Edición provisional

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 3 de septiembre de 2026 (1)

Asunto C‑193/25

República de Polonia

contra

Parlamento Europeo,

Consejo de la Unión Europea

« Recurso de anulación — Directiva (UE) 2024/3019 — Tratamiento de las aguas residuales urbanas — Tratamiento cuaternario para eliminar los microcontaminantes — Responsabilidad ampliada del productor de medicamentos y cosméticos — Principio de quien contamina paga — Igualdad de trato — Proporcionalidad — Ejercicio de la discrecionalidad — Consideración de los datos de base pertinentes — Exposición clara e inequívoca del ejercicio de la facultad de apreciación y toma en consideración de los datos de base pertinentes en el procedimiento judicial — Error manifiesto de apreciación — Deber de motivación »






Índice


I. Introducción

II. Marco jurídico

III. Pretensiones

IV. Apreciación jurídica

A. Admisibilidad del recurso

1. Posibilidad de disociar las normas de financiación

2. Posibilidad de disociar las normas sobre la responsabilidad de los productores de medicamentos y cosméticos

3. Conclusión parcial

B. Primer motivo de recurso: principio de quien contamina paga e igualdad de trato

1. Otras fuentes de microcontaminantes

2. Contaminación tóxica

a) Fuentes y cálculo

b) Valoración de la contaminación tóxica por medicamentos

c) Valoración de la contaminación tóxica por cosméticos

3. Selección de los medicamentos y cosméticos

4. La responsabilidad de otros actores de la cadena de suministro

5. Otros argumentos de las instituciones

6. Conclusión parcial

C. Segundo motivo: proporcionalidad y deber de motivación

1. Necesidad: inclusión de otros productores

2. Adecuación: coste del tratamiento cuaternario

3. Adecuación: la carga que recae sobre los productores de medicamentos genéricos

4. Exención

5. Conclusión parcial

V. Costas

VI. Conclusión


I.      Introducción

1.        La Directiva sobre aguas residuales, (2) que seguirá en vigor hasta el 1 de agosto de 2027, contempla tres fases de tratamiento de las aguas residuales. La nueva Directiva sobre aguas residuales (3) completa el régimen con un tratamiento cuaternario para eliminar los llamados microcontaminantes, que habrá de introducirse en determinadas aglomeraciones urbanas. El 80 % del coste de este tratamiento adicional deberán asumirlo los fabricantes de medicamentos y cosméticos. Contra esta responsabilidad ampliada del productor se dirige el presente recurso de Polonia. El Tribunal General ha desestimado por inadmisibles otros recursos directos de empresas y asociaciones afectadas, (4) y muy recientemente la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) ha planteado una petición de decisión prejudicial sobre la validez de esta norma al Tribunal de Justicia. (5)

2.        Aunque el legislador de la Unión fundamenta esta responsabilidad ampliada del productor en la convicción de que los medicamentos y los cosméticos son, con mucha diferencia, la principal fuente de microcontaminantes en las aguas residuales, Polonia pone en tela de juicio esta apreciación. En consecuencia, dicho Estado miembro sostiene que el grado de responsabilidad y los consiguientes costes vulneran el principio de quien contamina paga y discriminan a los fabricantes afectados. Además, considera que el legislador de la Unión no ha comprobado y alegado suficientemente que se haya respetado el principio de proporcionalidad.

II.    Marco jurídico

3.        La nueva Directiva sobre aguas residuales, al igual que la antigua, contiene normas sobre la recogida, el tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas y, además, establece que en determinadas aglomeraciones urbanas las aguas residuales se sometan a un tratamiento primario y secundario y a un tratamiento más riguroso.

4.        Asimismo, el artículo 8 de la nueva Directiva sobre aguas residuales obliga a los Estados miembros a introducir de aquí a 2045, en distintas aglomeraciones urbanas, un tratamiento cuaternario de las aguas residuales para eliminar los microcontaminantes, que se definen en el artículo 2, punto 17, en remisión al Reglamento REACH (6) y al Reglamento n.º 1272/2008. (7)

5.        El artículo 9 de la nueva Directiva sobre aguas residuales establece una responsabilidad ampliada del productor respecto a dicho tratamiento cuaternario:

«1.      Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que, a más tardar el 31 de diciembre de 2028, los productores que introduzcan en el mercado cualquiera de los productos enumerados en el anexo III tengan una responsabilidad ampliada del productor.

Dichas medidas garantizarán que dichos productores cubran:

a)      al menos el 80 % de los costes totales de la conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 8, incluidos los costes de inversión y operativos relativos al tratamiento cuaternario de las aguas residuales urbanas para eliminar los microcontaminantes resultantes de los productos que introduzcan en el mercado y de los residuos de dichos productos, y para el control de los microcontaminantes a que se refiere el artículo 21, apartado 1, letra a);

b)      los costes de recogida y verificación de los datos sobre los productos introducidos en el mercado, y

c)      otros costes necesarios para ejercer su responsabilidad ampliada del productor.

2.      Los Estados miembros eximirán a los productores de su responsabilidad ampliada del productor con arreglo al apartado 1 cuando puedan demostrar cualquiera de los elementos siguientes:

a)      que la cantidad de sustancias contenidas en los productos que introducen en el mercado de la Unión es inferior a 1 tonelada anual;

b)      que las sustancias contenidas en los productos que introducen en el mercado son rápidamente biodegradables en las aguas residuales o no generan microcontaminantes en las aguas residuales al final de su vida útil.

3.      […]

4.      […]

5.      La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución a fin de establecer criterios detallados sobre la aplicación uniforme de la condición establecida en el apartado 2, letra b), a categorías específicas de productos y su biodegradabilidad o peligrosidad. Dichos actos de ejecución se adoptarán a más tardar el 31 de diciembre de 2027 de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 28, apartado 2.»

6.        Los artículos 9, apartado 3, y 10 de la nueva Directiva sobre aguas residuales se refieren a la introducción de la responsabilidad ampliada del productor. Los productores deben ejercerla a través de las organizaciones creadas al efecto.

7.        En el considerando 20 de la nueva Directiva sobre aguas residuales se explica del siguiente modo la responsabilidad ampliada del productor:

«El tratamiento cuaternario necesario para eliminar los microcontaminantes de las aguas residuales urbanas va a implicar costes adicionales, como los costes relacionados con el control y los costes de nuevos equipos avanzados que van a tener que instalarse en determinadas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. Para sufragar dichos costes adicionales y de conformidad con el principio de que quien contamina paga, expresado en el artículo 191, apartado 2, del TFUE, es esencial que los productores que introduzcan en el mercado productos que contengan sustancias que, al final de su vida útil, se consideren microcontaminantes en las aguas residuales urbanas asuman la responsabilidad del tratamiento adicional necesario para eliminar dichas sustancias generadas en el marco de sus actividades profesionales. El medio más adecuado para lograrlo es un sistema de responsabilidad ampliada del productor, ya que limitaría el impacto financiero sobre el contribuyente y las tarifas del agua, al tiempo que ofrecería un incentivo para desarrollar productos más ecológicos. […] Los residuos farmacéuticos y cosméticos representan actualmente las principales fuentes de microcontaminantes presentes en las aguas residuales urbanas que requieren tratamiento cuaternario. Por lo tanto, la responsabilidad ampliada del productor debe aplicarse a estos dos grupos de productos. La Comisión debe evaluar periódicamente si se deben incluir otros productos en el sistema de responsabilidad ampliada del productor sobre la base de los resultados del control de las aguas residuales urbanas y los datos científicos más recientes.»

III. Pretensiones

8.        El 10 de marzo de 2025, la República de Polonia interpuso el presente recurso contra la responsabilidad ampliada del productor por el tratamiento cuaternario, solicitando al Tribunal de Justicia:

–      Que anule el artículo 9, apartado 1, de la nueva Directiva sobre aguas residuales, en relación con el anexo III de esta;

–      Que condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.

–      Con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que las disposiciones impugnadas no pueden disociarse de las demás disposiciones relativas a la responsabilidad ampliada del productor sin modificar el contenido esencial de estas últimas, la República de Polonia solicita que anule todas las disposiciones relativas a la responsabilidad ampliada del productor, a saber, los artículos 2, punto 20, 9, 10 y 30, apartado 1, párrafo segundo, letras c) y g), y el anexo III de la nueva Directiva sobre aguas residuales.

9.        El Parlamento Europeo solicita al Tribunal de Justicia:

–      Que desestime el recurso por inadmisible;

–      Con carácter subsidiario, que desestime el recurso por infundado;

–      Que condene en costas a la recurrente.

10.      El Consejo de la Unión Europea solicita al Tribunal de Justicia:

–      Que desestime el recurso en su totalidad por infundado, y

–      Que condene en costas a la República de Polonia.

11.      La Comisión Europea interviene en el procedimiento en apoyo de las tesis del Parlamento y del Consejo y se adhiere a las pretensiones del Consejo.

12.      Las partes han presentado observaciones escritas. El Tribunal de Justicia ha renunciado a la celebración de una vista oral con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, al estimar que dispone de información suficiente.

IV.    Apreciación jurídica

13.      Con el primer motivo de recurso, Polonia alega que es contrario al principio de quien contamina paga y al principio de igualdad de trato imponer la responsabilidad ampliada exclusivamente a los productores de medicamentos y cosméticos. El segundo motivo reprocha una violación del principio de proporcionalidad en combinación con un incumplimiento del deber de motivación, pues no se han estudiado ni expuesto suficientemente las consecuencias de la normativa. No obstante, procede ocuparse en primer lugar de las objeciones del Parlamento contra la admisibilidad del recurso.

A.      Admisibilidad del recurso

14.      El Parlamento sostiene que la pretensión principal de Polonia es inadmisible, pues el artículo 9, apartado 1, y el anexo III de la nueva Directiva sobre aguas residuales no pueden disociarse de las demás disposiciones de los artículos 9 y 10. Pero también considera que es inadmisible la pretensión subsidiaria, ya que la financiación del tratamiento cuaternario no puede separarse de este.

15.      Es preciso recordar que la anulación parcial de un acto de la Unión solo es posible en la medida en que los elementos cuya anulación se solicita sean separables del resto del acto. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que no se cumple dicha exigencia cuando la anulación parcial de un acto tendría como efecto modificar la esencia de este. (8)

16.      A mi parecer, es conveniente analizar en primer lugar si es posible separar las normas de financiación que son objeto de la pretensión subsidiaria, pero a las que también se refiere indirectamente la principal, y a continuación examinar la posibilidad de separar las normas especiales impugnadas por Polonia, que prevén la responsabilidad de los productores de medicamentos y cosméticos.

1.      Posibilidad de disociar las normas de financiación

17.      El contenido esencial o núcleo de la nueva Directiva sobre aguas residuales probablemente no se alteraría si se anulasen por completo la responsabilidad ampliada de los productores de medicamentos y cosméticos o las correspondientes normas de financiación del tratamiento cuaternario. Ello no afectaría a las exigencias de depuración de las aguas residuales.

18.      En cualquier caso, tanto la pretensión principal como la subsidiaria de Polonia trasladarían la carga que representa el tratamiento cuaternario de las mencionadas empresas al conjunto de la sociedad, en caso de que prosperasen. No se puede descartar que en tal supuesto el legislador de la Unión hubiese renunciado al tratamiento cuaternario.

19.      Si bien, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la cuestión de si una anulación parcial modificaría la esencia del acto de la Unión constituye un criterio objetivo y no un criterio subjetivo ligado a la voluntad política de la institución que ha adoptado el acto controvertido, (9) los compromisos políticos subyacentes al proceso legislativo no deben verse desvirtuados mediante una impugnación parcial. En consecuencia, esta ha de quedar excluida cuando se demuestre que el acto no habría sido adoptado sin la disposición impugnada. En tal caso, si prosperase el recurso, habría de considerarse alterado su contenido esencial, de modo que el recurso sería inadmisible.

20.      Aunque el Parlamento subraya la importancia del principio de quien contamina paga y de la responsabilidad ampliada del productor, no ha demostrado que las normas de la Unión relativas a la financiación del tratamiento cuaternario fueran un requisito indispensable para el consenso político que dio lugar a la nueva Directiva sobre aguas residuales o para la introducción del tratamiento cuaternario.

21.      En consecuencia, es posible separar en su totalidad las normas de financiación de las demás disposiciones de la nueva Directiva sobre aguas residuales. Por lo tanto, la pretensión subsidiaria sería admisible, y los posibles efectos de la pretensión principal sobre la financiación del tratamiento cuaternario tampoco se opondrían a la posibilidad de disociar las disposiciones impugnadas.

2.      Posibilidad de disociar las normas sobre la responsabilidad de los productores de medicamentos y cosméticos

22.      La objeción del Parlamento en cuanto a la posibilidad de disociar las normas impugnadas en la pretensión principal es de carácter principalmente técnico. En caso de prosperar la pretensión principal, se eliminarían las disposiciones que imponen a los productores de medicamentos y cosméticos el 80 % del coste del tratamiento cuaternario, pero formalmente dejarían intactas las normas restantes de la responsabilidad ampliada del productor, en particular respecto a su ejecución a través de organizaciones de productores.

23.      En principio, se ha de reconocer al Parlamento que en el presente asunto las restantes disposiciones perderían cualquier otra función directa, pues no quedaría ningún productor que hubiese de asumir una responsabilidad ampliada.

24.      No obstante, es oportuno separar la asignación concreta de la responsabilidad por el 80 % del coste a los productores de medicamentos y cosméticos de las normas sobre la ejecución de dicha responsabilidad. En efecto, en caso de prosperar la pretensión principal, el legislador de la Unión podría designar nuevos productores, respetando la sentencia, a los que aplicar estas reglas de ejecución.

3.      Conclusión parcial

25.      Por lo tanto, la pretensión principal de Polonia es admisible. En consecuencia, no es preciso pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria, en principio también admisible.

B.      Primer motivo de recurso: principio de quien contamina paga e igualdad de trato

26.      Conforme al artículo 191 CE, apartado 2, el principio de quien contamina paga es uno de los principios fundamentales de la política medioambiental de la Unión. De acuerdo con dicho principio, quien cause la contaminación debe hacer frente a los gastos en que se incurra para eliminarla. (10) Su aplicación crea un incentivo para evitar la contaminación del medio ambiente. (11) Por otro lado, el principio de quien contamina paga puede distribuir de forma más justa el coste de eliminar la contaminación del medio ambiente, al cargarlo sobre quienes han causado esta contaminación y exonerar a quienes no han contribuido a ella. (12) En ello vio el Tribunal de Justicia, al menos al inicio, una expresión del principio de proporcionalidad. (13) En efecto, sería inadecuado imponer una contaminación no a su causante, sino a otro que no la ha generado.

27.      Por consiguiente, de una parte, el Tribunal de Justicia considera incompatible con el principio de quien contamina paga que alguien que ha contribuido a que se produzca una contaminación pueda eludir obligaciones financieras como las que se derivan, por ejemplo, de la Directiva marco sobre residuos. (14) De otra parte, sin embargo, nadie debería estar obligado a soportar cargas vinculadas a la eliminación de una contaminación a la que no ha contribuido. (15)

28.      Al mismo tiempo, al distribuir el coste de la contaminación del medio ambiente en función de la contribución a ella, el principio de quien contamina paga es concreción del principio de igualdad de trato o de no discriminación, también consagrado en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. (16) En la medida en que la aplicación del principio de quien contamina paga implica la imposición del coste a ciertos actores, la contribución a la contaminación constituye el criterio determinante para la comparación y, eventualmente, para una justificación. (17)

29.      Sin embargo, las instituciones intervinientes en el procedimiento recalcan con acierto que, en el ejercicio de las competencias normativas que se le han atribuido, al legislador de la Unión le asiste una amplia facultad de apreciación cuando su acción implica, como en el presente asunto, tomar decisiones de naturaleza política, económica y social y cuando debe realizar apreciaciones y evaluaciones complejas. (18) Solo puede afectar a la legalidad de una medida adoptada en este ámbito su carácter manifiestamente inadecuado en relación con el objetivo que tiene previsto conseguir el legislador de la Unión, (19) o que se haya adoptado como consecuencia de un error manifiesto de apreciación. (20) En tal contexto, el juez de la Unión no puede sustituir la apreciación de los hechos de carácter científico y técnico efectuada por el legislador, único sujeto a quien el Tratado encomendó dicha tarea, por la suya propia. (21)

30.      Aunque este control judicial está limitado, exige, cuando menos, que las instituciones de la Unión de las que emane el acto controvertido puedan demostrar ante el Tribunal de Justicia que el acto fue adoptado mediante un ejercicio efectivo de su facultad de apreciación, el cual, a su vez, supone la toma en consideración de todos los datos y circunstancias pertinentes de la situación que se haya pretendido regular mediante el acto en cuestión. (22) En cualquier caso, la amplia facultad de apreciación del legislador de la Unión no se aplica exclusivamente a la naturaleza y al alcance de las disposiciones que hay que adoptar, sino también, en cierta medida, a la comprobación de los datos de base. (23) En consecuencia, a este respecto el Tribunal de Justicia comprueba sobre todo, junto a la justificación del acto, si las instituciones de la Unión están en condiciones de exponer en el procedimiento judicial, de manera clara e inequívoca, el ejercicio efectivo de su facultad de apreciación y la toma en consideración de los datos de base pertinentes. (24)

31.      Entre los intervinientes no se discute que los medicamentos y los cosméticos contribuyen a la contaminación de las aguas residuales con microcontaminantes, pero no son las únicas fuentes de estos. No obstante, Polonia rebate que esté justificado imponer a estos dos grupos de productores el 80 % de los costes del tratamiento cuaternario.

32.      En cambio, las instituciones que intervienen en el procedimiento alegan, en particular invocando la sección 6.5 de la evaluación de impacto de la Comisión, (25) que de los datos científicos disponibles, analizados en primer lugar por la Comisión y posteriormente por el Parlamento y el Consejo, se deduce claramente que precisamente son los medicamentos y los cosméticos las principales fuentes de microcontaminantes. Los datos decisivos se localizan en la sección 4.3 del estudio de viabilidad (26) adjunto a la evaluación de impacto, según los cuales el 73 % del volumen de microcontaminantes introducidos en las depuradoras procedía de medicamentos y cosméticos. Además, en dicho documento se ponderó la contaminación tóxica de las aguas residuales vinculada a estos productos, atendiendo a dos indicadores. Sobre la base del indicador de toxicidad crónica, el 65 % de la contaminación tóxica se debe estos dos tipos de productos. Ponderando la contaminación sobre la base del indicador de concentración prevista sin efecto (predicted no effect concentration o PNEC), alcanza incluso el 92 %. Como sugiere su propia denominación, este indicador mide la concentración de cada microcontaminante en el agua a la cual no se asocia ningún tipo de efecto perjudicial.

33.      Polonia refuta, a mi entender de forma convincente, esta justificación del régimen de costes controvertido. Dicho Estado miembro presenta datos indicativos de que se ha subestimado la proporción de microcontaminantes en las aguas residuales que se pueden atribuir a otros grupos de productos (véase 1). Además, las cifras expuestas en el procedimiento legislativo sobre la contaminación tóxica atribuida a los medicamentos y cosméticos, en defecto de datos sobre las fuentes, no resultan coherentes o están viciadas con graves deficiencias (véase 2). En consecuencia, los trabajos preparatorios de la legislación dan la impresión de que los productores de medicamentos y cosméticos han sido seleccionados para la responsabilidad ampliada sin una comparación científicamente fundada con otros grupos de productores (véase 3). Menos convincente es, en cambio, el argumento de Polonia según el cual son los médicos o los consumidores los que, en lugar de los productores, deben participar de los costes (véase 4). Las instituciones intervinientes no proporcionan ninguna respuesta satisfactoria a las objeciones expuestas en las secciones 1 a 3 (véase 5).

1.      Otras fuentes de microcontaminantes

34.      Polonia alega, en primer lugar, que existen motivos de peso para considerar que, aparte de los medicamentos y los cosméticos, existen otras fuentes de microcontaminantes en las aguas residuales. A tal efecto, se basa en un estudio de síntesis, que califica de fiable, (27) y en distintos estudios de detalle.

35.      No obstante, las instituciones subrayan acertadamente que cuando se adoptó la nueva Directiva sobre aguas residuales aún no estaba disponible estudio de síntesis, por lo que no pudo ser tenido en cuenta. Además, por su propia naturaleza dicho estudio no contiene nuevos resultados, sino que principalmente recoge resultados de otros estudios. Pese a todo, los argumentos desarrollados en ella son de interés para el presente procedimiento, y Polonia recurre a ellos también para apuntalar sus motivos de recurso. Por ejemplo, el estudio de síntesis subraya que existen muchas fuentes diferentes de microcontaminantes en las aguas residuales, y los medicamentos son simplemente los que han sido objeto de estudios más minuciosos. Por otro lado, señala que algunas cifras de la evaluación de impacto sobre la contribución de los medicamentos a la responsabilidad no son coherentes. (28)

36.      Por lo demás, el Parlamento y Comisión sostienen que los demás estudios mencionados por Polonia no son pertinentes, en su mayor parte, para la presente situación, ya que su ámbito de aplicación o su objeto son diferentes. A su parecer, ninguno de estos estudios ofrece pruebas sólidas, detalladas y validadas por pares de que otros sectores también deban ser incluidos incontestablemente en el ámbito de aplicación de la responsabilidad ampliada del productor.

37.      En realidad, ninguno de los estudios individuales afirma expresamente que otros sectores deban ser incluidos incontestablemente en el ámbito de aplicación de la responsabilidad ampliada del productor. Tal apreciación ni siquiera forma parte de su objetivo de investigación.

38.      Por lo que respecta a los estudios individuales citados, la Comisión alega que muchos de ellos no contienen información sobre el material que entra en las depuradoras, sino sobre la contaminación de las aguas con microcontaminantes. (29) Por lo tanto, los microcontaminantes hallados no proceden necesariamente de aguas residuales, lo cual impide valorar en qué medida serían objeto del tratamiento cuaternario.

39.      Dos de los estudios solo han examinado algunas redes de saneamiento concretas, (30) y otro más trata en particular de las aguas pluviales, (31) es decir, una situación particular. Por consiguiente, ninguno de estos tres estudios contiene conclusiones representativas sobre la contaminación de las aguas residuales con microcontaminantes, que es la que motiva la introducción del tratamiento cuaternario.

40.      En cambio, merece ser destacado un estudio citado por Polonia de Finckh y otros del año 2022, (32) donde se analizan 52 depuradoras de distintos Estados miembros. Este estudio fue publicado en una prestigiosa revista especializada, que normalmente somete sus artículos a una revisión por pares. Tampoco la Comisión rebate la calidad del estudio, sino que admite que fue tenido en cuenta en los trabajos preparatorios de la normativa controvertida. En efecto, un estudio destacado por la Comisión, (33) que también se cita en la evaluación de impacto y en el estudio de viabilidad, se apoya reiteradamente en el estudio de Finckh y otros, cuyas conclusiones comparte. (34)

41.      El estudio de Finckh y otros declara expresamente que son motivo de preocupación, sobre todo, los pesticidas y los biocidas. El estudio también destaca los medicamentos, si bien claramente en menor número. (35) Por lo tanto, no se sostiene la afirmación de la Comisión en el sentido de que también según este estudio los medicamentos parecen ser la principal categoría de microcontaminantes que contribuyen a la toxicidad.

42.      Otro estudio sobre ocho depuradoras danesas (36) confirma que en las aguas residuales se hallaron diferentes microcontaminantes. Sin embargo, atribuye una especial responsabilidad a los productores de medicamentos, pues se apreciaban concentraciones de riesgo de tres medicamentos ampliamente extendidas. Aunque junto a ellos también se hallaron cinco pesticidas en concentraciones de riesgo, solo uno de ellos estaba ampliamente extendido, y los demás solo se encontraban de manera puntual, lo que es indicativo de particularidades locales.

43.      Sin embargo, al menos el estudio de Finckh y otros sustenta las dudas acerca de la justificación de que la responsabilidad ampliada del productor se circunscriba a medicamentos y cosméticos. Las instituciones no han aclarado expresamente, ni en los trabajos preparatorios ni en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, por qué el legislador de la Unión no ha hecho recaer una responsabilidad ampliada sobre los productores de pesticidas.

2.      Contaminación tóxica

44.      En cualquier caso, las referencias a otras fuentes de microcontaminantes no serían determinantes en el presente procedimiento si no existieran dudas acerca de las conclusiones de la evaluación de impacto sobre la contaminación tóxica. Estas conclusiones demuestran que medicamentos y cosméticos tienen una muy destacada responsabilidad en esta contaminación. Contribuyen con un 73 % del volumen que entra en las depuradoras, un 65 % (48 % los medicamentos y 17 % los cosméticos) de la contaminación tóxica ponderada sobre la base del indicador de toxicidad crónica, y hasta un 92 % (66 % los medicamentos y 26 % los cosméticos) de la contaminación tóxica ponderada sobre la base del indicador PNEC. (37)

45.      Ciertamente, no está del todo clara la situación de la contaminación tóxica ponderada sobre la base del indicador de la toxicidad crónica, pues este atribuye a los aditivos plásticos, con un 28 %, una contribución mayor que a los cosméticos. Por cierto, dicho indicador asigna a los pesticidas una proporción del 0 %.

46.      En particular, en atención a la contaminación tóxica ponderada sobre la base del indicador PNEC, que es del 92 %, parece descartado que se haya incurrido en un error manifiesto de apreciación al limitar la responsabilidad ampliada a los productores de medicamentos y cosméticos. En efecto, conforme a este indicador todos los demás productos responden de únicamente un 8 % de esta contaminación tóxica. La mayor parte restante, del 3 %, les corresponde a los aditivos plásticos, mientras que los pesticidas solo presentan una proporción del 2 %.

47.      Sin embargo, Polonia critica, en primer lugar, que no se hayan expuesto los fundamentos de la evaluación de la contaminación tóxica ponderada sobre la base del indicador PNEC [véase la letra a)]. Después de que la Comisión haya facilitado información al respecto al margen del presente procedimiento judicial, Polonia observa que este cálculo suscita serias dudas en cuanto a los medicamentos [letra b)] y, respecto a los cosméticos, que es dudosa la atribución de determinadas sustancias a este sector [letra c)].

a)      Fuentes y cálculo

48.      Polonia critica, para empezar, que no se hayan indicado fuentes adicionales de la contaminación tóxica ponderada sobre la base del indicador PNEC, ni en la evaluación de impacto ni en el estudio de viabilidad. Las instituciones intervinientes tampoco han facilitado tales fuentes, remitiéndose únicamente a estos dos documentos.

49.      Para fundamentar estas cifras, la evaluación de impacto (38) se basa principalmente en el estudio de viabilidad. (39) Sin embargo, en realidad este último no menciona ninguna fuente respecto a las referidas cifras, y tampoco expone cómo se han obtenido.

50.      Si bien la evaluación de impacto, en un pasaje pertinente, menciona otros dos estudios, aparte del estudio de viabilidad, como base para concluir que las sustancias utilizadas en medicamentos y cosméticos constituyen la mayor parte de los microcontaminantes registrados y de la toxicidad en las depuradoras, lo que se aduce para justificar mayores inversiones en procesos de tratamiento avanzados para los microcontaminantes, (40) no está claro que estos dos estudios se ocupen si quiera de dichas cuestiones. Uno de ellos tiene por objeto la eliminación de nutrientes en las aguas residuales. (41) El otro, aparentemente no publicado, se refiere, según su título, a los sistemas individuales de depuración de aguas residuales u otros sistemas adecuados, (42) según prevé el artículo 3, apartado 1, de la antigua Directiva sobre aguas residuales. De igual manera, los demás estudios citados en la bibliografía de la evaluación de impacto no presentan relación aparente con las cifras sobre contaminación tóxica por microcontaminantes.

51.      Por lo tanto, ni la exposición de motivos de la nueva Directiva sobre aguas residuales ni las alegaciones de las instituciones en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia aclaran en qué se basan las conclusiones sobre la contaminación tóxica ponderada sobre la base del indicador PNEC por medicamentos y cosméticos.

b)      Valoración de la contaminación tóxica por medicamentos

52.      En cualquier caso, Polonia presenta esta información en el escrito de réplica. En efecto, el 17 de abril de 2025, al margen del presente procedimiento judicial y en respuesta a una solicitud de acceso a documentos, la Comisión divulgó los fundamentos de las proporciones de medicamentos y cosméticos en la contaminación tóxica ponderada sobre la base del valor PNEC (92 %), en que se basó el procedimiento legislativo. (43)

53.      Partiendo de esta información, Polonia expone dudas fundadas sobre la exactitud del valor utilizado para los medicamentos y, por ende, un error manifiesto de apreciación o una investigación evidentemente insuficiente de los datos de base pertinentes.

54.      Aunque esta alegación de Polonia es nueva, no ha sido formulada fuera del plazo previsto en el artículo 127, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. En efecto, se trata de elementos de hecho y de Derecho que, si bien no para la Comisión, al menos sí para Polonia no fueron conocidos hasta después de interpuesto el recurso el 10 de marzo de 2025, es decir, durante el procedimiento. Por consiguiente, Polonia está facultada para aportar estas pruebas también en el escrito de réplica, en virtud del artículo 128, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

55.      Los valores del PNEC, que asignan a los medicamentos una responsabilidad del 66 % y a los cosméticos del 26 %, fueron facilitados por el Centro Común de Investigación (GFS) según se desprende de la información divulgada. En el escrito de dúplica, el Parlamento añade que inicialmente procedían de un proveedor de bases de datos públicamente disponibles, (44) al cual se alude también como fuente en el estudio de viabilidad, si bien en relación con otras cuestiones. (45)

56.      Sobre la base de estos datos, Polonia critica, en particular, los valores utilizados respecto a cuatro medicamentos: telmisartán (para el tratamiento de la hipertensión), dipiridamol (para la profilaxis de trombosis y embolias), candesartán (para la hipertensión y la insuficiencia cardíaca) y amiodarona (para el tratamiento de arritmias).

57.      La contaminación tóxica ponderada con el indicador PNEC por medicamentos, de un 66 %, se calculó dividiendo en primer lugar la concentración estimada de cada microcontaminante por su valor PNEC. (46) Puesto que ambos valores se expresaron en nanogramos por litro (ng/l), el resultado de esta división no está asociado a ninguna unidad.

58.      La suma de estos resultados para todas las sustancias constituye la contaminación tóxica total. La proporción de los distintos sectores se calcula sumando los valores de la contaminación tóxica de las sustancias asignadas a cada sector y hallando la relación entre este resultado y la contaminación total.

59.      De la información revelada se deduce que, conforme a este método, la Comisión calculó una contaminación total de 8 830 y una contaminación por medicamentos de 5 840, que equivale aproximadamente al 66 %.

60.      Polonia objeta que para los cuatro medicamentos antes referidos se asumieron valores PNEC mucho más bajos de lo debido, esto es, se asumió que cabía esperar efectos perjudiciales con concentraciones demasiado reducidas. Por el contrario, un valor superior implica que, con igual concentración efectiva del microcontaminante en las aguas residuales, el respectivo valor de contaminación resulte menor, ya que la concentración se divide por este valor. De este modo se reduce la proporción del microcontaminante en el valor correspondiente a la contaminación total, pero al mismo tiempo también este valor en su conjunto.

61.      Efectivamente, se comprueba que tanto la proporción de medicamentos en la contaminación total ponderada con el indicador PNEC como la propia contaminación total de las aguas residuales resultarían sustancialmente menores si, en lugar de los valores PNEC procedentes de la información divulgada, se hubiesen utilizado los que se derivan del proveedor de bases de datos mencionado por el Parlamento, en las fichas técnicas («factsheets»). (47) En cualquier caso, los valores utilizados por el GFS, junto con los valores de las fichas técnicas, también se hallan en otra base de datos del proveedor citado. (48) Ni de estas bases de datos ni de los trabajos preparatorios ni de las alegaciones de las instituciones es posible inferir por qué se utilizó el menor de estos valores para asignar una responsabilidad ampliada del productor.

62.      El siguiente cuadro muestra los respectivos valores de la lista del GFS y de las fichas técnicas de la base de datos, junto con los valores de contaminación resultantes.

Medicamento

Concentración en aguas residuales

(ng/l)

PNEC

(GFS)

(ng/l)

Con. tóx. (conc./PNEC)

PNEC (ficha t.)

(convertido de μg/L a ng/l)

Cont. tóx. (conc./

PNEC)

Telmisartán

1993

0.55

3623

49 000(49)

0,04

Dipiridamol

4100

5,3

774

23 600(50)

0,17

Candesartán

1266

3,1

408

100 000(51)

0,01

Amiodarona

375

1,1

340

1 200(52)

0,31


63.      Así pues, según las cifras del GFS, solamente estos cuatro medicamentos contribuyen con 5 145 a la contaminación total de 8 830, lo que equivale al 58 % de esta, o bien al 88 % de la contaminación atribuida a todos los medicamentos en su conjunto (5 840). Dado que el cálculo publicado tiene en cuenta un total de 348 sustancias farmacéuticas, y que el estudio de viabilidad no menciona como especialmente problemático ninguno de estos cuatro medicamentos, (53) este hecho ya justifica las dudas sobre la valoración del legislador de la Unión.

64.      En cambio, si se basasen los cálculos en los valores PNEC de las fichas técnicas, los cuatro medicamentos juntos contribuirían con menos de 1, exactamente con 0,53, a la contaminación ponderada con el indicador PNEC. Asimismo, la contaminación total se reduciría a 3 685, y la generada por los medicamentos en su conjunto, a 695, lo que equivaldría ya únicamente a una proporción aproximada del 19 %. De esta, solo el 0,014 % seguiría correspondiendo a los cuatro medicamentos mencionados. En cambio, la proporción de los cosméticos se incrementaría del 26 % al 63 %. (54) La proporción de los aditivos plásticos aumentaría del 3 % al 7,2 %, y la de los pesticidas, del 2 % al 4,7 %.

65.      Las dudas que suscitan estos cálculos acerca de la investigación de los datos de base pertinentes vienen confirmadas por el estudio de Pistocchi y otros, destacado por la Comisión. (55) Este estudio advierte de que el valor PNEC de las sustancias que solamente realizan una contribución significativa respecto a la contaminación tóxica ponderada con este valor (pero no para otras formas de contaminación tóxica) probablemente se haya fijado excesivamente bajo («excessively conservative») y debería ser revisado. (56) La sustancia telmisartán allí mencionada como ejemplo pone de manifiesto este hecho, pues solo ella aporta más del 50 % de la contaminación atribuida a los 348 medicamentos, ponderada sobre la base del indicador PNEC.

66.      Sin embargo, ni en la evaluación de impacto ni en el estudio de viabilidad, y tampoco en las alegaciones de las instituciones en el presente procedimiento, se aprecian indicios de que el valor correspondiente u otros valores hayan sido verificados para garantizar que los valores PNEC no fueran excesivamente bajos, antes de que la Comisión incluyese su aportación en los fundamentos de la decisión.

67.      Esto no significa necesariamente que las cifras del estudio de viabilidad relativas a la contaminación tóxica ponderada con el indicador PNEC sean incorrectas, pues es posible que realmente los valores PNEC más bajos sean los pertinentes.

68.      Sin embargo, las instituciones no han expuesto de forma clara e inequívoca que hayan tenido en cuenta y valorado las referidas dudas. Además, se trata de dudas lo suficientemente serias como para que las instituciones no debiesen pasarlas por alto sin mayor justificación al elegir los datos de base conforme a su discrecionalidad. En consecuencia, el ejercicio de esta discrecionalidad en la investigación y valoración de los datos de base está viciado con un error manifiesto.

c)      Valoración de la contaminación tóxica por cosméticos

69.      También en relación con los cosméticos alega Polonia errores manifiestos de apreciación o una insuficiente investigación de los datos de base. Sin embargo, estas objeciones no se basan en los valores PNEC utilizados, sino en la atribución de determinadas sustancias al sector de los cosméticos.

70.      En el escrito de demanda, Polonia se remite a un documento de la industria cosmética a tenor del cual sus productos no son responsables del 17 % de la contaminación ponderada según el indicador de la toxicidad crónica, ni del 26 % de la contaminación ponderada según el valor PNEC, sino solamente de menos del 0,5 % y del 1 %, respectivamente. (57) Aunque las instituciones no rebaten estas cifras, el citado documento únicamente contiene afirmaciones, sin que quede claro cómo se ha llegado a ellas ni cómo se compadecen con las cifras manejadas en el procedimiento legislativo.

71.      Sin embargo, los datos publicados más recientemente por la Comisión permiten a Polonia elaborar este argumento en el escrito de réplica.

72.      En particular, Polonia alega que, a tenor de dichos datos, más de la mitad (16 %) de la contaminación atribuida a los cosméticos (26 %) se debe a la sustancia permetrina. Sin embargo, esta no se utiliza en cosmética, sino como medicamento.

73.      A ello responde el Parlamento que la permetrina sí se utiliza en cosméticos, y a tal efecto se remite a una base de datos de la Comisión. Pero esta base de datos, al introducir el término «permetrina» o su número CAS, no arroja resultado alguno. (58) En cualquier caso, para la permetrina existe una ficha técnica del proveedor de bases de datos antes mencionado. Allí se enumeran 55 aplicaciones, entre las cuales figuran 4 del ámbito «cuidado personal». (59)

74.      Sin embargo, según la misma ficha técnica existen también otras muchas aplicaciones que pueden llevar al vertido de permetrina en las aguas residuales. Por lo tanto, no está claro que la contaminación tóxica de las aguas residuales causada por esta sustancia pueda atribuirse totalmente, o siquiera en gran medida, a la industria cosmética. Dado que se trata de la parte principal de la responsabilidad asignada a este sector, las instituciones deberían haber prestado particular atención a este punto en el procedimiento legislativo, y no hay indicios de que fuera así.

75.      Lo mismo sucede con tres ácidos grasos (ácido oleico, ácido palmítico y ácido mirístico), a los que corresponde un 8 % del 26 % de la responsabilidad atribuida a los productores de cosméticos. Polonia subraya que, aunque se utilicen en cosmética, también están presentes en grandes cantidades en los alimentos.

76.      El Parlamento no rebate este argumento, pero defiende la legitimidad de asignar cada sustancia a un único sector. Sin embargo, no parece convincente atribuir a un determinado sector, debido a la utilización de ciertas sustancias, una parte sustancial de la responsabilidad por la contaminación tóxica de las aguas residuales, sin estar claro en qué medida dicho sector es responsable del volumen de esas sustancias hallado en aquellas.

77.      Por otro lado, el Parlamento alega que es improbable que deba pagarse una contribución por la utilización de ácidos grasos. Al ser altamente biodegradables, es previsible que la Comisión los exima de la contribución en futuros actos de ejecución.

78.      Al margen de la cuestión de si, en el futuro, estos ácidos grasos quedarán efectivamente eximidos, tal posibilidad no justifica que se atribuya a los productores de cosméticos, por estos ácidos grasos, un 8 % de la contaminación tóxica basada en el valor PNEC. Aun no teniendo que pagar contribución alguna por los ácidos grasos, por su causa se les impone a ellos y a los productores de medicamentos, en el artículo 9, apartado 1, letra a), de la nueva Directiva sobre aguas residuales, una cuota del 80 % del coste del tratamiento cuaternario. En caso de exención, los productores de cosméticos que utilicen otras sustancias con una menor carga tóxica habrían de asumir una proporción tanto mayor de dicha cuota. En consecuencia, la objeción de Polonia plantea con razón la cuestión de si la cuota está plenamente justificada.

79.      Por consiguiente, las apreciaciones sobre la contaminación tóxica de las aguas residuales por cosméticos basada en el valor PNEC se basan en una determinación al menos insuficiente de los datos de base pertinentes, o incluso en una apreciación manifiestamente errónea.

3.      Selección de los medicamentos y cosméticos

80.      El efecto de este error manifiesto en la determinación de los datos de base pertinentes, o incluso en su valoración en el procedimiento legislativo, queda corroborado por otra objeción formulada por Polonia en el escrito de réplica. Polonia critica que en el estudio de viabilidad ya se presentan como productos responsables los medicamentos y los cosméticos. Así pues, su selección para la responsabilidad ampliada del productor no se basa en una comparación científicamente fundada de todas las fuentes de microcontaminantes.

81.      En caso de que se viese en este argumento un nuevo motivo de recurso, habría sido invocado de forma extemporánea, con arreglo al artículo 127, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. En efecto, el hecho criticado, al menos respecto a los medicamentos, se deduce del propio estudio de viabilidad, (60) de manera que ya se conocía en el momento de la interposición del recurso.

82.      No obstante, considero que con ello Polonia se limita a apuntalar su motivo invocado desde el principio, según el cual a los productores de medicamentos les ha sido impuesta una responsabilidad ampliada del productor sin suficiente fundamentación científica. Un nuevo argumento de este tipo, en respaldo de un motivo de recurso ya invocado, también puede formularse en el curso del procedimiento. (61)

83.      En el fondo, se trata de un aspecto diferente de las deficiencias de motivación o valoración ya expuestas en las secciones precedentes. Para la concepción de la responsabilidad ampliada del productor no se ha publicado ningún estudio científico que demuestre la responsabilidad muy destacada de los productores de medicamentos y cosméticos por la presencia de microcontaminantes en las aguas residuales, como afirma el estudio de viabilidad. Antes bien, respecto a los medicamentos esta responsabilidad se da fundamentalmente por supuesta en el estudio de viabilidad, posiblemente debido a que su contribución a la contaminación del medio ambiente ya sea un problema conocido. El estudio de viabilidad simplemente debía identificar otro sector adicional que pudiese incluirse en la responsabilidad ampliada del productor. (62)

84.      Polonia sostiene que los productores de cosméticos también son presentados como sector responsable en el estudio de viabilidad. Sin embargo, en él se expone que dicho sector ha sido identificado como candidato a raíz de un análisis bibliográfico adicional. (63) No obstante, es cierto que el estudio de viabilidad no explica a este respecto por qué se atribuye a los productos en cuestión una mayor responsabilidad que a otros productos, como los pesticidas, destacados en el estudio de Finckh y otros, (64) o los aditivos plásticos, que hacen una mayor contribución a la contaminación tóxica crónica que los cosméticos. (65)

85.      Solamente explican la decisión respecto de los medicamentos y los cosméticos las apreciaciones ya analizadas del estudio de viabilidad acerca de la contaminación tóxica ponderada de las aguas residuales sobre la base del valor PNEC. Sin embargo, como ya he expuesto, estas apreciaciones se basan en un error manifiesto de investigación o de valoración al calcular la contaminación tóxica.

4.      La responsabilidad de otros actores de la cadena de suministro

86.      Polonia plantea también la cuestión de si está justificado imponer la responsabilidad ampliada a los productores de medicamentos y cosméticos, en lugar de gravar con ella a otros actores de la cadena de suministro, como los médicos prescriptores o los consumidores. Sin embargo, no se advierte en ello ningún error manifiesto de apreciación.

87.      La imposición de la carga a los productores se corresponde con el principio de corrección de los atentados al medio ambiente preferentemente en la fuente misma, mencionado junto al principio de quien contamina paga en el artículo 191 TFUE, apartado 2. La fuente de contaminación de las aguas residuales con microcontaminantes se halla en la producción de estos. Si se grava a los productores con los costes de su eliminación, se les induce, en primer lugar, a buscar sustancias alternativas más respetuosas con el medio ambiente. De no ser esto posible o deseable, pueden integrar dichos costes en sus precios, trasladando así la carga a sus clientes y a los consumidores, los cuales podrán entonces buscar por su parte una alternativa.

88.      Por lo tanto, procede desestimar este argumento de Polonia.

5.      Otros argumentos de las instituciones

89.      Las instituciones también esgrimen algunos argumentos adicionales, los cuales, no obstante, en nada alteran las conclusiones anteriores.

90.      Subrayan que la responsabilidad ampliada del productor no comprende los costes de las fases de depuración previstas hasta ahora, a pesar de que en ellas ya se elimina una parte sustancial (66) de los microcontaminantes presentes en las aguas residuales. Sin embargo, en los autos no se hallan elementos que permitan valorar en qué medida, en su caso, los productores de medicamentos y cosméticos habrían de contribuir a los costes de dichas fases de depuración. Al menos en sus inicios dichas fases se introdujeron con el fin de eliminar contaminantes muy distintos.

91.      Además, las instituciones recalcan que el artículo 9, apartado 1, letra a), y el anexo III de la nueva Directiva sobre aguas residuales no imponen a los productores de medicamentos y cosméticos todo el coste del tratamiento cuaternario, sino «solo» el 80 %. Sin embargo, esto en nada cambia el hecho de que el establecimiento de esta cuota se basa en errores manifiestos en el ejercicio de la discrecionalidad.

92.      En consecuencia, tampoco resulta convincente el argumento de las instituciones según el cual el legislador de la Unión podría actuar «por etapas» y comenzar introduciendo una responsabilidad ampliada solamente para determinados productores. Si bien el Tribunal de Justicia ya ha admitido tal forma de proceder, (67) y, a tenor del considerando 20 de la nueva Directiva sobre aguas residuales, la Comisión debe evaluar periódicamente si se deben incluir otros productos en el sistema de responsabilidad ampliada del productor, el resultado de esta evaluación hasta ahora es incierto. Aunque en el futuro se incluyan otros sectores, de conformidad con la normativa que aquí se examina los productores de medicamentos y cosméticos habrán de seguir asumiendo, durante un tiempo indefinido, el 80 % del coste. Este coste será en el inicio desproporcionadamente elevado, pues, junto a los costes de explotación puros, deberán financiarse, sobre todo, las inversiones en nuevas instalaciones. Asimismo, no se puede descartar que los productores gravados con esta cuota deban asumir elevados costes para la eliminación de contaminaciones de las cuales son responsables otros productores.

6.      Conclusión parcial

93.      Que se aprecie, ni la Comisión ni el Parlamento ni el Consejo, ya sea en el procedimiento legislativo o en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, se han pronunciado sobre un elemento totalmente decisivo de la motivación de la responsabilidad ampliada del productor, concretamente el cálculo de la parte correspondiente a medicamentos y cosméticos en la contaminación tóxica ponderada sobre la base del valor PNEC. Por lo tanto, las instituciones han incumplido, al menos, su obligación de demostrar ante el Tribunal de Justicia de forma clara e inequívoca que al adoptar el acto ejercieron efectivamente su facultad de apreciación. Ello, en efecto, supone haber tomado en consideración todos los datos y circunstancias pertinentes de la situación que se haya pretendido regular mediante dicho acto. (68)

94.      Además, Polonia alberga dudas razonables acerca de la exactitud de los valores PNEC y la atribución al sector de los cosméticos de determinadas sustancias que son decisivas para la contaminación tóxica ponderada sobre la base de dichos valores. Dado que estas dudas no fueron abordadas en el procedimiento legislativo y las instituciones tampoco han respondido a ellas en el procedimiento judicial, la correspondiente valoración del legislador de la Unión está viciada con un error manifiesto.

95.      Lo anterior no significa todavía que dicha valoración definitivamente haya sido errónea, es decir, que las normas sobre la responsabilidad ampliada de los productores de medicamentos y cosméticos se basen en la atribución de una responsabilidad excesiva a estos productores. Así pues, no se ha de excluir la posibilidad de que el legislador de la Unión utilizase en los cálculos los valores PNEC más bajos sin cometer con ello un error manifiesto de apreciación. Sin embargo, a esta conclusión solo se podrá llegar tras un ejercicio de la facultad de apreciación sin errores manifiestos.

96.      Por lo tanto, prospera el primer motivo de recurso y procede anular el artículo 9, apartado 1, letra a), y el anexo III de la nueva Directiva sobre aguas residuales.

97.      En caso de que el Tribunal de Justicia comparta mis dudas en lo sustancial, pero siga sin estar plenamente convencido, deberá considerar, al menos, la reapertura de la vista oral dando ocasión a los intervinientes para pronunciarse sobre las dudas expuestas. Alternativamente, puede suspender el procedimiento y resolverlo junto con la petición de decisión prejudicial del asunto C‑614/26, Irish Pharmaceutical Healthcare Association y Medicines for Ireland. Dicha petición de decisión prejudicial permitirá profundizar en las mismas cuestiones.

C.      Segundo motivo: proporcionalidad y deber de motivación

98.      Con el segundo motivo, Polonia alega una violación del principio de proporcionalidad. A este respecto, se remite al artículo 5 TUE, apartado 1, segunda frase, con arreglo al cual dicho principio es aplicable al ejercicio de las competencias de la Unión, y al apartado 4 del mismo artículo, donde se establece que, en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.

99.      Como acertadamente alega Polonia, conforme al referido principio los actos de las instituciones de la Unión no pueden rebasar los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimamente perseguidos con la norma de que se trate. A este respecto debe tenerse en cuenta que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas (igualmente (69)) adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos. (70) Uno de estos objetivos puede ser la realización del principio de quien contamina paga. (71)

100. A este respecto, Polonia alega también un incumplimiento del deber de motivación establecido en el artículo 296 TFUE, apartado 2, y concretado en el artículo 5 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En este se dispone que todo proyecto de acto legislativo incluya una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento, en particular, del principio de proporcionalidad, así como elementos que permitan evaluar el impacto financiero. De conformidad con la quinta frase del mismo artículo, los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar.

101. Asimismo, Polonia se remite al artículo 191 TFUE, apartado 3, y al Acuerdo interinstitucional «mejora de la legislación» entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, de 13 de abril de 2016, (72) donde se reafirman estas obligaciones expositivas.

102. En cualquiera caso, las instituciones recalcan con acierto que al legislador de la Unión le asiste un amplio margen de apreciación también en la comprobación del principio de proporcionalidad. Sin embargo, están obligadas a demostrar ante el Tribunal de Justicia que el acto fue adoptado mediante un ejercicio efectivo de su facultad de apreciación, el cual supone la toma en consideración de todos los datos y circunstancias pertinentes de la situación que se haya pretendido regular mediante el acto en cuestión. (73)

103. En particular, Polonia alega que circunscribir la responsabilidad ampliada a los productores de medicamentos y cosméticos no es el medio menos gravoso, pues también podría haberse incluido a otros productores, y esta posibilidad no fue suficientemente estudiada (véase 1). Asimismo, aduce que el coste del tratamiento cuaternario se ha estimado excesivamente bajo y que, si se calculase correctamente, resultaría desproporcionadamente alto (véase 2). Además, afirma que el legislador de la Unión no ha tenido suficientemente en cuenta la situación de los productores de genéricos ni las circunstancias de los distintos Estados miembros. Por este motivo, la responsabilidad ampliada del productor, tal como está concebida, no es adecuada para cumplir la función de estímulo que tiene el principio de quien contamina paga (véase 3). Estas deficiencias tampoco quedarían compensadas con la posibilidad de eximir de la contribución a determinados productores, pues las disposiciones correspondientes no están formuladas con suficiente claridad (véase 4).

1.      Necesidad: inclusión de otros productores

104. Con el argumento de que también debería haberse incluido a otros productores en la responsabilidad ampliada, Polonia atribuye un peso añadido a las alegaciones relativas al primer motivo. Desde el punto de vista de los productores de medicamentos y cosméticos, efectivamente no sería el medio menos gravoso imponerles una parte excesivamente elevada del coste del tratamiento cuaternario, a pesar de que otros productores también contribuyen de manera no desdeñable a la polución de las aguas residuales con microcontaminantes y, por tanto, habrían de asumir una parte del coste.

105. Por este motivo, hubiera sido especialmente importante para las instituciones, en el procedimiento legislativo o, por lo menos, ante el Tribunal de Justicia, haber expuesto de forma clara e inequívoca los motivos para gravar a los productores de medicamentos y cosméticos y despejar las dudas sobre el alcance de su responsabilidad. Dado que ya he explicado, al examinar el primer motivo de recurso, que esto no ha sido el caso, el Tribunal de Justicia debería anular las normas relativas a la responsabilidad ampliada de los productores de medicamentos y cosméticos. En este sentido, procede estimar el segundo motivo.

106. No obstante, en relación con este segundo motivo de recurso Polonia tampoco presenta pruebas concluyentes que permitan determinar de forma definitiva que, en efecto, debería haberse incluido a otros productores en la responsabilidad ampliada, o que se dimensionó en exceso el alcance de la responsabilidad de los productores de medicamentos y cosméticos. Estas son cuestiones que debería volver a valorar el legislador de la Unión, pero esta vez sin incurrir en errores manifiestos.

2.      Adecuación: coste del tratamiento cuaternario

107. Por otro lado, Polonia critica la estimación del coste de introducir un tratamiento cuaternario. En su opinión, el legislador de la Unión no tuvo debidamente en cuenta la carga impuesta a los productores de medicamentos y cosméticos al examinar si era adecuada para la mejora de la calidad de las aguas. Con ello alega Polonia un error manifiesto de apreciación al determinar los datos de base pertinentes.

108. Esta argumentación resulta contradictoria desde el principio, ya que Polonia afirma expresamente no oponerse a la introducción del tratamiento cuaternario, sino solo al alcance de la responsabilidad ampliada de los productores de medicamentos y cosméticos. Ahora bien, si el tratamiento cuaternario, pese a su coste, es proporcionado, no puede ser desproporcionado imponer a los causantes de la contaminación el coste de su eliminación.

109. Pero este argumento tampoco puede prosperar aun considerado de forma aislada. Aunque Polonia cita estimaciones que contemplan costes más elevados que los indicados en la evaluación de impacto, las distintas estimaciones no son comparables entre sí e inevitablemente están sujetas aún a grandes incertidumbres.

110. La evaluación de impacto cifra el coste del tratamiento cuaternario en toda la Unión a unos 1 200 millones de euros anuales, (74) de ellos menos de 240 millones para Alemania. (75) Si bien Polonia alega que no se han publicado los fundamentos de esta estimación, son números que se basan en un modelo de la OCDE. (76)

111. Polonia opone a las cifras de la evaluación de impacto dos estimaciones referidas a Alemania. La Umweltbundesamt (Agencia Federal de Medio Ambiente, Alemania) estima el coste de la introducción en todas las aglomeraciones urbanas de más de 10 000 habitantes entre 885 y 1 025 millones de euros anuales. Por su parte, el Verband kommunaler Unternehmen (Asociación de Empresas Municipales, Alemania) calcula en un promedio de 414 millones de euros al año el coste para Alemania de la normativa adoptada.

112. No obstante, el hecho de que las estimaciones difieran de la evaluación de impacto no es suficiente para demostrar un error manifiesto de apreciación. Es inherente a todo ejercicio de un amplio margen de apreciación que la valoración pueda arrojar resultados diferentes.

113. Por otro lado, las distintas estimaciones tampoco son comparables entre sí.

114. El cálculo realizado por la Agencia Federal de Medio Ambiente parte de la introducción del tratamiento cuaternario en todas las aglomeraciones urbanas con más de 10 000 habitantes.

115. Sin embargo, la nueva Directiva sobre aguas residuales contempla un tratamiento cuaternario mucho más restringido. Con arreglo a su artículo 8, apartado 1, solo las aglomeraciones con más de 150 000 habitantes están obligadas a introducirlo. Las de menor tamaño pero que excedan los 10 000 habitantes, a tenor del artículo 8, apartado 4, solo deben hacerlo si vierten aguas residuales depuradas en zonas donde los microcontaminantes, según una auditoría aún por realizar con arreglo al artículo 8, apartado 2, representen un riesgo para el medio ambiente o para la salud humana. Esta auditoría debe llevarse a cabo, a más tardar, el 31 de diciembre de 2030.

116. La estimación de la Asociación se basa efectivamente en la normativa adoptada, pero adolece de notables incertidumbres, ya que para las aglomeraciones urbanas menores aún está pendiente la mencionada auditoría.

117. Por su parte, la evaluación de impacto se basa en la Propuesta de Directiva de la Comisión, que, siendo más ambiciosa que la legislación finalmente adoptada, tampoco hubiera comprendido todas las aglomeraciones urbanas de más de 10 000 habitantes.

118. La Comisión aún había propuesto introducir el tratamiento cuaternario en todas las aglomeraciones urbanas superiores a 100 000 habitantes, lo que habría derivado en un coste mayor.

119. En la medida en que se ven afectadas las aglomeraciones urbanas menores pero con más de 10 000 habitantes, que viertan aguas depuradas en zonas donde los microcontaminantes representen un peligro para el medio ambiente o la salud humana, la normativa definitiva también difiere de la Propuesta de la Comisión en cuestiones de detalle. La Comisión considera que los criterios adoptados son menos estrictos que los inicialmente propuestos por ella, de manera que a este respecto son menos las aglomeraciones urbanas que requieren un tratamiento cuaternario. Sin embargo, como alega Polonia, con el artículo 8, apartado 8, de la nueva Directiva sobre aguas residuales se introduce una obligación que no estaba en la Propuesta, según la cual las aguas residuales que se reutilicen, por ejemplo, para riego, deben someterse en todo caso a un tratamiento cuaternario.

120. Por otro lado, el Parlamento y la Comisión subrayan con acierto que la normativa adoptada concede a los Estados miembros un plazo mayor para la introducción del tratamiento cuaternario del que había propuesto la Comisión. Con ello se distribuyen los costes de inversión a lo largo de un período mayor, de manera que el incremento de los costes de explotación es más lento.

121. Por último, la Comisión propuso que el coste del tratamiento cuaternario se impusiera en su totalidad a los productores de medicamentos y cosméticos, pero el legislador de la Unión lo redujo al 80 % del coste.

122. La estimación realizada en el procedimiento legislativo y la de la Asociación alemana serían más fácilmente comparables si la evaluación de impacto se hubiese actualizado con el curso de los cambios en el procedimiento legislativo. En efecto, Polonia ve en esta omisión de la actualización un error al valorar la proporcionalidad.

123. Sin embargo, el legislador de la Unión no está obligado a efectuar estimaciones de costes en relación con las modificaciones en el procedimiento legislativo. Aunque incumbe a la Comisión acompañar toda propuesta normativa con las correspondientes estimaciones, los cambios en la propuesta solo requieren la repetición de estas cuando las instituciones competentes lo consideren necesario. (77) En el presente asunto, las instituciones creyeron que las estimaciones disponibles eran suficientes, ya que las modificaciones sobre la propuesta más bien habían reducido el coste. (78) Además, el legislador de la Unión no solo no está obligado a disponer de una evaluación de impacto en todas las circunstancias, sino que además tal evaluación no le vincula. Por lo tanto, nada le impide adoptar medidas distintas de las que fueron objeto de la evaluación de impacto. (79)

124. En consecuencia, a pesar de las estimaciones citadas por Polonia, la estimación del coste del tratamiento cuaternario en que el legislador de la Unión basó la responsabilidad ampliada del productor se mantiene, sin errores manifiestos, dentro de los márgenes de la amplia facultad de apreciación que le asiste. Por consiguiente, procede desestimar esta argumentación de Polonia.

3.      Adecuación: la carga que recae sobre los productores de medicamentos genéricos

125. Por otro lado, Polonia alega que la responsabilidad ampliada del productor debería afectar principalmente a los productores de medicamentos genéricos. Estos se prescriben con gran frecuencia, por lo que les corresponden los mayores volúmenes. Sin embargo, a pesar de estos grandes volúmenes, a causa de sus precios comparativamente inferiores en relación con su valor, solo constituyen una parte relativamente pequeña del mercado. En cambio, los muchos medicamentos patentados, más caros, representan volúmenes menores, por lo que sus productores deberían contribuir de manera significativamente más reducida al coste del tratamiento cuaternario, en caso de que los Estados miembros no los eximiesen totalmente de esta carga en virtud del artículo 9, apartado 2, de la nueva Directiva sobre aguas residuales.

126. Asimismo, Polonia aduce acertadamente que una responsabilidad ampliada de los productores de medicamentos genéricos no permite desarrollar la función de estímulo del principio de quien contamina paga. En efecto, las sustancias activas de los medicamentos genéricos o sus productos de degradación, cuyo filtrado se pretende lograr con el tratamiento cuaternario de las aguas residuales, no pueden sustituirse fácilmente por sustancias menos nocivas. Antes bien, con arreglo al artículo 10, apartado 2, letra b), del Código sobre Medicamentos, (80) deben corresponderse con el medicamento de referencia. Esto se aplica, en particular, a su composición cualitativa y cuantitativa de sustancias activas y su forma farmacéutica. Esta identidad es lo único que les permite disfrutar de un procedimiento de autorización simplificado y, tras expirar la protección de la patente del medicamento de referencia, pueden ofrecerse a precios notablemente inferiores. Si en un medicamento genérico se utiliza una sustancia activa diferente, deja de ser un medicamento genérico y es un nuevo medicamento que requiere una nueva y completa autorización.

127. Yo entiendo estas objeciones en el sentido de que Polonia pone en tela de juicio la adecuación de una responsabilidad ampliada de los productores de medicamentos genéricos.

128. En efecto, el considerando 20, tercera frase, de la nueva Directiva sobre aguas residuales declara que la responsabilidad ampliada del productor debe ofrecer un incentivo para desarrollar productos más ecológicos. Sin embargo, para los productores de medicamentos genéricos no existe tal estímulo, pues ellos no pueden modificar sus medicamentos. Debido a la exigua cuota de mercado y a sus precios inicialmente mucho más elevados, el incentivo residual para que los desarrolladores de nuevos medicamentos originales se esfuercen por evitar los microcontaminantes en las aguas residuales es relativamente bajo.

129. Además, si se traslada a los precios de los medicamentos el coste de la responsabilidad ampliada del productor, los pacientes, o los médicos prescriptores, podrían llegar a considerar la utilización de otros medicamentos que contribuyan en menor medida a la contaminación y, por tanto, estén gravados con una contribución inferior. En cualquier caso, este estímulo requiere que estos otros medicamentos efectivamente existan, que sean, en particular, tolerados los pacientes y que su efecto sea equiparable. Asimismo, ha de existir la posibilidad efectiva de trasladar el sobrecoste a los precios. Como expone Polonia, en muchos Estados miembros esto no está garantizado, debido a la estricta regulación de los precios de los medicamentos.

130. Por lo tanto, el alcance de la ventaja de la responsabilidad ampliada de los productores de medicamentos, derivada de su función de incentivo, es muy reducido.

131. Al mismo tiempo recalca Polonia los perjuicios que han de sopesarse con esta limitada ventaja. Estos perjuicios no consisten directamente en que los productores deban asumir el coste. Antes bien, tienen que ver con el objetivo de la responsabilidad ampliada del productor, también declarado en el considerando 20, tercera frase, de la nueva Directiva sobre aguas residuales, de imponer dicho coste a los causantes, y no al conjunto de la sociedad. Esto es también concreción del principio de quien contamina paga.

132. Polonia expresa su preocupación por que, ante estos sobrecostes y ante la limitación de los precios de los medicamentos en muchos Estados miembros, los productores puedan retirarse de algunos de ellos, con la consiguiente reducción del acceso a los medicamentos afectados. En ello se evidencia el hecho de que el legislador de la Unión, en contra de lo dispuesto en el artículo 191 TFUE, apartado 3, no haya tenido suficientemente en cuenta la situación de los distintos Estados miembros.

133. No obstante, el legislador de la Unión sí incluyó este riesgo en su ponderación, a tenor del considerando 21. Presumió que los costes añadidos serían marginales y, por lo demás, confió en que los Estados miembros tuviesen en cuenta el riesgo residual. Esto tampoco carece de lógica, ya que, junto a las modalidades de aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, los Estados miembros también pueden intervenir en la regulación de los precios de los medicamentos.

134. En resumen, si bien puede ser insatisfactoria la falta de incentivos para los productores de medicamentos genéricos, a mi parecer ello no basta para apreciar un error manifiesto del legislador de la Unión en la valoración de la adecuación de la responsabilidad ampliada de los productores de medicamentos genéricos. Por consiguiente, también debe desestimarse esta alegación de Polonia.

4.      Exención

135. Por último, Polonia impugna el artículo 9, apartado 2, letra b), de la nueva Directiva sobre aguas residuales. Esta disposición permite, en particular, eximir a los productores de determinados productos de su responsabilidad ampliada si demuestran que los microcontaminantes contenidos en sus productos son rápidamente biodegradables o no generan microcontaminantes en las aguas residuales al final de su vida útil.

136. A juicio de Polonia, no está claro cuándo se cumplen estas condiciones y cómo pueden los productores aportar las pruebas requeridas. Por lo tanto, a su parecer, esta norma no sirve para mitigar los perjuicios de la responsabilidad ampliada de los productores de medicamentos y cosméticos.

137. La referida exención es relevante, en particular, en cuanto a la necesidad de la responsabilidad ampliada del productor. Para respetar el principio de quien contamina paga no es preciso imponer el coste a los productores cuyos productos no liberen microcontaminantes que deban ser eliminados de las aguas residuales mediante el tratamiento cuaternario.

138. Es verdad, a este respecto, que los dos supuestos de exención y la cuestión de la prueba admiten un cierto margen de interpretación, pero este no es de tal amplitud que haga imposible la aplicación de la norma. En la medida en que surjan discrepancias sobre la correcta interpretación, deberán ser resueltas, si fuera preciso, por la vía judicial.

139. Por otro lado, el artículo 9, apartado 5, de la nueva Directiva sobre aguas residuales faculta expresamente a la Comisión para adoptar actos de ejecución a fin de establecer criterios detallados sobre la aplicación uniforme de la condición establecida en el artículo 9, apartado 2, letra b), a categorías específicas de productos y su biodegradabilidad o peligrosidad.

140. Por consiguiente, estas objeciones de Polonia no consiguen desvirtuar la proporcionalidad de la responsabilidad ampliada de los productores de medicamentos y cosméticos.

5.      Conclusión parcial

141. Los argumentos esgrimidos en el segundo motivo de recurso únicamente son convincentes en cuanto refuerzan las conclusiones del primer motivo respecto del insuficiente examen de la inclusión de otros grupos de productores, tanto en el procedimiento legislativo como ante el Tribunal de Justicia. Por lo demás, deben ser desestimados.

V.      Costas

142. A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que se desestiman las pretensiones del Parlamento y el Consejo, estos deben cargar con sus propias costas y con las de Polonia.

143. En virtud del artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por lo tanto, la Comisión ha de cargar con sus propias costas.

VI.    Conclusión

144. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva de la siguiente manera:

«1)      El artículo 9, apartado 1, letra a), y el anexo III de la Directiva (UE) 2024/3019, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, son nulos.

2)      El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas y con las de la República de Polonia.

3)      La Comisión Europea cargará con sus propias costas.»


1      Lengua original: alemán.


2      Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO 1991, L 135, p. 40), en su versión resultante de la Directiva 2013/64/UE del Consejo (DO 2013, L 353, p. 8).


3      Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (versión refundida) (DO L 2024/3019).


4      Autos de 18 de febrero de 2026, Accord Healthcare France y otros/Parlamento y Consejo (Aguas residuales urbanas I) (T‑156/25, T‑157/25, T‑159/25 a T‑168/25, T‑170/25 y T‑171/25, EU:T:2026:135), EFPIA/Parlamento y Consejo (Aguas residuales urbanas II) (T‑158/25, EU:T:2026:138), y Cosmetics Europe/Parlamento y Consejo (Aguas residuales urbanas III) (T‑169/25, EU:T:2026:137). El primero de estos autos es objeto de los recursos de casación C‑411/26 P, Dermapharm y otros (DO C 2026/3400) y C‑412/26 P, BGP Products y otros (DO C 2026/3401).


5      Asunto C‑614/25, Irish Pharmaceutical Healthcare Association y Medicines for Ireland, sentencia de la High Court (Tribunal Superior) de 20 de mayo de 2026 [(2026) IEHC 310].


6      Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).


7      Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (DO 2008, L 353, p. 1).


8      Sentencias de 28 de junio de 1972, Jamet/Comisión (37/71, EU:C:1972:57), apartado 11; de 31 de marzo de 1998, Francia y otros/Comisión (C‑68/94 y C‑30/95, EU:C:1998:148), apartados 256 y 257, y de 8 de diciembre de 2020, Polonia/ Parlamento y Consejo (C‑626/18, EU:C:2020:1000), apartado 28.


9      Sentencias de 29 de marzo de 2012, Comisión/Estonia, (C‑505/09 P, EU:C:2012:179), apartado 121, y de 8 de diciembre de 2020, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑626/18, EU:C:2020:1000), apartado 30.


10      Mis conclusiones presentadas en el asunto Futura Immobiliare y otros (C‑254/08, EU:C:2009:264), punto 30. En este sentido, en materia de residuos, sentencias de 7 de septiembre de 2004, Van de Walle y otros (C‑1/03, EU:C:2004:490), apartado 57, y de 25 de febrero de 2010, Pontina Ambiente (C‑172/08, EU:C:2010:87), apartado 36.


11      Puntos 1 y 4, letra b), del anexo de la Recomendación 75/436/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1975, relativa a la imputación de costes y a la intervención de los poderes públicos en materia de medio ambiente (DO 1975, L 194, p. 94); artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO 2000, L 327, p. 1), y sentencia de 9 de julio de 2020, Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein (C‑297/19, EU:C:2020:533), apartado 74, así como mis conclusiones presentadas en el asunto Futura Immobiliare y otros (C‑254/08, EU:C:2009:264), puntos 31 y 32.


12      Puntos 1 y 4, letra b), del anexo de la Recomendación 75/436, y mis conclusiones presentadas en el asunto Futura Immobiliare y otros (C‑254/08, EU:C:2009:264), punto 32.


13      Sentencia de 29 de abril de 1999, Standley y otros (C‑293/97, EU:C:1999:215), apartado 52.


14      En materia de residuos, sentencia de 24 de junio de 2008, Commune de Mesquer (C‑188/07, EU:C:2008:359), apartado 72.


15      Sentencia de 29 de abril de 1999, Standley y otros (C‑293/97, EU:C:1999:215), apartado 51.


16      Sentencias de 17 de septiembre de 1998, Pontillo (C‑372/96, EU:C:1998:412), apartado 41, y de 16 de julio de 2026, Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT) (C‑666/24, EU:C:2026:589), apartado 85.


17      Véanse, en este sentido, mis conclusiones presentadas en el asunto Futura Immobiliare y otros (C‑254/08, EU:C:2009:264), punto 33.


18      Sentencias de 16 de diciembre de 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine y otros (C‑127/07, EU:C:2008:728), apartado 57; de 21 de junio de 2018, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑5/16, EU:C:2018:483), apartado 112, y de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartado 313.


19      Sentencias de 14 de diciembre de 2004, Swedish Match (C‑210/03, EU:C:2004:802), apartado 48, y de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartado 313.


20      Véanse en este sentido las sentencias de 25 de enero de 1979, Racke (98/78, EU:C:1979:14), apartado 5; de 8 de julio de 2010, Afton Chemical (C‑343/09, EU:C:2010:419), apartados 28, 42 y 95, y de 11 de enero de 2024, Friends of the Irish Environment (Posibilidades de pesca superiores a cero) (C‑330/22, EU:C:2024:19), apartados 80 y 82.


21      Sentencias de 8 de julio de 2010, Afton Chemical (C‑343/09, EU:C:2010:419), apartado 28; de 21 de junio de 2018, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑5/16, EU:C:2018:483), apartado 150, y de 13 de marzo de 2019, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑128/17, EU:C:2019:194), apartado 95.


22      Sentencias de 7 de septiembre de 2006, España/Consejo (C‑310/04, EU:C:2006:521), apartado 122; de 8 de julio de 2010, Afton Chemical (C‑343/09, EU:C:2010:419), apartado 34; de 21 de junio de 2018, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑5/16, EU:C:2018:483), apartado 152, y de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartado 722.


23      Sentencias de 7 de septiembre de 2006, España/Consejo (C‑310/04, EU:C:2006:521), apartado 121; de 8 de julio de 2010, Afton Chemical (C‑343/09, EU:C:2010:419), apartado 33, y de 21 de junio de 2018, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑5/16, EU:C:2018:483), apartado 151.


24      Sentencias de 21 de junio de 2018, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑5/16, EU:C:2018:483), apartado 153; de 13 de marzo de 2019, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑128/17, EU:C:2019:194), apartado 73, y de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartado 218.


25      Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning urban wastewater treatment (recast)» [Evaluación de impacto de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (versión refundida)] [SWD(2022) 541 final, p. 21].


26      Bio Innovation Service y otros, por encargo de la Comisión Europea, Feasibility of an EPR system for micro-pollutants, de 4 de febrero de 2022, pp. 48 y 49.


27      Ramboll, Micropollutants in Urban Wastewater, Summary Report, 3 de marzo de 2025 (anexo A.2 del escrito de demanda).


28      Véase, a continuación, letra b).


29      Finckh, S., Carmona, E., Borchardt, D., Büttner, O., Krauss, M., Schulze, T., […] y Brack, W. (2024). Mapping chemical footprints of organic micropollutants in European streams. Environment international, 183, 108371, Ullberg, M., Lavonen, E., Köhler, S. J., Golovko, O., y Wiberg, K. (2021). Pilot-scale removal of organic micropollutants and natural organic matter from drinking water using ozonation followed by granular activated carbon. Environmental Science: Water Research & Technology, 7(3), 535 a 548, Neuwald, I., Muschket, M., Zahn, D., Berger, U., Seiwert, B., Meier, T., […] y Reemtsma, T. (2021). Filling the knowledge gap: A suspect screening study for 1310 potentially persistent and mobile chemicals with SFC‑and HILIC‑HRMS in two German river systems. Water research, 204, 117645, y Müller, M. E., Werneburg, M., Glaser, C., Schwientek, M., Zarfl, C., Escher, B. I., y Zwiener, C. (2020). Influence of emission sources and tributaries on the spatial and temporal patterns of micropollutant mixtures and associated effects in a small river. Environmental toxicology and chemistry, 39 (7), 1382-1391.


30      Seelig, A. H., Zahn, D., y Reemtsma, T. (2024). Sources of persistent and mobile chemicals in municipal wastewater: a sewer perspective in Leipzig, Germany. Environmental Science and Pollution Research, 1 a 9, y Neef, J., Leverenz, D., y Launay, M. A. (2022). Performance of Micropollutant Removal during Wet-Weather Conditions in Advanced Treatment Stages on a Full-Scale WWTP. Water 2022, 14, 3281.


31      Langeveld, J. G., Post, J., Makris, K. F., Palsma, B., Kuiper, M., y Liefting, E. (2023). Monitoring organic micropollutants in stormwater runoff with the method of fingerprinting. Water research, 235, 119883.


32      Finckh, S., Beckers, L. M., Busch, W., Carmona, E., Dulio, V., Kramer, L., […] y Brack, W. (2022). A risk based assessment approach for chemical mixtures from wastewater treatment plant effluents. Environment International, 164, 107234.


33      Nota 3 del escrito de formalización de la intervención.


34      Pistocchi, A., Alygizakis, N. A., Brack, W., Boxall, A., Cousins, I. T., Drewes, J. E., Finckh, S., Gallé, T., Launay, M. A., McLachlan, M.S., Petrovic, M., Schulze, T., Slobodnik, J., Ternes, T., Van Wezel, A., Verlicchi, P., Whalley, C., European scale assessment of the potential of ozonation and activated carbon treatment to reduce micropollutant emissions with wastewater, Science of The Total Environment, t. 848, 157124.


35      Finckh y otros, citado en la nota 32, pp. 16 y 17: «The 32 consensus mixture components of high concern include 21 pesticides and biocides, 5 pharmaceuticals and 6 other compounds» (Entre los 32 componentes de mezclas sobre cuya especial peligrosidad hay consenso, 21 son pesticidas y biocidas, cinco son medicamentos y seis son otros compuestos).


36      Kilpinen, K., Devers, J., Castro, M., Tisler, S., Jørgensen, M. B., Mortensen, P., y Christensen, J. H. (2023). Catchment area, fate, and environmental risks investigation of micropollutants in Danish wastewater. Environmental Science and Pollution Research, 30(57), 121107 a 121123.


37      Sobre este indicador, véase el punto 32 de las presentes conclusiones.


38      Páginas 21 y 57.


39      Páginas 48 y 49.


40      Página 57.


41      Pistocchi, A., Grizzetti, B., Nielsen, P. H., Parravicini, V., Steinmetz, H., Thornberg, D., y Vigiak, O. (2023), «An assessment of options to improve the removal of excess nutrients from European wastewater» Water, Air, & Soil Pollution, 234(9), 595 (punto 15 del anexo 10 de la evaluación de impacto).


42      Psomas, A. (2021) Support studies on specific aspects of wastewater management: Individual or other Appropriate Systems (IAS). Brilliants Solutions Engineering & Consulting (BRiS) (punto 16 del anexo 10 de la evaluación de impacto).


43      El cuadro publicado se adjunta al escrito de réplica como anexo C.1.


44      Se trata de la Network of reference laboratories, research centres and related organisations for monitoring of emerging environmental substances (NORMAN) (https://www.norman-network.com/).


45      Estudio de viabilidad, p. 19.


46      Este método se explica en el estudio de Pistocchi y otros, antes citado (nota 34, pp. 2 y 3) si bien no se utiliza para la identificación de fabricantes o productos responsables.


47      NORMAN Substance Factsheets (https://www.norman-network.com/nds/factsheets/), en cada caso, dentro del apartado «Ecotoxicity».


48      NORMAN Ecotoxicology Database (https://www.norman-network.com/nds/ecotox/).


49      https://www.norman-network.com/nds/factsheets/show.php?susID=398; no obstante, véase también https://www.norman-network.com/nds/ecotox/qualityTargetShow.php?susID=398, consultado el 29 de julio de 2026.


50      https://www.norman-network.com/nds/factsheets/show.php?susID=10369; no obstante, véase también https://www.norman-network.com/nds/ecotox/qualityTargetShow.php?susID=10369, consultado el 29 de julio de 2026.


51      https://www.norman-network.com/nds/factsheets/show.php?susID=9281; no obstante, véase también https://www.norman-network.com/nds/ecotox/qualityTargetShow.php?susID=9281, consultado el 29 de julio de 2026.


52      https://www.norman-network.com/nds/factsheets/show.php?susID=10453; no obstante, véase también https://www.norman-network.com/nds/ecotox/qualityTargetShow.php?susID=10453, consultado el 29 de julio de 2026.


53      Véanse pp. 16, 17 y 23.


54      Véase también el cálculo de Regulatory Science Associates, A review of the European Commission approach to allocating toxic load to human pharmaceuticals in urban wastewater, de 3 de junio de 2025, p. 10 (https://www.efpia.eu/media/d3gd5agc/rsa-efp001-002-review-of-commission-approach-to-allocating-toxiC‑load-to-pharmaceuticals-3-june-2025.pdf, consultado el 29 de julio de 2026).


55      Nota 3 del escrito de formalización de la intervención de la Comisión.


56      Citado en la nota 34, página 6.


57      Anexo A.3 del escrito de demanda.


58      https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/, consultado el 29 de julio de 2026.


59      https://www.norman-network.com/nds/factsheets/show.php?susID=502, consultado el 29 de julio de 2026.


60      Estudio de viabilidad, p. 12.


61      Véanse las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Freistaat Sachsen y otros/Comisión (C‑57/00 P y C‑61/00 P, EU:C:2003:510), apartado 20, y de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (C‑402/05 P y C‑415/05 P, EU:C:2008:461), apartado 279.


62      Página 12 del estudio de viabilidad.


63      Estudio de viabilidad, p. 16.


64      Véanse los apartados 40 y 41 de las presentes conclusiones.


65      Véase el punto 45 de las presentes conclusiones.


66      Con arreglo a la nota 2 del estudio de viabilidad, el GFS estima que en torno a dos terceras partes de los microcontaminantes de las aguas residuales no se eliminan en las fases de depuración actuales. Por lo tanto, en estas se elimina aproximadamente un tercio. En cambio, la evaluación de impacto en su página 111 considera que más del 70 % de los microcontaminantes se eliminan con las fases de depuración existentes.


67      Sentencia de 16 de diciembre de 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine y otros (C‑127/07, EU:C:2008:728), apartado 57.


68      Véase el punto 30 de las presentes conclusiones y la jurisprudencia allí citada.


69      Véanse las sentencias de 23 de diciembre de 2015, Scotch Whisky Association y otros (C‑333/14, EU:C:2015:845), apartado 49; de 26 de septiembre de 2018, Van Gennip y otros (C‑137/17, EU:C:2018:771), apartado 64, y de 26 de abril de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo (Uploadfilter) (C‑401/19, EU:C:2022:297), apartado 83.


70      Sentencias de 13 de noviembre de 1990, Fédesa y otros (C‑331/88, EU:C:1990:391), apartado 13; de 5 de octubre de 1994, Crispoltoni y otros (C‑133/93, C‑300/93 y C‑362/93, EU:C:1994:364), apartado 41; de 12 de julio de 2001, Jippes y otros (C‑189/01, EU:C:2001:420), apartado 81; de 9 de marzo de 2010, ERG y otros (C‑379/08 y C‑380/08, EU:C:2010:127), apartado 86; de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros (C‑62/14, EU:C:2015:400), apartados 67 y 91; de 30 de abril de 2019, Italia/Consejo (Cuotas de capturas de pez espada del Mediterráneo) (C‑611/17, EU:C:2019:332), apartado 55, y de 4 de junio de 2020, Hungría/Comisión (C‑456/18 P, EU:C:2020:421), apartado 41.


71      Sentencia de 29 de abril de 1999, Standley y otros (C‑293/97, EU:C:1999:215), apartado 52.


72      DO 2016, L 123, p. 1.


73      Véase el punto 30 de las presentes conclusiones.


74      P. 56.


75      P. 122.


76      Evaluación de impacto, p. 113.


77      Apartados 15 y 16 del Acuerdo interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación. A este respecto, sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartado 224.


78      En esto se diferencia este punto de la sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartados 727 y 728.


79      Sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartados 720 y 755.


80      Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO 2001, L 311, p. 67), modificada por última vez mediante el Reglamento (UE) 2023/1182 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2023, sobre las normas específicas relativas a los medicamentos de uso humano destinados a ser comercializados en Irlanda del Norte (DO 2023, L 157, p. 1).