C-66/9761997O00660028.00013759137668CJAUTO DE 30.6.1997 — ASUNTO C-66/97BANCO DE FOMENTO E EXTERIOR<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT></P><P>de <DATE ISO="19970630">30 de junio de 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: portugués.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto C-66/97,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Tribunal Cível da Comarca de Lisboa, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho òrgano jurisdiccional entre

Banco de Fomento e Exterior SA

y

Amândio Maurício Martins Pechini,

Maria da Luz Lima Barros Raposo Pechim,

Confecções Têxteis de Vouzela Ld. a (CTV),

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 59, 90 y 92 del Tratado CE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida (Ponente), J.L. Murray y L. Sevón, Presidentes de Sala; C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet y R. Schintgen, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;

Secretario: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante resolución de 29 de enero de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de febrero siguiente, el Tribunal Cível da Comarca de Lisboa planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, cinco cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 59, 90 y 92 del Tratado CE.2Dicha resolución se dictó en el marco de un litigio pendiente ante el Tribunal Cível da Comarca de Lisboa que dio lugar ya a la remisión de cinco cuestiones prejudiciales idénticas, que fueron objeto de un auto del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 1996, Banco de Fomento e Exterior (C-326/95, Rec. p. I-1385).3Procede recordar que el litigio principal se refiere a un procedimiento de ejecución de un crédito entablado por el Banco de Fomento e Exterior SA (en lo sucesivo, BFE) contra el Sr. y la Sra. Pechim así como Confecções Têxteis de Vouzela Ld. a.4En el citado asunto C-326/95, las partes demandadas en el litigio principal alegaban que el procedimiento seguido por BFE era ilegal, puesto que el Decreto-ley n° 41957, de 13 de noviembre de 1958 (Diario do Governo, 2° semestre de 1958, p. 558; en lo sucesivo, Decreto-ley), que confiere a BFE muchos privilegios y, en particular, el de poder proceder al cobro de los créditos con arreglo al procedimiento de ejecución previsto en materia tributaria y el de considerar a tal fin como título ejecutivo la certificación del saldo que aparece en los libros del Banco, era incompatible con las normas comunitarias relativas a la libre prestación de servicios y al Derecho de la competencia. Propusieron, en consecuencia, al órgano jurisdiccional nacional que planteara al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

1)¿Debe considerarse al Banco de Fomento e Exterior como empresa y, en particular, como empresa pública, principalmente a efectos de los artículos 90 y 92 del Tratado de Roma?2)¿Pueden considerarse como ayudas de Estado a los efectos del artículo 92 del Tratado de Roma las ventajas del Banco de Fomento e Exterior frente a sus competidores?3)¿Hay que considerar tales ventajas como restricciones a la libre prestación de servicios en la Comunidad, a efectos del artículo 59 del Tratado de Roma?4)El artículo 59, el apartado 1 del artículo 90 y el apartado 1 del artículo 92 del Tratado de Roma ¿son de efecto directo, de manera que pueden ser invocados por el ejecutado en el presente procedimiento?5)Las normas del Tratado de Roma ¿priman sobre el Derecho nacional y derogan aquel que le sea contrario?

5En su primera resolución de remisión, el Juez nacional había decidido suspender el procedimiento al objeto de que se examinaran las cuestiones prejudiciales planteadas por las partes demandadas en el litigio principal.6En el auto Banco de Fomento e Exterior, antes citado, el Tribunal de Justicia había recordado que, con arreglo al párrafo segundo del artículo 1 77 del Tratado, cuando se plantea una cuestión prejudicial ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre ella, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.7Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la necesidad de ofrecer una interpretación del Derecho comunitario eficaz para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones (véanse, en particular, la sentencia de 26 de enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros, asuntos acumulados C-320/90, C-321/90 y C-322/90, Rec. p. I-393, apartado 6, y los autos de 19 de marzo de 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, apartado 4; de 9 de agosto de 1994, La Pyramide, C-378/93, Rec. p. I-3999, apartado 14, y de 23 de marzo de 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, apartado 12).8El Tribunal de Justicia había subrayado, además, que la información que proporcionan las resoluciones de remisión sirve no sólo para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas puedan tener la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia, y había recordado que incumbe al Tribunal de Justicia velar por que sea salvaguardada esta posibilidad, teniendo en cuenta que, con arreglo a la citada disposición, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión (sentencia de 1 de abril de 1982, Holdijk y otros, asuntos acumulados 141/81, 142/81 y 143/81, Rec. p. 1299, apartado 6, y auto Saddik, antes citado, apartado 13).9Es cierto que el Tribunal de Justicia ha admitido que la exigencia de que el Juez nacional defina el contexto fáctico y el régimen normativo en que se inscriben las cuestiones que plantea es menos imperativa cuando las cuestiones se refieren a aspectos técnicos precisos y permiten al Tribunal de Justicia dar una respuesta eficaz, aunque el Juez nacional no haya expuesto de forma exhaustiva la situación fáctica y jurídica (sentencia de 3 de marzo de 1994, Vaneetveld, C-316/93, Rec. p. I-763, apartado 13).10En el auto Banco de Fomento e Exterior, antes citado, el Tribunal de Justicia señaló, sin embargo, que no ocurría lo mismo en el asunto del que conoció en aquella ocasión, ya que la resolución de remisión no contenía ninguna indicación que respondiese a las exigencias que acaban de recordarse.11El Tribunal de Justicia hizo constar que la resolución de remisión no contenía ninguna indicación del órgano jurisdiccional nacional relativa a la situación fáctica y jurídica del asunto del que conocía, ni de las razones por las que estimaba que eran necesarias para la solución del litigio las respuestas a las cuestiones prejudiciales formuladas por las partes demandadas en el litigio principal. Así, el Tribunal de Justicia señaló que el contexto fáctico y el normativo sólo podían delimitarse a través de un análisis de los escritos de las partes en el litigio principal.12En la presente resolución de remisión, el órgano jurisdiccional nacional se refiere en primer lugar a los motivos invocados por las partes demandadas en el litigio principal, en particular: 1) que ya no está en vigor el Decreto-ley invocado por BFE; 2) que BFE no puede ampararse en el procedimiento de ejecución previsto en materia tributaria para cobrar sus eventuales créditos frente a las demandadas en el procedimiento principal; 3) que aunque deba considerarse que el Decreto-ley está aún en vigor, el hecho de que BFE recurra al procedimiento de ejecución previsto en materia tributaria para cobrar el crédito cuya ejecución se reclama constituiría una infracción de las normas comunitarias relativas a la libre prestación de servicios y al Derecho de la competencia, 4) y, por último, que de los Estatutos de BFE se desprende que no se le ha asignado ninguna misión de interés público, sino únicamente medios que le permiten intervenir en el mercado bancario en las mismas condiciones que un banco comercial.13El órgano jurisdiccional remitente indica, con respecto a este último motivo, que las partes demandadas en el procedimiento principal señalaron que BFE dispone, sin embargo, de una serie de privilegios que le permiten mantener una posición especial en los mercados bancários portugués y europeo. Así, BFE disfruta, en particular, de la exención de impuestos y contribuciones, de la concesión de privilegios especiales en materia de créditos, de la utilización de informaciones procedentes de los servicios públicos, de facilidades de tramitación para la apertura de sucursales, del beneficio del régimen de ejecución fiscal para el cobro de créditos (con la consiguiente liberación del pago de anticipos, gastos y costes diversos derivados del procedimiento) y del reconocimiento de fuerza ejecutiva a los documentos por él emitidos, de ventajas fiscales que facilitan la obtención de créditos y del beneficio del régimen público de expropiación en utilidad propia. De todo ello deducen que el Juez nacional no puede, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 90, el apartado 1 del artículo 92 y el artículo 59 del Tratado, aplicar el Decreto-ley (en particular sus artículos 2, 3, 22, 40, 42, 43, 44 y 45).14El órgano jurisdiccional nacional señala a continuación que BFE sostuvo que las ventajas concedidas por el Decreto-ley son conformes a la Ley portuguesa, que permite y protege el trato diferente de situaciones análogas, pero no equivalentes y que no son contrarias al Tratado CE.15Por último, el Juez remitente afirma que no existe controversia en cuanto a los hechos, por lo que no hay más que aplicar a estos las disposiciones aplicables de la Ley.16Por lo que se refiere a la presente resolución de remisión, es preciso señalar que sigue sin contener indicaciones suficientes que respondan a las exigencias recordadas anteriormente y que se limita, como la anterior, a reproducir las cuestiones planteadas por las partes demandadas en el litigio principal.17Hay que resaltar que el Juez remitente no se pronuncia sobre la cuestión planteada por las partes demandadas en el procedimiento principal de si el Decreto-ley continúa aún en vigor, en particular por lo que respecta al procedimiento especial de cobro de créditos, y que, al referirse simplemente a las disposiciones aplicables de la Ley, tampoco indica suficientemente cuál es el contexto normativo nacional en el que se inscriben las cuestiones que plantea.18Procede señalar a este respecto que, en el marco de las dos primeras cuestiones prejudiciales, el Juez remitente no ha indicado las características de la actividad de BFE, la misión que se le ha asignado y la forma en que se constituyó. De igual modo, no ha proporcionado elementos relativos al privilegio concedido a BFE de poder proceder al cobro de los créditos con arreglo al procedimiento de ejecución previsto en materia tributaria y, en particular, no ha indicado si dicho privilegio se ha concedido únicamente a BFE.19En estas circunstancias, procede declarar, con arreglo al artículo 92 del Reglamento de Procedimiento, la inadmisibilidad manifiesta de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia.<TI><P>Costas</P></TI>20Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

Declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Cível da Comarca de Lisboa.

Dictado en Luxemburgo, a 30 de junio de 1997.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G.C. Rodríguez Iglesias