1.Podrán concederse aplazamientos o fraccionamientos en el pago de deudas por cuotas de la Seguridad Social o recargos sobre las mismas, así como de aquellas deudas con la Seguridad Social cuyo objeto lo constituyan recursos que no tengan la naturaleza jurídica de cuotas.

[...]

Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de deudas con la Seguridad Social, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva, previa solicitud de los responsables del pago, cuando su situación económico-financiera y demás circunstancias concurrentes, apreciadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, les impida efectuar el pago de sus débitos.

Uno. Con objeto de facilitar el reintegro de las cantidades adeudadas, el [Fogasa] podrá concluir acuerdos de devolución en los que se determinarán los aspectos relativos a forma, plazos y garantías, conjugando la eficacia de la acción subrogatoria con las exigencias de continuidad empresarial y la salvaguardia del empleo.

Las cantidades aplazadas devengarán el interés legal del dinero.

Dos. La conclusión de un acuerdo de devolución en forma aplazada será comunicada al Órgano judicial que viniese entendiendo del procedimiento instado para la realización de los créditos.

Tres. El incumplimiento de lo convenido determinará la resolución del acuerdo, ejercitándose por el [Fogasa] cuantas acciones le competen, pudiendo solicitar la reapertura de las actuaciones si quedaron en suspenso.

[...]

20)La Comisión debe determinar si los elementos considerados incompatibles con el mercado común en el artículo 1 de la Decisión [de 28 de octubre de 1998] constituyen una ayuda estatal a efectos del apartado 1 del artículo 87 [CE]. En caso afirmativo, la Comisión tendría que comprobar si la ayuda es compatible con el mercado común.21)Los fundamentos de hecho y de Derecho de la sentencia Tubacex son similares a los presentados por España ante el Tribunal de Justicia en el asunto C-479/98 y por SNIACE ante el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-190/99 contra la Decisión [de 28 de octubre de 1998]. La Comisión considera que los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia son igualmente pertinentes en los acuerdos entre SNIACE y Fogasa y entre SNIACE y la [TGSS], respecto de los cuales la Decisión [de 28 de octubre de 1998] consideró que constituían una ayuda estatal.22)En primer lugar, habría que señalar que SNIACE ya tenía la obligación legal de proceder a la restitución de los salarios anticipados por Fogasa y al pago de las deudas por cuotas de la seguridad social. Por consiguiente, los acuerdos en cuestión no generaron nuevas deudas de SNIACE frente a las autoridades públicas. Así pues, en los acuerdos de devolución de Fogasa y en los acuerdos de reescalonamiento de la [TGSS] el Estado no actuó como inversor público cuya conducta deba compararse a la de un inversor privado que coloca su capital en función de su rentabilidad, sino como un acreedor público que, al igual que un acreedor privado, puede tratar de recuperar cantidades que se le adeudan. Por consiguiente, para determinar si se concedió ayuda, la Comisión ha de comparar el tipo de interés de demora aplicado a las deudas contraídas con el acreedor público con el tipo aplicado a las deudas contraídas con acreedores privados que hayan actuado en circunstancias similares.23)No obstante, hay que señalar que las circunstancias particulares de deudores y acreedores pueden resultar problemáticas para la determinación de un comportamiento común aplicable de acreedores privados que buscan recuperar las cantidades que se les adeudan. Por consiguiente, la Comisión debe basar su evaluación en un análisis del comportamiento de acreedores privados considerando cada caso por separado.24)En el caso concreto de SNIACE, a petición de la empresa en 1992, los Tribunales españoles decretaron la suspensión de pagos en marzo de 1993. Haciendo uso de su derecho de abstención, los acreedores públicos no suscribieron el acuerdo de acreedores de octubre de 1996 dentro del marco del acuerdo del procedimiento de suspensión de pagos. Como señaló la Comisión en la decisión de incoar el procedimiento, al hacer uso de su derecho de abstención, los acreedores públicos protegían todos sus créditos.25)Los acuerdos independientes entre Fogasa y SNIACE y entre la seguridad social y SNIACE no concedían a SNIACE un trato más generoso del alcanzado en el acuerdo de acreedores privados.26)Sin embargo, las circunstancias de los acreedores privados no eran las mismas que las de los acreedores públicos debido a la posición, las garantías aportadas y los derechos de abstención de que disfrutan las instituciones públicas. Por consiguiente, la Comisión considera que un planteamiento comparativo de este tipo no constituye en este caso concreto una aplicación correcta de la prueba del acreedor privado, definida en su momento por el Tribunal de Justicia, que, como éste subrayó posteriormente en su sentencia de 29 de junio de 1999 en el asunto C-256/97 (DMT), consiste en comparar el comportamiento de los acreedores públicos objeto de examen con el de un hipotético acreedor privado que se halle, en la medida de lo posible, en la misma situación.27)La Comisión señala que el artículo 1108 del Código civil español dispone que, si el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios consistirá en el interés legal, siempre que las partes no hayan convenido otro tipo de interés. Además, el artículo 312 del Código de comercio dispone que, consistiendo el préstamo en dinero, salvo que las partes hayan pactado otra cosa, el deudor está obligado a devolver el valor legal de la deuda al tiempo de la devolución. Por consiguiente, el tipo de interés legal sería el tipo más alto que puede esperar obtener un acreedor privado si recurre a la Justicia para cobrar la deuda.28)Como consecuencia de ello, un acreedor privado no habría podido obtener del deudor un tipo de interés para los atrasos superior al tipo de interés legal como compensación por no recurrir a la Justicia para cobrar la deuda.29)Por último, hay que subrayar las circunstancias particulares de SNIACE en el momento en que se celebraron los acuerdos de reescalonamiento con Fogasa y la [TGSS]. La empresa había pasado por serios problemas financieros, resultantes en la suspensión de todo el reembolso de la deuda y había serias dudas sobre su futura existencia. Como señaló la Comisión en su Decisión [de 28 de octubre de 1998], al no haber procedido a la ejecución, con lo que posiblemente habría provocado la liquidación de la empresa, la [TGSS] actuó con vistas a poder cobrar al máximo la deuda.30)Habida cuenta de lo anterior, la Comisión puede aceptar que en este caso en concreto, al reescalonar y aplicar el tipo de interés legal a las deudas de SNIACE, España pretendía recuperar al máximo las cantidades adeudadas sin sufrir una pérdida financiera. Por consiguiente, España actuó como habría actuado un hipotético acreedor privado que estuviera en la misma posición frente a SNIACE.

Anule el artículo 1 de la Decisión de 28 de octubre de 1998 en la medida en que la Comisión declara en él que:

1.la falta de cobro de los créditos, recargos de demora e intereses a favor de la [TGSS], así como los acuerdos de aplazamiento de la deuda celebrados entre Sniace y la [TGSS] el 8 de marzo de 1996, el 7 de mayo de 1996 y el 30 de septiembre de 1997, y2.la falta de cobro de los créditos e intereses de demora a favor del [...] Fogasa, así como los convenios suscritos entre Sniace y el [...] Fogasa el 5 de noviembre de 1993 y el 31 de octubre de 1995

no constituyen ayudas de Estado en el sentido del artículo [87 CE, apartado 1], a excepción de los tipos de interés divergentes de los tipos de mercado.

Anule el artículo 1 de la [Decisión impugnada] en la medida en que la Comisión declara en él que:

la falta de cobro de los créditos, recargos de demora e intereses debidos a la [TGSS], así como los acuerdos de aplazamiento de la deuda celebrados entre Sniace y este organismo el 8 de marzo de 1996, el 7 de mayo de 1996 y el 30 de septiembre de 1997, y

la falta de cobro de los créditos e intereses de demora debidos al Fogasa, así como los convenios suscritos entre Sniace y el Fogasa el 5 de noviembre de 1993 y el 31 de octubre de 1995

no constituyen ayudas de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.

Declare la inadmisibilidad del recurso.

Declare la inadmisibilidad del recurso.