Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
TAMARA ĆAPETA
presentadas el 3 de septiembre de 2026 (1)
Asunto C‑320/25 [Lertimene] (i)
HG
contra
Ministero dell’Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza
[Petición de decisión prejudicial del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia)]
« Petición de decisión prejudicial — Política social — Directiva 2006/54/CE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación — Procedimiento de selección para los cuerpos policiales nacionales — Requisitos de acceso — Exclusión de una candidata del procedimiento de selección a causa de un tatuaje visible usando el uniforme de representación obligatorio para las mujeres »
I. Introducción
1. ¿Puede un tatuaje afectar a las oportunidades laborales de una persona?
2. Le sucedió a la Sra. HG, que solicitó participar en un proceso de selección público para el cuerpo de policía italiano.
3. Tras aprobar la prueba escrita, fue excluida del procedimiento de selección debido a que lucía un pequeño tatuaje en forma de flor en la pantorrilla izquierda.
4. En Italia, como regla general, está prohibido que los agentes de policía lleven tatuajes visibles. El presente asunto no pone en entredicho esta norma. Sin embargo, el tatuaje de la Sra. HG solo es visible cuando esta lleva falda, la cual constituye, junto con los zapatos de tacón, el uniforme obligatorio para las mujeres policías en ciertas ceremonias. A los hombres se les exige llevar pantalones en tales ceremonias, de manera que a ellos no se les denegaría la posibilidad de acceso al cuerpo de policía solo por llevar un tatuaje en la pantorrilla. En consecuencia, el presente asunto suscita la cuestión de una posible discriminación por razón de sexo.
5. En tales circunstancias, el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), ante el cual interpuso recurso la Sra. HG, solicita la ayuda del Tribunal de Justicia para determinar si la exclusión del procedimiento de selección constituye una discriminación por razón de sexo prohibida por el Derecho de la Unión, en particular, por la Directiva 2006/54/CE. (2)
II. Hechos del procedimiento principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
6. Mediante decreto del Capo della Polizia del 7 luglio 2023 (Decreto del Jefe de Policía de 7 de julio de 2023) se convocó un proceso selectivo para la contratación de 1 650 aspirantes a agentes de Policía Nacional. (3)
7. Tras superar la prueba escrita y haber sido convocada para una evaluación de la aptitud psicofísica el 1 de marzo de 2024, la Sra. HG fue excluida del procedimiento de selección por el tribunal médico por tener un «tatuaje en una parte no cubierta por el uniforme (pierna izquierda)», contrario a la normativa nacional vigente. (4) En efecto, dicho tatuaje habría sido visible con el uso del «uniforme de representación», reservado para ceremonias y que, para la mujer, contempla el uso de falda y zapatos de tacón. (5)
8. La Sra. HG interpuso un recurso ante el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia) por el que solicitaba la anulación de la resolución de exclusión y la adopción de las medidas cautelares necesarias para poder continuar en el proceso selectivo.
9. En apoyo de su recurso, la Sr. HG critica haber sido automáticamente excluida del procedimiento de selección únicamente por la existencia de un tatuaje que es visible solo utilizando el «uniforme de representación». Alega que esto constituye una discriminación resultante de la aplicación diferenciada de las normas vigentes por razón de sexo y critica la falta de motivación por parte de la Administración al presentar las razones que justifican dicho trato.
10. Mediante el auto n.º 2376 de 6 de junio de 2024, el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) estimó la medida cautelar solicitada y permitió que HG participara en las fases sucesivas del proceso selectivo. Como se expone en la resolución de remisión, la motivación para la concesión de esta medida cautelar, entre otros motivos, por la valoración del órgano jurisdiccional remitente en el sentido de que excluir a la Sra. HG del procedimiento de selección constituye una discriminación. En efecto, en situaciones comparables (existencia de un tatuaje en la pantorrilla) se ha llegado a conclusiones distintas según se trate de un candidato de sexo masculino o femenino. El órgano jurisdiccional remitente consideró que esta discriminación por razón de sexo era contraria a la Directiva 2006/54.
11. Posteriormente, la Sra. HG añadió a su recurso inicial una solicitud de anulación del decreto del Capo della Polizia del 10 maggio 2024 (Decreto del Jefe de Policía de 10 de mayo de 2024), que aprobaba la lista definitiva de candidatos seleccionados, en la cual ella no estaba incluida.
12. A expensas de la apreciación del fondo del asunto, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), mediante el auto n.º 3092, de 29 de agosto de 2024, estimó el recurso de apelación interpuesto por la Administración contra el auto n.º 2376 de 6 de junio de 2024, por el que el órgano jurisdiccional remitente había estimado las medidas cautelares, explicando que «un miembro de la Policía Nacional […] debe garantizar la idoneidad psicofísica en todas las circunstancias en las que pueda ser requerida su intervención», una línea argumental recurrente en su jurisprudencia. (6)
13. Por lo tanto, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) ha desarrollado un principio con arreglo al cual no es discriminatoria la exclusión de las candidatas de un procedimiento de selección por tener un tatuaje visible al utilizar el «uniforme de representación».
14. Apartándose de la postura del Consiglio di Stato (Consejo de Estado), el órgano jurisdiccional remitente considera que la política controvertida de selección de agentes de policía es discriminatoria y, por ende, contraria, en particular, al Derecho de la Unión, que prohíbe la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente consideró necesario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia antes de resolver sobre el fondo del asunto.
15. En la resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente indica que: i) el «uniforme de representación» solo se utiliza en ocasiones de alto nivel institucional (ceremonias, desfiles, actos de honor y actos de representación); ii) los responsables policiales pueden autorizar a las mujeres a usar pantalones en tales ocasiones de alto nivel institucional sin que se hayan establecido previamente los requisitos de la excepción, y iii) las mujeres pueden utilizar pantalones y zapatos ordinarios en el servicio activo y, en cualquier caso, el uniforme de representación no se corresponde con el atuendo operativo habitual de la policía.
16. En tales circunstancias, el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se oponen el Derecho de la Unión Europea y, en particular, el artículo 2, apartado 1, letra b), de la [Directiva 2006/54], los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta»), el principio de no discriminación por razón de sexo, los principios enunciados en el marco de la interpretación de la Directiva 2000/78/CE (7) y el principio de proporcionalidad, a la normativa nacional contenida en el artículo 3, apartado 7, quinquies, del Decreto Legislativo 95/2017 y en el artículo 3, apartado 2, así como en la tabla 1, punto 2, letra b), del Decreto Ministerial 198/2003, tal como es aplicada por la Administración competente en materia de seguridad pública e interpretada en el Derecho vigente, que permite excluir a una candidata del proceso selectivo para ingresar en un cuerpo de policía por tener un tatuaje en una zona que no cubre el uniforme, cuando ese tatuaje solo es visible en caso de que se utilice el uniforme de representación, previsto para actos de representación, en la versión que contempla el uso de falda y zapatos de tacón?»
17. Han presentado observaciones escritas al Tribunal de Justicia la Sra. HG, los Gobiernos italiano y griego y la Comisión Europea.
18. El 7 de mayo de 2026 se celebró la vista, en la que el Gobierno italiano y la Comisión formularon observaciones orales.
III. Apreciación
A. Reformulación de la cuestión
19. Como es bien conocido, en el procedimiento prejudicial el Tribunal de Justicia puede reformular la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente. Esto se hace con frecuencia cuando el Tribunal de Justicia, atendiendo a los autos que obran en su poder y a las observaciones de las partes, llega a la conclusión de que una cuestión formulada de forma diferente proporcionaría una respuesta más útil para el órgano jurisdiccional remitente, que le permitiría resolver el asunto de que conoce de conformidad con el Derecho de la Unión. (8) En el presente asunto soy del parecer de que procede modificar ligeramente la cuestión planteada.
20. En primer lugar, debo señalar que el principio de no discriminación por razón de sexo y el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución, que se consagran respectivamente en los artículos 21 y 23 de la Carta, se han visto concretados en la Directiva 2006/54 en cuanto al trabajo y el empleo, incluido el acceso al empleo.
21. En consecuencia, basta con que el Tribunal de Justicia interprete dicha Directiva para poder proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente. (9)
22. En segundo lugar, la Directiva 2006/54, en su artículo 14, prohíbe toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, entre otras cosas, en relación con las condiciones de acceso al empleo [artículo 14, apartado 1, letra a)]. El órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación, en particular, del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/54, que contiene una definición de discriminación indirecta. Sin embargo, según expongo más adelante, existen motivos para considerar que la situación de que se trata en el procedimiento principal constituye un ejemplo de discriminación directa, en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/54.
23. En tercer lugar, el artículo 14, apartado 2, de la referida Directiva permite a los Estados miembros tratar de forma diferente por razón de sexo a los candidatos a un empleo cuando así lo requieran la naturaleza de las actividades profesionales concretas o el contexto en que se lleven a cabo, siempre que se trate de un requisito profesional esencial y determinante, su objetivo sea legítimo y se respete el principio de proporcionalidad.
24. Los argumentos presentados en la resolución de remisión, así como el debate mantenido entre las partes y otros intervinientes en el procedimiento, tanto en sus observaciones escritas como en la vista, demuestran que la interpretación de todas las disposiciones citadas de la Directiva 2006/54 puede ser útil para la resolución del asunto por el órgano jurisdiccional nacional.
25. En consecuencia, propongo que se reformule la cuestión en este sentido: ¿Debe interpretarse la prohibición de toda discriminación directa o indirecta, con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2006/54 y tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de esta Directiva, en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que permite excluir a una candidata del proceso selectivo para ingresar en un cuerpo de policía por tener un tatuaje en una zona que no cubre el uniforme, cuando ese tatuaje solo es visible en caso de que se utilice el uniforme de representación, previsto para actos de representación, que incluye el uso de falda y zapatos de tacón?
B. ¿Es discriminatoria por razón de sexo la política de selección controvertida?
1. Discriminación directa o indirecta
26. De los hechos del presente asunto se desprende con claridad que, si hubiera sido un hombre, la Sra. HG no habría sido excluida del procedimiento de selección por la única razón de tener un tatuaje en la pantorrilla. Por lo tanto, resulta evidente que en el procedimiento de selección para el cuerpo de policía italiano las mujeres reciben un trato diferente al de los hombres. No obstante, la cuestión que se plantea es si esta diferencia de trato constituye una discriminación por razón de sexo, prohibida por el Derecho de la Unión.
27. Tal como se trasluce en la cuestión prejudicial y como ha observado la Comisión, la exclusión de la Sra. HG del procedimiento de selección es el resultado de la aplicación combinada de dos normas nacionales que regulan el cuerpo de policía italiano. La primera de ellas prohíbe a los agentes de policía tener tatuajes visibles cuando lleven el uniforme (en lo sucesivo, «prohibición de tatuajes»). La segunda se refiere a los uniformes y contempla dos uniformes de representación diferentes para hombres y mujeres policías que participen en actos protocolarios (en lo sucesivo, «norma del uniforme de representación»). Durante el procedimiento de selección, se comprueba si los candidatos presentan tatuajes visibles al llevar el uniforme de representación.
28. Es importante aclarar, desde el principio, que el presente asunto no cuestiona la legalidad de ninguna de estas dos normas de forma aislada. (10) Únicamente se trata de aclarar si su aplicación combinada puede calificarse como discriminación por razón de sexo.
29. Esta aplicación combinada de la prohibición de tatuajes y de la norma del uniforme de representación deriva en la automática exclusión del procedimiento de selección y, por ende, del acceso al empleo en el cuerpo de policía en Italia de las candidatas que tengan un tatuaje en la parte inferior de la pierna. Al mismo tiempo, los candidatos hombres que tengan un tatuaje en la misma parte del cuerpo no pueden ser excluidos solo por este motivo. En lo sucesivo me referiré a esta política como «política de selección controvertida».
30. La primera cuestión que se plantea en los asuntos relativos a una eventual discriminación por razón de sexo es si una determinada norma o práctica que deriva en un trato diferente a hombres y mujeres debe ser calificada como discriminación directa o indirecta. Esto orienta, a su vez, los siguientes pasos del análisis hacia una evaluación de si la aplicación de dicha norma o práctica puede justificarse.
31. La discriminación directa se define en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/54/CE, con arreglo al cual existe discriminación directa en «la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable».
32. La discriminación indirecta se define en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/54, con arreglo al cual se entenderá que existe discriminación indirecta en «la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.» (11)
33. En ambos casos, una persona de determinado sexo es tratada de forma menos favorable. Sin embargo, en el caso de la discriminación directa, el sexo es el motivo directo para el trato desfavorable, mientras que en la discriminación indirecta no es evidente que el sexo sea el motivo para tal trato.
34. Mientras que, en principio, es inaceptable la discriminación directa basada en el sexo, el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/54 permite una diferenciación entre sexos si puede estar justificada por un requisito profesional esencial y determinante (en lo sucesivo, «excepción del requisito profesional esencial y determinante»). La discriminación indirecta puede estar justificada si la norma aparentemente neutra que deriva en un trato menos favorable de un sexo es efectivamente neutra, es decir, no tiene por objeto hacer una distinción entre sexos, sino que persigue otro objetivo legítimo y es adecuada y necesaria para alcanzarlo, aunque implique colocar en una situación menos ventajosa a las personas de un determinado sexo. La Directiva 2006/54 no contiene una lista de motivos que puedan justificar una norma aparentemente neutra que derive en una situación desfavorable para uno de los sexos, pues tales motivos inevitablemente diferirán en función de la naturaleza y los objetivos de la norma. Sin embargo, la excepción del requisito profesional esencial y determinante, que puede constituir un motivo para apartarse de la prohibición de discriminación directa, también puede servir para justificar la discriminación indirecta. (12)
35. En cuanto a las consecuencias jurídicas, la diferencia fundamental entre calificar una situación como discriminación directa o indirecta reside en el número y el tipo de justificaciones que pueden invocarse para hacer que el mismo resultado sea legítimo, es decir, el trato menos favorable a las personas de un determinado sexo.
36. No siempre es sencillo clasificar las situaciones de la vida real dentro de uno u otro tipo de discriminación, como demuestran los siguientes asuntos.
37. En el asunto Dekker no se ofreció un empleo a una mujer embarazada, pese a ser la mejor candidata, ya que el empresario no habría tenido derecho al reembolso de las prestaciones diarias que habría estado obligado a abonarle durante su período de descanso por maternidad, beneficio que amparaba a los trabajadores en situación de incapacidad laboral derivada de enfermedad. Pese a la aparente neutralidad de la invocación del régimen de seguro en cuestión (el cual, de por sí, no diferenciaba entre hombres y mujeres, sino que asimilaba el embarazo a la enfermedad), el Tribunal de Justicia declaró que la negativa de contratación a la mujer constituía una discriminación directa, pues solo las mujeres pueden estar embarazadas y ser rechazadas por esta razón. (13)
38. Sin embargo, en la sentencia Kalliri, el Tribunal de Justicia consideró que constituía discriminación indirecta una normativa nacional aparentemente neutra que imponía un requisito mínimo de estatura a los candidatos a ser admitidos en un concurso para el ingreso en la Escuela de Policía griega. (14) El Tribunal de Justicia declaró que, al ser generalmente las mujeres de menos estatura que los hombres, la norma constituía discriminación indirecta, que el Tribunal de Justicia consideró injustificada.
39. La presente situación muestra similitudes con ambos asuntos. Aunque, de por sí, el hecho de llevar falda en principio no representa una característica intrínsecamente femenina, como sí lo es, por ejemplo, la capacidad de quedarse embarazada, una norma que obliga a los hombres a llevar pantalones y a las mujeres faldas como parte del uniforme de representación implica que solo las mujeres están obligadas a llevar falda en el desempeño de sus funciones policiales. La aplicación combinada de la prohibición de tatuajes y de la norma del uniforme de representación en la política de selección controvertida trata de hecho el uso de falda en ceremonias como una característica exclusivamente femenina. Al igual que en el asunto Dekker, esta norma deriva en una situación en la que solo se excluye del procedimiento de selección a las mujeres si presentan un tatuaje en la parte inferior de la pierna. Este podría ser un argumento a favor de calificar como discriminación directa la situación objeto del procedimiento principal.
40. Al mismo tiempo, existen similitudes con la situación del asunto Kalliri. En cuanto a la prohibición de tener tatuajes visibles, la prohibición de tatuajes parece neutra por lo que respecta al sexo como motivo de discriminación prohibido. Sin embargo, la política de selección controvertida, por la que se examinan los tatuajes de los candidatos cuando llevan uniforme de representación, lleva a excluir del procedimiento de selección a algunas mujeres. Así pues, esa norma neutra, combinada con la norma del uniforme de representación, solo afecta negativamente a las mujeres, aun sin manifestar ninguna intención de tratarlas de forma menos favorable. Todo ello puede llevar a la conclusión de que la situación controvertida constituye discriminación indirecta.
41. Yo me inclino por calificar la presente situación como discriminación directa, pues hallo mayor similitud con los hechos del asunto Dekker. A diferencia de las situaciones en que el Tribunal de Justicia ha apreciado que existía discriminación indirecta por razón de sexo, la aplicación combinada de las dos normas dentro de la política de selección controvertida solamente excluye a las mujeres (como sucede con el embarazo en el asunto Dekker), mientras que las normas basadas en la estatura o en la condición de trabajador a tiempo parcial (como en los asuntos Kalliri y Bilka-Kaufhaus, respectivamente) también pueden afectar a los hombres, aunque en la práctica afecten asimétricamente a las mujeres. Es importante señalar que, aunque no se trate de una característica intrínsecamente femenina, la obligación de llevar falda en ciertas ocasiones con arreglo al Derecho nacional liga indisociablemente el atuendo al sexo de la persona, lo cual, en otros ámbitos de la legislación en materia de discriminación, ha sido considerado por el Tribunal de Justicia como un importante factor para apreciar discriminación directa. (15)
42. A mi parecer, la política de selección controvertida reúne los tres elementos requeridos por la definición que contiene el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/54 para poder calificar una situación como discriminación directa: i) un trato menos favorable; ii) en comparación con una persona en una situación comparable, y iii) basado en el sexo de la persona.
43. Con arreglo a la política de selección controvertida, a la que están sujetos todos los candidatos, una mujer que tenga un tatuaje en la parte inferior de la pierna y un hombre que tenga un tatuaje en el mismo lugar (situación comparable) son tratados de forma diferente. A la mujer se le excluye del procedimiento, y al hombre no (trato menos favorable). Esta diferenciación entre personas en situación comparable se basa en el sexo, pues las mujeres son examinadas llevando falda a causa de la norma sobre uniformes que las obliga a usar falda como parte del uniforme de representación, precisamente por ser mujeres (basado en el sexo).
44. Por estos motivos, considero que la situación controvertida debe ser tratada como discriminación directa, que solo es admisible si así lo determina un requisito profesional esencial y determinante.
45. Sin embargo, aunque propongo que el Tribunal de Justicia trate la situación del presente asunto como una discriminación directa, estoy de acuerdo con la Comisión en que en el presente asunto clasificar la situación como discriminación directa o indirecta carece de efectos significativos, pues ninguna de las razones formuladas por el Gobierno italiano puede justificar el trato menos favorable de las mujeres en los procesos de selección para el acceso al empleo en el cuerpo de policía.
46. En la siguiente parte de mi análisis, voy a demostrar que la política de selección controvertida no puede justificarse invocando la excepción del requisito profesional esencial y determinante, y que ninguno de los objetivos presentados por el Gobierno italiano como justificación de dicha política puede llevar a considerar esa política proporcionada para alcanzarlos. Ese análisis podría aplicarse para apreciar discriminación aunque la situación del presente asunto se considere de discriminación indirecta.
2. ¿Puede justificarse la política de selección controvertida?
a) Requisito profesional esencial y determinante
47. Como se ha indicado anteriormente, la excepción del requisito profesional esencial y determinante es el único motivo por el cual la Directiva 2006/54 permite una diferenciación explícita entre hombres y mujeres. (16)
48. A tal efecto, el artículo 14, apartado 2, de la Directiva establece: «Los Estados miembros podrán disponer, por lo que respecta al acceso al empleo, incluida la formación pertinente, que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo no constituirá discriminación cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando su objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.»
49. El Gobierno italiano parece considerar la participación en actos protocolarios como un requisito profesional necesario para los agentes de policía. A tal efecto, se basa en la jurisprudencia de Consiglio di Stato (Consejo de Estado), que, como ya he expuesto (véanse los puntos 12 y 13 de las presentes conclusiones), entiende que la política de selección controvertida no es discriminatoria, pues los miembros de la Policía Nacional deben garantizar la idoneidad física en todas las circunstancias en las que pueda ser requerida su intervención. Esto incluye la participación en los actos protocolarios del cuerpo de policía. La capacidad de participar en tales actos, por tanto, parece entenderse como un requisito profesional esencial y determinante, lo que justifica la política de excluir a las mujeres que no puedan participar en estas actividades debido a que sus tatuajes quedarían a la vista llevando el uniforme de representación requerido en las ceremonias.
50. En la jurisprudencia relativa a la Directiva 76/207, (17) predecesora de la Directiva 2006/54, el Tribunal de Justicia admitió que la exclusión de las mujeres de ciertas actividades profesionales en el cuerpo de policía o en el ejército estaba justificada toda vez que el sexo constituye una condición determinante, debido a las circunstancias concretas o a la naturaleza de la actividad. Así, en la sentencia Comisión/Francia, el Tribunal de Justicia reconoció que el sexo puede ser una condición determinante para trabajos como los de los vigilantes y vigilantes jefes de prisiones. (18) En la sentencia Johnston, admitió que se excluyese a las mujeres de las actividades de policía ejercidas en una situación de graves disturbios internos, como sucedía con frecuencia en aquel entonces en Irlanda del Norte. (19) En la sentencia Sirdar, en relación con las fuerzas armadas, el Tribunal de Justicia declaró que la exclusión de las mujeres del servicio en unidades de combate como los Royal Marines puede estar justificada por razón de la naturaleza y de las circunstancias del ejercicio de las actividades de que se trata. (20)
51. En todos esos casos, dado que el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/54 es una excepción a la regla que prohíbe diferenciar por razón de sexo, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que debe interpretarse restrictivamente. (21)
52. En línea con esta exigencia de interpretación estricta, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprenden diversos presupuestos para su aplicación. (22)
53. En primer lugar, el concepto de «requisito profesional esencial y determinante» implica un requisito objetivamente dictado por la naturaleza de la actividad profesional de que se trate o por el contexto en que esta se lleve a cabo. De este modo, el concepto no puede «cubrir consideraciones subjetivas, como la voluntad del empresario de tener en cuenta los deseos particulares del cliente», cual era el caso en el asunto Bougnaoui, donde se trataba de una discriminación por motivos de religión. (23)
54. En segundo lugar, la diferencia de trato no se basa en el sexo, sino en la característica relativa al sexo, de manera que es esta característica lo que debe constituir un requisito profesional esencial y determinante. (24) Por ejemplo, en la sentencia Wolf, referida a la discriminación por razón de la edad, el Tribunal de Justicia expuso que el requisito de estar en buena forma física, que puede vincularse a la edad, constituye un requisito esencial y determinante para ser bombero. (25)
55. En tercer lugar, para invocar la excepción del requisito profesional esencial y determinante, la exclusión de las personas de un cierto sexo de determinadas actividades debido a la característica vinculada al sexo debe perseguir un objetivo legítimo y la norma que genere la distinción debe ser adecuada y necesaria para alcanzarlo. Por ejemplo, en la sentencia Sirdar, (26) el Tribunal de Justicia admitió que la necesidad de estar preparado para acciones de combate como miembro de los Royal Marines, con independencia del cargo, puede admitirse como adecuada y necesaria para garantizar la seguridad pública.
56. Volviendo a los presupuestos primero y segundo, según se aplican en el presente asunto, parece que el Gobierno italiano considera que llevar una falda, característica asociada al sexo femenino por la legislación aplicable, viene objetivamente impuesta por la condición de agente de policía, la cual requiere participar en actos protocolarios.
57. A mi parecer, en primer lugar, aunque los Estados miembros gozan de discrecionalidad para organizar su cuerpo de policía, considerar la participación de los agentes de policía en ceremonias como una actividad profesional determinante que puede justificar la discriminación por razón de sexo no se compadece con la exigencia de interpretar restrictivamente dicha excepción. Las actividades protocolarias, por significativas que sean a la hora de presentar al cuerpo de policía ante la sociedad, generando así confianza en este servicio público, no dejan de ser una parte muy marginal del trabajo de un agente de policía, como observa el órgano jurisdiccional remitente. Por consiguiente, en mi opinión, el primer presupuesto necesario para poder invocar un requisito profesional esencial y determinante no se cumple en el presente asunto, pues los requisitos objetivos derivados de la naturaleza de la labor policial no justifican excluir a las mujeres del cuerpo de policía solo por no poder participar en actividades protocolarias.
58. En segundo lugar, el hecho de que las mujeres usen falda no constituye una característica innata del sexo femenino, sino un elemento impuesto por la ley que prescribe la falda como parte del uniforme de representación de las mujeres. Aun admitiendo tal estereotipo como característica ligada al sexo femenino, se hace difícil admitir que sea necesaria para participar en ceremonias, si esa participación se entiende como objetivamente dictada por la naturaleza de la labor policial. Esto queda especialmente patente considerando que el uniforme de servicio activo utilizado por las agentes de policía incluye pantalones.
59. Por lo tanto, la política de selección basada en la regla de que las mujeres no deben tener tatuajes visibles cuando lleven el uniforme de representación no satisface los dos primeros presupuestos, expuestos en los puntos 53 y 54 de las presentes conclusiones, para poder invocar un requisito profesional esencial y determinante como excepción al principio de no discriminación directa por razón de sexo.
60. Además, tal como voy a demostrar en el siguiente título, la política de selección controvertida tampoco cumple el tercer presupuesto para poder invocar el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/54, expuesto en el punto 55 de las presentes conclusiones. Dicha política no es proporcionada a ninguno de los objetivos analizados en el presente procedimiento como posible razón justificativa. Esto también sirve de argumento a favor de considerar que la política de selección controvertida es contraria al principio de proporcionalidad, aun en caso de que el Tribunal de Justicia decida tratar esta situación como discriminación indirecta, en lugar de directa.
b) Objetivos y proporcionalidad de la política de selección
61. El artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/54 exige que la excepción basada en un requisito profesional persiga un objetivo legítimo y satisfaga el principio de proporcionalidad. (27)
62. El Gobierno italiano invocó motivos relativos a la uniformidad y la dignidad del cuerpo de policía para justificar la prohibición de tatuajes. Sin embargo, como he señalado al principio, en el presente asunto no se cuestiona la elección de la política nacional.
63. Antes bien, es necesario establecer una relación entre la exigencia de que las mujeres lleven falda al cumplir funciones ceremoniales y la norma que las excluye del cuerpo de policía por tener un tatuaje visible al usar dicho uniforme. Así pues, la cuestión se limita a la justificación de la exigencia (casi) incondicional de llevar falda en las ceremonias.
64. A este respecto, el Gobierno italiano ha formulado dos argumentos referentes a la función del uniforme en las ceremonias: en primer lugar, transmite al público los valores del cuerpo de policía italiano y, en segundo lugar, asegura la uniformidad, facilitando que el público reconozca a un agente perteneciente a dicho cuerpo. En la vista se debatió también una tercera posible justificación, a saber, la necesidad de una acción positiva dirigida a atraer a las mujeres al cuerpo. Voy a analizar estos tres objetivos de forma sucesiva, así como la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, respecto al logro de cada uno de ellos, de la política de selección controvertida, que niega a las mujeres el acceso al cuerpo de policía si lucen un tatuaje visible al usar el uniforme de representación exigido a las agentes de policía femeninas.
1) Transmitir valores
65. Al serle solicitado en la vista que explicase qué valores transmite el hecho de que las agentes de policía femenina lleven falda como parte del uniforme de representación, el Gobierno italiano dio una respuesta general en el sentido de que transmite «valores tradicionales».
66. La elección de un uniforme y los motivos de esta elección pueden ser reflejo de la tradición, que varía de un Estado miembro a otro. En cualquier caso, la elección de un uniforme es una decisión que se incardina en el ámbito de discrecionalidad de los Estados miembros. En la vista, el Gobierno italiano expuso que en aquel país el cuerpo de policía lleva a gala figurar entre los primeros servicios públicos armados que permitieron el acceso a las mujeres, lo cual se refleja en los actos protocolarios, en los que las mujeres llevan uniformes tradicionales. Por lo tanto, la decisión de que las mujeres lleven uniforme en las ceremonias puede entenderse como reflejo de dicha tradición.
67. Sin embargo, la discrecionalidad de que gozan los Estados miembros para elegir uniforme no puede justificar la discriminación, tampoco por razón de sexo. Es cierto que la exigencia de que las mujeres lleven uniformes tradicionales en ciertas ocasiones, uniformes que ya no utilizan en sus funciones diarias, quizá no sea discriminatoria de por sí. No obstante, se hace discriminatoria cuando sitúa a las mujeres en una posición menos ventajosa que la de los hombres en el acceso al empleo. En el presente asunto, esa exigencia deriva en la exclusión automática de las mujeres del cuerpo de policía si tienen un tatuaje que visible al usar falda, pero no deriva en la exclusión de los hombres con tatuajes que se harían visibles si llevasen esa misma prenda.
68. Sea como fuere, la política de selección controvertida no es proporcionada para lograr un objetivo que consiste en mostrar la tradición.
69. Para comenzar, en lo que respecta a la adecuación, la norma podría ser efectivamente adecuada, pues, si solo se admite en el cuerpo de policía a las mujeres sin tatuajes en la parte inferior de la pierna, todas podrán llevar falda en los actos protocolarios y mostrar de ese modo la tradición.
70. Sin embargo, es legítimo preguntarse por la coherencia de dicha norma. El órgano jurisdiccional remitente ha explicado, sin que nadie se lo rebata, que los mandos policiales pueden permitir, a su entera discrecionalidad, (28) que una agente de policía lleve pantalones en una ceremonia dada. Si vestir falda como parte del uniforme de representación de las mujeres es tan importante en las ceremonias, no parece coherente que pueda relevarse del cumplimiento de la norma. Por otro lado, ¿por qué se impone una norma tan estricta en el procedimiento de selección y se aplica otra mucho más laxa una vez seleccionadas las agentes? Esto también evidencia que el objetivo no se persigue de forma coherente.
71. Aunque la política de selección superase la prueba de adecuación y coherencia, me resulta difícil ver la necesidad de tal norma. Si a las mujeres que no pueden llevar falda por tener un tatuaje visible se les permite llevar pantalones, mientras otras mujeres que no tienen tal tatuaje participan en los mismos actos protocolarios usando falda, ello permitiría, de todos modos, la deseada manifestación de la tradición.
72. Por último, la carga que impone la política y que impide completamente acceder al cuerpo de policía a las mujeres que tengan tatuajes visibles al llevar falda es claramente desproporcionada en comparación con el beneficio simbólico de que ocasionalmente haya mujeres policías que participen en ceremonias vistiendo el uniforme de representación.
73. En el presente asunto, a las mujeres con tatuajes visibles al usar el uniforme de representación se les deniega totalmente el acceso al cuerpo de policía, no se les excluye solamente de participar en actos protocolarios (lo cual ya podría, en sí mismo, ser un problema). (29)
74. En conclusión, la política de selección controvertida no supera el examen de proporcionalidad en cuanto al primer objetivo aludido: la transmisión de valores entendida como muestra de la tradición.
2) Uniformidad y representatividad
75. El segundo objetivo presentado también por el Gobierno italiano como referido a la transmisión de valores tiene que ver con el fin último del uniforme: identificar a una persona como agente de policía. (30)
76. Si bien es cierto que esta función identificadora puede admitirse como uno de los objetivos del uniforme, ha de tenerse en cuenta que el uniforme de que se trata en el procedimiento principal no es el que se utiliza en el servicio activo cotidiano, sino solo en actos particulares y específicos, relativos exclusivamente a la representación. En casi todas las demás ocasiones, las agentes llevan pantalones. Por consiguiente, cabría dudar de que una mujer en uniforme de representación, con falda, fuera a ser identificada como agente de policía.
77. Sin embargo, aun en el caso de que tal uniforme fuese adecuado para identificar a una persona como agente de policía, resulta difícil admitir que sea necesario que una agente de policía lleve falda para que sea identificada como agente de policía en las ceremonias. El uso de pantalones tendría idéntico efecto. (31)
78. A lo anterior podría añadirse que, al invocar la excepción del requisito profesional esencial y determinante, el Tribunal de Justicia ha insistido en que los Estados miembros deben tener en cuenta la evolución social. (32) Tanto en la sentencia Johnston como en la sentencia Sirdar, el Tribunal de Justicia expuso que del artículo 9, apartado 2, de la Directiva 76/207 se deduce que, cuando un Estado miembro invoca la excepción del requisito profesional esencial y determinante, está obligado a examinar periódicamente las actividades de que se trate para determinar, teniendo en cuenta la evolución social, si se puede mantener. (33) Un criterio similar se impone en el artículo 31, apartado 3, de la Directiva 2006/54. Dado que hoy en día es habitual que las mujeres lleven pantalones en todas las situaciones de la vida, incluso en el cuerpo de policía, resulta obsoleto el argumento según el cual llevar falda puede tener alguna función identificativa.
79. Además, si una de las funciones del uniforme, como su propio nombre indica, es uniformizar el aspecto del cuerpo de policía, sería más conducente a este objetivo que tanto hombres como mujeres utilizasen el mismo uniforme.
80. En conclusión, la política de selección controvertida tampoco supera el examen de proporcionalidad en cuanto al segundo objetivo aludido.
3) Acción positiva
81. La imposición de la falda para las mujeres podría llegar a entenderse como medida para promocionar la inclusión de mujeres en el cuerpo de policía.
82. Al serle preguntado sobre ello en la vista, el Gobierno italiano respondió que en Italia no hay necesidad de una política dirigida a atraer a las mujeres a la policía. Sin embargo, dado que este aspecto fue objeto de debate en la vista, me siento obligada a añadir unas breves reflexiones al respecto.
83. La acción positiva es un método aceptado para rectificar las desigualdades estructurales de la sociedad. (34)
84. De hecho, originalmente, la introducción de una norma por la cual las agentes de policía utilizaban falda pudo servir para animar a las mujeres a entrar en el cuerpo. (35)
85. Sin embargo, no estoy convencida de que obligar a las mujeres a llevar falda en actos protocolarios pueda estar justificado hoy en día como medida adecuada para atraerlas a un cuerpo de policía. En efecto, disuadiría a las mujeres que no deseen llevar falda. Por lo tanto, una medida más adecuada a este respecto sería permitir a las mujeres optar por llevar falda, en lugar de imponérselo. (36)
86. Adoptar medidas adecuadas para rectificar desigualdades sociales arraigadas, como la disparidad en el número de hombres y mujeres en la policía o en el ejército, es competencia de los Estados miembros. Sin embargo, lo que se ha de tener en cuenta es que las medidas de acción positiva adoptadas para incrementar la representación de mujeres (o de hombres) en ciertas profesiones pueden ser impugnadas por las personas del sexo opuesto invocando discriminación por razón de sexo. Así lo demuestra una reciente sentencia dictada por el Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional, Austria), en que este estimó un recurso interpuesto por un miembro masculino del ejército de Austria, al considerar que no es admisible prohibir a los hombres llevar el pelo largo en el ejército si a las mujeres sí se les permite. (37) Por consiguiente, aunque algunas de las medidas se adopten para atraer a las mujeres a ciertas profesiones, puede ser necesario justificar, con arreglo al principio de proporcionalidad, la consiguiente discriminación del otro sexo.
87. En cualquier caso, la acción positiva puede estar justificada si consiste en mejorar (y no en empeorar) la situación del sexo infrarrepresentado. Aun cuando la política de selección controvertida se contemplara desde el propósito de atraer mujeres al cuerpo de policía, en el presente caso concreto lo que hizo fue impedir que una mujer se incorporase al servicio.
88. En conclusión, una política de exclusión automática del proceso selectivo para el cuerpo de policía de las mujeres con tatuajes en las partes del cuerpo que quedan expuestas al usar el uniforme de representación, que en el caso de las mujeres incluye falda y zapatos de tacón, no puede calificarse de proporcionada respecto a ninguno de los objetivos esgrimidos para justificar dicha política.
IV. Conclusión
89. A la vista de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia) de la siguiente manera:
«El artículo 14 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra a), de dicha Directiva
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional que, sobre la base de la aplicación combinada de dos normas legales, permite la exclusión automática de una candidata del proceso selectivo para ingresar en un cuerpo de policía por tener un tatuaje en una zona que no cubre el uniforme, cuando ese tatuaje solo es visible en caso de que se utilice el uniforme de representación previsto para actos protocolarios, distinto para hombres y mujeres y que, para las mujeres, incluye el uso de falda y zapatos de tacón.»
1 Lengua original: inglés.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte del procedimiento.
2 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO 2006, L 204, p. 23).
3 El número de plazas ofertadas se incrementó posteriormente a 2 650.
4 Según explica el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 3, apartado 2, y el anexo 1, punto 2, letra b), del decreto del Ministero dell’Interno del 30 giugno 2003, n.º 198 (Decreto n.º 198 del Ministerio del Interior de 30 de junio de 2003; en lo sucesivo, «Decreto Ministerial n.º 198/2003»), y el artículo 3, apartado 7, quinquies, del Decreto Legislativo del 29 maggio 2017, n.º 95 (Decreto Legislativo n.º 95, de 29 de mayo de 2017; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.º 95/2017»), permiten excluir a un candidato por tener un tatuaje en una zona que no cubra el uniforme.
5 Las directrices sobre uniformes se incluyen en el Decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2015 (Decreto del Jefe de Policía de 31 de diciembre de 2015), en su versión modificada por el Decreto del 10 luglio 2019 (Decreto de 10 de julio de 2019), por el que se modifican y actualizan las normas de vestuario anexas al primero. El Decreto del Jefe de Policía de 31 de diciembre de 2015 también incluye, en un anexo, algunas «informaciones aclaratorias» con indicaciones sobre el uso de los uniformes. En particular, el citado anexo establece que «el uniforme de representación masculino y femenino solo se utilizará en ocasiones de alto nivel institucional» y que «el uniforme de representación femenino prevé el uso de la falda y solo se podrán usar pantalones por orden de los responsables de las unidades organizativas».
6 Según se señala en la resolución de remisión, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) ya ha fijado el criterio de que los tatuajes en piernas, tobillos y pantorrillas (que, en el caso de las mujeres, son las partes del cuerpo que quedan expuestas al usar falda y zapatos de tacón) pueden constituir una causa legal de exclusión de las candidatas del proceso selectivo (aunque no se vean con el uso de medias), porque «el personal de la Policía Nacional debe garantizar la idoneidad psicofísica en todas las circunstancias en las pueda ser requerida su intervención» (Consejo de Estado, IV, n.º 1477 de 2 de marzo de 2020, n.º 4386 de 8 de junio de 2021). Además, dicho órgano jurisdiccional declaró que, «si el tribunal médico afirma que un tatuaje situado en una parte del cuerpo no cubierta por el uniforme (como la pantorrilla o el tobillo para las mujeres) sigue siendo visible y ello se corrobora mediante una descripción detallada de la forma, tamaño y motivo del propio tatuaje, carece de relevancia que, al realizar el reconocimiento, no se haya exigido el uso de medias. Tampoco tiene importancia el hecho de que el uniforme que incluye medias se reserve para ocasiones puntuales. En efecto, el personal de la Policía Nacional debe garantizar su idoneidad psicofísica en todas las circunstancias en las que pueda ser requerida su intervención. […]» (Consejo de Estado, II, n.º 9583 de 3 de noviembre de 2022).
7 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).
8 Véase, por ejemplo, la sentencia de 24 de junio de 2025, GR REAL (C‑351/23, EU:C:2025:474), apartado 61 y jurisprudencia citada.
9 No obstante, esto no significa que los principios consagrados en los artículos 21 y 23 de la Carta, o la jurisprudencia referente a la Directiva 2000/78/CE, aludida también por el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión, carezcan de relevancia para la interpretación de la Directiva 2006/54. A este respecto, el Tribunal de Justicia las tendrá en cuenta junto con otros principios que puedan ser pertinentes para entender dicha Directiva.
10 A este respecto, cabe mencionar que el estudio comparativo efectuado por el departamento de investigación y documentación del Tribunal de Justicia ha demostrado que las normas sobre tatuajes en el ejército y en la policía difieren de un Estado miembro a otro. Algunos Estados miembros no tienen regulación alguna sobre los tatuajes; en otros, están prohibidos en ciertas partes del cuerpo o, como en Italia, cuando quedan visibles al llevar uniforme, y en otros Estados miembros se toleran si son discretos. Véase, a este respecto, Direction de la Recherche et Documentation, «L’application du principe de non-discrimination fondée sur le sexe à l’égard des codes vestimentaires et des normes d’apparence physique sur le lieu de travail», Note de Recherche, 26/004, Abril 2026.
11 El mismo concepto de discriminación directa e indirecta existe para otros motivos de discriminación prohibidos. Véanse el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2000/78/CE y el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 180, p. 22).
12 Véase un interesante debate sobre el tema en Iglesias Sanchez, S., «The Concept of “Genuine and Determining Occupational Requirements” in EU Equality Law: A Critical Approach», en Giegerich, Th., The European Union as Protector and Promoter of Equality, Springer, 2020, pp. 219 a 233.
13 Sentencia de 8 de noviembre de 1990, Dekker (C‑177/88; en lo sucesivo, «sentencia Dekker», EU:C:1990:383), en particular, el apartado 12).
14 Sentencia de 18 de octubre de 2017, Kalliri (C‑409/16; en lo sucesivo, «sentencia Kalliri», EU:C:2017:767), apartados 27 a 32. Véase un ejemplo anterior en la sentencia de 13 de mayo de 1986, Bilka-Kaufhaus (170/84; en lo sucesivo, «sentencia Bilka-Kaufhaus», EU:C:1986:204), en que el Tribunal de Justicia declaró que la política de una empresa que ofrecía distintos beneficios a los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo constituía discriminación indirecta, pues la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial de dicha empresa eran mujeres.
15 En relación con la discriminación por razón de discapacidad, véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowie (C‑16/19, EU:C:2021:64), apartado 44 y jurisprudencia citada. En cuanto a la discriminación por razón de religión, véase también, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, WABE y MH Müller Handel (C‑804/18 y C‑341/19, EU:C:2021:594), apartado 52 y jurisprudencia citada.
16 La otra posibilidad, aunque no se trata como excepción en la Directiva 2006/54, es la acción positiva, prevista en el artículo 3 de esta.
17 Directiva del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO 1976, L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70), en su versión modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO 2002, L 269, p. 15).
18 Véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 1988, Comisión/Francia (318/86; en lo sucesivo, «sentencia Comisión/Francia», EU:C:1988:352), apartados 11 a 18.
19 Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de mayo de 1986, Johnston (222/84; en lo sucesivo, «sentencia Johnston», EU:C:1986:206), apartados 36, 37 y 40.
20 Véase, en este sentido, la sentencia de 26 de octubre de 1999, Sirdar (C‑273/97; en lo sucesivo, «sentencia Sirdar», EU:C:1999:523), apartados 29 a 32.
21 Véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Napoli (C‑595/12, EU:C:2014:128), apartado 41 y jurisprudencia citada.
22 Véase, a este respecto, Maliszewska-Nienartowicz, J., «Genuine and Determining Occupational Requirement as an Exception to the Prohibition of Discrimination in EU law» en Giegerich, T. (ed.), The European Union as Protector and Promoter of Equality, Springer, 2020, pp. 199 a 217, especialmente, p. 204.
23 Sentencia de 14 de marzo de 2017, Bougnaoui y ADDH (C‑188/15; en lo sucesivo, «sentencia Bougnaoui», EU:C:2017:204), apartado 40 (el subrayado es mío). Lo mismo se ha reiterado en la posterior jurisprudencia; por ejemplo, la sentencia de 17 de marzo de 2026, Katholische Schwangerschaftsberatung (C‑258/24, EU:C:2026:211), apartado 82.
24 Véase, en relación con la religión como motivo prohibido, la sentencia Bougnaoui, apartado 37 y jurisprudencia citada. En relación con la discriminación por razón de sexo, véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Napoli (C‑595/12, EU:C:2014:128), apartado 42.
25 Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2010, Wolf (C‑229/08; en lo sucesivo, «sentencia Wolf», EU:C:2010:3), apartado 41.
26 Véase la sentencia Sirdar, apartados 28 y 29.
27 La exigencia de proporcionalidad no se incluyó en el texto del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 76/207, predecesora de la Directiva 2006/54, pero se exigía en la jurisprudencia relativa a dicha directiva anterior.
28 Estadísticamente, es altamente probable que ese superior sea hombre, lo que puede añadir una capa más de diferenciación por razón de sexo. Véase, a este respecto, Pascali, M. «Poliziotte, un cammino democratico» (Police women, a democratic path), Collettiva, 8 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.collettiva.it/speciali/anno-d/poliziotte-un-cammino-democratico-bd8t0h97; Acquadro Maran, D., Grandi, A., Colombo, L., Stress, job satisfaction, and workplace climate in Italian police workers, Policing: A Journal of Policy and Practice, vol. 18, 2024, paae079. Disponible en: https://doi.org/10.1093/police/paae079.
29 En el asunto Kreil, que trataba de la exclusión de las mujeres de la Bundeswehr (las fuerzas armadas alemanas), el Tribunal de Justicia aclaró que una excepción basada en un requisito profesional esencial y determinante solo puede referirse a actividades específicas dentro de las fuerzas armadas, pero no puede excluir a las mujeres de todos los puestos del servicio. Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2000, Kreil (C‑285/98, EU:C:2000:2), en particular, el apartado 27.
30 Arroyo, J., «L’uniforme en droit public», Revue française de droit administratif, 2024, p. 509, menciona tres funciones del uniforme: (i) protección (como la armadura de un caballero medieval); (ii) identificación; y (iii) control, tanto interno como externo dentro de la organización correspondiente.
31 Cabría argumentar que llevar falda puede ayudar a identificar a una agente de policía como mujer policía. Puedo concebir que en determinadas ocasiones esto resulte útil, por ejemplo, cuando una mujer víctima de violencia sexual se sienta más segura hablando con una agente femenina. Sin embargo, los argumentos debatidos durante la vista no tuvieron que ver con la necesidad de identificar a una persona como mujer policía, sino como agente de policía.
32 Véase, por ejemplo, la sentencia Comisión/Francia, apartado 25.
33 Véanse, en este sentido, las sentencias Johnston, apartado 37, y Sirdar, apartado 25.
34 A este respecto, el artículo 3 de la Directiva 2006/54 contempla la acción positiva como otro posible supuesto de excepción al principio de no discriminación por razón de sexo.
35 En efecto, tal como destacaba la nota de investigación mencionada en la nota 10 de las presentes conclusiones, en algunos Estados miembros se concede a las mujeres más libertad en cuanto a su aspecto físico, a fin de alentar su incorporación a las fuerzas armadas. Por ejemplo, en Alemania, debido a la infrarrepresentación de las mujeres en el ejército, las normas que rigen el aspecto físico de las soldadas, especialmente en lo relativo al cabello y al uso de joyas, pueden introducir excepciones a las reglas generales aplicables a los soldados como medida admisible dirigida a promover la participación femenina en las fuerzas armadas alemanas (Direction de la Recherche et Documentation, nota 10, op. cit., apartados 57 a 59).
36 En al menos cuatro Estados miembros (Irlanda, España, Polonia y Rumanía), los pantalones son el uniforme ordinario para todos los agentes, y a las mujeres policías se les permite, en ciertas condiciones, llevar falda como parte de su uniforme de ceremonia (Direction de la Recherche y Documentation, nota 10, op. cit., apartado 52).
37 Véase Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional), 9 de marzo de 2026, 243/2025‑8, apartado 4.3.1.