Bruselas, 21.11.2018

COM(2018) 761 final

PROYECTO DE INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO
DE LA COMISIÓN Y EL CONSEJO

que acompaña a la Comunicación de la Comisión



















relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN    

PRINCIPALES MENSAJES    

1.    PANORAMA DE LAS TENDENCIAS Y LOS RETOS SOCIALES Y DEL MERCADO LABORAL EN LA UNIÓN EUROPEA    

1.1.    Tendencias del mercado de trabajo    

1.2.    Tendencias sociales    

2.    INSTANTÁNEAS DEL CUADRO DE INDICADORES SOCIALES    

2.1.    Explicación del cuadro de indicadores    

2.2.    Datos del cuadro de indicadores sociales    

3.    REFORMAS EN MATERIA SOCIAL Y DE EMPLEO: RESULTADOS Y ACTUACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS    

3.1.    Orientación n.º 5: Impulsar la demanda de mano de obra    

3.1.1.    Indicadores clave    

3.1.2.    Respuesta normativa    

3.2.    Orientación n.º 6: Mejorar la oferta de mano de obra y el acceso al empleo, las capacidades y las competencias    

3.2.1.    Indicadores clave    

3.2.2.    Respuesta normativa    

3.3.    Orientación n.º 7: Mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y la eficacia del diálogo social    

3.3.1.    Indicadores clave    

3.3.2.    Respuesta normativa    

3.4.    Orientación n.º 8: Promover la igualdad de oportunidades para todos, fomentar la inclusión social y combatir la pobreza    

3.4.1.    Indicadores clave    

3.4.2.    Respuesta normativa    

ANEXOS    


INTRODUCCIÓN

El artículo 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la Comisión Europea y el Consejo deben elaborar el Informe Conjunto sobre el Empleo (ICE). La Comisión realiza la propuesta inicial de dicho informe, que forma parte del «paquete de otoño» e incluye el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC), con el que se pone en marcha el Semestre Europeo. El Informe Conjunto sobre el Empleo ofrece un resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 1 . La información sobre estas reformas respeta la estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de obra y el acceso al empleo, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el buen funcionamiento de los mercados laborales y la eficacia del diálogo social (orientación n.º 7) y promover la igualdad de oportunidades para todos, fomentar la inclusión social y combatir la pobreza (orientación n.º 8).

Además, el Informe Conjunto sobre el Empleo supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales. El pilar lo establecieron en forma de proclamación interinstitucional el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, e identifica principios y derechos en tres ámbitos: i) igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, ii) condiciones de trabajo justas y iii) protección e inclusión social. La vigilancia de la evolución en estas áreas está respaldada por un análisis detallado del cuadro de indicadores sociales que acompaña al pilar.

El Informe Conjunto sobre el Empleo se estructura de la siguiente forma: un capítulo introductorio (capítulo 1) describe las principales tendencias sociales y de mercado laboral en la Unión Europea para definir el contexto; en el capítulo 2 se presentan los principales resultados del análisis del cuadro de indicadores sociales asociados al pilar europeo de derechos sociales; y en el capítulo 3 se ofrece una descripción detallada por país de los indicadores clave (incluidos los del cuadro de indicadores sociales) y de las políticas aplicadas por los Estados miembros para abordar las orientaciones para las políticas de empleo.



PRINCIPALES MENSAJES

Europa está realizando progresos por lo que se refiere al cuadro de indicadores sociales que acompaña al pilar europeo de derechos sociales. En un contexto de mejoría de los mercados laborales y de disminución de la pobreza, trece de los catorce indicadores principales del cuadro de indicadores sociales registraron una mejora durante el último año, en términos medios. Aun así, la recuperación económica todavía no está beneficiando a todos los ciudadanos y países por igual. Se señalan retos para la mayoría de los Estados miembros con respecto a principios específicos del pilar. El actual repunte de la situación económica ofrece una oportunidad para acelerar las reformas destinadas a mejorar la inclusión, la resiliencia y la equidad de los mercados de trabajo y los sistemas de protección social, fomentando de este modo la convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo en la UE. No obstante, existen también riesgos para la recuperación, por lo que es urgente que los Estados miembros aprovechen esta oportunidad.

Continúa habiendo una fuerte creación de empleo, y este ha alcanzado niveles récord en la UE. En el segundo trimestre de 2018, 239 millones de personas estaban en situación de empleo en la UE, 14 millones más que el nivel más bajo alcanzado a mediados de 2013, en el punto álgido de la crisis. La tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años aumentó al 73,2 % en ese mismo período: con la tendencia actual, la UE está bien encaminada para alcanzar el objetivo de Europa 2020 de una tasa de empleo del 75 % en 2020. El crecimiento del empleo en 2017 y durante los dos primeros trimestres de 2018 se repartió entre todos los principales grupos demográficos, registrándose los mayores aumentos en el grupo de los trabajadores de más edad (de 55 a 64 años), como ya venía sucediendo en los años anteriores. No obstante, las considerables disparidades de las tasas de empleo en toda la UE sugieren que todavía hay margen de mejora, especialmente en aquellos Estados miembros que aún están lejos de alcanzar sus objetivos nacionales de Europa 2020.

El desempleo ha vuelto a su nivel anterior a la crisis, pero sigue siendo elevado en varios Estados miembros. Gracias a la constante recuperación del mercado de trabajo, la tasa de desempleo siguió descendiendo en 2017, hasta alcanzar el 6,9 % en el segundo trimestre de 2018. Se sitúa ahora en su nivel más bajo en diez años, más de 4 puntos porcentuales por debajo del máximo de 2013. En la zona del euro, la tasa de desempleo, del 8,3 % en T2-2018, se mantiene un punto porcentual por encima del nivel más bajo registrado en 2008. Las tasas de desempleo todavía son especialmente elevadas en Grecia, España, Italia, Croacia y Chipre.

Los progresos del empleo siguen siendo más notables en lo que respecta a las personas empleadas que a las horas trabajadas. El volumen total de horas trabajadas en la UE siguió aumentando en 2017 —aunque más lentamente que el empleo total— y todavía no ha vuelto a los niveles de 2008. El alto número de trabajadores involuntarios a tiempo parcial (esto es, trabajadores que trabajan a tiempo parcial pero que desearían trabajar más), todavía 1,3 millones superior al de 2008, también indica que aún queda un margen de mejora en el mercado laboral. Sin embargo, la disminución del número de horas trabajadas por persona forma parte de una tendencia estructural que empezó a principios de la década de 2000.

La renta familiar sigue creciendo en casi todos los Estados miembros. En apoyo al proceso de convergencia al alza, la renta disponible real per cápita de los hogares creció con más fuerza en los Estados miembros que se habían incorporado más recientemente a la Unión. Si bien estos progresos estuvieron impulsados principalmente por las favorables condiciones económicas, también se beneficiaron de las reformas que llevaron a mejorar la adecuación de las prestaciones sociales, como por ejemplo los regímenes de renta mínima. Aun con todo, en varios países, la renta bruta disponible real per cápita sigue estando considerablemente por debajo de los niveles anteriores a la crisis. La renta familiar creció más lentamente que el PIB, lo que señala que el aumento de los ingresos a raíz de la recuperación solo ha llegado a los hogares en cierta medida, planteando así interrogantes sobre la capacidad integradora del reciente crecimiento.

Gracias a la fuerte recuperación económica y del mercado de trabajo, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó notablemente en 2017. Más de 5 millones de personas salieron de la pobreza o de la exclusión social, el mayor descenso desde que empezara la recuperación. Este cambio estuvo motivado por la disminución del número de personas que sufrían privación material grave o vivían en hogares con intensidad laboral muy baja (desde sus respectivos picos, estos indicadores disminuyeron 15 y 8 millones respectivamente). El número total de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (113 millones de personas o un 22,5 % de la población total en 2017) se sitúa ahora por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Las estimaciones indican que esta tendencia se mantendrá durante el próximo año. No obstante, todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir el objetivo de Europa 2020 sobre reducción de la pobreza y la exclusión social. El riesgo de pobreza o exclusión social sigue planteando un reto, especialmente en lo que respecta a los niños, las personas con discapacidad y las personas de origen migrante.

El aumento de los salarios reales se ralentizó en 2017, pero ha recobrado impulso en 2018. En términos generales, el crecimiento salarial se mantiene por debajo de lo que podría esperarse dado el positivo rendimiento económico y del mercado laboral. La modesta evolución de los salarios en los últimos años puede explicarse por el débil crecimiento de la productividad, las expectativas de una inflación todavía baja y las reservas que todavía quedan en el mercado laboral. En términos reales, los salarios medios todavía se encuentran por detrás de los niveles anteriores a la crisis en muchos Estados miembros y su crecimiento, en 2017, siguió siendo inferior al crecimiento de la productividad. Esto se ajusta a una tendencia a largo plazo: en la UE, entre 2000 y 2017, el valor añadido real por persona empleada creció un 15,6 %, mientras que la remuneración real por empleado creció solo un 11,2 %. A pesar de estos avances, existen pruebas de que se está llegando a una convergencia de los niveles de ingresos procedentes del trabajo, aunque sigan existiendo grandes diferencias entre y dentro de los Estados miembros.

Los marcos de negociación colectiva de los salarios (incluidos los salarios mínimos) están empezando a reaccionar ante la mejora de las condiciones del mercado de trabajo. Concretamente, los salarios mínimos obligatorios subieron en muchos países, con la participación de los interlocutores sociales. Este avance es importante en vista de las persistentemente elevadas tasas de pobreza de los ocupados en varios Estados miembros, que también exigen la adopción de medidas en los ámbitos del diseño fiscal y la adecuación de las prestaciones. En este contexto, es importante que el ajuste de los niveles de salario mínimo siga reglas transparentes y previsibles, teniendo en cuenta su impacto en la competitividad, la creación de empleo y la pobreza de los ocupados.

En un contexto de creación constante de empleo, algunos grupos todavía tienen dificultades para cosechar los beneficios de la recuperación. El crecimiento del empleo en 2017 se ha visto principalmente impulsado por las mujeres, los trabajadores de más edad y las personas con un alto nivel de capacidades. Por otro lado, la tasa de empleo de los trabajadores poco cualificados se sitúa todavía por debajo de los niveles anteriores a la crisis y se mantiene casi 30 puntos porcentuales por debajo de la de los trabajadores con un alto nivel de capacidades. Aunque va en aumento, la tasa de empleo de los jóvenes es inferior a la de 2008 (2,7 p. p.). Como dato positivo, la proporción de jóvenes que no estudiaban, ni trabajaban, ni seguían formación ha vuelto ahora, con un 10,9 %, a los niveles anteriores a la crisis. Las personas de origen migrante se enfrentan a problemas de empleabilidad: la brecha en la tasa de empleo entre los trabajadores autóctonos y los nacidos fuera de la UE se situó en los 10 puntos porcentuales en 2017 (desde 4,5 p. p. en 2008). Esta brecha es especialmente pronunciada entre las mujeres migrantes. Finalmente, las personas con discapacidad tienden a participar menos en el mercado laboral y el potencial de utilizar su talento se queda en gran parte sin explotar.

La participación de las mujeres en el mercado laboral continúa creciendo a paso acelerado. La tasa de empleo de las mujeres se situó en el 66,5 % en 2017, casi 5 puntos porcentuales por encima de la de 2008. No obstante, la brecha de género en la tasa de empleo sigue siendo considerable, y hay importantes disparidades entre Estados miembros. Aunque por lo general las mujeres están más cualificadas que los hombres en términos de su nivel de estudios, la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene elevada y solo va disminuyendo gradualmente. Las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores y profesiones peor remunerados y trabajan con más frecuencia en empleos poco cualificados en comparación con su nivel de capacidades. El efecto de la paternidad y las responsabilidades asistenciales sigue siendo la principal causa de las tasas de empleo inferiores, y el subdesarrollo de los servicios supone un gran obstáculo para permanecer en el mercado laboral o volver a él. Asimismo, los cuidadores no profesionales, la mayoría de los cuales son mujeres, corren un mayor riesgo de sufrir pobreza y dependencia financiera, traduciéndose a menudo las interrupciones en la carrera profesional en unos derechos de pensión más bajos. Varios Estados miembros están tomando medidas para ofrecer un acceso asequible e igualitario a guarderías de calidad y a cuidados de larga duración, pero sigue habiendo retos importantes. Un reparto más equilibrado de los permisos retribuidos por motivos familiares entre mujeres y hombres sería beneficioso en algunos casos. Algunos Estados miembros están adaptando sus sistemas fiscales y de prestaciones para suprimir los desincentivos al trabajo para la segunda fuente de ingresos de la familia. Solo un número limitado de países ha adoptado medidas concretas para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

La tasa de empleo de los trabajadores de más edad ha registrado un aumento significativo durante la última década. Para el grupo de edad de entre 55 y 64 años, aumentó del 45,5 % en 2008 al 57,1 % en 2017. Los trabajadores de más edad estuvieron relativamente más protegidos ante la recesión, y su tasa de empleo siguió creciendo durante la crisis, para luego convertirse en un importante motor de la recuperación del empleo. La cada vez mayor duración de las vidas laborales se explica por una serie de factores, entre ellos, los aumentos de la edad legal de jubilación, un mejor acceso a los servicios asistenciales, la disponibilidad de una organización del trabajo más flexible y las estrategias de envejecimiento activo. Varios Estados miembros están promoviendo en mayor medida la participación de los trabajadores de más edad en el mercado laboral, por ejemplo, mediante el apoyo a una transición flexible a la jubilación y ofreciendo incentivos financieros tanto a los empresarios como a los empleados.

La situación del mercado de trabajo de los jóvenes sigue mejorando, pero el desempleo juvenil se mantiene elevado en varios Estados miembros. Aunque desciende de manera constante y ha vuelto a su nivel de 2008, la tasa de desempleo juvenil (grupo de edad de entre 15 y 24 años) presenta importantes diferencias entre países y tasas muy elevadas en algunos de ellos. Una parte todavía considerable de los jóvenes está económicamente inactiva. En términos generales en la UE, casi 6 millones de personas de entre 15 y 24 años no estudiaban, ni trabajaban ni seguían formación alguna (ninis) en 2017. Si se alargara en el tiempo, la desvinculación de los jóvenes del mercado de trabajo podría tener consecuencias negativas sobre el potencial de crecimiento, así como repercusiones negativas sobre las personas afectadas, como el deterioro de las capacidades y un riesgo más alto de pobreza y exclusión social en el futuro. Las medidas adoptadas por los Estados miembros de acuerdo con la Recomendación del Consejo por la que se establece la Garantía Juvenil son motores fundamentales de mejora.

La garantía del acceso a una educación y formación inclusivas y de calidad permite a las generaciones más jóvenes convertirse en ciudadanos activos y comprometidos, ayudándoles a integrarse en el mercado laboral y en la sociedad. Europa está avanzando hacia la consecución del objetivo principal de 2020 de alcanzar una tasa de abandono prematuro de la educación del 10 %, y casi ha alcanzado el objetivo de titulados de nivel educativo terciario (del 40 %). Aun así, sigue habiendo grandes diferencias entre los Estados miembros y los distintos grupos de población (por ejemplo, entre hombres y mujeres y entre personas autóctonas y nacidas fuera de la UE). Las elevadas proporciones de alumnos con bajo rendimiento en las capacidades básicas y la marcada correlación de los resultados educativos con el estatus socioeconómico y los resultados en el mercado laboral son motivo de preocupación. Los Estados miembros están adoptando medidas para mejorar sus sistemas educativos, especialmente para reducir aún más las tasas de abandono, fomentar un acceso igualitario y mejorar los resultados educativos de los alumnos desfavorecidos. En algunos Estados miembros resulta prioritaria una mayor (y más eficaz) inversión en sistemas de educación y formación. La mejora de la calidad de la educación superior y su adecuación al mercado de trabajo es también una cuestión prioritaria en las agendas de los Estados miembros, especialmente en el contexto de unas tasas de titulados de nivel educativo terciario cada vez mayores.

Los cambios tecnológicos y las consecuentes transformaciones de los mercados de trabajo requieren fundamentalmente que se dote de mejores o nuevas capacidades a la población en edad laboral. Tener una cualificación pertinente para el mercado laboral resulta cada vez más importante para que los trabajadores se adapten a un entorno en constante cambio. En la UE, el coeficiente entre los adultos poco cualificados y el número de puestos de trabajo que requieren bajos niveles de cualificación es de tres a uno de media. Sin embargo, las personas con bajo nivel de capacidades y las personas mayores tienen bastante menos probabilidades de participar en programas de educación de adultos que la media. Todavía quedan brechas considerables en materia de capacidades digitales: más del 40 % de los adultos de la UE no tienen capacidades digitales básicas, con máximos del 70 % en algunos Estados miembros. Esto significa que una parte considerable de la población no tiene acceso a una amplia gama de servicios, con los consiguientes efectos negativos para la inclusión y la productividad.

Los Estados miembros están adaptando sus sistemas de desarrollo de capacidades y elaborando estrategias para mejorar la adecuación de la formación al mercado de trabajo, con vistas a facilitar la transición de los alumnos al mercado laboral y dentro del mercado laboral. Esto incluye hacer que las capacidades y las cualificaciones sean más fáciles de entender y reconocer por toda Europa y tener en cuenta el aprendizaje que se produce fuera de un marco institucional. Los sistemas de educación y formación profesional se están revisando y actualizando, con el objetivo de mejorar su adecuación al mercado laboral y promover el acceso, pero sigue habiendo retos en estos ámbitos. La introducción de incentivos para que los grupos desfavorecidos participen en la educación de adultos, junto con una orientación adecuada y la prestación de apoyo financiero a las empresas para formar a sus empleados, constituyen importantes instrumentos políticos para obtener mejores resultados. Los Estados miembros siguen aumentando su oferta de oportunidades de aprendizaje y cualificación a los adultos con bajo nivel de capacidades, de conformidad con la iniciativa sobre los itinerarios de mejora de las capacidades. El fomento del desarrollo de las capacidades digitales ocupa un lugar importante entre las prioridades de educación y de capacidades de los Estados miembros.

La incidencia de formas atípicas de trabajo se mantiene prácticamente estable a nivel de la UE, pero la alta segmentación del mercado laboral sigue siendo un problema en varios Estados miembros. El porcentaje total de empleados con contratos temporales no ha cambiado significativamente en los últimos años, situándose en torno a una media del 14 %. Globalmente, más de la mitad de los empleados temporales lo son de forma involuntaria, ascendiendo a un 70 % o más en doce Estados miembros. En varios países, la combinación de altos porcentajes de contratos temporales y bajas tasas de transición a contratos indefinidos es indicativa de una dualidad en el mercado de trabajo. Esto constituye un motivo de preocupación, ya que los trabajadores atípicos afrontan una menor calidad del empleo y mayores riesgos de pobreza de los ocupados. Además, alrededor de un cuarto de todos los trabajadores autónomos de la UE pueden clasificarse como «vulnerables» u «ocultos». Los resultados de la encuesta también parecen sugerir que la proporción de personas que ganan más de la mitad de sus ingresos trabajando en plataformas digitales podría haber alcanzado aproximadamente la cifra del 2 % (2017) y se espera que aumente, lo que subraya la importancia de orientar más las estrategias hacia este cambio. En algunos Estados miembros, se están llevando a cabo reformas en la legislación en materia de protección del empleo, con el objetivo de obtener un mejor equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad y evitar la segmentación. Estas reformas incluyen, en algunos casos, condiciones más estrictas para la utilización de contratos temporales, o la concesión de mayores facultades a la negociación colectiva para definir su marco. En unos pocos Estados miembros, se ha emprendido la regulación de las nuevas formas de trabajo, que incluye a los trabajadores de plataformas y a los trabajadores por cuenta propia.

Unas prestaciones por desempleo de un importe adecuado, una duración razonable, accesibles para todos los trabajadores y acompañadas de medidas eficaces de activación son fundamentales para apoyar a los solicitantes de empleo durante los períodos de transición. El diseño de estos sistemas varía de manera considerable entre los distintos Estados miembros, en todos los aspectos. Las recientes reformas en este ámbito se han centrado principalmente en reforzar los requisitos de activación para los solicitantes de empleo que reciben prestaciones, por ejemplo, mediante el refuerzo de las obligaciones de búsqueda de empleo y las condiciones para la aceptación de un nuevo empleo. La cobertura de los trabajadores atípicos, que a menudo no tienen pleno acceso al sistema, y la falta de cobertura de los trabajadores autónomos siguen siendo motivo de preocupación y son cuestiones que se destacan en la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia.

Unas políticas activas del mercado de trabajo y unos servicios públicos de empleo eficaces son fundamentales para garantizar unos mercados de trabajo eficientes e inclusivos. Las políticas activas del mercado de trabajo mejoran la adecuación al mercado laboral y aumentan las posibilidades de los solicitantes de empleo de encontrar un nuevo trabajo. Su papel es especialmente importante para promover la integración de los desempleados de larga duración. Los servicios públicos de empleo son las principales instituciones encargadas de apoyar los esfuerzos de búsqueda de empleo de los desempleados y de remitirlos a las medidas de activación oportunas. Sin embargo, la participación y la inversión en las políticas activas del mercado de trabajo difieren significativamente de unos países de la UE a otros. Del mismo modo, la eficacia de los servicios públicos de empleo a la hora de prestar apoyo a la búsqueda de empleo es heterogénea entre los distintos Estados miembros y, en ocasiones, también dentro de ellos. Mientras que se están tomando importantes medidas en la mayoría de los Estados miembros, centradas en la prestación de servicios individualizados, varios Estados miembros cuentan con la posibilidad de reforzar sus sistemas de políticas activas del mercado de trabajo. Los Estados miembros progresaron en la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración, aunque son necesarias más medidas para fomentar la cooperación entre los distintos actores y mejorar la aproximación a las personas inactivas. Los servicios públicos de empleo prosiguen con su programa de reformas, en el marco de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo. Mientras que algunos Estados miembros tomaron nuevas medidas para promover la integración de los migrantes en el mercado laboral (con una atención particular a los refugiados), faltan enfoques sistemáticos y se necesita invertir más en la mejora de las capacidades y el reconocimiento de las capacidades y las cualificaciones, en políticas eficaces del mercado de trabajo y en el apoyo de los servicios públicos de empleo. 

Por primera vez desde la crisis, la desigualdad de ingresos en la UE disminuyó ligeramente en 2017, como consecuencia de un aumento más rápido de los ingresos de los hogares con rentas más bajas. Esto indica que la recuperación empieza a alcanzar a los grupos más vulnerables. Las estimaciones disponibles indican que esta tendencia positiva continuará en la mayoría de los Estados miembros. Aun así, en 2017, el 20 % más rico de la población de la UE tenía una renta disponible que era 5,1 veces superior a la del 20 % más pobre (5,2 en 2016), con grandes variaciones entre Estados miembros. La desigualdad de ingresos se sitúa por encima de los niveles anteriores a la crisis en algunos países, y está a menudo vinculada a la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la formación y la protección social, y correlacionada con malos resultados en el mercado de trabajo. Algunos Estados miembros están adoptando políticas de reducción de la desigualdad, particularmente en relación con el diseño de la fijación de salarios mínimos y de los sistemas fiscales y de prestaciones. Para acabar con la transmisión de las desigualdades entre generaciones, los Estados miembros pueden emprender más acciones en diversos ámbitos, por ejemplo, fomentando la igualdad de oportunidades en la educación y la formación, garantizando el acceso a una asistencia sanitaria de calidad y a otros servicios, promoviendo la igualdad de género y abordando las disparidades regionales.

El impacto medido de las transferencias sociales (excluyendo las pensiones) en la reducción de la pobreza continuó disminuyendo en 2017. Esto concuerda con la reducción del efecto automático estabilizador en una fase de expansión económica, aunque sigue habiendo importantes variaciones entre los Estados miembros. El efecto reductor de la pobreza de las transferencias sociales disminuyó principalmente en los Estados miembros de la UE más antiguos, mientras que aumentó en los países que se unieron más recientemente a la UE (lo que indica que se está produciendo una convergencia). El resultado general depende de la mejora de las condiciones del mercado de trabajo (y los cambios asociados de las características de las personas en riesgo de pobreza), así como de los cambios en la adecuación y la cobertura de las prestaciones, como el hecho de que las prestaciones a veces van a la zaga del aumento general de los ingresos. La adecuación de las prestaciones de renta mínima varía considerablemente entre los Estados miembros, como revelan los resultados del ejercicio de evaluación comparativa.

Los Estados miembros siguen adoptando medidas para modernizar los sistemas de protección social, reforzando la cobertura y la adecuación de las prestaciones y los servicios. Se están tomando medidas para mejorar el acceso a la protección social, especialmente para los trabajadores atípicos y los trabajadores autónomos, que continúan enfrentándose a importantes lagunas. También se están introduciendo algunas innovaciones en lo que respecta a las nuevas formas de trabajo. Continúan los trabajos para mejorar la adecuación de las prestaciones, aunque en algunos casos ha habido retrasos. Varios Estados miembros están mejorando sus programas de renta mínima mediante la combinación de niveles adecuados de apoyo con el acceso a bienes y servicios facilitadores, y con incentivos para la (re)integración en el mercado laboral, siguiendo un planteamiento de inclusión activa. Algunos Estados miembros están mejorando la prestación integrada de servicios (por ejemplo, de asistencia social, de empleo y otros servicios sociales). En un contexto en el que los gastos relativos a la vivienda representan una proporción significativa de la renta de muchos hogares y la evolución del número de personas sin hogar no mejora, algunos Estados miembros han emprendido reformas para mejorar el acceso a la vivienda, ya sea mediante el suministro de incentivos o a través de medidas preventivas.

Los cambios demográficos y la creciente esperanza de vida hacen claramente necesaria la adaptación de los sistemas de pensiones, sanitarios y de cuidados de larga duración. La demanda de cuidados de larga duración y de asistencia sanitaria crece, y las necesidades cambian a medida que la población envejece. Durante las próximas cinco décadas, se prevé que el número de europeos mayores de 80 años se duplique. En el año 2050, habrá solo dos personas en edad activa (de 15 a 64 años) por cada persona mayor de 65 años, en comparación con las tres actuales; y esta ratio sigue decreciendo. Por lo tanto, mientras que las medidas para mejorar la sostenibilidad financiera son todavía prioritarias en los programas de muchos Estados miembros, la garantía de la adecuación de las pensiones va adquiriendo importancia. La capacidad de sustitución de los ingresos y de prevención de la pobreza de las pensiones varía considerablemente entre los distintos Estados miembros. Los Estados miembros toman cada vez más medidas para proteger la adecuación de las pensiones a través de garantías mínimas y la indexación de las prestaciones, promover la jubilación flexible, adaptar las condiciones de devengo de las pensiones a las diversas categorías de trabajadores y reforzar el papel de las pensiones complementarias. 

La mejora del acceso a una asistencia sanitaria y a unos cuidados de larga duración de calidad, junto con el aumento de su eficacia, constituye un principio rector para las reformas en los Estados miembros. Para algunos europeos, los costes y el tiempo de espera siguen siendo obstáculos importantes para la accesibilidad a la asistencia sanitaria. Por tanto, en varios Estados miembros, las reformas de los sistemas sanitarios se centran en mejorar su eficacia mediante una mejor coordinación y la asignación de un papel más importante a la asistencia sanitaria primaria y la prevención. Se están adoptando medidas para mejorar la formación y las condiciones de trabajo del personal sanitario. En el ámbito de los cuidados de larga duración, siguen siendo los miembros de la familia los que proporcionan la mayor parte de estos cuidados, debido a la falta de regímenes globales para cubrir la necesidad de cuidados de los mayores en casi todos los Estados miembros. Las actuales reformas pretenden combinar un sistema de apoyo a los cuidadores no profesionales y familiares por parte de las instituciones públicas y una red de servicios comunitarios e institucionales, prestando especial atención a la sostenibilidad ante los desafíos demográficos.

Un diálogo social eficaz es un elemento clave de la economía social de mercado europea. Ayuda a reforzar la cohesión social y a reducir los conflictos en la sociedad, en beneficio tanto de los trabajadores, como de los empresarios y los Gobiernos. La participación de los interlocutores sociales en la preparación de las reformas puede mejorar su diseño y aplicación, aumentar el sentimiento de apropiación por parte de los ciudadanos y, en último término, propiciar unos mejores resultados socioeconómicos. Sin embargo, el grado y el impacto de la participación de los interlocutores sociales varía considerablemente entre los Estados miembros y es débil en muchos casos. Aunque no existe un modelo universal para las prácticas de diálogo social, en algunos Estados miembros hay un claro margen para aumentar las facultades de los interlocutores sociales y proporcionarles un marco adecuado para unas consultas previsibles y oportunas, como por ejemplo en todas las etapas clave del Semestre europeo. Del mismo modo, aprovechar la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil puede desempeñar y desempeña un papel importante a la hora de garantizar que las reformas se diseñen y se apliquen de forma efectiva. Sin embargo, el grado de compromiso con las partes interesadas de la sociedad varía considerablemente de unos Estados miembros a otros, y en algunos de ellos existe el problema de que dichas partes interesadas no tienen capacidad suficiente para participar activamente en el debate político.



1.    PANORAMA DE LAS TENDENCIAS Y LOS RETOS SOCIALES Y DEL MERCADO LABORAL EN LA UNIÓN EUROPEA

En este capítulo se presenta una visión general de las tendencias y retos sociales y del mercado laboral en la Unión Europea, y se ofrece una explicación analítica detallada de las cuestiones políticas más importantes en materia social y de empleo.

1.1.    Tendencias del mercado de trabajo

Las condiciones del mercado de trabajo siguen mejorando y el empleo ha alcanzado máximos históricos en la UE. Gracias al fuerte crecimiento económico (2,4 %), el número de personas en situación de empleo en la UE aumentó un 1,6 % en 2017, la mayor tasa de crecimiento anual desde el comienzo de la recuperación. El empleo total siguió aumentando durante los dos primeros trimestres de 2018, hasta alcanzar los 238,9 millones de empleos 2 : alrededor de 3,2 millones más que hace un año y el nivel más alto alcanzado hasta ahora en la UE. Teniendo en cuenta que el empleo empezó a recuperarse a mediados de 2013, se han creado más de 14 millones de puestos de trabajo adicionales.

La tasa de empleo (de 20 a 64 años) presenta un aumento constante, acercándose cada vez más al objetivo de Europa 2020. En 2017, creció ligeramente más deprisa que en 2016, en 1,1 puntos porcentuales hasta situarse en el 72,2 %, y ha seguido aumentando en los dos primeros trimestres de 2018 hasta alcanzar el 73,2 % (gráfico 1). Si la tendencia positiva se mantiene al ritmo actual, la UE estaría en condiciones de alcanzar su objetivo de Europa 2020 de una tasa de empleo del 75 %. La situación también sigue mejorando en la zona del euro, donde la tasa de empleo alcanzó su nivel más elevado, del 71,9 %, en T2-2018. Estos positivos avances se ven respaldados por una continua tendencia ascendente en la participación en el mercado laboral. En T2-2018, la tasa de actividad (de 15 a 64 años) alcanzó un nivel récord del 73,8 % (el 73,5 % en la zona del euro). La tasa de actividad en la UE ha estado creciendo a un ritmo constante, incluso durante la crisis, acortando distancias con los Estados Unidos. En 2017, los trabajadores de más edad y las mujeres siguieron impulsando el aumento de la participación de la fuerza de trabajo.

La tasa de desempleo se vuelve a situar ahora en sus niveles de antes de la crisis. Gracias a la tendencia constante de creación de empleo, la tasa de desempleo siguió disminuyendo, hasta situarse en el 6,9 % en T2-2018, un nivel que no se había registrado en la UE desde T2-2008 y más de 4 puntos porcentuales por debajo de su máximo de 2013. La mejora es menos significativa en la zona del euro, donde la tasa de desempleo, del 8,3 % en T2-2018, se mantiene un punto porcentual por encima del nivel más bajo registrado en 2008. Estas tendencias positivas se asocian con la constante disminución de la tasa de desempleo de larga duración (esto es, el porcentaje de desempleados durante al menos un año dentro de la población activa), que cayó 0,5 puntos porcentuales al año hasta situarse en el 3 % en T2-2018 en la UE (3,9 % en la zona del euro). Aunque el desempleo (incluido el de larga duración) ha disminuido en todos los Estados miembros durante el último año, sigue habiendo una considerable dispersión de las tasas de desempleo (como se muestra en el apartado 3.1.1), ya que algunos países todavía se encuentran lejos de sus niveles mínimos anteriores a la crisis.

Gráfico 1: Tasas de empleo y de desempleo en la UE y en la zona del euro

Fuente: Eurostat, EPA. Nota: cifras desestacionalizadas para T2-2018.

El desempleo juvenil también sigue disminuyendo rápidamente, con una reducción interanual de 1,8 puntos porcentuales hasta el 15,2 % en T2-2018 (el 16,9 % en la zona del euro). Este nivel equivale al mínimo alcanzado justo antes de la crisis (T2-2008) y se sitúa ahora casi 9 puntos porcentuales por debajo del nivel máximo de 2013. Aun así, el desempleo juvenil sigue siendo elevado en algunos Estados miembros, con tasas superiores al 30 % en España, Italia y Grecia (véase el apartado 3.2.1). Se están registrando continuas mejoras en lo que respecta a las personas de entre 15 y 24 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis), cuya tasa disminuyó en 0,6 p. p. porcentuales, hasta el 10,9 %, en 2017, un nivel similar al de 2008.

La disminución del desempleo juvenil se refleja en un aumento paralelo del nivel educativo de los jóvenes: la tasa de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación (de entre 18 y 24 años), que ha estado disminuyendo constantemente a lo largo de la última década, alcanzó (con la última caída de 0,1 p. p.) el 10,6 % en 2017. Esta cifra está muy cerca del objetivo del 10 % de Europa 2020, aunque hay cabida para una mayor reducción 3 . El número de personas de entre 30 y 34 años con estudios terciarios siguió aumentando de manera constante y alcanzó el 39,9 % en 2017, prácticamente el objetivo de Europa 2020 del 40 %.

La recuperación sigue siendo más notable en lo que respecta a las personas empleadas que a las horas trabajadas. El volumen de horas totales trabajadas en la UE aumentó un 1,2 % en 2017, continuando así con la tendencia positiva que comenzó en 2015. No obstante, este aumento sigue estando por debajo del que registra el empleo total (que subió un 1,6 %, véase lo anterior), e implica una disminución del número de horas trabajadas per cápita. El total de horas trabajadas todavía no ha vuelto a su nivel máximo de 2008. Este dato apunta al punto débil que todavía queda en el mercado laboral, como señalan también otros indicadores. En 2017, había casi 9 millones de trabajadores involuntarios a tiempo parcial en la UE (esto es, trabajadores que trabajan a tiempo parcial pero que deseaban trabajar más), un descenso con respecto al máximo de 10,3 millones de 2013, pero todavía 1,3 millones por encima del nivel de 2008. En una perspectiva más a largo plazo, la moderada evolución de las horas de trabajo forma parte de un cambio estructural, vinculado a una mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial en los últimos quince años y a un cambio de las preferencias de los trabajadores en cuanto a la organización del tiempo de trabajo. Como resultado, el número de horas trabajadas por persona presenta una tendencia de descenso gradual desde 2000 4 .

El aumento del empleo se repartió entre todos los principales grupos demográficos en 2017. Como en años anteriores, los trabajadores de más edad (de 55 a 64 años) registraron el mayor aumento (gráfico 2): el número de personas empleadas en este grupo aumentó un 4,3 % en 2017, impulsando la tasa de empleo hasta el 57,1 %, la más alta de la historia (casi 12 puntos porcentuales por encima de la de 2008). El número de jóvenes (15-24) en situación de empleo aumentó ligeramente más deprisa que en 2016 (un 1,6 % en lugar de un 1,3 %). Aun así, la tasa de empleo juvenil no se ha recuperado por completo de la crisis, ya que, situada en un 34,7 % en 2017, sigue estando 2,7 puntos porcentuales por debajo de los niveles de 2008. No obstante, en vista de la estabilidad de la tasa de actividad (en un 41,7 % en 2017 frente al 41,6 % de 2016), el aumento del empleo se tradujo en un descenso continuado del desempleo en este grupo de edad. El empleo aumentó ligeramente más deprisa para las mujeres que para los hombres en 2017 (un 1,5 % frente a un 1,3 %). Sin embargo, las diferencias entre mujeres y hombres en materia de empleo permanecen casi inalteradas en los 11,5 puntos porcentuales, 0,1 p. p. por debajo de 2016 (aunque considerablemente por debajo del valor anterior a la crisis, de 15 p. p. en 2008). Aunque aumentó en 1,7 puntos porcentuales hasta situarse en el 63 % en 2017, la tasa de empleo de las personas nacidas fuera de la UE de entre 20 y 64 años sigue estando 10 puntos porcentuales por debajo de la de las personas autóctonas. La brecha es mayor para las mujeres (alrededor de 14 puntos porcentuales).

Gráfico 2: Tasas de empleo y crecimiento del empleo en diferentes grupos de la UE