1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal seguido contra YR y otros por participación en un grupo criminal organizado con el fin de cometer delitos fiscales.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Tratado de la Unión Europea

3

El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, dispone:

Carta

4

A tenor del artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Carta:

Derecho búlgaro

Ley del Poder Judicial

5

El artículo 9, apartado 1, de la Zakon za sadebnata vlast (Ley del Poder Judicial) establece:

6

El artículo 86 de esta Ley dispone:

7

El artículo 360b de la referida Ley tiene la siguiente redacción:

Metodología uniforme

8

El Consejo Superior del Poder Judicial estableció la Edinna metodika po prilozhenieto na printsipa za sluchayno razpredelenie na delata v rayonnite, okrazhnite, administrativnite, voennite, apelativnite i spetsializiranite sadilishta (Metodología uniforme sobre la aplicación del principio de reparto aleatorio de asuntos en los tribunales de primera instancia, provinciales, administrativos, militares, de apelación y especializados) (en lo sucesivo, «Metodología uniforme»).

9

El punto 1, letra b), de la Metodología uniforme, que regula el reparto aleatorio, tiene la siguiente redacción:

10

De conformidad con el punto 3 de la Metodología uniforme, el responsable administrativo del órgano jurisdiccional o el presidente de la sección procederá al reparto.

11

El punto 4.1.1 de la Metodología uniforme, que regula la «elección de un juez en particular» en los asuntos penales y administrativos de carácter penal, expone:

Código Procesal Penal

12

El Nakazatelno‑protsesualen kodeks (Código Procesal Penal) dispone, en su artículo 6, apartado 1:

13

El artículo 10 de ese Código establece:

14

A tenor del artículo 42, apartado 2, del referido Código:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

15

El 30 de octubre de 2014, la Spetsialisirana prokuratura (Fiscalía Especial, Bulgaria) formuló una acusación contra YR y otros por participación en un grupo criminal organizado con el fin de cometer delitos fiscales, en este caso el impago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) adeudado por un importe de 6 364 428 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente 3 254 080 euros), de enero de 2008 a marzo de 2012, y sometió el asunto al Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial, Bulgaria).

16

Según una indicación que figura en la resolución de remisión, en caso de establecerse la culpabilidad de YR y otros, la determinación de su pena quedaría sujeta a la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (DO 2004, L 335, p. 8), y a la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO 2008, L 300, p. 42).

17

Este asunto fue atribuido al juez I. H.

18

La decisión intermedia dictada por el tribunal del jurado integrado por el juez I. H. y dos jurados, para que se examinara el fondo del asunto, fue anulada en apelación por vicio de procedimiento el 21 de julio de 2022 y el asunto fue devuelto a dicho tribunal.

19

Mediante auto de 26 de julio de 2022, el juez I. H. puso fin al procedimiento contra YR y otros ante la sala en cuestión del Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial), órgano jurisdiccional que había sido suprimido con efectos desde el día siguiente, debiendo transferirse los asuntos pendientes ante él al Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), al que dicho juez remitió el asunto.

20

El 28 de julio de 2022, el juez I. H. se incorporó al Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía).

21

El 4 de agosto de 2022, el responsable administrativo de la Sección de lo Penal de ese Tribunal atribuyó el asunto de YR y otros a la jueza H. K. mediante el sistema de reparto aleatorio.

22

El 27 de septiembre de 2023, la sala presidida por dicha jueza remitió el asunto al juez I. H., habida cuenta de su intervención anterior en el referido asunto. La Sala Decimosexta de la Sección de lo Penal del Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía), que preside el juez I. H. y que, como resulta de un complemento a la petición de decisión prejudicial recibido en el Tribunal de Justicia el 17 de enero de 2024, debe considerarse el órgano jurisdiccional remitente, tomó en consideración dicha remisión, al estimar que la regularidad de la atribución de un asunto es una cuestión jurídica que debe resolver él mismo, y no el responsable administrativo de la Sección de lo Penal de dicho Tribunal, puesto que el método de atribución de un asunto se rige por principios de la organización judicial y corresponde a cada tribunal verificar su propia competencia. Tras una vista en la que se dio a los acusados la oportunidad de ser oídos, el juez I. H. aceptó conocer del asunto de que se trata.

23

Debido a la referida remisión y a su aceptación, el responsable administrativo del Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) incoó procedimientos disciplinarios contra la jueza H. K., esencialmente por no haberle devuelto el asunto de que se trata para la realización de un nuevo reparto, y contra el juez I. H., por haber aceptado conocer de este asunto a pesar de no haberle sido debidamente atribuido.

24

Según el órgano jurisdiccional remitente, la situación del procedimiento contra YR y otros no se corresponde exactamente con los supuestos de elección de un juez mencionados en el punto 4.1.1 de la Metodología uniforme, pero se asemeja a uno de esos supuestos, a saber, el caso en el que, después de que una resolución de un órgano jurisdiccional de primera instancia ha sido anulada por un órgano jurisdiccional de apelación, este último devuelve el asunto al órgano jurisdiccional de primera instancia para que reanude el procedimiento.

25

Por otra parte, de la resolución de remisión se desprende que otros dos asuntos de los que había conocido el juez I. H. cuando despeñaba sus funciones en el Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial) también fueron objeto de reparto por el responsable administrativo del Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía), en un primer momento, según el sistema de reparto aleatorio. Sin embargo, los jueces así designados, al estimar que estos asuntos deberían haber sido atribuidos al juez I. H., los devolvieron a dicho responsable, que los reatribuyó a este último juez, mediante el sistema de elección de un juez en particular.

26

El órgano jurisdiccional remitente señala asimismo que ni la Metodología uniforme ni el Vatreshni pravila za sluchayno razpredelenie na delata i za zamestvane na sadii v Nakazatelno otdelenie na Sofiyski gradski sad [Reglamento interno relativo al reparto aleatorio de asuntos y a la sustitución de los jueces en la Sección de lo Penal del Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía)] regulan el control del método utilizado por el responsable administrativo para la asignación de un asunto, reparto aleatorio o elección de un juez en particular.

27

El órgano jurisdiccional remitente estima que debe considerarse que este control es de naturaleza jurisdiccional y que, por consiguiente, debe ser ejercido de manera independiente por el juez al que el responsable administrativo ha atribuido el asunto, tras oír a las partes, y debe estar sujeto al control del órgano jurisdiccional superior. Para ello, se basa en el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 10 del Código Procesal Penal y, por analogía, en el artículo 42, apartado 2, de ese Código, relativo a la remisión de un asunto de un órgano jurisdiccional a otro.

28

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente señala que otras instancias consideran que, en caso de duda sobre la regularidad de la atribución de un asunto según el sistema de reparto aleatorio, el juez que conoce del asunto debe informar de ello al responsable administrativo, que es el único competente para apreciar la regularidad de la atribución y decidir si debe, en su caso, recurrir al otro método de reparto, a saber, la elección de un juez en particular.

29

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente relaciona su situación con el concepto de «juez independiente», en el sentido del artículo 47 de la Carta, y ello por dos razones. En efecto, se trata de saber si el principio según el cual toda persona tiene derecho a que su causa sea oída por un juez independiente se respeta en una situación en la que, por una parte, un tribunal no puede pronunciarse sobre su propia competencia, sino que debe remitirse a la apreciación de un responsable administrativo, debiendo subrayarse que este, en cuanto tal, no ejerce funciones jurisdiccionales y es un elemento ajeno a la formación del órgano jurisdiccional que conoce de un asunto o que debe conocer de él, y en la que, por otra parte, el hecho de que un juez de dicho tribunal se pronuncie al respecto constituye una infracción disciplinaria.

30

El órgano jurisdiccional remitente considera asimismo que es posible establecer un paralelismo entre su situación y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, por una parte, las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por el Derecho de la Unión postulan, especialmente, la existencia de normas que regulen el nombramiento de los jueces y, por otra parte, se exige que, una vez nombrados, los jueces no estén sometidos a presión alguna y no reciban instrucciones en el ejercicio de sus funciones. En efecto, a su modo de ver, la atribución de un asunto a un juez por el responsable administrativo se asemeja a un nombramiento.

31

Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente señala que las diligencias disciplinarias incoadas contra los jueces H. K. e I. H. se refieren al contenido de resoluciones o actos adoptados por estos en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Pues bien, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en tales casos, solo pueden incoarse diligencias disciplinarias en situaciones muy excepcionales de conductas graves y totalmente inexcusables por parte de los jueces, consistentes, por ejemplo, en incumplir deliberadamente y con mala fe, o por negligencias particularmente graves y groseras, las normas del Derecho nacional y de la Unión por cuyo respeto deben velar, o en actuar con arbitrariedad o incurriendo en denegación de justicia.

32

Además, según el órgano jurisdiccional remitente, las diligencias disciplinarias incoadas contra los jueces H. K. e I. H. se refieren a situaciones en las que estos han ejercido, de forma supuestamente errónea, una facultad de la que disponen los órganos jurisdiccionales, a saber, la de verificar ellos mismos su propia competencia, situaciones en las que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no pueden incoarse tales diligencias.

33

En tales circunstancias, la Sala Decimosexta de la Sección de lo Penal del Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

34

Mediante un complemento a la petición de decisión prejudicial recibido en el Tribunal de Justicia el 29 de abril de 2024, el órgano jurisdiccional remitente remitió a este la copia de un auto del presidente del Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) de 25 de abril de 2024, dictado en el marco de las diligencias disciplinarias contra los jueces H. K. e I. H., a tenor del cual estos fueron llamados al orden por los hechos mencionados en el apartado 23 de la presente sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

35

La primera cuestión prejudicial se refiere a la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta.

36

Con carácter preliminar, procede señalar, por una parte, que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es aplicable en el contexto del procedimiento principal. En efecto, esta disposición es aplicable a cualquier instancia nacional que pueda pronunciarse, como órgano jurisdiccional, sobre cuestiones relativas a la aplicación o a la interpretación del Derecho de la Unión y que, por lo tanto, están comprendidas en los ámbitos cubiertos por este Derecho (sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 34 y jurisprudencia citada). Dado que el órgano jurisdiccional remitente constituye una de tales instancias, el procedimiento que ha de tramitar deberá cumplir las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en esta disposición.

37

Por otra parte, en la medida en que la primera cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 47 de la Carta, procede recordar que el ámbito de aplicación de la Carta, por lo que se refiere a la acción de los Estados miembros, se define en su artículo 51, apartado 1, según el cual las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión. De ello resulta que los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 78 y jurisprudencia citada].

38

Por lo que respecta al proceso penal contra YR y otros, el órgano jurisdiccional remitente se limita a mencionar que los acusados son procesados por su participación en un grupo criminal organizado con el fin de cometer delitos fiscales relativos al impago del IVA adeudado y que, si se establece su culpabilidad, la determinación de su pena debe regirse por las Decisiones Marco 2004/757 y 2008/841. Sin embargo, la resolución de remisión no contiene ninguna indicación sobre el marco fáctico en el que se inscribe este procedimiento que desarrolle tales afirmaciones y permita al Tribunal de Justicia comprobar que el referido procedimiento conlleva efectivamente una aplicación del Derecho de la Unión.

39

Conforme al artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la petición de decisión prejudicial debe contener la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal. A este respecto, procede recordar que esa indicación, al igual que la exposición concisa de los hechos pertinentes que exige el artículo 94, letra a), de dicho Reglamento de Procedimiento, debe permitir al Tribunal de Justicia comprobar, además de la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, su competencia para responder a la cuestión planteada (auto de 9 de septiembre de 2014, Parva Investitsionna Banka y otros, C‑488/13, EU:C:2014:2191, apartado 25 y jurisprudencia citada).

40

Esto no sucede en el presente asunto.

41

Pues bien, el artículo 47 de la Carta debe tenerse en cuenta, no obstante, al interpretar el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. En efecto, dado que esta última disposición obliga a todos los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar, en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, la tutela judicial efectiva, en el sentido en particular del artículo 47 de la Carta, esta última disposición debe tomarse debidamente en consideración a los efectos de la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de abril de 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, apartado 45 y jurisprudencia citada).

42

En consecuencia, procede considerar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro ha establecido un sistema de reparto de asuntos en el seno de los órganos jurisdiccionales que se basa en el principio de elección aleatoria de la formación del órgano jurisdiccional, con determinadas excepciones, y está sujeto a la intervención del responsable administrativo de cada órgano jurisdiccional, se opone a que, cuando un juez al que se ha atribuido un asunto albergue dudas en cuanto a la regularidad de dicha atribución, se le impida pronunciarse sobre esta cuestión y, en su caso, remitir el asunto a otro juez del mismo órgano jurisdiccional por considerar que el asunto debería haberle sido atribuido a este último, debiendo devolver ese primer juez el asunto de que se trate al responsable administrativo de dicho órgano jurisdiccional, para que este último compruebe la regularidad de la atribución inicial de ese asunto y proceda, en su caso, a atribuirlo de nuevo.

43

A este respecto, procede recordar que, el Derecho de la Unión, en su estado actual, no regula la organización de la administración de justicia en los Estados miembros, en particular por lo que respecta a la institución, la composición, las competencias y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales, de modo que, en principio, las normas en esta materia son competencia de los Estados miembros. Sin embargo, al ejercer esta competencia, esos Estados miembros deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartados 133 y 180 y jurisprudencia citada).

44

Así sucede, en particular, con las obligaciones derivadas del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo (sentencias de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 36 y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2024, Hann‑Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 44 y jurisprudencia citada), disposición que obliga a los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

45

Pues bien, las normas relativas al reparto de asuntos en el seno de un órgano jurisdiccional guardan relación con el concepto de «tutela judicial efectiva», en el sentido de esta disposición.

46

En efecto, las obligaciones que resultan del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, se refieren, en particular, a la existencia de un juez establecido previamente por la ley, habida cuenta de los vínculos indisociables que existen entre el acceso a un juez de este tipo y las garantías de independencia judicial y de imparcialidad de los jueces (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 55 y jurisprudencia citada), garantías exigidas asimismo por el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

47

Esta obligación de predeterminación legal de los órganos jurisdiccionales que forman parte del sistema de vías de recurso en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, que también se menciona en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, se refiere no solo a la base jurídica de la propia existencia del tribunal, sino también a la composición del órgano enjuiciador en cada asunto, así como a cualquier otra disposición de Derecho interno cuyo incumplimiento conlleva la irregularidad de la participación de uno o varios jueces en el examen del asunto (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, apartado 121 y jurisprudencia citada).

48

Además, la exigencia de independencia de los órganos jurisdiccionales que se deriva del Derecho de la Unión no solo se refiere a las influencias indebidas que pueden ejercer los poderes legislativo y ejecutivo, sino también a aquellas que pueden proceder de dentro del órgano jurisdiccional de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Hann‑Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 54 y jurisprudencia citada).

49

Asimismo, el ejercicio de la función jurisdiccional debe estar al abrigo no solo de toda influencia directa, en forma de instrucciones, sino también de las formas de influencia más indirecta que puedan orientar las decisiones judiciales [sentencia de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas), C‑197/23, EU:C:2024:956, apartado 62 y jurisprudencia citada].

50

Pues bien, la infracción de las normas relativas a la designación del juez que debe pronunciarse en un asunto determinado puede tener tal efecto [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas), C‑197/23, EU:C:2024:956, apartado 55].

51

En el presente asunto, como se desprende de la resolución de remisión, el Derecho nacional ha establecido un sistema de reparto de asuntos en el seno de los órganos jurisdiccionales que se basa en el principio de elección aleatoria de la formación del órgano jurisdiccional, con determinadas excepciones, y que está sujeto a la intervención de los responsables administrativos de dichos órganos jurisdiccionales, que son, a su vez, miembros de estos. Tal sistema de reparto no parece, en sí mismo, capaz de exponer a los tribunales así constituidos a una influencia indebida. En particular, un error en la aplicación de las normas de reparto no implica necesariamente la existencia de tal influencia. No obstante, no cabe excluir, en particular, que el hecho de no atribuir un asunto a un juez que conoció de este en una fase anterior del procedimiento, en una situación en la que el Derecho nacional establece tal atribución, pueda tener por objetivo impedir que ese juez siga conociendo del asunto.

52

En este contexto, se plantea la cuestión de la verificación de la correcta aplicación de tal sistema de reparto en un asunto concreto.

53

A este respecto, procede señalar que la posibilidad de comprobar el respeto de las garantías vinculadas al concepto de «juez establecido previamente por la ley», en el sentido precisado en el apartado 47 de la presente sentencia, es necesaria para la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar al justiciable. Así, el control del cumplimiento de la exigencia de que todo órgano jurisdiccional, por su composición, constituya un juez independiente, imparcial y establecido previamente por la ley constituye un requisito sustancial de forma cuya observancia es de orden público [véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 2008, Chronopost y La Poste/UFEX y otros, C‑341/06 P y C‑342/06 P, EU:C:2008:375, apartado 46, y de 8 de mayo de 2024, Asociația Forumul Judecătorilor din România (Asociaciones de jueces y fiscales), C‑53/23, EU:C:2024:388, apartado 55 y jurisprudencia citada]. El Tribunal de Justicia ha declarado que tal control debe poder efectuarse en el marco del examen de un recurso, en su caso de oficio cuando surja sobre este punto una duda fundada (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión, C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, apartados 57 y 58).

54

En efecto, no puede garantizarse la tutela judicial efectiva si, a instancia de una parte, o de oficio si surge una duda fundada, la observancia de las normas que confieren a un órgano jurisdiccional la condición de «juez independiente, imparcial y establecido previamente por la ley» no puede ser objeto de control jurisdiccional y de una eventual sanción en caso de incumplimiento; en caso contrario, tales normas podrían ignorarse sin que de ello se derivara ningún efecto [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas), C‑197/23, EU:C:2024:956, apartado 66].

55

De ello se deduce que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta, exige que el respeto de las normas de Derecho interno relativas al reparto de asuntos pueda ser objeto de control judicial, para determinar si el tribunal al que se ha atribuido un asunto constituye un juez independiente, imparcial y establecido previamente por la ley.

56

Dicho esto, habida cuenta de la competencia de los Estados miembros en lo que respecta a la organización de su sistema jurisdiccional, tal como se ha recordado en el apartado 43 de la presente sentencia, el Derecho de la Unión no se opone a que, cuando un juez al que el responsable administrativo del órgano jurisdiccional de que se trate ha atribuido un asunto albergue dudas en cuanto a la regularidad de dicha atribución a la luz de las normas del Derecho nacional aplicables, deba devolver ese asunto al referido responsable, en atención a sus prerrogativas legales, para que este verifique dicha regularidad, y, en su caso, deba aceptar examinar el asunto en cuestión si se confirma la atribución inicial. No obstante, la regularidad de una atribución efectuada por el referido responsable debe poder ser objeto de un control jurisdiccional con arreglo a las normas del Derecho nacional.

57

A la vista de cuanto antecede, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro ha establecido un sistema de reparto de asuntos en el seno de los órganos jurisdiccionales que se basa en el principio de elección aleatoria de la formación del órgano jurisdiccional, con determinadas excepciones, y que está sujeto a la intervención del responsable administrativo de cada órgano jurisdiccional, no se opone a que, cuando un juez al que se ha atribuido un asunto albergue dudas en cuanto a la regularidad de dicha atribución, se le impida pronunciarse sobre esta cuestión y, en su caso, remitir el asunto a otro juez del mismo órgano jurisdiccional por considerar que el asunto debería haberle sido atribuido a este último, debiendo devolver ese primer juez el asunto en cuestión al responsable administrativo de dicho órgano jurisdiccional, para que este último verifique la regularidad de la atribución inicial de ese asunto y proceda, en su caso, a atribuirlo de nuevo. La regularidad de la atribución efectuada por tal responsable debe poder ser objeto de un control jurisdiccional con arreglo a las normas del Derecho nacional.

Segunda cuestión prejudicial

58

Mediante su segunda cuestión prejudicial, planteada en el mismo contexto normativo nacional que la primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo y el artículo 47 de la Carta deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, cuando un juez al que se ha atribuido un asunto con arreglo al sistema aleatorio de reparto considera que, excepcionalmente, ese asunto debería haber sido atribuido en concreto a otro juez del mismo tribunal y, en consecuencia, le remite el referido asunto, y este último acepta pronunciarse sobre su propia competencia, pueda considerarse que esos dos jueces han incurrido en una falta disciplinaria.

59

A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 267 TFUE, la decisión prejudicial solicitada debe ser «necesaria» para que el órgano jurisdiccional remitente pueda «emitir su fallo» en el asunto de que conoce. De estos términos y del sistema de dicho artículo se desprende, por una parte, que ante el órgano jurisdiccional que solicita una sentencia prejudicial debe pender un litigio en el que proceda adoptar una resolución que pueda tener en cuenta dicha sentencia [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de marzo de 2022, Prokurator Generalny (Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑508/19, EU:C:2022:201, apartado 62 y jurisprudencia citada] y, por otra parte, que el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre una cuestión prejudicial cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal (sentencia de 21 de septiembre de 2023, Juan, C‑164/22, EU:C:2023:684, apartado 42 y jurisprudencia citada).

60

En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente conoce de un proceso penal contra YR y otros, y no de un procedimiento disciplinario contra los jueces I. H. y H. K. Pues bien, a la vista de la resolución de remisión, la cuestión de si la adopción, por esos dos jueces, de determinadas resoluciones sobre la atribución del asunto relativo a ese proceso penal puede ser constitutiva de infracción disciplinaria carece de interés para la resolución que debe dictarse en el marco del referido proceso, puesto que la resolución de remisión no proporciona indicaciones fundamentadas en cuanto a la existencia de un vínculo efectivo entre ambos procedimientos.

61

Así pues, la segunda cuestión prejudicial solo podía tener un interés en relación con el procedimiento disciplinario que, en la fecha de la resolución de remisión, estaba pendiente ante una instancia distinta del órgano jurisdiccional remitente, en cuyo marco, por otra parte, podría haberse planteado (véase, por analogía, el auto de 22 de diciembre de 2022, Sąd Najwyższy, C‑491/20 a C‑496/20, C‑506/20, C‑509/20 y C‑511/20, EU:C:2022:1046, apartados 84 y 85).

62

Por consiguiente, la segunda cuestión prejudicial es inadmisible.

Costas

63

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.