31.7.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/133


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el cambio/El futuro enfoque del apoyo presupuestario de la UE en favor de terceros países»

COM(2011) 637 final y COM(2011) 638 final

2012/C 229/26

Ponente: An LE NOUAIL MARLIÈRE

El 30 de octubre de 2011, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el tema

«Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el cambio / El futuro enfoque del apoyo presupuestario de la UE en favor de terceros países»

COM(2011) 637 final y COM(2011) 638 final.

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 30 de abril de 2012.

En su 481o Pleno de los días 23 y 24 de mayo de 2012 (sesión del 24 de mayo), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 146 votos a favor, 60 en contra y 30 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

El Comité aprueba y apoya ambas propuestas e insiste, no obstante, en la prioridad de hacer realidad los objetivos anunciados en las poblaciones a las que van destinadas finalmente las ayudas, y con este fin sugiere:

1.1

Contar con las organizaciones de la sociedad civil (OSC, de las que forman parte, en particular, y cada una en función de sus especificidades, las organizaciones sindicales, las cooperativas, las ONG o las organizaciones empresariales) no solo en lo que se refiere a las orientaciones generales, sino a lo largo de todo el proceso de selección de proyectos, ejecución, evaluación y resultados, para respaldar y completar los procedimientos administrativos, diplomáticos y jurídicos de control y evaluación de la financiación de la UE.

1.2

Hacer participar a los agentes sociales y las demás organizaciones de la sociedad civil, en vez de limitarse a consultarlos, permitiría beneficiarse del conocimiento especializado basado en la experiencia social, económica y medioambiental, así como del compromiso desinteresado de los ciudadanos implicados, mejorando los criterios de representatividad y de democracia: apertura, ampliación, transparencia e independencia (objetivo de apropiación).

1.3

En este contexto, los consejos económicos y sociales, en caso de existir, constituyen un recurso valiosísimo. El CESE, con sus distintos socios – organizaciones del tercer sector, sindicatos, organizaciones de empresarios – siempre se ha implicado, con independencia de los obstáculos. Ha sido un interlocutor de los poderes públicos europeos ante las delegaciones con las que ha mantenido relación, tanto ejerciendo de puente entre instituciones y organizaciones civiles, sociales y económicas como recomendando en muchas circunstancias una mayor vigilancia por parte de las autoridades de la UE en materia de derechos humanos.

1.4

Debería garantizarse mejor el equilibrio en las modalidades de la consulta de las OSC europeas, por una parte, y de los países beneficiarios, por otra. Es indispensable evitar la instrumentalización de la política europea de desarrollo velando, en particular, por una consulta cruzada de los agentes no estatales (1).

1.5

En lo referente a las concentraciones sectoriales a escala nacional, se debe tener en cuenta la agenda del trabajo digno, que contribuye al crecimiento integrador y sostenible. Los interlocutores sociales deben participar desde el inicio del diálogo político para garantizar una apropiación democrática de las políticas de desarrollo más allá de la participación de los gobiernos.

1.6

La diferenciación de los países o grupos de países debe basarse en indicadores pertinentes, como el índice de desarrollo humano y social de las Naciones Unidas, que respondan a la reducción de la pobreza. En todo caso, se debe establecer una estrategia de reducción progresiva de las ayudas a favor los países considerados «economías emergentes».

1.7

Las ayudas de la UE a favor de la buena gobernanza y de los derechos humanos (pilar de la agenda para el cambio) deben servir para fomentar un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos caracterizado por: la participación en procesos políticos, la apropiación democrática y la capacitación de los titulares de derechos, los sistemas para la observancia de los derechos humanos basados en acuerdos internacionales así como la coherencia entre las políticas de derechos humanos, de cooperación y económica.

1.8

El Comité sugiere prestar especial atención a las mejoras siguientes para permitir un despliegue más eficaz de la ayuda pública y privada:

teniendo en cuenta que los países que más necesitan la ayuda a menudo también son aquellos donde predominan las formas más graves de corrupción, prestar especial atención a las medidas anti-corrupción y, en caso de realizarse pagos como apoyo presupuestario, los agentes no gubernamentales, interlocutores sociales, asociaciones activas en los ámbitos de los derechos humanos así como redes europeas deberían ser consultados y participar en materia de establecimiento de prioridades, seguimiento, etc.;

las temáticas sectoriales deberían ocupar un lugar central en la redefinición estratégica de los objetivos de la ayuda, entre los que el Comité señala prioritariamente los objetivos de desarrollo del milenio. Especial atención ha de prestarse a los sectores sociales, los ámbitos de la educación – incluida la formación profesional continua –, la salud, el desarrollo de las nuevas TIC y el acceso a las mismas, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos humanos y el derecho al trabajo, todos los derechos de la mujer en su vida profesional y privada y su participación en la vida pública;

la ayuda pública sigue siendo fundamental y necesaria para el desarrollo de estos países; no obstante, a fin de coordinar mejor la ayuda directa de los Estados miembros y de la UE, la ayuda procedente de las ONG y del sector privado debería tenerse en cuenta el proceso de coordinación y de coherencia, y aplicársele los mismos principios en materia de coherencia de objetivos y de contabilidad;

el Comité sigue mostrándose preocupado por la tendencia a la baja de la ayuda oficial al desarrollo de la mayoría de los Estados miembros e insiste en la necesidad de reforzar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.

1.9

El Comité considera que la Comisión debería reforzar en la medida de lo posible la participación directa de la sociedad civil europea y de los países beneficiarios, en un contexto de asociación que tendría consecuencias positivas en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, reducción del riesgo de ineficacia de la ayuda y de los problemas sociales.

1.10

Los Estados miembros deberían obligarse a coordinar su ayuda en el marco comunitario. En un contexto de crisis económica grave para la UE, los contribuyentes europeos deberían poder estar mejor sensibilizados sobre los objetivos de la ayuda, estar informados al respecto, poder pronunciarse sobre los objetivos, y, para apoyarlos mejor, disponer de las informaciones pertinentes a través de acciones de formación destinadas a la opinión pública y a los agentes voluntarios y profesionales de las OSC.

1.11

La UE también debería poder mejorar de manera importante los resultados de su ayuda evaluando el impacto de los acuerdos de asociación económica u asociación o de libre comercio en los ámbitos económico, industrial y agrícola antes de celebrarlos, así como en el marco de su seguimiento.

2.   Introducción

2.1

Tras la publicación de su Libro Verde «Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible / Mejorar el impacto de la política de desarrollo de la UE» de 10 de noviembre de 2010 (COM(2010) 629 final), la Comisión presenta las dos propuestas objeto de examen.

2.2

Con nuevos retos mundiales por afrontar, poco tiempo para que expire en 2015 el plazo establecido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y en medio de los preparativos para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), la UE busca la adecuada combinación de políticas, instrumentos y recursos necesarios para ser eficaz y eficiente en la lucha contra la pobreza en el contexto de un desarrollo sostenible. La Comisión propone un programa para el cambio con el fin de reforzar la solidaridad de Europa con los países en desarrollo del mundo en esta lucha.

2.3

La UE ya ha hecho mucho para ayudar a reducir la pobreza y, en particular, para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pese a ello, en muchas partes del mundo aún persiste una acuciante situación de pobreza. Entretanto, los movimientos populares en el Norte de África y Oriente Medio han puesto de relieve que es esencial avanzar seriamente en la consecución de los ODM. Según la Comisión Europea, la política de desarrollo de la UE debe tener en cuenta las crecientes divergencias entre los países en desarrollo. La UE también tiene la ocasión de colaborar más estrechamente con el sector privado, las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales y regionales, pues estas instancias desempeñan un papel vital en el desarrollo. La UE y sus Estados miembros deberían hablar con una sola voz y actuar concertadamente con el fin de lograr mejores resultados y aumentar la visibilidad de la UE.

2.4

El actual período económico y presupuestario hace indispensable garantizar que la ayuda se emplee eficazmente, logrando los mejores resultados posibles, y que se utilice para movilizar una mayor financiación para el desarrollo.

2.5

Las estrategias de desarrollo dirigidas por los países socios seguirán configurando la cooperación al desarrollo de la UE con arreglo a los principios de apropiación y asociación. La UE pretende lograr un mayor compromiso recíproco con los países socios, incluida la responsabilización mutua por los resultados. El diálogo a escala nacional en un marco coordinado de donantes debe determinar exactamente dónde y cómo intervendrá la UE. Asimismo, se buscará una colaboración más eficaz en el marco del sistema multilateral.

2.6

La Comisión también adoptó el 7 de diciembre de 2011 una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (2), que oficializa las orientaciones propuestas en el Libro Verde y en las dos Comunicaciones que se examinan a continuación.

3.   Observaciones generales

3.1

El Comité recuerda que ha formulado numerosas observaciones, que sigue considerando pertinentes, en anteriores dictámenes, en particular:

«Instrumento de la Unión Europea para la financiación de la cooperación al desarrollo» (3);

«Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos» (4), donde abogaba por «que se inicie una reflexión institucional sobre el papel de la sociedad civil en la política exterior de la Unión en materia de derechos humanos y sobre la posibilidad de conseguir que la sociedad civil participe más directamente en la definición y aplicación de tal política. La consulta a la sociedad civil organizada debería realizarse sistemáticamente antes de elaborar cualquier documento de estrategia, incluidos los documentos de estrategia específicos para cada país […]».

3.2

El Comité quiere apoyar especialmente los objetivos de derechos humanos, sobre todo en los ámbitos de los derechos humanos relativos al trabajo, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección y el fomento de los derechos del niño, también con miras a erradicar el trabajo infantil, y el trabajo informal sin protección social (Trabajo decente y Convenios de la OIT).

3.3

Aunque la Comisión apoya la consecución del ODM 1 (erradicar la pobreza extrema), el Comité constata que sigue otorgándose muy poca importancia a los demás objetivos, cuando la consecución de uno de ellos puede contribuir a lograr otros objetivos. Por ejemplo, poner en marcha la consecución del Objetivo 7, de un entorno humano sostenible (garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, ODM7), contribuiría a reducir la pobreza.

3.4

El Comité subraya la necesidad de asignar recursos financieros específicos a las cuestiones de género (ODM3) en la cooperación al desarrollo. Lamenta, sobre todo, la ausencia de información y datos, así como de supervisión sistemática, lo que hace muy difícil determinar cualquier impacto positivo o negativo sobre la igualdad de género. Esto impone una fuerte limitación a la posibilidad de elaborar políticas con conocimiento de causa y de formular estrategias e intervenciones adecuadas para reducir las desigualdades. Para ser eficaz, la incorporación transversal de la política de género («gender mainstreaming») ha de hacerse operativa y apoyarse mediante una financiación y dotaciones predecibles, ya que de lo contrario corre el riesgo de verse marginada a expensas de otros objetivos aparentemente más urgentes (5).

3.5

En lo que se refiere a la descentralización y la confianza delegada en las representaciones de la UE, el CESE, a través de sus grupos de contacto, de seguimiento y participación en las mesas redondas de la UE (India, Brasil, ACP, etc.), así como en los procesos dirigidos al Mediterráneo y a los países vecinos del Este, se ha reunido con las delegaciones europeas en cada misión que ha tenido ocasión, o se ha visto obligado, a realizar. El Comité constata que el apoyo por parte de las delegaciones europeas debería hacerse extensivo a las OSC europeas presentes sobre el terreno, y que la visibilidad de la ayuda europea ganaría con ello.

3.6

El CESE apoya el objetivo de las propuestas, aunque emite algunas sugerencias sobre el instrumento de «apoyo presupuestario» dada la falta de respaldo por parte de la opinión pública. Las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de los agentes sociales, entre otros, deberían tomarse más en consideración a la hora de elaborar y supervisar los programas: democracia, transparencia, trazabilidad para luchar contra el despilfarro, la corrupción, la evasión fiscal, el abuso de posición dominante y de autoridad política, policial o militar (6), etc.

3.7

En primer lugar, debe llegarse al final de la evaluación si no se quiere constatar nuevamente dentro de ocho años (Perspectivas financieras 2014-2020) que, aunque la Comisión ha estimado adecuadamente que los resultados son decepcionantes y ha intentado resolver la situación teniendo también en cuenta las misiones encomendadas por el nuevo Tratado, al final ha seguido haciendo lo mismo: consulta ex post, refuerzo del control con exceso de detalles, sin reforzar los medios humanos ni verificar la pertinencia de los objetivos controlados, las redes organizadas o los individuos. Deberá otorgarse prioridad a las ayudas a los grupos sociales más vulnerables y que tienen problemas de acceso, incluidos los que residen en las zonas rurales y en las regiones más remotas.

3.8

En segundo lugar, favoreciendo a los agentes económicos principales en ambos extremos de la ayuda (donantes/beneficiarios), se privilegia la apariencia de eficacia en detrimento de la inversión humana sostenible.

3.9

Por último, a la hora de evaluar los objetivos de la ayuda, la Comisión debe ser clara –e indicar claramente– cómo encaja su programa de ayuda –y en qué se distingue– respecto de los objetivos de las negociaciones de sus Acuerdos de Asociación Económica (AAE) y de sus Acuerdos de Libre Comercio (ALC). La falta de claridad a este respecto no sólo induce a confusión y malentendidos, sino que también puede llevar a no reconocer que hasta ahora la ayuda al desarrollo ha estimulado de manera insuficiente la realización de los Objetivos del Milenio, al no haber coherencia entre los objetivos de la ayuda y el resto de la política exterior de la UE, en particular la política comercial.

3.10

Así pues, la UE podría estimular más y mejor el desarrollo de un crecimiento integrador orientado a la transición hacia una economía ecológica, centrado en el desarrollo humano, el intercambio y la transferencia de los conocimientos y las tecnologías necesarios, mejorar los resultados de su ayuda evaluando el impacto de los acuerdos que celebra en los ámbitos económicos, y hacer eficaz el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos  (7), que aún no ha alcanzado su máximo grado de utilidad.

3.11

Cabe recordar que el objetivo del 0,7 % del PIB de los Estados miembros de la declaración de París sigue siendo el objetivo en cuanto a volumen, pero que muchos Estados se han refugiado desde antes de la crisis financiera de 2008 en el eslogan «menos ayuda de más calidad» (Monterrey 2002, Johannesburgo 2002). Todos los Estados miembros de la UE contribuyen a programas de ayuda europeos o internacionales pero, al final, grandes sectores de la sociedad quedan excluidos de los beneficios anunciados, tanto económicos como medioambientales. Por lo tanto, es necesario restablecer la confianza, tanto en el ámbito de la ayuda como en el ámbito económico, entre la sociedad civil y sus gobernantes políticos y económicos, tanto en el Norte como en el Sur.

3.12

Para lograr una ayuda coordinada y eficaz, los Estados miembros y la Comisión Europea deben compartir los esfuerzos de convergencia de los objetivos. Las instituciones europeas son demasiado discretas con respecto a los intereses particulares de cada Estado miembro contribuyente. Los gobiernos de los países beneficiarios han podido así aprovecharse de los intereses económicos a menudo divergentes de los Estados miembros de la UE, y jugar con la rivalidad o la competencia entre financiaciones de la ayuda y entre continentes (UE, G20, OCDE, etc.).

3.13

Es importante adoptar medidas para apoyar el proceso democrático. Siempre debería buscarse un equilibrio entre la consulta de los agentes sociales, por un lado, y de las demás organizaciones de la sociedad civil, por otro, a fin de obtener un eco positivo y una realización concreta de los objetivos temáticos.

3.14

No puede razonarse como si la propia UE no hubiese sufrido consecuencias sociales a partir de una crisis financiera que se extendió a los ámbitos económico, presupuestario, social y político. La UE debe, mediante sus ayudas y su cooperación al desarrollo, fomentar una reducción del consumo de materias primas, facilitar las transferencias tecnológicas y respaldar las industrias de transformación en los países exportadores netos de recursos naturales, para reducir su huella ecológica, todo ello mientras contribuye a reducir los efectos del cambio climático.

Entorno empresarial, integración regional y mercados mundiales

3.15

En este contexto, los resultados de la Conferencia de Busan no han demostrado que la UE haya mantenido una convicción particular o firme en materia de apoyo a la transferencia de tecnología, mejora del hábitat frente al cambio climático o refuerzo de los servicios públicos, y hay que reconocer que sus esfuerzos se ven debilitados por la profusión de padrinazgos y financiaciones privadas procedentes de intereses económicos multinacionales o transnacionales (lo cual es signo del enérgico compromiso del sector privado con el desarrollo), cuando su participación y su contribución pública siguen representando aproximadamente la mitad de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo).

3.16

A nivel internacional, algunas empresas grandes presentes, en particular, en los sectores de las infraestructuras, la construcción, el agua, el sector agroalimentario, la energía, etc.), facilitan estudios previos de viabilidad a los gobiernos destinatarios de la ayuda que sirven para convencer a los futuros donantes de fondos y aprovechan la obligación de los Estados beneficiarios de responder a los derechos fundamentales y de ponerlos positivamente en práctica sugiriendo la realización de grandes obras. Ahora bien, los fondos de la ayuda obtenida a veces son introducidos en los mercados financieros por miembros de los gobiernos locales o nacionales beneficiarios, sin contribuir siempre a la realización de los proyectos a los que estaban inicialmente destinados, siendo redirigidos hacia plazas financieras europeas, «en lugar seguro» en cuentas privadas.

3.17

Por este motivo, el Comité aprueba los objetivos de lucha contra la evasión fiscal y contra la corrupción, que deben incluir la lucha contra el blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas o de la evasión fiscal, de la explotación del trabajo informal o forzado, y del trabajo infantil. La UE alcanzaría mejor así el objetivo de coherencia con los demás donantes.

3.18

La UE ha de instar imperativamente a sus Estados miembros a aumentar su contribución, pero de manera coordinada e integrada, consultar a su propia sociedad civil sobre la pertinencia de sus objetivos para convencer a los Estados miembros de que la ayuda al desarrollo no es solamente una cuestión de imagen y de partes de mercados, y fomentar y favorecer el diálogo entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los Estados miembros así como contando con la participación de los entes locales y regionales, tanto en la UE como fuera de ella.

4.   Observaciones particulares

4.1

Tras el apoyo que les prestó el Foro de Accra de septiembre de 2010, las organizaciones de la sociedad civil adoptaron los «Principios de Estambul» para la eficacia del desarrollo, que son fruto de un largo proceso de consultas realizadas en más de 70 países y sectores. Estos principios constituyen la base de un marco internacional para la eficacia del desarrollo adoptado en junio de 2011, por el que se establecen criterios para interpretar y alinear las prácticas de las OSC con los Principios de Estambul, adaptándolas a las circunstancias locales y sectoriales. En este marco, la Comisión ha solicitado al Comité la elaboración de un dictamen exploratorio para definir lo que podría ser la participación de la sociedad civil en las políticas de desarrollo y de cooperación al desarrollo, en el marco del diálogo estructurado (8).

4.2

El Comité otorga una especial importancia al contexto de la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se celebrará en Río de Janeiro en junio de 2012.

4.3

A este efecto, recuerda las conclusiones y recomendaciones formuladas en el dictamen del CESE sobre «Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza - Contribución de la sociedad civil organizada europea» (9), así como el mensaje contenido en su dictamen adicional sobre la «Posición del CESE para la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20 (10) .

4.4

Con ocasión de la Conferencia de Río+20 de las Naciones Unidas, los responsables del planeta deberán comprometerse en un plan de acción concreto que conduzca a la verificación del logro de los Objetivos del Milenio, la instauración de un desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza (objetivo 1), dentro de los límites de las capacidades del planeta.

4.5

El CESE señala en particular que la erradicación de la pobreza y el acceso garantizado de todos a una alimentación suficiente, a un agua potable y a una energía sostenible deben ser prioridades esenciales de la agenda de Río+20. El fomento de una agricultura local que respete el medio ambiente en los países en desarrollo juega un papel vital en la lucha contra la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria, y constituye un motor para el desarrollo de regiones rurales prósperas desde el punto de vista económico.

4.6

En lo que se refiere al sector privado, debe apoyarse el reconocimiento de los interlocutores sociales (organizaciones de trabajadores y empresarios) y del diálogo social en numerosos países socios. El diálogo social es indispensable para garantizar una apropiación democrática de amplia base de los objetivos de desarrollo económico, social y medioambiental preconizados por el PNUD y el PNUMA (transición hacia una economía ecológica), así como el respeto de las normas laborales fundamentales y el fomento de la justicia social. Mediante el diálogo y la justicia social, los representantes de los empresarios y de los trabajadores contribuyen a definir estrategias eficaces de desarrollo económico, social y medioambiental e impulsan la prevención de conflictos y la estabilidad social.

4.7

Es importante que todos los agentes del sector privado implicados, a la vez que fomentan la amplia aplicación de los principios de la responsabilidad social de las empresas e iniciativas similares, apliquen los principios y las normas laborales establecidos en los convenios de la OIT y controlados por el sistema de supervisión de la OIT. En particular las empresas transnacionales, especialmente cuando obtengan beneficios en una u otra fase gracias al uso concomitante de la ayuda pública, deberán adoptar medidas activas para respetar los «Principios orientativos sobre negocios y derechos humanos» en el marco de referencia «Proteger, respetar y remediar» de las Naciones Unidas, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact). También tienen la posibilidad de ajustarse a las mejores prácticas derivadas de la cooperación entre la Corporación Financiera Internacional - CFI (Banco Mundial) y la OIT en materia de promoción de las normas laborales fundamentales a lo largo de toda la cadena de producción.

4.8

El apoyo del sector privado puede redundar en beneficio del desarrollo, pero la ayuda oficial al desarrollo no debería usarse para garantizar los riesgos del sector privado o sustituir los servicios públicos. En cuanto a las asociaciones entre los sectores público y privado (APP), deberían permitir y garantizar un reparto de riesgos equitativo para la comunidad, la accesibilidad y asequibilidad de los servicios y los bienes producidos, así como su sostenibilidad medioambiental, basándose en un análisis pormenorizado de las necesidades reales a más largo plazo. Deberían respetar un verdadero enfoque multilateral y no servir de instrumento para la privatización de los servicios públicos, allí donde estos existen y obtienen buenos resultados o pueden mejorarse.

4.9

Como agentes fundamentales del desarrollo sostenible en los países destinatarios, las empresas y organizaciones de la economía social (incluidas las cooperativas) deben ser consultadas y participar en el establecimiento de los objetivos, y recibir apoyo para su realización, desarrollando así su potencial como agentes de la ayuda y de la apropiación de la misma.

4.10

En muchos países de África, Asia y América Latina que ahora se consideran «países de ingresos medios» la pobreza aún dista mucho de haber desaparecido, habida cuenta de la creciente desigualdad entre ricos y pobres. En particular, el 75 % de los pobres sigue viviendo en los países de ingresos medios. Esto significa que la creación de unas sociedades democráticas y equitativas, con unos interlocutores sociales fuertes, debe seguir siendo un objetivo pertinente de los programas geográficos.

4.11

En cualquier caso, todos los países en desarrollo deberían seguir teniendo la posibilidad de optar a los programas temáticos, que, por lo tanto, deberán ser reforzados. En este contexto, debería flexibilizarse el objetivo de favorecer un máximo de tres temáticas por país, con una concertación adecuada tanto con los gobiernos de los Estados beneficiarios como con los agentes económicos y sociales privados y las demás organizaciones de la sociedad civil.

4.12

En consecuencia, la decisión política de reducir progresivamente las ayudas a los «países en desarrollo más ricos» debería tomarse sobre la base de los indicadores pertinentes del desarrollo humano y social de las Naciones Unidas, y hacerse en el marco del consenso internacional de la OCDE, con miras a reducir las diferencias internas.

4.13

El Comité aprueba el objetivo consistente en reforzar el peso y la legitimidad de los agentes nacionales en el proceso presupuestario de los países socios y considera que, si es efectiva, la puesta a disposición de datos reales y verificables sobre las operaciones de ayuda presupuestaria puede permitir importantes avances en la realización de los objetivos de la ayuda y del milenio. Por este motivo, apoya los esfuerzos realizados por la Comisión en ese sentido.

Bruselas, 24 de mayo de 2012.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Staffan NILSSON


(1)  Véase DO C 211, de 19.8.2008, pp. 77–81, ponente: Sr. Moreno Preciado: «La libertad de asociación en los países socios mediterráneos» y el punto 3.13 del presente dictamen.

(2)  COM(2011) 840 final, de 7.12.2011, SEC(2011) 1469 y 1470.

(3)  Dictamen del CESE sobre el «Instrumento de la Unión Europea para la financiación de la cooperación al desarrollo: el papel de la sociedad civil organizada y de los interlocutores sociales»,DO C 44, de 11.2.2001, pp. 123–128, ponente: Sr. Iuliano;

(4)  Dictamen del CESE sobre el «Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)», DO C 182, de 4.8.2009, ponente: Sr. Iuliano.

(5)  Véase el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género «Multiannual Framework 2014-2020 - Assessing Gender relevance of EU External Actions».

(6)  Dictamen del CESE sobre «Integración regional para el desarrollo de los países ACP», DO C 317, de 23.12.2009, pp. 126-131, ponente: Sr. Dantin, y coponente: Sr. Jahier.

(7)  Véase la nota 4.

(8)  Dictamen del CESE sobre «La participación de la sociedad civil en las políticas de desarrollo y de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea»; DO C 181 de 21.6.2012, p. 28.

(9)  DO C 376 de 22.12.2011, p. 102.

(10)  DO C 143 de 22.5.2012, p. 39.


ANEXO

al Dictamen del Comité Económico y Social Europeo

Las enmiendas siguientes, que obtuvieron más de la cuarta parte de los votos, fueron rechazadas:

Enmienda 14: punto 3.16

Suprímase.

«  (1) »

Exposición de motivos

Este punto no parece claro ni aporta nada al dictamen. La última frase no parece referirse a un problema general sino a un delito único cometido por una o varias personas. Su valor añadido es más que dudoso.

Resultado de la votación:

Votos a favor

:

27

Votos en contra

:

137

Abstenciones

:

29

Enmienda 10: punto 4.8

Punto 4.8

«El apoyo del sector privado del desarrolloas asociaciones entre los sectores público y privado (APP) deberían permitir y garantizar un reparto de riesgos equitativo para la comunidad, la accesibilidad y asequibilidad de los servicios y los bienes producidos, así como su sostenibilidad medioambiental, basándose en un análisis pormenorizado de las necesidades reales a más largo plazo. Deberían respetar un verdadero enfoque multilateral y no servir de instrumento para la privatización de los servicios públicos, allí donde estos existen, obtienen buenos resultados o pueden mejorarse.»

Exposición de motivos

Se pretende con esta modificación mantener un enfoque equilibrado.

Resultado de la votación:

Votos a favor

:

96

Votos en contra

:

126

Abstenciones

:

11


(1)