en el caso de la Unión Europea, a los territorios en los que sean aplicables el Tratado de la Unión Europea y el TFUE en las condiciones establecidas en dichos Tratados; y

en el caso de Japón, a su territorio.

«residencia» significa la residencia a efectos fiscales;

«acuerdo fiscal» significa un arreglo destinado a evitar la doble imposición o cualquier otro acuerdo o arreglo internacional relativo total o principalmente a la fiscalidad del que sean parte la Unión Europea, sus Estados miembros o Japón; y

«medida fiscal» significa una medida adoptada en aplicación de la legislación fiscal de la Unión Europea, de sus Estados miembros o de Japón.

que establezcan una distinción entre contribuyentes que no se encuentren en la misma situación, en particular por lo que respecta a su lugar de residencia o al lugar de inversión de su capital; o

que prevengan la elusión o evasión fiscal en virtud de las disposiciones de todo acuerdo fiscal o de la legislación fiscal interna.

obligue a una Parte a facilitar información cuando esta considere que su difusión es contraria a sus intereses esenciales de seguridad;

impida a una Parte adoptar las medidas que considere necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad:

impida a una Parte adoptar medidas en cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

a efectos del capítulo 10, será aplicable el artículo III del ACP; y

a efectos del capítulo 14, será aplicable el artículo 14.54.

destruyan sus características esenciales o creen una mercancía nueva o comercialmente diferente;

transformen una mercancía no acabada en una mercancía acabada; o

cambien la función de la mercancía.

intentará limitar dicha prohibición o restricción a lo estrictamente necesario, teniendo debidamente en cuenta sus posibles efectos negativos en la otra Parte;

la notificará por escrito a la otra Parte, en la medida de lo posible antes de la introducción de dicha prohibición o restricción y con la máxima antelación posible, o, en caso contrario, en un plazo máximo de quince días a partir de la fecha de introducción, en cuyo caso la notificación comprenderá una descripción de la mercancía en cuestión, la prohibición o restricción introducida, con inclusión de su naturaleza, sus motivos y la fecha de la introducción de tal prohibición o restricción, así como su duración prevista; y

previa solicitud, dará a la otra Parte una oportunidad razonable de consulta a propósito de todo asunto relacionado con la prohibición o restricción.

estén total o parcialmente compuestas de piezas obtenidas de mercancías usadas;

tengan una esperanza de vida y un rendimiento similares a los de las mismas mercancías cuando son nuevas; y

tengan una garantía de fábrica similar a la aplicable a esas mercancías cuando son nuevas.

facilitar toda la información pertinente a la otra Parte; y

dar a la otra Parte, previa solicitud, una oportunidad razonable de consulta a propósito de todo asunto relacionado con la medida en cuestión para intentar encontrar una solución aceptable para ambas.

las definiciones de los productos, las prácticas enológicas autorizadas y las restricciones aplicadas en Japón para la venta de vino de Japón a las que se refiere la sección A de la parte 2 del anexo 2-E, siempre que sean conformes con las definiciones de los productos y las prácticas y restricciones enológicas a las que se refiere la sección A de la parte 1 del anexo 2-E; y

las prácticas enológicas a las que se refiere la sección B de la parte 2 del anexo 2-E.

las definiciones de los productos, las prácticas enológicas autorizadas y las restricciones aplicadas en la Unión Europea a las que se refiere la sección A de la parte 1 del anexo 2-E, siempre que sean conformes con las definiciones de los productos y las prácticas y restricciones enológicas a las que se refiere la sección A de la parte 2 del anexo 2-E; y

las prácticas enológicas a las que se refiere la sección B de la parte 1 del anexo 2-E.

de aplicación del apartado 1, especialmente los formularios que deben utilizarse y la información que debe facilitarse en el certificado; y

de la cooperación entre los puntos de contacto designados por la Unión Europea para cada uno de sus Estados miembros y por Japón.

del artículo 2.26 con regularidad, y como mínimo una vez al año, durante los dos años posteriores a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; y

del artículo 2.27 en el plazo máximo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

se han cometido incumplimientos sistemáticos de su legislación aduanera en relación con el trato arancelario preferencial con arreglo al presente Acuerdo respecto a una determinada mercancía; y

la otra Parte ha rechazado de forma sistemática e injustificada o no ha llevado a cabo la cooperación a la que se refiere el apartado 1 en relación con los incumplimientos sistemáticos mencionados en la letra a).

revisar y controlar la aplicación y el funcionamiento del presente capítulo;

notificar las constataciones del Comité al Comité Mixto; y

desempeñar otras funciones que puedan delegarse en el Comité Mixto de conformidad con la letra b) del apartado 5 del artículo 22.1.

adoptar las modalidades de la autocertificación a la que se refiere el apartado 2 del artículo 2.28;

controlar la aplicación de los artículos 2.25 a 2.29, lo que incluye la revisión y las consultas con arreglo al artículo 2.29; y

examinar las modificaciones del anexo 2-E y formular recomendaciones al Comité Mixto a propósito de la adopción de una decisión con respecto a dichas modificaciones.

los productos enteramente obtenidos o producidos conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3;

los productos producidos exclusivamente a partir de materiales originarios de dicha Parte; o

los productos producidos utilizando materiales no originarios, a condición de que cumplan todos los requisitos aplicables del anexo 3-B.

un vegetal o producto vegetal cultivado, cosechado, recogido o recolectado en ella;

un animal vivo nacido y criado en ella;

un producto procedente de un animal vivo nacido y criado en ella;

un producto procedente de un animal sacrificado nacido y criado en ella;

un animal cazado, atrapado, pescado, recolectado o capturado en ella;

un producto de la acuicultura obtenido en ella;

un mineral u otra sustancia natural, no contemplados en las letras a) a f), extraídos o recogidos en ella;

pescado, crustáceos u otras especies marinas capturados por un buque de la Parte en el mar, el fondo marino o el subsuelo más allá de las aguas territoriales de cada Parte y, de conformidad con el Derecho internacional, más allá de las aguas territoriales de terceros países;

un producto elaborado exclusivamente a partir de los productos mencionados en la letra h) a bordo de un buque factoría de una Parte más allá de las aguas territoriales de cada Parte y, de conformidad con el Derecho internacional, más allá de las aguas territoriales de terceros países;

un producto distinto del pescado, marisco u otras especies marinas recogido por una Parte o una persona de una Parte en el fondo marino o el subsuelo más allá de las aguas territoriales de cada Parte, y más allá de las zonas bajo la jurisdicción de terceros países, a condición de que la Parte o la persona de la Parte en cuestión tenga derecho a explotar ese fondo marino o subsuelo de conformidad con el Derecho internacional;

un producto que consista en:

un producto producido en ella exclusivamente a partir de los productos mencionados en las letras a) a k) o de sus derivados.

esté matriculado en un Estado miembro de la Unión Europea o en Japón;

enarbole pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea o de Japón; y

satisfaga uno de los requisitos siguientes:

las operaciones de conservación, como el secado, la congelación, la conservación en salmuera u otras operaciones similares cuando su único objetivo sea garantizar que el producto permanezca en buen estado durante su transporte y almacenamiento;

los cambios de embalaje;

las operaciones de división o agrupación de bultos;

el lavado, la limpieza o la eliminación de polvo, óxido, aceite, pintura u otros revestimientos;

el planchado o el prensado de textiles y artículos textiles;

las operaciones sencillas de pintura o pulido;

el descascarillado, blanqueo total o parcial, pulido o glaseado de cereales y arroz;

la coloración o aromatización de azúcar o la formación de terrones de azúcar; el molido total o parcial de azúcar en estado sólido;

el descascarillado, la extracción de pipas o huesos o el pelado de frutas, frutos secos u hortalizas;

las operaciones de afilado, rectificado simple o corte simple;

el desempolvado, el cribado, la selección, la clasificación, la gradación o la preparación de surtidos (incluso la formación de juegos de artículos);

el simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches o cajas, la simple fijación sobre cartulinas o tableros, así como cualquier otra simple operación de envasado;

la colocación o impresión de marcas, etiquetas, logotipos y otros signos distintivos similares en los productos o en sus envases;

la simple mezcla de productos ( 10 ), incluso de clases diferentes;

la simple adición de agua y la dilución, deshidratación o desnaturalización ( 11 ) de productos;

la simple reunión o el montaje de piezas para constituir un artículo completo o acabado, o que deba considerarse completo o acabado de conformidad con la letra a) del apartado 2 de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado; el desmontaje de productos en piezas; o

el sacrificio de animales.

respecto a un producto clasificado en los capítulos 1 a 49 o los capítulos 64 a 97 del Sistema Armonizado ( 12 ), el valor de todos los materiales no originarios no supere el 10 % del precio en fábrica o el precio franco a bordo del producto;

respecto a un producto clasificado en los capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado, se apliquen las tolerancias establecidas en las notas 6 a 8 del anexo 3-A.

los accesorios, piezas de repuesto, herramientas y materiales de instrucción u otros materiales informativos se clasifican y se entregan con el producto y no se facturan por separado; y

los tipos, las cantidades y el valor de los accesorios, piezas de repuesto, herramientas y materiales de instrucción u otros materiales informativos son habituales para ese producto.

una declaración de origen en la que el exportador declare que el producto es originario; o

el conocimiento por parte del importador de que el producto es originario.

un único envío de uno o varios productos importados en una Parte; o

múltiples envíos de productos idénticos importados en una Parte en un período especificado en la declaración de origen que no sea superior a doce meses.

si la solicitud estaba basada en una declaración de origen, la declaración de origen formulada por el exportador; o

si la solicitud estaba basada en el conocimiento del importador, todos los registros que demuestren que el producto cumple los requisitos para obtener el carácter originario.

en el caso de la Unión Europea, 500 EUR cuando se trate de pequeños paquetes o 1 200 EUR cuando se trate de productos que formen parte del equipaje personal de los viajeros. Los importes que deban utilizarse en otra moneda de un Estado miembro de la Unión Europea equivaldrán, en esa moneda, a los importes expresados en euros el primer día laborable del mes de octubre de cada año; los importes serán los que publique para ese día el Banco Central Europeo, salvo que se comunique un importe distinto a la Comisión Europea a más tardar el 15 de octubre de cada año, y serán aplicables a partir del 1 de enero del año siguiente; la Comisión Europea notificará a Japón los correspondientes importes;

en el caso de Japón, 100 000 JPY o el importe que establezca Japón.

si una declaración de origen ha sido la base de la solicitud a la que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 3.16, dicha declaración de origen;

el número de clasificación arancelaria del producto con arreglo al Sistema Armonizado y los criterios de origen utilizados;

una breve descripción del proceso de producción;

si el criterio de origen estaba basado en un proceso de producción concreto, una descripción específica de dicho proceso;

si procede, una descripción de los materiales originarios y no originarios utilizados en el proceso de producción;

si el criterio de origen era ser «enteramente obtenido», la categoría aplicable (tales como la recolección, la explotación minera, la pesca y el lugar de producción);

si el criterio de origen estaba basado en un método relacionado con el valor, el valor del producto y el de todos los materiales no originarios u originarios, según proceda para establecer el cumplimiento del requisito de valor, utilizados en la producción;

si el criterio de origen estaba basado en el peso, el peso del producto y el de todos los materiales no originarios u originarios, según proceda para establecer el cumplimiento del requisito de peso, utilizados en el producto;

si el criterio de origen estaba basado en un cambio de la clasificación arancelaria, una lista de todos los materiales no originarios con su número de clasificación arancelaria con arreglo al Sistema Armonizado (en un formato de dos, cuatro o seis dígitos en función del criterio de origen); o

la información relativa a la conformidad con la disposición sobre la no modificación mencionada en el artículo 3.10.

la declaración de origen;

la identidad de la autoridad aduanera que presenta la solicitud;

el nombre del exportador;

el objeto y el alcance de la verificación; y

si procede, toda documentación pertinente.

la documentación solicitada, si está disponible;

un dictamen sobre el carácter originario del producto;

la descripción del producto objeto del examen y la clasificación arancelaria pertinente para la aplicación del presente capítulo;

una descripción explicativa del proceso de producción que acredite el carácter originario del producto;

información sobre cómo se ha llevado a cabo el examen; y

documentación justificativa, si procede.

en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la solicitud de información con arreglo al apartado 1 del artículo 3.21:

en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la solicitud de información con arreglo al apartado 5 del artículo 3.21:

en el plazo de diez meses a partir de la fecha de la solicitud de información con arreglo al apartado 2 del artículo 3.22:

tras una solicitud de asistencia previa con arreglo al artículo 3.23 y dentro de un período acordado mutuamente, en relación con los productos que hayan sido objeto de una solicitud con arreglo al apartado 1 del artículo 3.16:

examinar y, en caso necesario, formular las recomendaciones oportunas al Comité Mixto sobre:

adoptar las notas explicativas para facilitar la aplicación de las disposiciones del presente capítulo;

establecer el procedimiento de consulta al que se refiere el apartado 3 del artículo 3.24; y

examinar cualquier otro asunto relacionado con el presente capítulo que acuerden los representantes de las Partes.

la moral pública;

la vida o salud de las personas, los animales o las plantas;

el patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; o

el medio ambiente.

circunstancias urgentes;

modificaciones menores de dichas disposiciones legales y reglamentarias o procedimientos administrativos generales;

verse afectada la eficacia o a ejecución de dichas disposiciones legales y reglamentarias como consecuencia de su previa publicación; o

medidas de efecto mitigador.

sean compatibles con las normas internacionales y las prácticas recomendadas aplicables a cada Parte en el ámbito de los procedimientos aduaneros, tales como las elaboradas bajo los auspicios de la Organización Mundial de Aduanas ( 14 ) (en lo sucesivo, la «OMA»), incluidos los elementos fundamentales del Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en Bruselas el 26 de junio de 1999, el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías, hecho en Bruselas el 14 de junio de 1983, y el Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (en lo sucesivo, «el Marco SAFE»);

estén orientados a facilitar el comercio legítimo, teniendo en cuenta la evolución de las prácticas comerciales, y garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de sus disposiciones legales y reglamentarias;

garanticen medidas eficaces, en caso de infracciones, para hacer cumplir sus disposiciones legales y reglamentarias relativas a los procedimientos aduaneros, con inclusión de la elusión del pago de derechos y el contrabando; y

no impongan el uso obligatorio de agentes de aduanas o inspecciones previas a la expedición.

un recurso administrativo ante una autoridad administrativa superior al funcionario u oficina que haya emitido la decisión, o independiente de estos, o una revisión administrativa por tal autoridad; o

un recurso o revisión judicial de la decisión.

la cooperación para una mayor simplificación de los procedimientos aduaneros, teniendo en cuenta la evolución de las prácticas comerciales;

la cooperación para la armonización de los requisitos de información a efectos aduaneros, en consonancia con las normas internacionales aplicables, tales como las normas de la OMA;

la cooperación para un mayor desarrollo de los aspectos aduaneros del aseguramiento y la facilitación de la cadena de suministro comercial internacional de conformidad con el Marco SAFE;

la cooperación para la mejora de sus técnicas de gestión de riesgos, incluido el intercambio de las mejores prácticas y, en su caso, de la información sobre los riesgos y los resultados de los controles;

la cooperación para un mayor desarrollo de las medidas contempladas en el apartado 3 del artículo 4.4 y el apartado 2 del artículo 4.6, o de los programas mencionados el apartado 3 del artículo 4.6, incluida la posibilidad de cooperación para que los comerciantes u operadores de una Parte puedan beneficiarse de las medidas o los programas de la otra Parte;

la cooperación y coordinación en organizaciones internacionales, como la OMC y la OMA, sobre asuntos de interés común, incluidos la clasificación arancelaria, la valoración en aduana y el origen, con el fin de establecer posiciones comunes, en la medida de lo posible; y

la cooperación en la lucha contra el tráfico de mercancías prohibidas.

tratar todas las cuestiones derivadas de la aplicación y el funcionamiento de las disposiciones a las que se refiere el apartado 1;

determinar aspectos mejorables en la aplicación y el funcionamiento de las disposiciones a las que se refiere el apartado 1;

actuar como mecanismo para alcanzar rápidamente soluciones acordadas mutuamente en relación con las cuestiones contempladas en las disposiciones a las que se refiere el apartado 1;

formular resoluciones, recomendaciones o dictámenes en relación con las acciones o medidas que considere necesarias para alcanzar los objetivos y el funcionamiento efectivo del presente capítulo;

decidir qué acciones o deben adoptar o qué medidas aplicar una o ambas Partes en los ámbitos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4.12, consideradas necesarias para alcanzar los objetivos y el funcionamiento efectivo del presente capítulo; y

desempeñar otras funciones que puedan delegarse en el Comité Mixto de conformidad con la letra b) del apartado 5 del artículo 22.1.

la suspensión de toda nueva reducción del tipo del derecho de aduana aplicable a la mercancía originaria contemplada en el capítulo 2; o

el aumento del tipo del derecho de aduana aplicable a la mercancía originaria hasta un nivel que no exceda del menos elevado de los dos siguientes:

inicie una investigación a tenor del apartado 1 del artículo 5.4 a propósito de un daño grave, o una amenaza de daño grave, y sus motivos;

haga una constatación de daño grave, o amenaza de daño grave, causado por el aumento de las importaciones; y

adopte la decisión de aplicar o prorrogar una medida bilateral de salvaguardia.

en caso de notificación con arreglo a la letra a) del apartado 1, el motivo de la apertura de la investigación, una descripción precisa de la mercancía originaria objeto de la investigación y su subpartida en el Sistema Armonizado y la fecha de inicio y la duración prevista de la investigación; y

en caso de notificación con arreglo a las letras b) y c) del apartado 1, las pruebas del daño grave, o amenaza de daño grave, causado por el aumento de las importaciones de la mercancía originaria, una descripción precisa de la mercancía originaria objeto de la medida bilateral de salvaguardia propuesta y su subpartida en el Sistema Armonizado, una descripción precisa de la medida bilateral de salvaguardia propuesta y la fecha propuesta para la introducción de dicha medida y su duración prevista.

en el caso de una investigación antidumping, los márgenes de dumping establecidos, una explicación suficientemente detallada de la base y el método utilizados para establecer los valores normales y los precios de exportación, así como el método utilizado en la comparación de los valores normales y los precios de exportación, incluidos todos los ajustes que se hagan;

en el caso de una investigación sobre derechos compensatorios, la determinación de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias, con suficiente información detallada sobre el cálculo del importe y el método utilizado para determinar la existencia de subvenciones; y

la información pertinente para determinar el daño, incluida la información relativa al volumen de las importaciones objeto de dumping y el efecto de estas en los precios de productos similares en el mercado interno, el método detallado utilizado para calcular la subvaloración de precios y el consiguiente impacto de las importaciones objeto de dumping en la industria interna, y la demostración de una relación causal que incluya el examen de factores distintos de las importaciones objeto de dumping tal como se mencionan en el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping.

«condiciones de importación»: todas las medidas sanitarias o fitosanitarias que deben cumplirse para la importación de los productos; y

«zona protegida»: parte geográfica del territorio de cada Parte definida oficialmente en la que no esté establecida una plaga específica regulada, a pesar de la existencia de condiciones favorables para su establecimiento y su presencia en otras partes del territorio de la Parte.

tales procedimientos se simplifiquen, se aceleren y se completen sin demora indebida, de conformidad con el Acuerdo MSF;

tales procedimientos no se apliquen de un modo que constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra la otra Parte;

se publique el período normal de tramitación de cada procedimiento o se comunique al solicitante, previa petición, el período de tramitación previsto; y

la obligación de información se limite a lo que sea necesario a efectos de procedimientos de control, inspección y aprobación apropiados, incluidos los relativos a la aprobación del uso de aditivos o al establecimiento de tolerancias de contaminantes en productos alimenticios, bebidas o piensos.

las plagas cuarentenarias de cuya presencia no se tenga constancia en ninguna parte de su territorio;

las plagas cuarentenarias de cuya presencia se tenga constancia en alguna parte de su territorio, pero que no se hayan propagado ampliamente y estén bajo control oficial; y

cualquier otra plaga regulada respecto a la cual puedan adoptarse medidas fitosanitarias.

la Parte importadora adoptará todas las medidas necesarias para permitir la importación de los productos afectados sin demora indebida;

la Parte exportadora:

la totalidad o parte del sistema de inspección y certificación de la Parte exportadora; y

los resultados de los controles efectuados en el marco del sistema de inspección y certificación de la Parte exportadora.

garantizará la transparencia por lo que respecta a:

mejorará la comprensión mutua de sus medidas sanitarias y fitosanitarias y su aplicación; y

previa solicitud razonable de la otra Parte y tan pronto como sea posible, facilitará información sobre sus medidas sanitarias y fitosanitarias y su aplicación, en particular:

notificará inmediatamente las medidas de emergencia a las autoridades competentes de la otra Parte;

permitirá a la otra Parte presentar observaciones por escrito;

entablará, en caso necesario, las consultas técnicas a las que se refiere el artículo 6.12; y

tomará en consideración las observaciones a las que se refiere la letra b), así como los resultados de las consultas técnicas a las que se refiere la letra c).

mejorar la aplicación del presente capítulo por cada Parte;

examinar las cuestiones sanitarias y fitosanitarias de interés mutuo; y

mejorar la comunicación y la cooperación sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias de interés mutuo.

proporcionará un foro para mejorar la comprensión por las Partes de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias relacionadas con la aplicación del Acuerdo MSF;

proporcionará un foro para mejorar la comprensión mutua de las medidas sanitarias y fitosanitarias de cada Parte y de los correspondientes procesos reglamentarios;

controlará, revisará e intercambiará información sobre la aplicación y el funcionamiento del presente capítulo;

servirá de foro para abordar las preocupaciones a las que se refiere el apartado 1 del artículo 6.12 con vistas a encontrar soluciones mutuamente aceptables, a condición de que las Partes hayan intentado abordarlas en primer lugar mediante consultas técnicas con arreglo al artículo 6.12, así como para abordar otras cuestiones acordadas por las Partes;

determinará los medios adecuados, que podrán incluir grupos de trabajo ad hoc, para llevar a cabo tareas específicas relacionadas con las funciones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;

podrá identificar y analizar proyectos de cooperación técnica entre las Partes en relación con la elaboración, la implementación y la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias; y

podrá consultar sobre los asuntos y las posiciones para las reuniones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y las reuniones celebradas bajo los auspicios del Codex Alimentarius, la OIE y la CIPF.

a las especificaciones de compra elaboradas por una institución pública para sus propios requisitos de producción o consumo; ni

a las medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en el anexo A del Acuerdo MSF.

a que cuando elabore un reglamento técnico:

a revisar, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 del Acuerdo OTC, los reglamentos técnicos adoptados, a intervalos apropiados, preferiblemente no superiores a cinco años, en particular con vistas a incrementar su convergencia con las normas internacionales pertinentes. Para realizar esta revisión, cada Parte deberá, entre otras cosas, tener en cuenta toda evolución de las normas internacionales pertinentes y comprobar si siguen existiendo las circunstancias que dieron lugar a las divergencias de sus reglamentos técnicos respecto a toda norma internacional pertinente. El resultado de esta revisión se comunicará y explicará a la otra Parte, a petición de esta.

participen plenamente, dentro de los límites de sus recursos, en la elaboración de normas internacionales por parte de las organizaciones internacionales de normalización pertinentes;

utilicen las normas internacionales pertinentes como base de las normas que elaboren, salvo cuando dichas normas internacionales resulten ineficaces o inadecuadas, por ejemplo debido a un nivel insuficiente de protección, a factores climáticos o geográficos fundamentales o a problemas tecnológicos fundamentales;

eviten la duplicación o el solapamiento con el trabajo de las organizaciones de normalización internacionales; y

revisen sus normas que no estén basadas en normas internacionales pertinentes, a intervalos apropiados, preferiblemente no superiores a cinco años, con vistas a incrementar su convergencia con dichas normas internacionales pertinentes.

cada Parte utilizará las normas, guías o recomendaciones internacionales pertinentes, o sus partes pertinentes, en la medida establecida en el apartado 4 del artículo 2 y en el apartado 4 del artículo 5 del Acuerdo OTC, como base de sus reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, y evitará desviaciones respecto a las normas internacionales o requisitos adicionales pertinentes, salvo cuando la Parte que elabore el reglamento técnico o el procedimiento de evaluación de la conformidad pueda demostrar, sobre la base de información pertinente, incluidas las pruebas científicas o técnicas disponibles, que esas normas internacionales resultarían ineficaces o inadecuadas para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos, tal como se mencionan en el apartado 2 del artículo 2 y el apartado 4 del artículo 5 del Acuerdo OTC; y

si una Parte no utiliza las normas, guías o recomendaciones internacionales, o partes pertinentes de ellas, a las que se refiere el apartado 1, como base de sus reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad, dicha Parte, a petición de la otra Parte, explicará los motivos por los que considera que tales normas internacionales resultan ineficaces o inadecuadas para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos, tal como se mencionan en el apartado 2 del artículo 2 y el apartado 4 del artículo 5 del Acuerdo OTC, y le proporcionará la información pertinente, incluidas las pruebas científicas o técnicas disponibles en las que se base esa evaluación, e identificará las partes del reglamento técnico o del procedimiento de evaluación de la conformidad cuyo contenido difiera de las normas, guías o recomendaciones internacionales pertinentes.

el uso que cada Parte hace de las normas para contribuir a demostrar o facilitar el cumplimiento de los reglamentos técnicos;

sus procesos de normalización, en particular la forma y la medida en que se utilizan normas internacionales o regionales como base para sus normas regionales o nacionales; y

los acuerdos o arreglos de cooperación sobre normalización con terceras partes u organizaciones internacionales.

los acuerdos de reconocimiento mutuo de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos específicos que apliquen los organismos situados en el territorio de la otra Parte;

los arreglos de cooperación y voluntarios entre los organismos de evaluación de la conformidad en los territorios de las Partes;

los acuerdos o arreglos de reconocimiento plurilaterales y multilaterales en los que participen ambas Partes;

el uso de procedimientos de acreditación para cualificar los organismos de evaluación de la conformidad;

la designación administrativa de los organismos de evaluación de la conformidad, incluidos los situados en la otra Parte;

el reconocimiento por una Parte de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad llevados a cabo en el territorio de la otra Parte; y

la declaración de conformidad del fabricante o del proveedor.

los mecanismos mencionados en el apartado 3 y mecanismos similares, con objeto de facilitar la aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad;

los factores, incluida la evaluación y gestión de riesgos, considerados a la hora de seleccionar los procedimientos de evaluación de la conformidad apropiados para productos específicos; y

la política de acreditación, también con respecto a las normas internacionales de acreditación, y los acuerdos y arreglos internacionales en el ámbito de la acreditación, incluidos los de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios y el Foro Internacional de Acreditación, en la medida de lo posible, que aplique una Parte en un ámbito determinado.

utilizará, en la medida de lo posible y de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, una declaración de conformidad del proveedor como garantía de la conformidad con los reglamentos técnicos aplicables;

utilizará una acreditación cuya autoridad se derive de los poderes públicos o sea ejecutada por los poderes públicos, según proceda, como medio para demostrar la competencia técnica para cualificar los organismos de evaluación de la conformidad;

si la acreditación está establecida por ley como etapa aparte necesaria para cualificar los organismos de evaluación de la conformidad, garantizará que las actividades de acreditación sean independientes de las actividades de evaluación de la conformidad y que no haya conflictos de intereses entre los organismos de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad que estos acrediten; las Partes podrán cumplir esta obligación mediante la separación de los organismos de evaluación de la conformidad de los organismos de acreditación ( 23 );

estudiará adherirse o, en su caso, no prohibirá a los organismos de ensayo, inspección y certificación adherirse a los acuerdos o arreglos internacionales para la facilitación de la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad; y

si dos o varios organismos de evaluación de la conformidad están autorizados por una Parte a llevar a cabo los procedimientos de evaluación de la conformidad necesarios para comercializar un producto, no prohibirá que los operadores económicos puedan elegir uno de ellos.

realizará consultas, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, que sean accesibles públicamente y hará públicos los resultados de dichas consultas y toda evaluación de impacto disponible;

permitirá que personas de la otra Parte participen en las consultas accesibles públicamente en condiciones no menos favorables que las concedidas a sus propias personas;

tendrá en cuenta las opiniones de la otra Parte a la hora de efectuar consultas accesibles públicamente y, a petición de la otra Parte, responderá por escrito de forma oportuna a las observaciones de dicha Parte;

además de lo dispuesto en el inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 7.5, hará públicos los resultados de la evaluación de impacto de una propuesta de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad, en caso de realizarse, incluido el impacto sobre el comercio; y

procurará suministrar, a petición de la otra Parte, un resumen en inglés de la evaluación de impacto a la que se refiere la letra d).

dará, en principio, un plazo mínimo de sesenta días a la otra Parte, a partir de la fecha de notificación, para que presente observaciones escritas sobre la propuesta, salvo si surgen o amenazan con surgir problemas urgentes de seguridad, salud, protección del medio ambiente o seguridad nacional, y tendrá debidamente en cuenta, en la medida de lo posible, las solicitudes razonables de ampliación del plazo para formular observaciones;

proporcionará la versión electrónica de la totalidad del texto notificado junto con la notificación;

proporcionará, si el texto notificado no se encuentra en una de las lenguas oficiales de la OMC, una descripción detallada y completa del contenido de la medida en el formato de la notificación, así como, si ya está disponible, una traducción del texto notificado en una de las lenguas oficiales de la OMC;

responderá por escrito a las observaciones escritas de la otra Parte sobre la propuesta, a más tardar en la fecha de la publicación de la versión definitiva del reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad;

proporcionará información sobre el texto final adoptado mediante una adenda a la notificación original;

permitirá que transcurra un tiempo razonable ( 24 ) entre la publicación de reglamentos técnicos y su entrada en vigor para que los operadores económicos de la otra Parte puedan adaptarse; y

garantizará que los puntos informativos establecidos de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo OTC proporcionen información y respuestas en una de las lenguas oficiales de la OMC a peticiones razonables de la otra Parte o de personas interesadas de la otra Parte acerca de los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad adoptados.

intercambiará información con la otra Parte sobre actividades de vigilancia del mercado y de ejecución, por ejemplo sobre las autoridades responsables de la vigilancia del mercado y de la ejecución, o sobre medidas adoptadas contra los productos peligrosos;

garantizará la independencia de las funciones de vigilancia del mercado respecto a las funciones de evaluación de la conformidad con vistas a evitar conflictos de intereses ( 25 ); y

garantizará, mediante control o vigilancia, que no existan conflictos de intereses entre las autoridades de vigilancia del mercado y las personas afectadas, entre las que figuran el fabricante, el importador y el distribuidor.

la información necesaria para dicho marcado o etiquetado de productos deberá limitarse a la información pertinente para las personas interesadas, incluidos los consumidores, los usuarios de los productos o las autoridades, con el fin de indicar la conformidad del producto con los requisitos reglamentarios;

una Parte no exigirá ninguna aprobación, registro o certificación previos de las marcas o etiquetas de productos como condición para la comercialización en su mercado de productos que cumplan sus requisitos técnicos obligatorios, salvo que sea necesario para cumplir su objetivo legítimo.

si dicha Parte exige el uso de un número de identificación único para el marcado o el etiquetado de productos, expedirá dicho número a las personas interesadas, incluidos el fabricante, el importador y el distribuidor, sin demora indebida y de forma no discriminatoria;

siempre y cuando no resulte engañoso, contradictorio o confuso, o se pongan en peligro los objetivos legítimos de la Parte, esta permitirá que la información exigida en el país de destino de las mercancías incluya lo siguiente:

la Parte aceptará que se etiquete y se corrija el etiquetado en almacenes aduaneros en el punto de importación como alternativa al etiquetado en la Parte exportadora, salvo que dicho etiquetado deba ser efectuado por personas autorizadas por motivos de salud pública o seguridad; y

salvo que considere que ello pondría en peligro los objetivos legítimos de conformidad con el Acuerdo OTC, la Parte procurará aceptar etiquetas no permanentes o extraíbles, o bien el marcado o el etiquetado en la documentación adjunta en lugar de marcas o etiquetas físicamente adheridas al producto.

la mejora de la calidad y la eficacia de sus respectivos reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, así como la promoción de buenas prácticas reguladoras mediante la cooperación regulatoria entre las Partes, incluido el intercambio de información, experiencias y datos;

en su caso, la simplificación de sus reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad respectivos;

el aumento de la convergencia de sus respectivos reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad con las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes;

la garantía de la interacción y cooperación eficaces de sus respectivas autoridades reguladoras a escala internacional, regional o nacional;

la promoción o mejora de la cooperación entre las organizaciones de las Partes encargadas de los procedimientos de normalización, acreditación y evaluación de la conformidad; y

el intercambio de información, en la medida de lo posible, sobre acuerdos y arreglos internacionales sobre obstáculos técnicos al comercio a los que se hayan adherido una o ambas Partes.

revisar la aplicación y el funcionamiento del presente capítulo;

revisar la cooperación en la elaboración y la mejora de las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7.12;

revisar el presente capítulo a la luz de toda evolución en el marco del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC establecido con arreglo al artículo 13 del Acuerdo OTC y, si es necesario, formular recomendaciones de modificación del presente capítulo;

adoptar todas las medidas que las Partes puedan considerar de utilidad para aplicar el presente capítulo y el Acuerdo OTC y facilitar el comercio entre las Partes;

debatir toda cuestión objeto del presente capítulo, a petición de una Parte;

tratar rápidamente toda cuestión que plantee una Parte en relación con la elaboración, la adopción o la aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad de la otra Parte con arreglo al presente capítulo y al Acuerdo OTC;

establecer, si es necesario para alcanzar los objetivos del presente capítulo, grupos de trabajo técnicos ad hoc para tratar cuestiones o sectores específicos con vistas a encontrar una solución;

intercambiar información sobre trabajo en los foros regionales y multilaterales que participan en actividades relacionadas con reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, y sobre la aplicación y el funcionamiento del presente capítulo;

desempeñar otras funciones que puedan delegarse en el Comité Mixto de conformidad con la letra b) del apartado 5 del artículo 22.1; e

informar al Comité Mixto, según lo considere adecuado, sobre la aplicación y el funcionamiento del presente capítulo.

en el caso de la UE, la Comisión Europea; y

en el caso de Japón, el Ministerio de Asuntos Exteriores.

intercambiar información sobre reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad de cada Parte o sobre cualquier otra cuestión objeto del presente capítulo;

proporcionar toda información o explicación solicitada por una Parte con arreglo al presente capítulo, ya sea en papel o por vía electrónica, en un plazo de tiempo razonable acordado entre las Partes y, a ser posible, en el plazo de sesenta días a partir de la fecha de recepción de la solicitud; y

clarificar y tratar rápidamente, en la medida de lo posible, toda cuestión que plantee una Parte en relación con la elaboración, la adopción o la aplicación de reglamentos técnicos, normas o procedimientos de evaluación de la conformidad con arreglo al presente capítulo y al Acuerdo OTC.

necesarias para proteger la seguridad o la moral públicas o para mantener el orden público ( 29 );

necesarias para proteger la salud o la vida de las personas, de los animales o de los vegetales ( 30 );

necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias que no sean incompatibles con las disposiciones del presente capítulo, incluidas las relativas a:

incompatibles con los apartados 1 y 2 del artículo 8.8 y el apartado 1 del artículo 8.16, siempre que la diferencia de trato tenga por objeto garantizar la imposición o recaudación equitativa o efectiva ( 31 ) de impuestos directos respecto de las actividades económicas, los empresarios o los proveedores de servicios de la otra Parte.

revisar y controlar la aplicación y el funcionamiento del presente capítulo y las medidas no conformes indicadas en las listas de cada Parte en los anexos I a IV del anexo 8-B.

intercambiar información sobre cualquier asunto relacionado con el presente capítulo;

examinar las posibles mejoras del presente capítulo;

debatir cualquier asunto relacionado con el presente capítulo que puedan acordar los representantes de las Partes; y

desempeñar otras funciones que puedan delegarse en el Comité Mixto de conformidad con la letra b) del apartado 5 del artículo 22.1.

empresarios de la otra Parte;

empresas cubiertas; y

a los efectos del artículo 8.11, toda empresa establecida en el territorio de la Parte que adopte o mantenga la medida.

al cabotaje en los servicios de transporte marítimo ( 32 );

a los servicios aéreos o servicios conexos de apoyo a los servicios aéreos ( 33 ), salvo los siguientes:

servicios audiovisuales.

un acuerdo internacional para la prevención de la doble imposición o un acuerdo o arreglo internacional relacionado total o parcialmente con la fiscalidad; o

las medidas existentes o futuras que prevean el reconocimiento de cualificaciones, licencias o medidas cautelares a las que se refieren el artículo VII del AGCS o el párrafo 3 de su anexo sobre servicios financieros.

exportar un nivel o porcentaje determinado de mercancías o servicios;

alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;

comprar, utilizar o dar preferencia a mercancías producidas o servicios prestados en su territorio, o comprar mercancías o servicios a personas físicas o jurídicas o a cualquier otra entidad en su territorio;

vincular de alguna forma el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el valor de las exportaciones o con las cantidades entrantes de divisas relacionadas con esa empresa;

limitar las ventas de las mercancías o servicios en su territorio que produzca o preste esa empresa vinculando de alguna forma esas ventas con el volumen o el valor de sus exportaciones o entradas de divisas;

limitar las exportaciones o las ventas para exportación;

transferir tecnología, un proceso de producción u otros conocimientos protegidos por derechos de propiedad industrial a una persona física o jurídica o a cualquier otra entidad en su territorio;

ubicar la sede de esa empresa en su territorio para una región determinada o el mercado mundial;

contratar a un determinado número o porcentaje de sus nacionales;

alcanzar un determinado nivel o valor de investigación y desarrollo en su territorio;

suministrar una o varias de las mercancías producidas o uno o varios de los servicios prestados por la empresa a una región específica o al mercado mundial exclusivamente desde su propio territorio; ni

adoptar:

en relación con todo contrato de licencia existente en el momento en el que se imponga o se haga cumplir el requisito, o se haga cumplir cualquier compromiso o pacto, o en relación con todo futuro contrato de licencia celebrado voluntariamente entre la empresa y una persona física o jurídica o cualquier otra entidad en su territorio, si el requisito se impone o se hace cumplir o si el compromiso o pacto se hace cumplir, de forma que constituya una interferencia directa con dicho contrato de licencia, mediante el ejercicio de facultades gubernamentales no judiciales de una Parte ( 39 ).

alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;

comprar, utilizar o dar preferencia a mercancías producidas en su territorio, o comprar mercancías a personas físicas o jurídicas o a cualquier otra entidad en su territorio;

vincular de alguna forma el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el valor de las exportaciones o con las cantidades entrantes de divisas relacionadas con esa empresa;

limitar las ventas de las mercancías o servicios en su territorio que produzca o preste esa empresa vinculando de alguna forma esas ventas con el volumen o el valor de sus exportaciones o entradas de divisas; ni

limitar las exportaciones o las ventas para exportación;

un órgano jurisdiccional, un tribunal administrativo o una autoridad de competencia impone o hace cumplir el requisito o hace cumplir el compromiso o pacto para subsanar una infracción del Derecho de competencia; o

una Parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el artículo 31 o 31 bis del Acuerdo sobre los ADPIC, o medidas que exijan la divulgación de datos o información de dominio privado que entren dentro del ámbito de aplicación del apartado 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y sean compatibles con él.

ninguna medida no conforme existente que mantenga una Parte a nivel de:

la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra a); o

una modificación de toda medida no conforme a la que se refieren las letras a) y b), a condición de que la modificación no reduzca la conformidad de la medida con los artículos 8.7 a 8.11 que existía justo antes de la modificación.

la producción, la distribución, la comercialización, la venta y el suministro de un servicio;

la adquisición, la utilización o el pago de un servicio; y

el acceso a servicios ofrecidos al público en general, y su utilización, en relación con el suministro de un servicio.

el cabotaje en los servicios de transporte marítimo ( 40 );

los servicios aéreos o servicios conexos de apoyo a los servicios aéreos ( 41 ), salvo los siguientes:

la contratación pública;

los servicios audiovisuales; ni

las subvenciones, tal y como están definidas y establecidas en el capítulo 12.

un acuerdo internacional para la prevención de la doble imposición o un acuerdo o arreglo internacional relacionado total o parcialmente con la fiscalidad; o

las medidas existentes o futuras que prevean el reconocimiento de cualificaciones, licencias o medidas cautelares a las que se refieren el artículo VII del AGCS o el párrafo 3 de su anexo sobre servicios financieros.

ninguna medida no conforme existente que mantenga una Parte a nivel de:

la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra a); o

una modificación de toda medida no conforme a la que se refieren las letras a) y b), a condición de que la modificación no reduzca la conformidad de la medida con los artículos 8.15 a 8.17 que existía justo antes de la modificación.

las categorías de visados, permisos u otro tipo similar de autorización en relación con la entrada y la estancia temporal;

la documentación necesaria y las condiciones que deben cumplirse;

el método de presentación de una solicitud y las opciones sobre dónde presentarla, por ejemplo en las oficinas consulares o en línea;

las tasas de solicitud y un calendario indicativo de la tramitación de una solicitud;

la duración máxima de la estancia para cada tipo de autorización descrito en la letra a);

las condiciones de toda posible prórroga o renovación;

las reglas sobre las personas dependientes que acompañen a la persona física;

los procedimientos de revisión o recurso disponibles; y

la legislación pertinente de aplicación general sobre la entrada y estancia temporal de personas físicas.

las obligaciones de los artículos 8.7 a 8.11 sujetas:

se incorporan e integran en la presente sección, y son aplicables a las medidas que afectan al trato de personas físicas con fines empresariales presentes en el territorio de la otra Parte y pertenecientes a las categorías de personas en visita de negocios con fines de establecimiento, personas trasladadas dentro de la misma empresa e inversores, tal como se definen en el artículo 8.21;

las obligaciones de los artículos 8.15 y 8.16 sujetas:

se incorporan e integran en la presente sección, y son aplicables a las medidas que afectan al trato de personas físicas con fines empresariales presentes en el territorio de la otra Parte, pertenecientes a las categorías de:

las obligaciones del artículo 8.17 sujetas:

se incorporan e integran en la presente sección, y son aplicables a las medidas que afectan al trato de personas físicas con fines empresariales presentes en el territorio de la otra Parte, pertenecientes a las categorías de:

las personas en visita de negocios de corta duración no vendan sus mercancías ni suministren sus servicios al público en general;

las personas en visita de negocios de corta duración no reciban una remuneración, en su propio nombre, en la Parte en la que se encuentren temporalmente; y

las personas en visita de negocios de corta duración no suministren un servicio en el marco de un contrato celebrado entre una persona jurídica que no esté establecida en el territorio de la Parte donde se encuentren temporalmente, y un consumidor de dicha Parte, salvo en los casos contemplados en el anexo III del anexo 8-B.

al comercio transfronterizo de servicios, tal como se define en la letra d) del artículo 8.2;

al establecimiento, tal como se define en la letra i) del artículo 8.2 o a la explotación, tal como se define en la letra p) del artículo 8.2; o

al suministro de un servicio mediante la presencia de una persona física de una Parte en el territorio de la otra Parte, de conformidad con el artículo 8.24.

en virtud de una medida que no sea conforme con los artículos 8.7 u 8.8 y se mencione en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8.12, o con los artículos 8.15 u 8.16 y se mencione en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8.18; ni

en virtud de una medida mencionada en el apartado 2 del artículo 8.12 o en el apartado 2 del artículo 8.18.

los aspectos de una medida que no sean conformes con los artículos 8.7 u 8.8 y se mencionen en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8.12, o no sean conformes con los artículos 8.15 u 8.16 y se mencionen en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8.18; ni

una medida mencionada en el apartado 2 del artículo 8.12 o en el apartado 2 del artículo 8.18.

al comercio transfronterizo de servicios, tal como se define en la letra d) del artículo 8.2;

al establecimiento, tal como se define en la letra i) del artículo 8.2 o a la explotación, tal como se define en la letra p) del artículo 8.2; o

al suministro de un servicio mediante la presencia de una persona física de una Parte en el territorio de la otra Parte, de conformidad con el artículo 8.24.

la medida en que convergen las normas y criterios aplicados por cada Parte para la autorización, la concesión de licencias, la explotación y la certificación a las que se refiere el apartado 2; y

el posible valor económico de un acuerdo de reconocimiento mutuo de la autorización, la concesión de licencias, la explotación y la certificación a las que se refiere el apartado 2.

«Licencia»: autorización que una autoridad reguladora independiente de una Parte puede exigir a un proveedor concreto, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de dicha Parte, para poder ofrecer servicios postales y de mensajería.

«Servicio universal»: suministro permanente de un servicio postal de calidad específica en todos los puntos del territorio de una Parte a precios asequibles para todos los usuarios.

excluir las actividades empresariales de otras empresas mediante subvenciones cruzadas, con ingresos derivados del suministro del servicio universal, de servicios postales exprés ( 48 ) o cualquier servicio no universal, de una forma que constituya un monopolio privado contrario al artículo 3 de la Ley de prohibición de los monopolios privados y de mantenimiento del comercio justo (Ley n.o 54 de 1947) de Japón o un abuso de posición dominante en el mercado contrario al Derecho de competencia de la Unión Europea, respectivamente ( 49 ); ni

hacer diferencias injustificadas entre los clientes, como los remitentes o agrupadores de envíos de gran volumen, cuando existan condiciones similares con respecto a las tarifas y las disposiciones relativas a la aceptación, la entrega, la reorientación, la devolución y el número de días necesarios para el suministro de un servicio sometido a obligaciones de servicio universal.

todos los criterios de concesión de licencias y los plazos normalmente requeridos para tomar una decisión relativa a una solicitud de licencia; y

los términos y las condiciones de las licencias.

los servicios de radiodifusión, tal como se definan en las disposiciones legales y reglamentarias de cada Parte; y

los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de transporte de telecomunicaciones, y que ejerzan un control editorial sobre dichos contenidos.

autorice a un proveedor de servicios de la otra Parte a establecer, construir, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios de transporte de telecomunicaciones distintos de los contemplados en el presente Acuerdo; o

establezca, instale, adquiera, arriende, explote o suministre redes o servicios de transporte de telecomunicaciones que no se ofrezcan al público en general, u obligue a hacerlo a un proveedor de servicios bajo su jurisdicción.

proceder a reglamentar directamente en previsión de una cuestión que considere que se puede plantear o para resolver una cuestión que ya se haya planteado en el mercado; o

confiar en las fuerzas del mercado, en particular por lo que respecta a los segmentos del mercado que sean competitivos o que tengan pocas barreras de entrada, por ejemplo los servicios prestados por proveedores de servicios de telecomunicaciones que no sean propietarios de instalaciones de redes.

comprar o arrendar y conectar el equipo terminal u otro equipo que sirva de interfaz con la red y que sea necesario para suministrar sus servicios;

interconectar circuitos privados, arrendados o propios, con redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones o con circuitos de otro proveedor de servicios, ya sean arrendados o propios; y

utilizar los protocolos de explotación de su elección para el suministro de cualquier servicio, salvo en el caso de los que sean necesarios para garantizar la disponibilidad de las redes y servicios de transporte de telecomunicaciones para el público en general.

salvaguardar las responsabilidades en materia de servicio público de los proveedores de las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones, en particular su capacidad para poner sus redes o servicios a disposición del público en general; o

proteger la integridad técnica de redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones.

restricciones a la reventa o utilización compartida de dichos servicios;

el requisito de utilizar interfaces técnicas especificadas, con inclusión de protocolos de interfaz, para la interconexión con tales redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones;

requisitos, en caso necesario, para la interoperabilidad de los servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y para fomentar la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 8.55;

la homologación de tipo del equipo terminal u otro equipo que sirva de interfaz con las redes públicas de transporte de telecomunicaciones y de los requisitos técnicos relativos a la conexión de dicho equipo a esas redes;

restricciones sobre la interconexión de circuitos privados, arrendados o propios, con redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones o con circuitos de otro proveedor de servicios, ya sean arrendados o propios; o

notificación, permiso, registro y concesión de licencias.

realizar subvenciones cruzadas contrarias a la competencia;

utilizar información obtenida de competidores con resultados contrarios a la competencia; y

no poner oportunamente a disposición de otros proveedores de servicios la información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información comercialmente pertinente que precisen para prestar sus servicios.

la disponibilidad, el suministro, las tarifas o la calidad de servicios de telecomunicaciones similares; y

la disponibilidad de las interfaces técnicas necesarias para la interconexión.

de acuerdo con términos, condiciones (entre otras cosas, en relación con las normas técnicas, las especificaciones, la calidad y el mantenimiento) y tarifas que no sean discriminatorios ni menos favorables que los aplicados a sus propios servicios similares en circunstancias similares, ni de una calidad inferior a la que reciben sus propios servicios similares, servicios similares de proveedores de servicios no afiliados, sus filiales u otras sociedades afiliadas;

de manera oportuna, y de acuerdo con términos, condiciones (entre otras cosas, en relación con las normas técnicas, las especificaciones, la calidad y el mantenimiento) y tarifas orientadas a costes que sean transparentes, razonables, teniendo en cuenta la viabilidad económica, y suficientemente desagregados para que los proveedores no tengan que pagar por componentes o instalaciones de la red que no necesiten para el servicio que vayan a suministrar; y

previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red ofrecidos a la mayoría de los usuarios, con tarifas que reflejen el coste de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.

una oferta de interconexión de referencia u otra oferta de interconexión estándar que incluya las tarifas, los términos y las condiciones que el proveedor importante ofrezca generalmente a los proveedores de redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones; o

los términos y las condiciones de un acuerdo de interconexión en vigor.

evitar interferencias perjudiciales;

garantizar la calidad técnica del servicio; y

garantizar un uso eficiente del espectro.

todos los criterios de concesión de licencias y el período de tiempo normalmente necesario para tomar una decisión sobre una licencia; y

los términos y condiciones de las licencias individuales.

garantizar que los consumidores puedan acceder fácilmente a la información relativa a las tarifas al por menor; y

minimizar los obstáculos al uso de alternativas tecnológicas a la itinerancia que permitan a los consumidores procedentes del territorio de una Parte que visiten el territorio de la otra Parte acceder a los servicios de telecomunicaciones utilizando los dispositivos que deseen.

actividades realizadas por un banco central o una autoridad monetaria o por cualquier otra entidad pública en el marco de políticas monetarias o de tipo de cambio;

actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad social o de planes de jubilación públicos; y

otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta de una Parte, o con su garantía o utilizando sus recursos financieros o entidades públicas,

proteger a los inversores, depositantes, titulares de pólizas o personas acreedoras de obligaciones fiduciarias a cargo de un proveedor de servicios financieros; o

garantizar la integridad y la estabilidad del sistema financiero de dicha Parte.

imponer condiciones a la licencia de un proveedor privado para suministrar servicios de seguro que sean más gravosas que las que la Parte impone a una entidad postal de seguros para suministrar servicios similares; o

poner a disposición de una entidad postal aseguradora un canal de distribución para la venta de servicios de seguro aplicándole términos y condiciones más favorables que los que aplica a los proveedores privados de servicios similares.

que dicha Parte no tenga en propiedad ni controle, directa o indirectamente, siempre que la Parte no mantenga ninguna ventaja que modifique las condiciones de competencia en favor de la entidad postal aseguradora por lo que respecta al suministro de servicios de seguro en comparación con un proveedor privado de servicios de seguro similares en su mercado; o

si las ventas de seguros directos de vida y distintos del de vida suscritos por la entidad postal aseguradora no representan, respectivamente, más del 10 % en cada caso del ingreso total anual por las primas de los seguros directos de vida y distintos del de vida en el mercado de la Parte.

«Servicios de estaciones y depósitos de contenedores»: actividades consistentes en el almacenamiento de contenedores, ya sea en zonas portuarias o en el interior, con vistas a su llenado o vaciado, su reparación y su preparación para los envíos.

«Servicios de despacho de aduana»: actividades consistentes en la realización por cuenta de otra parte de los trámites aduaneros relativos a la importación, la exportación o el transporte de cargamentos, independientemente de que tales servicios constituyan la actividad principal del proveedor de servicios o un complemento habitual de su actividad principal.

«Operaciones de transporte puerta a puerta o multimodal»: transporte de carga, utilizando más de un modo de transporte, que implique un trayecto marítimo internacional, con un único documento de transporte.

«Servicios de expedición de cargamentos»: actividad consistente en la organización y el seguimiento de las operaciones de expedición en nombre de los expedidores, mediante la adquisición de servicios de transporte y servicios conexos, la preparación de la documentación y el suministro de información comercial.

«Servicios de transporte marítimo internacional»: transporte de pasajeros o carga por buques marítimos entre un puerto de una Parte y un puerto de la otra Parte o de un tercer país, que comprende la contratación directa con proveedores de otros servicios de transporte, con vistas a incluir las operaciones de transporte puerta a puerta o multimodal en un único documento de transporte, pero que no comprende el derecho de suministrar esos otros servicios de transporte.

«Servicios de agencia marítima»: actividades consistentes en la representación en calidad de agente, en una zona geográfica determinada, de los intereses comerciales de una o varias líneas o compañías navieras, con los siguientes fines:

«Servicios marítimos auxiliares»: servicios de carga y descarga del transporte marítimo, servicios de almacenamiento, servicios de despacho de aduana, servicios de estaciones y depósitos de contenedores, servicios de agencia marítima y servicios de expedición de cargamentos.

«Servicios de carga y descarga del transporte marítimo»: actividades realizadas por las empresas de carga y descarga, incluidas las empresas explotadoras de terminales, pero sin incluir las actividades directas de los estibadores, cuando estos estén organizados de manera independiente de las empresas de carga y descarga o empresas explotadoras de terminales. Las actividades contempladas incluyen la organización y supervisión de:

«Servicios de almacenamiento»: servicios de almacenamiento de productos congelados o refrigerados, servicios de almacenamiento a granel de líquidos o gases, y servicios de almacenamiento de otras mercancías, incluidos el algodón, los cereales, la lana, el tabaco, otros productos agrícolas y otras mercancías para el hogar.

a los requerimientos de un órgano jurisdiccional, un tribunal administrativo o una autoridad de competencia para subsanar una infracción del Derecho de la competencia;

a los requerimientos de un órgano jurisdiccional, un tribunal administrativo o una autoridad administrativa en relación con la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, en la medida en que dichos códigos fuente estén protegidos por tales derechos; y

al derecho de una Parte a adoptar medidas de conformidad con el artículo III del ACP.

prohíban a las partes de una transacción electrónica determinar conjuntamente los métodos de autenticación electrónicos adecuados para su transacción; o

impidan que las partes de transacciones electrónicas tengan la oportunidad de establecer ante las autoridades judiciales o administrativas que sus transacciones electrónicas cumplen los requisitos legales con respecto a la autenticación electrónica y la firma electrónica.

obliguen a los proveedores de dichos mensajes a dar a los destinatarios la posibilidad de evitar la recepción de dichos mensajes; y

exijan el consentimiento previo, según lo especificado con arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias, de los destinatarios de los mensajes electrónicos comerciales.

la protección de los consumidores;

la ciberseguridad:

la lucha contra los mensajes electrónicos comerciales no solicitados;

el reconocimiento de los certificados de firmas electrónicas expedidos para el público;

los retos para las pequeñas y medianas empresas en el uso del comercio electrónico;

la facilitación de los servicios transfronterizos de certificación;

la propiedad intelectual; y

la administración electrónica.

quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

la emisión, comercio o transacción de valores, o futuros, opciones y otros instrumentos derivados;

información financiera o contabilidad de movimientos de capitales, pagos o transferencias, en caso de que sean necesarias para ayudar a las autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación o a las autoridades de regulación financiera;

infracciones criminales o penales, o prácticas engañosas o fraudulentas;

garantía del cumplimiento de las órdenes o sentencias en procedimientos contenciosos; o

seguridad social y planes públicos de jubilación o de ahorro obligatorio.

en caso de graves dificultades en la balanza de pagos o graves dificultades financieras externas, o de amenaza de tales dificultades ( 62 ); o

cuando, en circunstancias excepcionales, los movimientos de capitales, los pagos o las transferencias causen o amenacen con causar graves dificultades macroeconómicas relacionadas con políticas monetarias y cambiarias.

serán compatibles con los artículos del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional que correspondan;

no irán más allá de lo necesario para abordar las situaciones descritas en el apartado 2;

serán temporales y se eliminarán progresivamente a medida que mejore la situación descrita en el apartado 2;

evitarán perjudicar innecesariamente los intereses comerciales, económicos y financieros de la otra Parte; y

no serán discriminatorias con respecto a terceros países en situaciones similares.

la naturaleza y el alcance de las dificultades;

el entorno económico y comercial exterior; y

las medidas correctoras alternativas a las que se pueda recurrir.

una persona física; o

una persona jurídica.

evalúen de forma no discriminatoria y, cuando proceda, reconozcan los indicadores del proveedor realizados fuera de Japón como equivalentes a los indicadores realizados en Japón, entre ellos:

tengan debidamente en cuenta los indicadores del proveedor realizados fuera de Japón, entre ellos:

aceptar los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad llevados a cabo por los organismos registrados de evaluación de la conformidad de la otra Parte con arreglo al apartado 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y Japón, hecho en Bruselas el 4 de abril de 2001; y

tener debidamente en cuenta cualquier futura ampliación del ámbito de aplicación del acuerdo mencionado en la letra a) o de cualquier otro acuerdo celebrado entre las Partes con fines de reconocimiento mutuo de los procedimientos de evaluación de la conformidad, una vez hayan entrado en vigor.

los miembros de la autoridad designada sean independientes e imparciales y estén libres de influencias exteriores mientras dure su mandato;

no se cese a los miembros de la autoridad designada en contra de su voluntad mientras estén en activo, a menos que las disposiciones por las que se rige la autoridad designada exijan su despido; y

con respecto a las entidades contratantes incluidas en los anexos 1 y 3 de cada Parte del apéndice I del ACP, así como a las entidades de la Administración central y todas las demás entidades, salvo las entidades de las Administraciones subcentrales incluidas en la parte 2 del anexo 10, el presidente o al menos uno de los demás miembros de la autoridad designada tenga cualificaciones jurídicas y profesionales equivalentes a las necesarias para los jueces, abogados u otros expertos jurídicos en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte.

un plazo suspensivo entre la decisión de adjudicar un contrato y su celebración, a fin de dar a los proveedores no seleccionados tiempo suficiente para evaluar si conviene iniciar un procedimiento de revisión; o

un plazo suficiente para que un proveedor interesado presente una reclamación, lo que podría constituir un motivo para que se suspenda la ejecución de un contrato.

la supresión de las especificaciones técnicas, económicas o financieras discriminatorias que figuren en la invitación a presentar ofertas, en el expediente de licitación o en cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de licitación, y el desarrollo de nuevos procedimientos de contratación;

la repetición del procedimiento de contratación pública sin modificar las condiciones;

la interrupción momentánea de la decisión de adjudicación del contrato y la adopción de una nueva decisión al respecto;

la rescisión de un contrato o la declaración de su nulidad; o

la adopción de otras medidas a fin de subsanar las infracciones del presente capítulo, por ejemplo el requerimiento de pago de una suma determinada hasta que el incumplimiento se haya subsanado efectivamente.

notificarlo por escrito a la otra Parte; e

incluir en la notificación una propuesta a la otra Parte de efectuar los ajustes compensatorios apropiados para mantener un nivel de cobertura comparable al existente antes de la modificación.

un ajuste propuesto de conformidad con la letra b) del apartado 3 no es adecuado para mantener un nivel comparable a una cobertura acordada mutuamente; o

la modificación que se pretende introducir mencionada en el apartado 4 se refiere a una entidad contratante con respecto a cuya contratación pública la Parte no ha eliminado efectivamente su control o influencia,

un cambio de nombre de una entidad contratante;

una fusión de dos o más entidades contratantes enumeradas en el mismo apartado de la parte 2 del anexo 10;

la separación de una entidad contratante enumerada en la parte 2 del anexo 10 en dos o más entidades contratantes que se añadan a las entidades contratantes enumeradas en el mismo apartado de dicha Parte; y

las actualizaciones de listas indicativas como las que figuran en el apartado 3 de la sección A de la parte 2 del anexo 10, en la letra b) del apartado 1 de la sección B de la parte 2 del anexo 10, o en los anexos 2 y 3 de la Unión Europea en el apéndice I del ACP.

formular recomendaciones al Comité Mixto para que adopte decisiones por las que se modifica la parte 2 del anexo 10, a fin de reflejar las modificaciones o rectificaciones aceptadas con arreglo al artículo 10.14 o los ajustes compensatorios acordados;

adoptar modalidades para la comunicación de los datos estadísticos de conformidad con el artículo 10.13, si se considera necesario;

considerar las cuestiones relativas a la contratación pública que le remita una Parte; y

intercambiar información sobre las oportunidades de contratación pública, incluso a nivel regional y local, en cada Parte.

en el caso de la Unión Europea:

en el caso de Japón:

la base jurídica y el objetivo o la finalidad de la subvención en el marco de su política;

la forma de la subvención, como un subsidio, un préstamo, una garantía, un anticipo reembolsable, una aportación de capital o un beneficio fiscal;

las fechas y la duración de la subvención o cualquier otro plazo relacionado;

los requisitos de admisibilidad de la subvención;

el importe total o el importe anual presupuestado para la subvención y la posibilidad de limitar la subvención;

cuando sea posible, el beneficiario de la subvención; y

cualquier otra información, incluidos datos estadísticos, que permita evaluar los efectos de la subvención sobre el comercio o la inversión.

apoya las exportaciones o las importaciones, siempre que dichos servicios:

apoya la inversión privada fuera del territorio de la Parte, siempre que estos servicios:

se ofrece en condiciones conformes con el Acuerdo, siempre que entre dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo.

toda medida no conforme vigente con arreglo al apartado 1 del artículo 8.12 y el apartado 1 del artículo 8.18 que la Parte mantenga, continúe, renueve, enmiende o modifique, tal como se expone en su lista del anexo I del anexo 8-B; o

toda medida no conforme de una Parte con arreglo al apartado 2 del artículo 8.12 y el apartado 2 del artículo 8.18 con respecto a los sectores, subsectores o actividades expuestos en su lista del anexo II del anexo 8-B.

actúe con arreglo a consideraciones comerciales en la adquisición o venta de mercancías o servicios, excepto para cumplir las condiciones de su mandato de servicio público que no sean incompatibles con las letras b) o c);

al adquirir un producto o un servicio:

al vender un producto o servicio:

adquieran o vendan mercancías o servicios en condiciones diferentes, incluidas las referentes al precio, siempre que dichas condiciones diferentes sean acordes con consideraciones comerciales; o

se nieguen a adquirir o vender mercancías o servicios, siempre que esa negativa sea acorde con consideraciones comerciales.

la estructura organizativa de la entidad y la composición de su consejo de administración o de cualquier otro órgano de dirección equivalente;

el porcentaje de acciones que la Parte requerida, sus empresas públicas, sus empresas que gozan de derechos o privilegios especiales y sus monopolios designados poseen de forma acumulativa, así como el porcentaje de derechos de voto que tienen de forma acumulativa, en la entidad;

una descripción de las acciones especiales o derechos de voto especiales o derechos de otro tipo que tienen la Parte requerida, sus empresas públicas, sus empresas que gozan de derechos o privilegios especiales o sus monopolios designados, en caso de que tales derechos sean diferentes de los vinculados a las acciones ordinarias de la entidad;

una descripción de los ministerios u organismos públicos del gobierno que regulen la entidad, una descripción de las obligaciones de información que le impongan dichos ministerios u organismos públicos, y los derechos y las prácticas, en la medida de lo posible, de dichos ministerios u organismos públicos con respecto al nombramiento, el cese o la remuneración de los altos directivos y miembros de su consejo de administración o de cualquier otro órgano de dirección equivalente;

los ingresos anuales y los activos totales de la entidad, durante los tres últimos años, sobre los que se disponga de información;

las posibles excepciones, inmunidades y medidas relacionadas de las que se beneficie la entidad en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte requerida; y

toda información adicional relativa a la entidad que esté a disposición del público, incluidos los informes financieros anuales y las auditorías de terceros.

el Acuerdo sobre los ADPIC;

el Convenio de París;

la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 (denominada en lo sucesivo «la Convención de Roma»);

el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, hecho en Berna el 9 de septiembre de 1886 (denominado en lo sucesivo «el Convenio de Berna») ( 73 );

el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996;

el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996;

el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977;

el Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales, hecho en París el 2 de diciembre de 1961 (denominado en lo sucesivo «el Convenio UPOV de 1991») ( 74 );

el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989; y

el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970.

el Tratado sobre el Derecho de Patentes, adoptado en Ginebra el 1 de junio de 2000;

el Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994;

el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006;

el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptado en Ginebra el 2 de julio de 1999;

el Tratado de Pekín sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, adoptado en Pekín el 24 de junio de 2012; y

el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, adoptado en Marrakech el 27 de junio de 2013.

publicar información y poner a disposición del público la información que figure en los expedientes sobre:

poner a disposición del público información sobre las medidas adoptadas por las autoridades competentes para la suspensión del despacho de mercancías que vulneren los derechos de propiedad intelectual como medida aduanera establecida en el artículo 14.51;

poner a disposición del público información sobre sus esfuerzos por garantizar la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual y demás información con respecto a su sistema de propiedad intelectual; y

poner a disposición del público información sobre las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, las decisiones judiciales definitivas y las resoluciones administrativas de aplicación general relativas a la aplicación de los derechos de propiedad intelectual.