omisión, debe ser igualmente válido en el proceso monitorio europeo establecido por el Reglamento n.o 1896/2006 (sentencia de 6 de septiembre de 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675).

28

En quinto y último lugar, también aboga en este sentido el hecho de que el Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») (DO 2020, L 405, p. 40), recoja actualmente, en su artículo 12, apartados 5 y 6, disposiciones relativas a la posibilidad de subsanar la notificación que adolezca de vicios, sin que estos impliquen la nulidad de dicha notificación en su totalidad.

29

El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, a continuación, sobre el hecho de que, cuando ante el tribunal que ya ha declarado ejecutivo un requerimiento europeo de pago se interpone un recurso al amparo del artículo 1092a del ZPO, este también está obligado, en virtud de dicho artículo, a declarar la inadmisibilidad de la ejecución forzosa en virtud de dicho requerimiento de pago, lo que tiene como consecuencia obstaculizar de forma duradera dicha ejecución, mientras que, en caso de mera invalidez de la declaración de la ejecutividad de un requerimiento europeo de pago, podría contemplarse que, tras una nueva notificación válida, este último requerimiento europeo de pago deviniera ejecutivo.

30

Por último, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si un demandado puede formular válidamente oposición contra un requerimiento de pago existente antes de que este se le haya notificado válidamente, dado que el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 49 de la sentencia de 4 de septiembre de 2014, eco cosmetics y Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 y C‑120/13, EU:C:2014:2144), que, en tales circunstancias, no cabe aplicar el procedimiento de oposición previsto en los artículos 16 y 17 del Reglamento n.o 1896/2006.

31

Además, dicho órgano jurisdiccional precisa que, en caso de que estuviera obligado a efectuar una nueva notificación conforme con los requisitos mínimos establecidos en dicho Reglamento, prevendría al demandado de que, por precaución, procede formular una nueva oposición; pues bien, la cuestión de si un demandado puede defenderse eficazmente contra un requerimiento europeo de pago no puede depender de un factor aleatorio relativo a la buena voluntad del órgano jurisdiccional que conozca del asunto.

32

En estas circunstancias, el Amtsgericht Wedding (Tribunal de lo Civil y Penal de Berlín‑Wedding) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

33

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si las disposiciones del Reglamento n.o 1896/2006, en relación con las del Reglamento n.o 1393/2007, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual, cuando un requerimiento europeo de pago no se ha notificado o trasladado al demandado o se le ha notificado o trasladado incumpliendo los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 del Reglamento n.o 1896/2006, el juez que conoce de un recurso contra dicho requerimiento está obligado a declarar la nulidad de este.

34

Procede señalar, en primer lugar, que del considerando 9 y del artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1896/2006 se desprende que este tiene por objeto simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo (sentencia de 15 de septiembre de 2022, Uniqa Versicherungen, C‑18/21, EU:C:2022:682, apartado 20).

35

Dicho procedimiento simplificado y uniforme no es contradictorio. En efecto, el demandado no tiene conocimiento de la expedición del requerimiento europeo de pago hasta que este se le comunica o notifica, y solo en ese momento se le informa, como se desprende del artículo 12, apartado 3, del Reglamento n.o 1896/2006, de que tiene la posibilidad de pagar al demandante el importe indicado en dicho requerimiento o de presentar un escrito de oposición ante el órgano jurisdiccional de origen (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2022, Uniqa Versicherungen, C‑18/21, EU:C:2022:682, apartado 21 y jurisprudencia citada).

36

Tal posibilidad de presentar un escrito de oposición pretende compensar el hecho de que el sistema establecido por el Reglamento n.o 1896/2006 no prevé la participación del demandado en el proceso monitorio europeo, permitiéndole impugnar el crédito una vez expedido el requerimiento europeo de pago (sentencias de 22 de octubre de 2015, Thomas Cook Belgium, C‑245/14, EU:C:2015:715, apartado 28, y de 15 de septiembre de 2022, Uniqa Versicherungen, C‑18/21, EU:C:2022:682, apartado 24 y jurisprudencia citada).

37

Dicha oposición tiene por efecto poner fin al proceso monitorio europeo y da lugar al traslado automático del litigio al proceso ordinario, ya sea el proceso europeo de escasa cuantía previsto en el Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO 2007, L 199, p. 1), o el correspondiente proceso civil nacional, salvo que el demandante haya solicitado expresamente que, en caso de oposición, se ponga término al procedimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de junio de 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, apartado 31, y de 15 de septiembre de 2022, Uniqa Versicherungen, C‑18/21, EU:C:2022:682, apartado 23).

38

En segundo lugar, procede recordar que todo requerimiento europeo de pago contemplado en el Reglamento n.o 1896/2006 debe ser objeto de notificación o traslado conforme a los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 de dicho Reglamento. De incumplirse los requisitos mínimos, se pondría en peligro el equilibrio entre los objetivos, perseguidos por dicho Reglamento, de rapidez y eficacia, por una parte, y de respeto del derecho de defensa, por otra (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, eco cosmetics y Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 y C‑120/13, EU:C:2014:2144, apartado 37).

39

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en caso de falta de notificación o traslado conforme a los citados requisitos mínimos, el plazo de oposición no comenzará a correr, de modo que ello afectará a la validez de los procedimientos que dependen de la expiración de ese plazo, en particular a la de la declaración de ejecutividad a que se refiere el artículo 18 del Reglamento n.o 1896/2006, aunque tales procedimientos se hayan iniciado ya (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, eco cosmetics y Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 y C‑120/13, EU:C:2014:2144, apartado 43).

40

En tercer lugar, del artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1896/2006, a la luz de su considerando 9, se desprende que con dicho Reglamento se establecen «normas mínimas» para permitir la libre circulación de requerimientos europeos de pago. El referido Reglamento establece un instrumento uniforme de cobro, que garantiza condiciones idénticas a los acreedores y a los deudores en toda la Unión Europea, a la vez que establece la aplicación del Derecho procesal de los Estados miembros a cualquier cuestión de procedimiento no regulada expresamente por el citado Reglamento (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de junio de 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, apartado 28, y de 15 de septiembre de 2022, Uniqa Versicherungen, C‑18/21, EU:C:2022:682, apartado 28 y jurisprudencia citada).

41

Dado que el Reglamento n.o 1896/2006 no dice nada sobre las posibles vías de recurso de que dispone el demandado cuando solo después de haberse declarado ejecutivo un requerimiento europeo de pago se revela que este no fue notificado o trasladado o fue notificado o traslado incumpliendo los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 de dicho Reglamento, tales cuestiones procesales se rigen por el Derecho nacional, conforme al artículo 26 de dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, eco cosmetics y Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 y C‑120/13, EU:C:2014:2144, apartados 46 y 47).

42

En cuarto lugar, por lo que respecta a las cuestiones en materia de notificación o traslado de un requerimiento europeo de pago no reguladas por el Reglamento n.o 1896/2006, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que estas deben, en su caso, resolverse de conformidad con el Reglamento n.o 1393/2007, puesto que el artículo 27 del Reglamento n.o 1896/2006 dispone que este se entenderá sin perjuicio de la aplicación del Reglamento n.o 1348/2000 y este último ha sido derogado y sustituido por el Reglamento n.o 1393/2007, cuyo artículo 25, apartado 2, precisa que las referencias al Reglamento n.o 1348/2000 se entenderán hechas al Reglamento n.o 1393/2007 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, apartados 39 y 40).

43

A este respecto, cabe recordar que el Reglamento n.o 1393/2007 prevé, en su artículo 8, apartado 1, que el destinatario del documento que deba notificarse o trasladarse tiene la facultad de negarse a aceptar dicho documento por no estar redactado ni ir acompañado de una traducción en una lengua que se supone que puede entender (sentencia de 2 de marzo de 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, apartado 49).

44

En efecto, no solo es preciso procurar que el destinatario de un documento lo reciba realmente, sino también que se le permita conocer y comprender de forma efectiva y completa el sentido y el alcance de la acción ejercida contra él en el extranjero, de manera que pueda preparar oportunamente su defensa y ejercer eficazmente sus derechos en el Estado miembro de origen (sentencia de 6 de septiembre de 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, apartado 34 y jurisprudencia citada).

45

Ahora bien, para que el derecho a negarse a aceptar un documento que figura en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 1393/2007 pueda producir eficazmente sus efectos, es necesario que el destinatario del documento haya sido debidamente informado de la existencia de ese derecho por medio del formulario normalizado que figura en el anexo II del propio Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, apartados 53 y 54).

46

El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que la entidad encargada de la notificación o el traslado está obligada, en todos los supuestos y sin disponer de margen de apreciación alguno, a informar al destinatario de un documento de su derecho a negarse a aceptarlo, utilizando sistemáticamente para ello dicho formulario normalizado (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, apartado 38 y jurisprudencia citada).

47

Cuando un documento se notifica o traslada a su destinatario sin adjuntar ese formulario, tal omisión debe ser subsanada por el organismo receptor informando sin demora a ese destinatario de su derecho a negarse a aceptar ese documento, transmitiéndole ese mismo formulario normalizado (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, apartado 50 y jurisprudencia citada).

48

El Tribunal de Justicia ha declarado que, en caso de que no se adjunte el formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007, esta omisión no puede dar lugar a la nulidad del documento que se ha de notificar o trasladar ni tampoco a la del procedimiento de notificación o traslado, habida cuenta de que tal consecuencia sería incompatible con el objetivo perseguido por dicho Reglamento, consistente en establecer un modo de transmisión directo, rápido y eficaz entre los Estados miembros de los documentos en materia civil y mercantil (sentencia de 6 de septiembre de 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, apartado 49 y jurisprudencia citada).

49

Por consiguiente, una normativa nacional no puede establecer, sin infringir el Reglamento n.o 1393/2007, que la omisión de dicho formulario normalizado debe sancionarse con la nulidad (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, apartado 62).

50

Procede responder a las dudas planteadas por el órgano jurisdiccional remitente a la luz de estas consideraciones.

51

En el caso de autos, de las constataciones realizadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que la notificación efectuada por el organismo receptor no respeta manifiestamente los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 del Reglamento n.o 1896/2006, dado que no fue hasta el momento de la ejecución del requerimiento europeo de pago en cuestión cuando la demandada en el litigio principal tuvo conocimiento de la existencia de dicho requerimiento.

52

A este respecto, de la jurisprudencia citada en los apartados 39 y 41 de la presente sentencia se desprende, por una parte, que la declaración de ejecutividad de tal requerimiento europeo de pago debe considerarse inválida y, por otra parte, que el Derecho nacional regula las posibles vías de recurso de que dispone el demandado cuando la falta de notificación o traslado o la notificación o traslado practicado incumpliendo los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 del Reglamento n.o 1896/2006 no se constatan hasta después de haberse adoptado dicha declaración de ejecutividad.

53

En el presente asunto, el Derecho alemán establece, en el artículo 1092a del ZPO, tal vía de recurso, en el marco de la cual el juez que conoce del asunto está obligado a declarar la nulidad de tal requerimiento europeo de pago.

54

Pues bien, cuando un requerimiento europeo de pago no se ha notificado o trasladado al demandado o se le ha notificado o trasladado incumpliendo los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 del Reglamento n.o 1896/2006, el demandado no recibe los formularios necesarios, en particular el que contiene el requerimiento europeo de pago de que se trate y el que le informa de su derecho a presentar escrito de oposición contra ese requerimiento, de modo que no se le informa conforme a Derecho de la existencia o del fundamento del requerimiento europeo de pago expedido en su contra (véase en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, eco cosmetics y Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 y C‑120/13, EU:C:2014:2144, apartado 41).

55

De las consideraciones anteriores se deduce que la falta de notificación o traslado de un requerimiento europeo de pago o el incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 del Reglamento n.o 1896/2006 deben distinguirse de la falta de comunicación, al destinatario de un documento que deba notificarse o trasladarse, del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007, por el que se informa a ese destinatario de su derecho a negarse a aceptar ese documento en caso de que no esté redactado en una lengua que se presume que este entiende o no vaya acompañado de una traducción a tal efecto.

56

Si bien, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 47 y 48 de la presente sentencia, la omisión de este formulario normalizado debe ser subsanada sin demora por el organismo receptor y no puede sancionarse con la nulidad, so pena de comprometer el objetivo perseguido por el Reglamento n.o 1393/2007, procede declarar que esta jurisprudencia no es aplicable al caso en que el juez nacional declara la nulidad de un requerimiento europeo de pago que no ha sido notificado o trasladado o que lo ha sido incumpliendo los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 del Reglamento n.o 1896/2006, ya que tal anulación es conforme con los objetivos de este último Reglamento.

57

En efecto, desde el momento en que el crédito en el que tiene su origen un requerimiento europeo de pago se impugna, lo que manifiestamente sucede cuando el demandado interpone un recurso contra la ejecución de un requerimiento europeo de pago cuya notificación o traslado adolece de vicios, deja de aplicarse el procedimiento especial regulado por el Reglamento n.o 1896/2006, puesto que, como se desprende del artículo 1, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, los objetivos de simplificación, rapidez y reducción de costes que persigue solo son pertinentes en lo que respecta a los créditos no impugnados (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de septiembre de 2014, eco cosmetics y Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 y C‑120/13, EU:C:2014:2144, apartado 39, y de 13 de junio de 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, apartado 42).

58

En este contexto, el hecho de que el demandado tenga conocimiento de la existencia de un proceso monitorio europeo cuya notificación o traslado presenta vicios de manera fortuita o con ocasión de la ejecución del requerimiento de pago de que se trate, al igual que el momento en que el demandado impugna el crédito objeto de dicho requerimiento, carecen de pertinencia, dado que, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 39 de la presente sentencia, tal recurso se interpone necesariamente antes siquiera de que comience a correr el plazo previsto para presentar el escrito de oposición contemplado en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento n.o 1896/2006.

59

Por otra parte, la conciliación de los objetivos perseguidos por el Reglamento n.o 1896/2006, a saber, la rapidez y la eficacia, por una parte, y el respeto del derecho de defensa, por otra, permite constatar que incumbe al demandante soportar los eventuales riesgos derivados de la falta de notificación o traslado o de la notificación o traslado que no respete los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 de dicho Reglamento.

60

En efecto, como se desprende del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 1896/2006, en virtud del cual el proceso monitorio europeo «no obstará para que un demandante reclame un crédito […] mediante el recurso a otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro o con arreglo al Derecho comunitario», el requerimiento europeo de pago es un proceso facultativo que no sustituye a los demás procesos existentes.

61

Además, ninguna disposición del Reglamento n.o 1896/2006 se opone, en principio, a que, en caso de desestimación de una petición de requerimiento europeo de pago, el acreedor afectado haga valer, en su caso, el crédito a través de un nuevo proceso monitorio europeo.

62

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que las disposiciones del Reglamento n.o 1896/2006, en relación con las del Reglamento n.o 1393/2007, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual, cuando un requerimiento europeo de pago no se ha notificado o trasladado al demandado o se le ha notificado o trasladado incumpliendo los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 del Reglamento n.o 1896/2006, el juez que conoce de un recurso contra dicho requerimiento está obligado a declarar la nulidad de este.

Cuestiones prejudiciales segunda y tercera

63

En vista de la respuesta a la primera cuestión prejudicial, no es necesario responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera.

Costas

64

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.